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Fernández Vara (Extremadura) llama a un gran acuerdo político en España sobre la planificación energética y las energías renovables

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Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el «desafío» al que debe hacer frente la política actual, además de «resolver los problemas» de los ciudadanos, es crear un «pacto común y estable en el tiempo» en España sobre la planificación energética y las energías renovables.

En este sentido, Fernández Vara ha defendido la «necesidad» de hacer en España un «gran acuerdo» en este sentido ya que la planificación energética es un asunto, según él, que «no se puede hacer a golpe de decisión respecto a una central o un determinado recurso» ni dejarse para el debate «solo» cuando aparece un proyecto de este tipo en la región, lo que ha considerado que «no es bueno».

Asimismo, el presidente de la Junta reiteró su posición de que las energías renovables son un asunto «de una enorme importancia» y ha destacado que los recursos naturales de Extremadura, «donde tenemos mucha agua y muchísimo sol», colocan a la región en una situación «interesante» a este respecto, ya que «hace 10 o 20 años quién iba a decir que iban a valer tanto». «Tengo una cierta sensación de que se están repartiendo las cartas de nuevo en la economía mundial», tras lo que ha confiado en que «en ese nuevo reparto de cartas las que nos toquen jugar como país y como comunidad autónoma sean diferentes a las de hace 40 o 50 años, que no fueron precisamente positivas«.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha sostenido que la experiencia del «boom de las fotovoltaicas y el inicio de las renovables», además de suponer una «carísima burbuja», infló el mercado y produjo «una serie de resistencias» que luego «han retrasado la instalación adecuada» de estas plantas eléctricas, tras lo que ha manifestado que se debe «aprender de todas estas situaciones para que no se vuelvan a repetir».

«Los más de 6.000 megavatios que hay solicitados ahora mismo en la Consejería de Economía e Infraestructuras ponen de manifiesto el enorme interés que vuelven a tener las energías renovables y cómo fijan su posible ubicación en Extremadura», ha sostenido Vara, tras lo que ha reconocido que el Ejecutivo ve «con ilusión este renacer de las renovables» que mejorará la economía de la región, la construcción y el empleo «fundamentalmente».

Por otra parte, Fernández Vara anunció que dentro de la Consejería de Medio Ambiente se va a crear una unidad «específica para llevar todo el tema de las plantas fotovoltaicas», con el objetivo de «no desaprovechar» oportunidades como consecuencia de la «excesiva» burocracia y «agilizar los tiempos de respuesta» de la Administración a estos proyectos. En esta misma línea, Vara ha considerado que es «importante» garantizar la estabilidad política y jurídica. «Los tiempos en los que las empresas se instalaban según el dinero que ofrecía la Administración han pasado», sentenció.

Para concluir, Fernández Vara ha manifestado que tanto si Extremadura como España quieren ser «actores principales» en las energías renovables, se debe «renunciar a una parte de nuestra soberanía» puesto que «sin Europa no somos nada«, por lo que «a pesar de las dificultades» se deben reforzar las ayudas europeas y la cooperación en este sentido. Por otra parte, Vara se ha referido también al proyecto presentado por la Junta en Bruselas que consiste en la construcción en Extremadura de una planta termosolar de torre con una potencia de entre 100 y 200 megavatios, de la que ha explicado que espera que se faciliten los trámites administrativos para que se instale «lo más pronto posible«.

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Olga García, ha explicado que este proyecto ha sido elaborado por el Partenariado de Energía Solar, creado en mayo de 2017 e incluido en la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía, promovida por la Comisión Europea. En este sentido, la directora general extremeña ha explicado que desde la región se está trabajando en dos proyectos, el primero de ellos es éste con el que la Junta también pretende crear «un lugar donde poder investigar los avances en energía termosolar» y que pudiera tener «un tamaño suficiente para tener un perfil comercial».

