EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».