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Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Greenpeace denuncia que Japón presiona a los afectados por el accidente de Fukushima para que vuelvan a la zona contaminada

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Europa Press.- Greenpeace denuncia que Japón está presionando a la población afectada por el terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daichi para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas por la planta accidentada. Entre otras medidas, retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según Greenpeace, está aún «fuera de control».

La ONG advierte de que, cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear «de manera significativa», algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable. Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 Kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.

El director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, denuncia que esta medida es «un intento» del Gobierno nipón por ayudar a la industria nuclear y dar «una sensación falsa de normalidad», pese a que los muestreos de la ONG dicen «lo contrario». Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, asevera que estaría «encantada» de invitar a Fukushima al ministro de Energía, «que apuesta por las viejas nucleares, para mostrarle lo que está pasando allí». «Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca», reprueba.

Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y ha encontrado dosis de radiación que están «muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan”. De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax semanal. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver.

En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos. En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España «que coquetea con reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear «envejecido» que deje de apostar por esta tecnología y avance «con urgencia» las energías renovables.

Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información «transparente» sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad. Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

Greenpeace cree que el fondo de gestión de residuos radiactivos es insuficiente y sólo financiará un 30% del coste

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Redacción / Agencias.- Greenpeace advierte de que la dotación del fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos de centrales nucleares resulta «insuficiente» puesto que «sólo alcanza para financiar el 30% del coste». Según esta organización, las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales son públicas y se llevan a cabo con dinero ya recaudado pero señalan que la cifra actual es de 4.200 millones de euros «frente a los 22.200 millones de euros requeridos, según cálculos del Tribunal de Cuentas».

A esos 4.200 millones de euros, “un 19% del gasto total”, se añade que si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, “lo que significa un 2% y un 5% por ciento, respectivamente, de la inversión total”. Por tanto, “a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir”, según ha denunciado la organización.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado el fondo como «infradotado» ya que con él «no podría afrontarse una situación crítica» y denunció a las compañías eléctricas por la existencia de este «enorme agujero que estas empresas no han pagado». En este sentido, el grupo ecologista insta al Gobierno a que «no se conceda la licencia de explotación a los reactores nucleares operativos» a medida que vayan finalizando las concesiones, entre 2021 y 2024.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el plan vigente de residuos radiactivos es «obsoleto» a pesar de la actualización agregada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2015. Por ello propone elaborar un nuevo plan que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor. También plantea revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años «de colchón» en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que «si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón».

Tasas “insuficientes” para las eléctricas

Montón reconoce que «las eléctricas sí están pagando las tasas, pero éstas son insuficientes» y por ello ha instado a modificar el modelo de recaudación por otro «más apropiado» ya que «mientras el fondo disponible no alcanza, las empresas propietarias de las centrales ingresaron por la producción nuclear 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015. «Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios», ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, «aún hay tiempo de hacer las cosas bien».

Por ello, desde Greenpeace consideran «imprescindible» el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, parta de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de 72.000 millones de euros. «Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente», denuncian desde la organización. En este sentido, critican la falta de control sobre este tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.

Impacto económico del desmantelamiento nuclear

Greenpeace insistió en que el cierre gradual de las centrales nucleares tendría «un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad«, además de suponer un «importante incentivo» para la economía española y la creación de empleo. Respecto al impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros según el estudio El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, realizado por la organización.

Según su informe, las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes «supondrían la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable». Montón precisó que los dos sectores más beneficiados serían el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones. La ONG ha organizado cinco carreras populares simultáneas en las poblaciones cercanas a las centrales nucleares este domingo, con objeto de recoger apoyo ciudadano contra la industria nuclear.

Greenpeace pide al CSN que aclare si alguna central nuclear española tiene elementos defectuosos fabricados por la francesa Areva

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Redacción / Agencias.- Greenpeace ha enviado una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que explique si alguna central nuclear española posee alguno de los 400 componentes defectuosos que la empresa nuclear Areva reconoció haber instalado en centrales nucleares de todo el mundo.

La organización ecologista pide al CSN que «aclare públicamente y con urgencia si ha recibido información de si Ascó y Almaraz pueden tener generadores de vapor que no cumplen con los estándares de calidad», así como una lista de todos los componentes procedentes de Areva instalados en España. La responsable de energía nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que «la seguridad nuclear no ocurre por la mera existencia del CSN, sino porque éste trabaje para cumplir sin excusas los requerimientos de seguridad en todo momento».

El pasado 26 de abril de 2016, Areva informó a la autoridad de seguridad nuclear francesa (ASN) que, tras analizar los registros de producción de su empresa filial, Le Creusot Forja, se habían identificado 400 irregularidades en componentes producidos desde el año 1965. Por ello, Greenpeace teme que algunos de esos elementos puedan estar en España después de que Areva admitiera haber reemplazado los generadores de vapor de las plantas atómicas de Almaraz y Ascó.

Información a finales de mes

No obstante, «aún no está claro que hayan recibido alguno de los elementos defectuosos y se espera que a finales de este mes el regulador francés reciba toda la información de Areva«. Según la organización ecologista, las irregularidades incluyen «inconsistencias, modificaciones u omisiones en los archivos de producción en relación con los parámetros de fabricación o resultados de las pruebas». Areva ha confirmado que los registros han sido falsificados y que de los 400 componentes alterados, 50 están instalados en Francia, pero se desconoce el paradero de los otros 350.

Por su parte, fuentes de Areva España han confirmado que antes del 31 de mayo emitirá un informe de progreso, tras la auditoría de calidad lanzada a finales de 2015 en las unidades de fabricación de Areva en Francia, que aún «continúa». En todo caso, asegura que no se han establecido informaciones que pongan en cuestión la integridad mecánica de las piezas. En concreto, señala que en la auditoría a la fábrica de Creusot, se han puesto en evidencia «anomalías» que en la actualidad «están siendo caracterizadas» en el seguimiento de las fabricaciones. Asimismo, la empresa afirma que esta fase continuará en las próximas semanas.

Igualmente, ha agregan que se ha puesto en marcha un proceso de información e intercambios de documentos en el que se asocia a la ASN. De acuerdo con los resultados de la auditoría, estas «anomalías» son fruto de «acciones pasadas» y que la organización de modos de funcionamiento actuales «no permiten hoy estos tipos de anomalías«. En todo caso, subraya que, para la caracterización de estos hallazgos, un comité técnico comenzó a trabajar junto a la empresa eléctrica francesa EDF.

Greenpeace denuncia que Japón «coacciona» a la población a volver a las zonas contaminadas alrededor de Fukushima

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Europa Press.– Greenpeace acusó al Gobierno japonés de forzar a la población que hace 5 años residía en los alrededores de la central nuclear de Fukushima a volver a residir ahí o dejar de cobrar las ayudas, pese a que la zona sigue con niveles de contaminación que no se ajustan a los objetivos que se marcó el país, según asegura la organización, que ha acudido a las zonas contaminadas para realizar mediciones de radiactividad.

Según la organización, hay cerca de 100.000 personas que siguen viviendo fuera de sus casas debido a la contaminación que se extendió a los alrededores de la central nuclear. «La mayoría de las personas evacuadas se verán forzadas a volver a sus casas en 2017, aunque sus comunidades estén contaminadas», denuncia. La responsable de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, acusó al Gobierno nipón de «hacer trampas» y decirle a los japoneses que las personas desplazadas «están empecinadas en que no se recupere su tierra» porque «no quieren volver a sus casas«, y cree que el mensaje responde a una intención de volver a poner en marcha los 54 reactores nucleares que el país paralizó tras el desastre en Fukushima.

