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Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

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Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.

Compromís recurre en el Congreso el veto del Gobierno a una iniciativa que presentó sobre la retribución a las fotovoltaicas

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Europa Press.- Compromís ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso con la intención de que reconsidere su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno que impidió la tramitación de una proposición de ley de la formación valenciana sobre la retribución a las fotovoltaicas.

El Ejecutivo está facultado para frenar las iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos y en lo que va de legislatura ya ha recurrido a esta herramienta en 34 ocasiones. Para Compromís, el uso de este instrumento debería ser «extraordinario» pero el Gobierno lo está usando habitualmente de forma «partidista, partidaria y a la carta» para «trampear las incomodidades de una legislatura en minoría«.

Ante el veto a su ley, Compromís solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria de las Cortes que, según el diputado Ignasi Candela, les respondió con un texto plagado de «errores». «Utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto», señaló Candela, quien también se queja de que, en lugar de estudiar el impacto presupuestario de su iniciativa se limita a hacer un «análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno». Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y por eso han solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite su tramitación.

Navia defiende los Presupuestos en materia energética y los considera «responsables» con los objetivos de cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia energética son «ambiciosos y responsables» con los objetivos de cambio climático para alcanzar las metas para 2020. Navia subrayó que estos objetivos de cambio climático son «un desafío a largo plazo», por lo que es necesario tomar decisiones a ese largo plazo, evitando que sean «costosas para el sistema y para el país».

Asimismo, destacó la reactivación en materia de renovables con la subasta de 3.000 megavatios (MW) llevada a cabo en mayo «con unos costes para el usuario muy positivos» y la nueva por otros 3.000 MW que se realizará en julio. «Ahora tenemos que ser más ambiciosos en materia de renovables, siempre acompañado por las interconexiones», señaló. Con estos 6.000 MW que se subastarán este año, Navia consideró que España se sitúa entre los países «más ambiciosos en renovables, pero sin costes para los usuarios y con unas implicaciones muy positivas».

Respecto a la factura eléctrica, Navia reiteró la intención del Gobierno de «seguir bajando», como se hizo en la anterior legislatura, los costes regulados, siempre que «haya margen para bajarlos». No obstante, pidió al resto de grupos políticos ser «responsables» y no llevar a cabo propuestas que en muchos casos suponen elevar los costes del sistema. «La prioridad es ser responsable y no asumir más costes en el sistema», sentenció.

El PP y Foro Asturias pactan destinar 10 millones de euros a reducir las emisiones contaminantes en las centrales térmicas

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Europa Press.- El PP y Foro Asturias alcanzaron un acuerdo para la promoción por parte del Gobierno de mecanismos de apoyo para la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas por valor de 10 millones de euros. La enmienda, incluida en el proyecto de Presupuestos a través de una nueva disposición adicional, recoge así el acuerdo entre PP y Foro, que pactaron dotar con hasta 10 millones de euros en los Presupuestos las subvenciones para reducir la contaminación en estas centrales.

Trump propone vender la mitad de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos para reducir la deuda pública

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Europa Press / EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en el Congreso una primera propuesta de Presupuesto para 2018, en el que destaca su intención de poner a la venta la mitad de las reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de reducir la deuda pública.

Concretamente, Trump pretende vender de manera gradual la mitad de las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) de Estados Unidos, que en total ascienden a 688 millones de barriles, para recaudar 500 millones de dólares (612,8 millones de euros) en 2018 y hasta 16.600 millones de dólares (14.785,7 millones de euros) de cara a 2028, con el objetivo de hacer frente a la elevada deuda del país. De esta forma, la reserva de petróleo más grande del mundo se desprendería, de media, de 95.000 barriles de crudo diarios en los próximos 10 años con la intención de quedarse con 270 millones de barriles. La venta se iniciaría a partir del mes de octubre del ejercicio siguiente.

«Creemos que es lo responsable que hay que hacer. El riesgo se reduce drásticamente cuando hemos incrementado la producción como lo hemos hecho», apuntó Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. Mulvaney se refería así al fuerte incremento de la producción nacional debido a la técnica de la fracturación hidráulica, que ha acercado a Estados Unidos a la independencia energética. La SPR fue establecida como almacén de emergencia en 1975 durante la crisis energética de entonces, generada por el embargo a la venta a ciertos países, incluido Estados Unidos, impuesto por los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

«Dada la trayectoria a largo plazo de producción de energía y capacidad de transporte, una SPR más pequeña se proyecta que sea capaz de continuar con nuestras obligaciones internacionales y necesidades de emergencia», señala el plan de Trump. Esta decisión de Trump ha tenido incidencia directa en el precio del petróleo, cuyo avance se ha frenado. En este sentido, el barril de Texas, referencia en Estados Unidos, llegó a cotizar en los 50,57 dólares mientras el Brent, referencia en Europa, cayó hasta los 53,20 dólares.

Por otro lado, entre las medidas de Trump también figura la propuesta de reactivar la explotación de yacimientos petrolíferos en Alaska, en un área medioambiental protegida en la que se calcula que hay 12.000 millones de barriles de crudo, con la meta de así aumentar los ingresos fiscales.  Con estos permisos, se calcula que se generarían 1.800 millones de dólares adicionales. No obstante, esta propuesta cuenta con la oposición frontal de los grupos medioambientales y no asume la dificultad y los altos costes operativos en un lugar tan remoto y con condiciones meteorológicas tan extremas.

Asimismo, plantea la supresión del acuerdo para compartir las regalías por la exploración petrolera con los estados del Golfo de México, algo que encontrará la oposición de legisladores de estados como Luisiana, Misisipi o Texas, que reciben actualmente el 37,5% de los pagos de las petroleras al gobierno federal. También sugiere la venta de líneas de transmisión de electricidad de propiedad federal a inversores privados en varios estados del oeste del país por un valor de 2.400 millones de dólares.

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

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Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

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EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

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Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

Los Presupuestos mantienen 46,51 millones de euros en 2017 para que el CSN garantice la seguridad nuclear y protección radiológica

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Europa Press.- El Gobierno destinará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un total de 46,51 millones de euros para 2017, la misma cuantía que en el ejercicio anterior, según consta en el proyecto de Presupuestos. Con esta cantidad, el CSN ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas cualquiera que sea su origen.