«La idea es producir energía eléctrica con esta planta de torre, que la idea es que estuviera ubicada en Extremadura, y vender esa energía a países del centro y del norte de Europa», ha continuado Olga García, tras lo que ha explicado que la Unión Europea establece una obligación de cumplimiento de objetivos de energías renovables por países, por lo que este proyecto pretende «computar» por esos países que «se sabe que no van a llegar a cumplirlos». Así, la directora general ha sostenido que la Junta contempla «diferentes formas» para hacer esa compensación mediante transferencias físicas o estadísticas, tras lo que ha resaltado que, aunque son «de complejidad», en Europa ya existen 4 proyectos de cooperación de este tipo.

Además, ha continuado, el Partenariado está trabajando en otro proyecto que tiene que ver también con solar termoeléctrica, «pero en lugar de alta temperatura este es de media temperatura» y de aplicación «directa a la agroindustria», un sector, bajo su opinión, «estratégico» también para Extremadura. Para concluir, Olga García ha subrayado que los beneficios para la región son «muchos» como la «importancia» de desarrollar este proyecto desde el punto de vista de la innovación y de la investigación en esta energía, y por otra parte la inversión en industria, que «atraería más industria y una mejoría» de la economía regional, tras lo que ha explicado que para financiar este proyecto son «necesarios» fondos europeos, además de estos mecanismos de cooperación.

El Gobierno impulsa la incorporación de una nueva conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está trabajando para incorporar con carácter urgente a la planificación energética un nuevo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca, que se unirá al ya planificado, cuya fecha de puesta en funcionamiento está prevista para 2020. El Ministerio indicó que la seguridad y calidad del suministro eléctrico se encuentran garantizadas en las islas y subrayó que con esta decisión de acelerar la tramitación de un nuevo enlace se verán reforzadas en el medio plazo.

Además, el Ministerio destacó que de esta manera se reforzará la conexión de Menorca con el resto del sistema eléctrico. Energía señaló que ha comunicado esta decisión al Gobierno de Baleares y que comenzará los trámites necesarios para la inclusión del segundo cable en la planificación «a la mayor brevedad». Además, el Ministerio ha solicitado al Gobierno autonómico balear su colaboración en la realización de los procedimientos administrativos que son de su competencia y que resultan necesarios para el enlace ya planificado. En este sentido, se ha acordado también la constitución de un grupo de coordinación para realizar un seguimiento detallado de toda la tramitación.

El Constitucional suspende cautelarmente la Ley de Cambio Climático de Cataluña que fija el cierre de las nucleares para 2027

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Europa Press.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Cambio Climático de Cataluña y suspendió su aplicación desde la interposición del recurso el pasado noviembre mientras estudia las alegaciones del Ejecutivo. El Constitucional deberá confirmar o desestimar esta suspensión en un plazo no superior a 5 meses. Entre los preceptos suspendidos se encuentra un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación del empleo.

Actualmente en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona. El Ejecutivo ha recurrido, junto con este precepto, otros 23 más de esta norma, que también quedan en suspenso. A su juicio, estos preceptos invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades autonómicas de establecer normas adicionales de protección.

Iberdrola pide un marco regulatorio estable y planificación energética para dejar de escuchar «que el anterior ministro se equivocó»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido un marco regulatorio estable para España, como el de países como Reino Unido, Brasil, México o Estados Unidos, en los que está presente la compañía, y una planificación energética que sea «pública, conocida y notoria», para así poder dejar de escuchar que «el anterior ministro se equivocó«.

Galán reconoció que en los 17 años que lleva al frente de la compañía ha visto pasar «a 6 ministros y 12 o 13 secretarios de Estado, “que todos con la mayor voluntad empiezan a escribir cosas» pero al final se equivocan, y los errores «los pagan los ciudadanos y los accionistas». Por ello, lamentó que España sea el único país donde la compañía energética tiene pleitos. «Me duele como español. Me fajo vendiendo España y me duele dar tanto trabajo a los abogados. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Por qué somos distintos?», se preguntó.

