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Una legislatura clave para la cogeneración, por Julio Artiñano

Es frecuente que, cuando va a arrancar un nuevo ciclo político, los distintos ámbitos compitan para atribuirse los calificativos más trascendentes en aras de captar la atención de los futuros responsables del país. Esto sucede por ejemplo con los sectores y tecnologías energéticas, que trabajan para afianzar su entorno de desarrollo para los siguientes 4 años. Entonces, ¿por qué considerar que la cogeneración merece ocupar un papel clave durante el período que arrancará cuando se forme Gobierno? Hay que tener en cuenta que hablar de cogeneración es hablar de industria, además de hablar de energía; es hablar de empleo, competitividad y eficiencia. Son términos genéricos, algunos quizás un poco manidos, por lo que será necesario un esfuerzo de concreción.

En primer término, conviene explicar que la cogeneración es una instalación asociada a un proceso productivo (industria química, alimentación, papelera…) que precisa de una importante cantidad de energía térmica (generalmente en forma de calor, pero también de frío) que se obtiene principalmente usando gas natural. La instalación de cogeneración aprovecha esta demanda energética y produce electricidad de forma simultánea. Así se genera aproximadamente un 10% de la energía eléctrica de España. Es muy importante destacar este rasgo distintivo: la cogeneración es principalmente una tecnología de abastecimiento térmico (frío, calor) y por tanto no puede considerarse solamente parte del sector eléctrico.

En los últimos años, esta pertenencia parcial al sector eléctrico ha conllevado para la cogeneración una batería de recortes y modificaciones como parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa. El ajuste retributivo ha sido tal que la falta de rentabilidad ha llevado a parar a más de 2.000 megavatios (MW) de los 6.000 MW que había en funcionamiento en 2012. Un perjuicio injustificado para las industrias que, como parte de un mercado global, apostaron por la cogeneración como fórmula para mejorar su competitividad.

Pero aunque aún estemos a tiempo de recuperar una pequeña parte de las más de 450 instalaciones paradas (algunas de estas instalaciones no se han dado definitivamente de baja, subsistiendo a la espera de un marco legislativo de nuevo favorable), cada mes que pasa es más complicado, dado que el paso del tiempo acarrea un problema añadido. La cogeneración apenas ha aumentado en potencia en España desde el año 2002.

Eso significa que la mayor parte de las instalaciones son anteriores a esta fecha: actualmente hay 4.400 MW con 15 o más años de antigüedad. Con todo lo que esto implica a nivel de mejoras tecnológicas disponibles y de momento no ejecutadas: mayor eficiencia y menor impacto sobre el medio ambiente, mayor actividad de los sectores industriales tipo ingenierías, prestadores de servicios energéticos y suministradores de equipos, etc. Además existen aproximadamente 1.000 MW de plantas que utilizan fuel en lugar de gas natural, con un potencial de mejora ambiental y de eficiencia evidente.

Con estos precedentes, la cogeneración en el año 2016 no puede ser otra cosa que sinónimo de oportunidad. España afronta el horizonte 2020 compromisos a nivel internacional en materia de emisiones y eficiencia. El 2020 es solo una legislatura más, en concreto la próxima. Pero hay que ir más allá: en los foros de discusión ya se debaten los objetivos al 2030 e incluso hasta 2050. Y la Unión Europea ha restringido, hasta en 10 veces menos, las emisiones de las grandes plantas de combustión a partir de 2018, por lo que muchas instalaciones necesitan tomar medidas urgentes para adaptarse. Es hora, por tanto, de mirar a largo plazo y hacer efectiva la apuesta por la industria.

Como cualquier otro sector, la cogeneración necesita inversión; y la inversión necesita de unas condiciones propicias para llegar a ejecutarse. La Ley 24 del Sector Eléctrico de diciembre de 2013 recogió que se desarrollarían programas de renovación de instalaciones de cogeneración. Hasta la fecha actual, el sector ha trabajado en propuestas para promover que este Plan Renove se desarrolle. Es preciso acabar con la incertidumbre regulatoria y ofrecer seguridad a las inversiones para que se ejecuten. Y después de casi 3 años, hay que subrayar que es urgente.

