EFE.- Las farmacias belgas dan ya de forma gratuita pastillas de yodo a las personas que lo soliciten como parte de un nuevo plan de seguridad nuclear puesto en marcha por el Gobierno, que amplía la distribución de este mineral a todo el territorio del país como protección en caso de accidente nuclear.

Las pastillas estarán disponibles para toda la población, pero su ingesta está recomendada sólo para grupos de riesgo como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, o profesores de escuelas y guarderías. Estas píldoras actúan sobre la tiroides saturándola de este compuesto para evitar que absorban el yodo radiactivo que liberaría un escape nuclear y prevenir así el cáncer. Las personas que viven en un radio de 20 kilómetros alrededor de las centrales nucleares activas del país, la de Tihange y la de Doel, ya han recibido las píldoras.

Sin embargo, el nuevo plan prevé su distribución en un radio de 100 kilómetros alrededor de cualquier central e incluye también a la planta holandesa de Borssele y la francesa de Chooz, próximas a las fronteras belgas, por lo que en la práctica supone la cobertura de todo el Estado. El Gobierno federal pondrá también en marcha una campaña de información sobre la seguridad nuclear.

Las centrales nucleares belgas han estado en el punto de mira tras los problemas de seguridad registrados en Tihange, planta que permaneció cerrada 21 meses por este motivo hasta su reapertura en 2015. Pero también porque después de los atentados terroristas de 2016 en Bruselas se temió que estas hubiesen sido el objetivo inicial de los perpetradores, un extremo desmentido finalmente por las autoridades. Ambas centrales fueron evacuadas y posteriormente se supo que un agente de seguridad de Tihange fue asesinado y su pase de entrada robado. En consecuencia, las autoridades retiraron los pases de entrada a la central nuclear a varias personas y redujeron provisionalmente la plantilla, además de reforzar el dispositivo de seguridad.

Bélgica tiene previsto abandonar la energía nuclear en 2025 y así se recoge en el pacto energético y el acuerdo del Gobierno de coalición. Sin embargo, este objetivo ha sido puesto en entredicho en los últimos meses por algunos partidos, organizaciones patronales y académicos, que plantean cuestiones sobre su coste y potencial impacto sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos.