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El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.

El PSOE pide a Red Eléctrica un informe sobre Solvay y exige al Gobierno que impulse las negociaciones

Europa Press.- El PSOE quiere que Red Eléctrica de España (REE) elabore un informe sobre las circunstancias que llevaron a que la empresa Innovyn-Solvay quedara «excluida» de la última subasta de interrumpibilidad, y reclama además al Gobierno que impulse las negociaciones con todas las partes para evitar la deslocalización de la compañía de Cataluña.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas lamentan que la decisión del Ministerio de Industria de «excluir» a Solvay de la subasta de interrumpibilidad para 2015 y 2016 «pone en grave riesgo la viabilidad» de la planta de Martorell (Cataluña) y podría conllevar la pérdida de hasta 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, critican que no se atendieran las alegaciones de la compañía tras su suspenso en las tres pruebas de interrumpibilidad que Industria realiza a los grandes consumidores eléctricos para comprobar que pueden funcionar desconectados si es necesario, situación que motivó la recomendación de REE de excluir a Solvay de la subasta.

«Se podría haber optado por una solución que hubiera permitido la participación en la subasta», cree el principal partido de la oposición, que recuerda que la orden ministerial de octubre de 2013 permite al Ministerio de Industria autorizar esa posibilidad si el suspenso en los test se debe a «motivos excepcionales debidamente justificados», tales como los que alegaba la empresa. Así, ante las «graves consecuencias» que se pueden derivar de esta medida tanto para la viabilidad de la empresa como para el mantenimiento del empleo, el PSOE pide a Red Eléctrica que realice un informe para «conocer todo lo sucedido» y para verificar que el operador nacional cumplió «en tiempo y forma» con las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios.