Durante estos días venimos asistiendo a una formidable polémica alrededor del precio de la electricidad, motivada por la subida de precios en el mercado mayorista ibérico (ya no es español, exclusivamente). La realidad es que, dado que la tarifa tiene más componentes, esto afectaría en el recibo de enero de la tarifa regulada PVPC en una subida del 29%, pero no va a afectar directamente a los consumidores del mercado libre (más de la mitad de los consumidores de electricidad) y menos aún a los que tienen una tarifa plana.
Por su parte, los mercados mayoristas europeos vienen registrando está tendencia creciente por motivos estacionales, combinados con la evolución al alza de los precios del petróleo y del gas. El mercado eléctrico español está respondiendo correctamente, como instrumento que transmite señales de oferta y demanda, a través de los precios. Por lo tanto, ¿Cómo se está articulando la polémica? Tratando de extrapolar los crecimientos de determinados y concretos momentos puntas para que, falazmente, los usuarios piensen que esos aumentos serán los que se aplicarán directamente en su factura. Nadie dice nada, a contrario sensu, cuando hay horas que las casaciones de precios se hacen a 2,3 euros, frente a los 98,69 euros alcanzados este viernes.
En suma, un ejercicio de posverdad al estilo Trump, procedente de la comunicación política, hace que se genere una fuerte alarma en la opinión pública, orientada nuevamente a atacar el modelo de mercado en pos de un modelo intervencionista. Ese ha sido el verdadero objetivo de la campaña alrededor de esta cuestión: la movilización social y de las redes y el aprovechamiento a este fin.
Investigar los precios, otra vez
El Gobierno, por su lado, acosado por la incidencia mediática y de las redes, ha respondido de forma hasta cierto punto razonable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado decisiones en el mercado del gas, acelerado la regulación de un generador de mercado de gas (para intentar aumentar la oferta de gas). Asimismo, desde el punto de vista jurídico, para intentar dar una respuesta adecuada a la turba, se va a «investigar» la subida de los precios de la luz por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como se ha realizado en otras ocasiones y otros mercados (hidrocarburos). En principio no se anticipa una barbaridad como la que protagonizó Soria respecto a la abolición de las subastas CESUR.
Por su parte, los grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, se han apuntado a los postulados retroprogresivos de solicitar la auditoría de costes eléctricos, evidenciando que la política española (incluidos los supuestos liberales) todavía no atiende a las circunstancias de oferta y demanda como explicación de la escasez, en un momento determinado dentro del mercado, que determina consecuentemente los precios. Los costes no son los que fijan los precios en una economía de mercado.
Lo más destacable de este proceso de agitación (una campaña grassroot) es que, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha dado un salto cualitativo en la agitación antimercado, ampliando el espectro de los clásicos portavoces intervencionistas de corte retroprogresivo a los tertulianos y todológos en los medios de comunicación generalistas que, en cada paso de sus pontificaciones, incorporan apostillas personales sobre la supuesta maldad y perversión del mercado y de sus agentes, sin comprender su funcionamiento real. Nunca se llegó tan lejos en la generación y difusión de la alarma pública, merced a una acción de mediatización ex catedra. Un problema complejo, con muchas derivaciones y consecuencias: el Sálvame de la posverdad llega a la energía.