Así, pidió mirar al modelo de países donde hay unas «reglas del juego muy claras, decisiones consensuadas y marcos muy de largo plazo», para lo que es necesario «dialogar». «Al final, está claro que las decisiones las deben tomar los gobiernos, pero no nos equivoquemos», añadió. A este respecto, Galán aseguró que Iberdrola ha invertido en los últimos 17 años en España 25.000 millones de euros, con un resultado económico «casi nulo, ya que ganamos ahora casi igual que antes».

Galán criticó también las altas cargas políticas que sufre el negocio eléctrico en forma de un «montón de impuestos». «Es mejor meterlo en las tarifas que evita bastante controles y subir la tasa que se cobra a las hidroeléctricas antes que ir al Parlamento a decir que subo medio punto el impuesto de Sociedades», afirmó. Además, para Galán, no se puede «ir en contra de los tiempos», en referencia al crecimiento renovable. «Todo el mundo se mueve en una dirección y España no se puede mover en la contraria», aseveró.

Respecto al mix energético a futuro, Galán señaló que «primero hay que tener la foto de dónde se quiere llegar», si se quiere un país muy dependiente energéticamente o no y con una economía verde. Asimismo, subrayó que las centrales nucleares se van a cerrar, así como el carbón y los ciclos combinados, aunque pidió que se haga de manera «ordenada y sabiendo cómo se va a pagar». «Son cosas que llevo pidiendo tiempo, pero al final se decide desde el cortoplacismo», añadió al respecto.

El presidente de Iberdrola también abogó por seguir introduciendo renovables al ritmo que se va produciendo el cierre ordenado del resto de centrales, ya que con más energía verde «automáticamente los precios se irían deprimiendo». Finalmente, Galán, que alabó el trabajo de Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, vaticinó un futuro en el que se debe implementar el almacenamiento y pidió realizar un plan de electrificación para el transporte.

El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».

Energía somete a consulta pública hasta el día 15 el decreto que regula el cierre de centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está sometiendo a consulta pública previa el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica con el objetivo de recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma. El plazo para presentación de escritos, que se abrió el 3 de agosto, finaliza el próximo 15 de septiembre.

En la consulta pública, el departamento que encabeza Álvaro Nadal plantea las siguientes cuestiones: si se considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, y qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema. Mediante el decreto se pretende abordar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional, de una forma sostenible y respetuosa con el medioambiente, y atendiendo en todo momento a los criterios de sostenibilidad económica y financiera del sistema.

Según recuerda Energía, la Ley del Sector Eléctrico establece que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en los términos establecidos. En consecuencia, deben desarrollarse las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

España y los objetivos climáticos

A su vez, según resalta el Ministerio, resulta necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido tras el Acuerdo de París.

Al mismo tiempo, se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, «considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española». En este contexto, por tanto, Energía considera necesario contar con las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales «son coherentes con la planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

Con este decreto, el Gobierno pretende dotarse de los instrumentos adecuados para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia. La regulación debe prever las medidas que deben implementarse a futuro. La norma tiene como finalidad regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica. Para ello habrá de contemplarse las distintas fases del mismo, la documentación necesaria, los informes que habrán de recabarse en el procedimiento, así como las autoridades y la forma en que deben intervenir para garantizar los objetivos que se pretenden.

Según Energía, la finalidad que propugna la iniciativa ha de abordase necesariamente a través de una alternativa regulatoria, y recuerda que estos procedimientos se encuentran contemplados en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Real Decreto 1836/1999, de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que han de actualizarse.

APPA advierte al Gobierno de que la subasta de renovables de julio puede provocar «una burbuja de instalaciones»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha considerado que la próxima subasta verde, que se celebrará en julio, es una muestra más de «la precipitación y falta de planificación» en el sector energético y ha afirmado que puede provocar «una burbuja de instalaciones».

