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Investigan en México posibles prácticas de monopolio en el mercado de los gases licuados del petróleo (GLP)

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EFE.- El órgano antimonopolio de México anunció la apertura de una investigación sobre las posibles prácticas monopólicas en el mercado de la distribución y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) en el país. En este sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recordó que, como consecuencia de la reforma energética, los precios del GLP se liberalizaron a partir de enero de 2017, «por lo que el coste que pagan los consumidores por éste debe determinarse por las condiciones de oferta y demanda«.

La liberalización causó una abrupta subida de los precios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde la segunda quincena de diciembre de 2016 a la primera de 2018 los precios del GLP aumentaron un 49,5%. La investigación sobre las posibles prácticas monopolísticas, que arrancó en agosto de 2017, «no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica», recordó la Cofece. Se extenderá durante un plazo de hasta 120 días hábiles, ampliable por el mismo tiempo hasta en 4 ocasiones.

Cofece señaló que, según la ley, de comprobarse la existencia de una irregularidad, los agentes económicos pueden ser multados con hasta el 10% de sus ingresos. La Cofece apuntó que se consideran prácticas monopolísticas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí que tengan como objeto o efecto la manipulación de precios. Las familias mexicanas destinan, de media, el 4,4% de su gasto total a cubrir los consumos de electricidad y gas en sus viviendas. El GLP se consume en el 75% de los hogares mexicanos. Es decir, es utilizado por unos 90 millones de personas.

El Gobierno aprueba indemnizar con 172 millones de euros a Repsol, Cepsa y Disa por hacerles vender butano a pérdida

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Europa Press.- El Gobierno aprobó recurrir al Fondo de Contingencia con el objeto de indemnizar con 172 millones de euros a Repsol Butano, Cepsa Gas Licuado y Disa, y cumplir de esta forma varias sentencias en las que se condena al Estado por obligar a las empresas a vender butano a pérdida.

Aparte de este importe, el Ejecutivo también ha autorizado el uso de este fondo para que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indemnice a Endesa con 2 millones de euros para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la revisión de los peajes de electricidad. En lo referido al butano, las autorizaciones cursadas por el Gobierno se articulan en torno a 8 acuerdos para responder a otras tantas resoluciones judiciales condenatorias.

A Cepsa se le indemnizará con 55,5 millones por una sentencia del Supremo de febrero de este año, mientras que Repsol recibirá 104 millones de euros en ejecución de cinco resoluciones judiciales, todas ellas ratificadas en casación por el mismo tribunal en 2017. En cuanto a Disa, la empresa suma dos condenas indemnizatorias a su favor, una por importe de 1,2 millones y otra, de mayor cuantía, por 10,9 millones. Las indemnizaciones incluyen los intereses anuales asociadas a unos importes sobre los que comenzaron a fallar los tribunales en 2014.

Al analizar los diferentes casos, el Supremo concluyó que el Gobierno había fijado a los operadores de butano unas tarifas en las que no se recogen todos los costes en los que incurren. El Tribunal tuvo en cuenta no solo los ingresos que se habrían obtenido de aplicarse las referencias de precios adecuados, sino también aspectos como la situación de oligopolio en el sector, la no importación de todo el GLP que se comercializa y las variaciones de los costes de las fluctuaciones del mercado.

El Tribunal concluyó que, aunque puede imponerse un deber de soportar el daño, cuando el Gobierno toma una determinada opción de política económica no cabe imponer tal obligación si se está obligando a «la venta a pérdidas durante un período prolongado de tiempo«. Según el Supremo, la actitud del Gobierno implicaba «una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública en la fijación específica de precios máximos de GLP que se había acordado y que fue objeto de anulación».

El precio de la electricidad marca dos nuevos máximos anuales consecutivos en el mercado mayorista

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Europa Press.- El precio diario de la electricidad marcó esta semana su nivel máximo en 2016 en el mercado mayorista de electricidad, también conocido como pool eléctrico, según datos recogidos a partir del operador del mercado Omie. En concreto, el pool registró un precio de 61,34 euros por megavatio hora (MWh) para el miércoles, mientras que la referencia para el jueves quedó fijada más de dos euros por encima, en 63,64 euros.

Estos precios superan el anterior máximo del año, de 60,41 euros, que se alcanzó la semana pasada y que había sido hasta la fecha el registro más elevado desde los 60,48 euros marcados el 12 de diciembre de 2015. Este incremento confirma la tendencia al alza registrada en los precios de la electricidad a lo largo de octubre y anticipa nuevas subidas en la factura de la luz. El recibo medio de electricidad ha experimentado una subida del 0,85% en octubre respecto al mismo mes del año pasado. Las subidas responden principalmente a una menor contribución de las energías renovables y, especialmente, de la energía eólica, cuya entrada masiva en el sistema eléctrico produce un efecto depresor de los precios.

El carbón era la tecnología con mayor contribución a la cobertura de la demanda, al aportar el 23%, por delante del 22,9% del gas, el 19,8% de la nuclear, el 8,6% de la hidráulica y el 8,3% de la fotovoltaica. En cuanto a las interconexiones internacionales, se registraba un saldo exportador equivalente al 4% de la oferta. Las necesidades de importación de Francia, debido al cierre temporal adoptado por el país galo para cinco reactores nucleares de EDF para realizar controles de seguridad, contribuyen al alza de precios en España, según indicaron fuentes del sector.

