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El Gobierno de EE.UU. presenta una nueva ley para reducir las limitaciones federales al uso del carbón

EFE. – El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una propuesta para reducir las limitaciones federales al uso de carbón por parte de la industria local, lo que supone un nuevo golpe al legado medioambiental del expresidente Barack Obama al dejar en manos de cada estado su regulación.

De esta manera, la nueva norma tiene por objeto reducir los costes energéticos en los que incurren las empresas debido al Plan de Energía Limpia -CPP, por sus siglas en inglés- implantado por la anterior Administración y que tenía por objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

La nueva regulación, bautizada plan de Energía Limpia Asequible -ACE, por sus siglas en inglés- prevé reducir en 400 millones de dólares al año «la carga» que tiene que soportar la industria local debido a la anterior normativa, y así lo ha informado la Agencia de Protección Ambiental.

La ministra Teresa Ribera llevará al Congreso la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar

EFE. – La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en preparación la propuesta al Parlamento para prohibir por ley con carácter definitivo nuevas prospecciones petrolíferas marinas, una prohibición que afectará «probablemente» a todas las aguas nacionales.

Gracias a una entrevista que publica el diario La Vanguardia, Ribera ha señalado que las primeras prohibiciones parciales ya las ha hecho el Gobierno con la reciente declaración del corredor de migración de cetáceos en el Mediterráneo y con la ampliación del parque de Cabrera de 10.000 a 90.000 hectáreas.

Así, la ministra ha asegurado que la intención es trabajar en una moratoria para lograr la paralización de las autorizaciones por un período aún por determinar, mientras, a la vez, el Gobierno formule en sede parlamentaria una propuesta «para prohibir con carácter definitivo nuevas actividades de prospección y explotación en el mar».

La ministra también ha aclarado que «no será una prohibición de las prospecciones en el Mediterráneo sino probablemente en las aguas nacionales».

Además Ribera ha explicado que el Plan de Energía y Clima tendrá que ser remitido a Bruselas antes de diciembre y será el que ordene la transición hacia una economía verde en España hasta 2030. En este sentido, Ribera cuantificó en, aproximadamente, 75.000 millones de euros las inversiones requeridas en España hasta 2030 para la transformación del modelo energético hacia la descarbonización. 

Representantes del transporte público piden que parte de los impuestos que se paga por hidrocarburos se inviertan en movilidad verde

Europa Press. – La Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) ha pedido a las administraciones que destinen a financiar e invertir en el transporte público una parte de los 500 millones de euros anuales que aporta en impuestos de hidrocarburos en la revisión de los impuestos medioambientales.

El colectivo del transporte público se erige como «una de las soluciones más efectivas para luchar contra el cambio climático» y lograr así el objetivo de reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% y, con ese objetivo, ha elaborado un documento de acciones prioritarias.

Así, señala que el impuesto no solo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, el transporte urbano colectivo y también, una parte de este impuesto debería destinarse a la inversión tanto para renovar la flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje.

En España la velocidad comercial media de un autobús es de 15 kilómetros pero en ciudades como Helsinki, Oslo o Amsterdam oscila entre 23 y 28 kilómetros de media, en torno a uno 60 por ciento. La ATUC señala que esta es precisamente una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.

El segundo eje de actuación que propone la ATUC es la Ley de Cambio Climático en la que pide un apartado dedicado «íntegramente» al transporte público, su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.

La ley debería incluir un artículo para asegurar la financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de impuestos de hidrocarburos. Esta vía de financiación, según añaden se usa ya en otros países, como Alemania, que cuenta con un céntimo verde que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público.

El tercer eje de la propuesta de ATUC son los planes de movilidad urbanos, sobre todo para las grandes ciudades, ya sea en los planes en vigor como en sus revisiones. Hay una desproporción entre el uso que se da al coche que en las grandes ciudades no llega al 25 por ciento en el reparto modal de los desplazamientos y el espacio urbano asignado a este que es el 90%.

En ese sentido, propone aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades hasta el 30% y en el que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%.

«La culminación de toda esta batería de medidas sería la puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento, una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un precedente en Francia pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de Transportes y la ministra procede de la RATP, el transporte público de París», ha manifestado el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.