Al mismo tiempo, critica que se está «coaccionando» a las personas desplazadas para quitarles las ayudas y forzarles a volver a sus casas. «Para las primeras reclamaciones les mandaron un formulario de 60 páginas para rellenar y unas instrucciones para rellenarlo de 160 páginas. Ese es el panorama para pedir ayudar. Si encima te las retiran, te ves en una coacción», explicó. De hecho señaló que el relator de Derechos Humanos denunció que el tratamiento que el Gobierno japonés está dando a los desplazados «va en contra de los Derechos Humanos». «Tú no puedes coaccionar a la gente para que no elija la salud o el nivel de salubridad que necesita para su vida», reivindicó.

Montón ha explicado que la idea del proceso de descontaminación que está llevando a cabo el Gobierno consiste en tratar de retirar la contaminación de las zonas de acceso restringido (hay una zona en la que no se permite pernoctar y otra de acceso prohibido) hasta llegar a los niveles que se han marcado como objetivo. «Una vez se alcancen esos niveles sobre el papel la gente puede volver a sus casas y dejan de recibir las ayudas que ahora mismo están recibiendo», ha indicado.

Sin embargo ha criticado que los objetivos que se ha marcado el Gobierno «están muy por encima de los estándares internacionales» y que, pese al trabajo de descontaminación que se está llevando a cabo, «no se consiguen». «Hemos estado allí hace dos días y en ningún caso en las zonas ya limpiadas por el Gobierno los niveles estaban por debajo de los objetivos, estaban al doble o diez o veinte veces más». «El nivel objetivo del Gobierno japonés es 0,23 microsievert por hora. Está muy por encima de los estándares internacionales, y ese 0,23 no te lo encuentras nunca. Nunca. Te encuentras 2 o 3 microsieverts, diez o veinte veces más», ha asegurado la activista.

Según Montón, los estándares del Comité de Protección Radiológica de la ONU marcan que ningún ciudadano debe estar a más de 1 milisievert al año. «No es que más allá nos pase nada, sino que se entiende que cuanta menos radiación se reciba, mejor», señaló. En casos excepcionales, como cuando se está produciendo un accidente, la OIEA admite que el nivel de radiación se eleve a 20 milisievert anuales «por un tiempo limitado» para realizar las operaciones necesarias solucionar la situación, nivel que también se emplea como criterio del «cupo máximo» de radiación que puede recibir el trabajador de una central nuclear. Un nivel que el Gobierno japonés ha fijado como seguro mientras se pone solución al accidente de Fukushima”.

Montón explicó que el proceso de descontaminación consiste en buena parte en retirar tierra contaminada alrededor de las viviendas (20 metros a la redonda de cada casa) y de las cunetas. Hasta el momento, según indicó, se rellenaron más de 9 millones de bolsas con una capacidad de un metro cúbico cada una de ellas que se han ido apilando en un total de 114.000 lugares, muchos de ellos explanadas en zonas de monte. Además, indicó que la mayor parte de la contaminación radiactiva ha ido a parar al mar, no solamente durante los primeros días sino también en la actualidad, por el agua contaminada que se vierte al mar y las partículas radiactivas que arrastra el ciclo del agua.

En todo caso, tanto la activista como el director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, han hecho hincapié en que las conclusiones del accidente de Fukushima «evidencian que la energía nuclear es una energía peligrosa de la que hay que prescindir» y han señalado que en Japón «no ha habido cortes de luz» durante los últimos años, pese a la desconexión de sus reactores. «La contaminación radiactiva no tiene solución ni con accidentes ni sin accidentes. Los residuos nucleares son residuos para siempre», han insistido.

Greenpeace pronostica que el Gobierno actual autorizará la reapertura de Garoña, y la consideran ‘innecesaria’

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Europa Press/EFE.- La organización ecologista Greenpeace cree que el actual Gobierno planea dar el visto bueno a la licencia de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta 2031, y que lo hará para que, en caso de que el próximo Ejecutivo salido de las urnas el 20 de diciembre, decida desmantelarla los propietarios puedan reclamar «pérdidas por lucro cesante».

En este sentido, la organización denuncia que «tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor».

Precisamente, la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, cumple este miércoles 16 de diciembre tres años desde su cierre, algo que para la organización ecologista demuestra que su papel es «innecesario».