La patronal señala que la nueva subasta producirá una acumulación de potencia renovable a instalar, con 6.000 megavatios (MW) en solo dos años y medio, «potencia que podría ampliarse sin límite si el coste para el sistema es inferior al que el Gobierno establecerá en la cláusula de confidencialidad de la convocatoria de la subasta». Para APPA, estos 6.000 MW nuevos, que tendrán que instalarse antes de 2020, suponen «una carga excesiva» para un sector que ha estado 5 años «paralizado por decreto» y encarecerán la ejecución de los proyectos.

Además, considera que el hecho de que el Gobierno desconociera a comienzos de año la capacidad renovable que iba a subastar «constata la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular«. Así, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, cree que el que se adjudiquen «3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración». «Cuando estos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito«, concluyó.

APPA pide planificar las subastas de renovables para asignar la nueva potencia y que se diferencien por tecnologías

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EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha vuelto a reclamar una planificación de las subastas de energía renovable y que éstas se hagan de forma independiente por cada tecnología. El director general de APPA, José María González Moya, se manifestaba así en la inauguración de una nueva jornada sobre las subastas de capacidad.

González Moya ha señalado que a las empresas productoras de energías renovables les gustaría que hubiera una planificación de las subastas, en la que se especifique cuándo van a ser las subastas y qué cantidades se van a subastar. También ha pedido que se hagan de forma independiente por tecnología, frente al modelo que ha escogido el Ministerio, que prefiere que sean neutrales en este aspecto para poder elegir las instalaciones que ofrezcan menor coste.

Según opina González Moya, no hay que «enfrentar a las tecnologías renovables», pues son «complementarias» y, además, ha dicho que no le gusta que la subasta esté basada en el precio, que se haya triplicado el aval que se exige a las empresas que acuden a ella y que aún no se sepa si se celebrará en abril o en mayo, pues el ministerio lo único que ha dicho es que será antes de junio.

También ha subrayado la «incertidumbre» que crea este sistema de asignación, pues, por ejemplo, en estos momentos el sector productor no sabe si en la próxima subasta se otorgarán derechos económicos para 2.000 megavatios (MW) como se contempla de forma expresa en la propuesta de resolución que regula la subasta, o bien se llegará a los 3.000 MW anunciados por el ministerio con la opción de ampliación de 1.000 MW contemplada también en la propuesta.

Energía insiste en que la subasta de renovables será «tecnológicamente neutra» y ganará la que ofrezca el precio más bajo

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, insiste en que la subasta de renovables de 3.000 megavatios (MW) que el Gobierno celebrará a lo largo de este primer semestre será «tecnológicamente neutra», sin favorecer a una tecnología sobre otra.

«La subasta está diseñada para otorgarse a la tecnología en la que el euro por megavatio hora (MWh) sea más barato. No sé si será la eólica, la fotovoltaica… dependerá de la eficacia de cada tecnología», señaló Navia, quien subrayó que «lo lógico» es que en el resultado se dé un mix de tecnologías. Respecto a los objetivos de implantación de renovables a futuro, Navia indicó que el único compromiso vinculante es el objetivo de un 20% de renovables en el horizonte de 2020. «A día de hoy estamos por encima y esta subasta nos ayuda mucho a ponernos todavía más cerca de conseguirlo», aseveró.

El secretario de Estado de Energía, más allá de cifrar un objetivo de instalación de energía renovable, consideró que lo necesario es llegar a ese horizonte del 20% «de la forma más eficiente, con el menor coste y de la forma más rápida». «Nunca nos hemos comprometido a sacar 8.000 MW de potencia renovable en ninguna planificación vinculante, ya que no tendría sentido porque la tecnología está avanzando constantemente. No se puede comprometer la política energética a 10 años», aseguró.

Sobre el reglamento para desarrollar el bono social, Navia indicó que una vez realizado el trabajo de recabar las opiniones de los distintos grupos políticos, «que ha sido lento», en «muy breve» se enviará una primera propuesta para discutir con todas las partes implicadas (agentes del sector, partidos políticos, comunidades autónomas, corporaciones locales) y empezar su trámite. