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El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

El independentismo pasa de reivindicar las nucleares como garantía de su suministro futuro a pedir su cierre en el Parlament

Europa Press / Javier Angulo.- El Parlament aprobó una moción del PSC para instar al Estado a negociar con el Gobierno catalán un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, garantizando el suministro energético fundamentalmente con fuentes renovables. Esta decisión supone un giro radical desde el planteamiento del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña, que apostaba por las nucleares, hasta los 60 años de funcionamiento, y por el gas como las principales fuentes energéticas de una Cataluña independiente.

La iniciativa prosperó con los votos a favor de JxSí, el PSC, Podemos y Ciudadanos, con 112 votos, la abstención de la CUP y el rechazo del PP, con 9 votos. La moción también insta al Gobierno autonómico a presentar antes de tres meses las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética con un paquete de objetivos, entre los que destaca el fomento de las renovables, la reducción de un 50% de la dependencia de los combustibles fósiles y el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho fundamental. Otro de los puntos destacados es la necesidad de potenciar el vehículo eléctrico, rehabilitar los edificios públicos, el autoconsumo eléctrico fotovoltaico y eólico, y mejorar los sistemas de financiación.

El diputado del PSC, Jordi Terrades, urgió a «actuar ya con la vista puesta a medio y largo plazo» para lograr una transición energética, a sabiendas que habrá resistencias por parte de empresas y grandes corporaciones”. Desde las filas del PP, María José García Cuevas, subrayó que Cataluña «no es una isla energética» y que es inútil y fraudulento tratar de gestionar estas políticas sin dialogar con el resto de territorios y el Gobierno central.

La diputada de Podemos, Hortènsia Grau, destacó la necesidad de crear un operador energético catalán para hacer frente a los oligopolios y de garantizar la titularidad pública de la red de distribución, así como de programar cuanto antes el cierre de las nucleares. Ferran Civit, de JxSí, señaló que el actual modelo está «anticuado» por culpa de la legislación española y que la moción es una oportunidad para que Cataluña impulse su propia normativa a favor de la transición energética.

El diputado de Ciudadanos, Antonio Espinosa, ha celebrado la iniciativa y ha destacado que su grupo apuesta por una «transición gradual hacia un modelo basado en las energías renovables» y un mix energético sostenible. La CUP se ha mostrado crítico con la moción porque es «poco ambiciosa e insuficiente», según ha concretado el diputado Sergi Saladié, que también ha asegurado que la energía es una estructura de Estado que deberá abordarse a fondo cuanto antes.