«El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que Industria conceda una licencia a esta central en el tiempo de descuento de esta legislatura», sostiene Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

«Garoña seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno ‘in extremis’ les autoriza a poder reabrir», ha añadido Montón.

 

Nuclenor sigue la puesta a punto de la central

Por su parte, la empresa propietaria Nuclenor (Iberdrola50%-Endesa 50%), defiende que sigue trabajando en su puesta a punto, a la espera de obtener los permisos pertinentes para su reapertura.

Así, señala que continúa trabajando en cumplir los 22 requisitos que le impuso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en agosto de 2014, a través de una Instrucción Técnica Complementaria (ITC), para la renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña, según informó la instalación en una nota aclaratoria del pasado 4 de noviembre. «Los resultados de la citada revisión, recientemente finalizada, confirman que la condición de la vasija y sus internos es apta para continuar su operación a largo plazo».

Para el desarrollo de toda esta actividad Nuclenor mantiene al día de hoy una plantilla de 252 trabajadores y emplea a unas 200 personas de empresas colaboradoras.

 

La Plataforma contra Garoña llenará Álava de pegatinas tras prohibirse la marcha

La iniciativa «Araba sin Garoña» no recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Álava de prohibir la manifestación contra la reapertura de esta central nuclear convocada para el sábado y en su lugar repartirá «miles de pegatinas» para que los ciudadanos se expresen masivamente.

En lugar de la manifestación los convocantes han decidido repartir entre la población alavesa pegatinas con el lema «Garoña ez ezkerrik asko» (Garoña, no gracias), para que los ciudadanos las luzcan desde el viernes y vayan a las urnas con estos distintivos.

«Si no quieren taza, taza y media», ha dicho el portavoz del colectivo, Alberto Frías tras hacer un llamamiento para que se llenen las calles de «miles de pegatinas» y que esta acción se convierta en «un grito» que sustituya a la manifestación prohibida.

Un informe de Greenpeace suspende la seguridad de la central de Almaraz

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EFE.- La organización ecologista Greenpeace publicó un nuevo informe sobre la seguridad de las centrales nucleares en Europa, en el que analiza los planes de acción nacionales a través del ejemplo de diez plantas, entre ellas la cacereña de Almaraz, a la que suspende. Según Greenpeace, el documento se basa en la serie de «pruebas de resistencia nuclear» que se establecieron a raíz del desastre nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011 y que Greenpeace ha evaluado sistemáticamente.

Según este informe, Almaraz suspende el test de resistencia nuclear en la evaluación encargada por la organización ecologista a la experta independiente Oda Becker en ocho puntos destacados. Así, señala que no cuenta con válvulas de seguridad para prevenir una explosión de hidrógeno, como tampoco las tenía Fukushima, y su instalación no está prevista hasta finales de 2016, ni cuenta con medidas eficaces de gestión de accidentes para asegurar la integridad de la contención de la radiactividad durante un accidente grave en ninguna de las dos unidades de la central.

También echa en falta evaluación de los riesgos naturales y añade que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se toma en serio el riesgo sísmico, ya que ha tardado casi 5 años en comenzar la evaluación sísmica que le exigió la Unión Europea, y alerta de la inexistencia de sistemas de ventilación con filtro y de que la implementación de un sumidero final de calor alternativo ni siquiera está previsto. Además, a su juicio las debilidades de diseño continúan, ya que el edificio del reactor y el de la piscina de combustible gastado no tienen ninguna protección especial y por lo tanto son relativamente vulnerables frente a eventos externos.

Asimismo, señala que se ignora el hecho de que la energía térmica de ambas unidades se incrementó y esto acelera los procesos de envejecimiento, un tema cada vez más relevante en una central en su cuarta década de vida operativa. El informe concluye, según Greenpeace, que la central nuclear de Almaraz, en el estado actual, «no es segura y no se debería permitir que se mantuviera operando», según Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. «No puede ser que la central suspenda en ocho puntos tan relevantes como la contención de la radiactividad y que lo haga más de cuatro años después del desastre de Fukushima», señala Montón.