Un Plan Renove de los 2.500 MW afectados a 2020 serviría para utilizar la mejor tecnología disponible y alcanzar los estándares de eficiencia de la regulación comunitaria, en un momento en el que la obsolescencia de los equipos hace más recomendable su sustitución que afrontar su mantenimiento. Este Plan Renove, con una inversión de 1.500 millones de euros, supondría además una vía para avanzar en la reducción de emisiones de gases invernadero, generaría 3.000 empleos por toda la geografía nacional al tiempo que reforzaría la apuesta por la industria en un doble sentido: la que invierte en cogeneración para mejorar su competitividad pero también la que suministra los equipos energéticos u ofrece servicios de ingeniería y construcción.

Por ello el XII Congreso Anual de Cogen España debe servir como un punto de inflexión en el desarrollo de la cogeneración en España y favorecer que se propicien las condiciones necesarias para que estas inversiones privadas se produzcan en un entorno regulatorio seguro. Todo ello sin perder de vista cuestiones como la participación de la cogeneración en los servicios de ajuste o la reactivación de sectores parados por la reforma energética, como el del tratamiento de los  purines de cerdo mediante cogeneración.

Finalmente, para enriquecer el mensaje y tener una visión más amplia, en el Congreso se contará con la participación de la propia Dirección General de Energía de la Comisión Europea y de Cogen Europa para aportar una visión general comunitaria, así como de los homólogos de la Asociación Alemana que expondrán su situación nacional en materia de cogeneración.

 

Julio Artiñano es presidente de Cogen España.

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a cambiar en cuatro meses los parámetros de retribución a los purines

Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha anulado dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y ha obligado al Gobierno a aprobar en el plazo de cuatro meses una regulación sustitutiva.

En concreto, el tribunal ha declarado la nulidad de los anexos II y VIII de la orden ministerial en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo. Con esta decisión, el tribunal da la razón a la empresa Energyworks San Millán en varias de sus pretensiones y reconoce además su derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los parámetros retributivos de la orden ministerial, que desarrolla la denominada reforma eléctrica.

La indemnización a Energyworks, que tiene una planta de tratamiento de purines (residuos orgánicos) en la localidad leonesa de San Millán de los Caballeros, indica el Supremo en el fallo publicado en el BOE, se fijará durante el proceso de ejecución de la sentencia conforme a la diferencia entre la retribución específica derivada de la aplicación de los parámetros que se declaran nulos y la que resulte de aplicar los nuevos. El importe de la indemnización también recogerá el interés legal computado desde la fecha en que comenzaron a aplicarse los parámetros de la orden ministerial recurrida, esto es, el 16 de junio de 2014.

El Supremo también ha anulado el artículo 49.1.m) del real decreto 413/2014, referido a los motivos para la cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. Además, decidió admitir el recurso presentado por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) sobre la misma materia, lo que abre la posibilidad de que sean más las empresas con derecho a indemnización.

El Supremo rechaza la orden de la reforma energética que redujo la prima a las plantas de cogeneración con purines

Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha rechazado la orden ministerial de 2014 que recortaba las primas de la energía eléctrica producida en las plantas de tratamiento y reducción de purines mediante la cogeneración y que forzó el cierre de las plantas de tratamiento de purines, según la organización agraria COAG, que aplaude la sentencia y espera que con esta decisión se recupere la actividad en las instalaciones.

En concreto, el alto tribunal ha estimado el recurso de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) en contra del recorte de más del 40% en la prima de la energía eléctrica producida por cogeneración. Desde la organización agraria se aplaude la sentencia y se espera “que permita reabrir las plantas de cogeneración de tratamiento de purines que todavía continúan activas, de forma que las explotaciones ganaderas puedan volver a gestionar sus excedentes”. La orden ministerial, con efectos retroactivos desde julio de 2013, supuso el cierre de 29 instalaciones como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, que, según COAG, supuso su quiebra.

El responsable sectorial del porcino de COAG, Jaume Bernis, subrayó que, después del anuncio, las plantas pararon su actividad y las explotaciones tuvieron que recurrir a “nuevas técnicas de gestión que suponían inversiones, más costes para los ganaderos y una pérdida de competitividad”. Con el nuevo panorama que se plantea tras la sentencia del Supremo, COAG espera que las plantas todavía no desmanteladas recuperen la actividad y ayuden de nuevo a los ganaderos en la tarea de gestionar las deyecciones.

Las 29 plantas de purines existentes gestionaban alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de purines procedentes de más de 2.000 explotaciones de porcino. El sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, representa más del 14% del PIB industrial y genera más de 2,5 millones de empleos, de los que cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.