Podemos denuncia la exclusión de trabajadores de subcontratas de la minería en el Plan de Transición Energética
Europa Press.- Podemos ha denunciado la exclusión que sufren los trabajadores de las subcontratas de la minería en León y en Asturias en el Plan de Transición Energética firmado por el Gobierno y los sindicatos, tras reunirse con éstos la diputada de la formación por León, Ana Marcello, y el diputado por Asturias, Segundo González.
Marcello recalca que no ha sido una transición «justa», como «presumía» la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque «no ha contado con todos los agentes afectados». Por ello, la diputada anunció que registrará una solicitud escrita para celebrar una reunión con Ribera, así como con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el fin de abordar la situación y buscar soluciones. «No puede ser que queden exentos dichos trabajadores cuando en el acuerdo de Podemos con el Gobierno, en los Presupuestos, plantea que se deberían equiparar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas matrices», reprochó Marcello.
Asimismo, la diputada ha defendido que «los miembros de las subcontratas de la minería tanto de León como de Asturias tienen que estar incluidos en este plan social porque, si no, se habrá dejado a mucha gente por el camino«. Además, Marcello ha asegurado que son «insuficientes» los 250 millones previstos para el Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, porque no se plantea una «reactivación integral» para las zonas afectadas. Por ello, estima que es necesario «un estudio serio de dicha reactivación con el factor de la industrialización pero con visión de riesgos medioambientales».
Por su parte, el diputado por Asturias, Segundo González, señaló que la transición «justa» sería aquella que no dejara «a nadie atrás«. En la reunión propuesta con ambas ministras, les trasladará la necesidad de incluir en el plan social a todos los trabajadores y de que los fondos destinados a la reactivación se incrementen ya que «hace falta una inversión adicional» y que se dé uso a aquello que no se invirtió en el plan anterior, 135 millones de euros.