La bombona de butano baja desde este martes un 4,9% y el gas licuado por canalización un 9%

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Redacción / Agencias.- El precio máximo de la bombona de butano tradicional, la de 12,5 kilogramos, bajará desde este martes un 4,9%, por lo que pasa a costar un máximo de 12,76 euros, frente a los 13,42 euros anteriores, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) por canalización disminuirá un 9,1%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo precio máximo de venta, antes de impuestos, para los dos próximos meses será de 12,76 euros para los gases licuado de petróleo (GLP) en envases de carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. Esta reducción del precio se suma a la de julio, cuando ya bajó un 5%, a la de mayo, mes en el que disminuyó un 10,7%, hasta 14,12 euros, y se suma a la de marzo, cuando el precio de la bombona se redujo un 9,7%, al pasar de 17,5 euros a 15,81 por bombona. Respecto a esos 17,5 euros, la bombona cae un 27%.

El Gobierno congeló la bombona de butano en 17,5 euros durante un año y, posteriormente, prorrogó el precio en varias ocasiones a pesar del encarecimiento de la materia prima, lo que generó un déficit en el sector. Este déficit acumulado empezó a reducirse cuando bajaron las cotizaciones internacionales del crudo y gracias a que el precio de venta se mantenía congelado. En la revisión de marzo, el Ministerio de Industria cambió la ponderación de las cotizaciones internacionales para adaptarla «a la realidad actual del origen del producto» y permitió eventualmente «saltarse» el límite del 5%. Según comunicó en mayo, dicho límite volvería a estar vigente en la revisión de julio «con el fin de dar estabilidad de precios al consumidor».

La bombona entra en superávit

Ahora ya ha quedado absorbido el déficit de tarifa del sector y la relación entre costes e ingresos asociados a la bombona se encuentra en superávit. Si este desajuste positivo era de 1,6 céntimos por kilogramo en el bimestre anterior, el margen ahora es de 3,1 céntimos. De hecho, el butano experimentará nuevas bajadas si se mantiene la tendencia actual. La rebaja de este martes es la máxima que se puede aplicar en la fórmula de revisión. El nuevo precio estará vigente hasta el próximo 17 de noviembre, cuando se revisará de nuevo el precio bimestral según las cotizaciones internacionales.

En la revisión de septiembre, que obedece a la bajada del 17% en las cotizaciones de las materias primas, el Gobierno fijó el precio máximo de venta por cada kilogramo de butano (gas licuado de petróleo envasado) antes de impuesto en 82,8918 céntimos por kilogramo, tras reconocer un coste de comercialización de 50,1143 céntimos por kilogramo, el mismo que en julio. Bajo estas premisas, una bombona de 12,5 kilos costaría 10,36 euros. Si a esta cantidad se le suma el impuesto a esta materia, fijado en 15 euros por cada tonelada del gas, más el IVA (21%), el precio final de la bombona de butano asciende consecuentemente a 12,76 euros.

Por otra parte, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización bajará este martes un 9,12%, debido a que el precio variable de este gas pasa de los 69,4251 céntimos por kilogramo (cents/Kg) a 63,098 cents/kg, según otra resolución de Industria. Por su parte, el término fijo de este combustible se sitúa en 1,57 euros al mes, mientras que el precio de los gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de este combustible por canalización baja un 11,5%, hasta los 48,5071 cents/Kg, frente a los 54,8342 céntimos del mes anterior.

Los precios establecidos no incluyen el Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido en la península e Islas Baleares, ni los impuestos especiales en las Islas Canarias ni los impuestos específicos sobre hidrocarburos de Ceuta y Melilla. En los cálculos de los precios de los gases licuados por canalización se han tenido en cuenta la cotización internacional, la media del flete bajo y alto (transporte), la media mensual del cambio entre el euro y el dólar y los nuevos costes de comercialización establecidos en una resolución del mes de julio por la Dirección General de Política Energética y Minas; con una limitación del 5% de subida o bajada, vigente desde hace dos años.

Facua dice que la CNMC y el Gobierno «se pasan la pelota» con los carburantes y pide precios máximos

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción considera que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre mejora de la competencia en el sector de los carburantes forma parte del «espectáculo habitual» en el que «Competencia pasa la pelota al Gobierno», aseguró el portavoz de la organización, Rubén Sánchez.

Para Sánchez, ni Competencia ni el Gobierno son capaces de adoptar «medidas contundentes» para detener la «carestía injustificada de la gasolina». Las últimas propuestas de la CNMC, indica, no funcionarán ya que «son meros parches dado el enorme poder en la fijación de precios de los grandes operadores». A la vista de que «la competencia es casi nula», Facua se muestra partidaria de «volver a un sistema de fijación de precios máximos desde el Gobierno».

«La raíz del problema está en que se decidió liberalizar el sector con la mentira habitual de que provocaría más competencia y bajadas de precios. En cambio, los consumidores han visto desde los 90 que la competencia es casi nula, que los precios han subido de forma desorbitada y la calidad del servicio se ha devaluado hasta el punto de que el consumidor tiene que suministrarse su propia gasolina en un alto número de estaciones de servicio sin trabajadores», indicó.

Sánchez recuerda que la Comisión Europea ya ha adoptado medidas relacionadas con la fijación de precios máximos en el ámbito de las telecomunicaciones y, en concreto, en la regulación sobre el roaming. Si bien esta regulación de precios máximos de carburantes por parte del Gobierno no es una práctica habitual en la Unión Europea, Facua considera que existe base normativa para adoptarla y se muestra partidaria de un compromiso político para avanzar en este sentido.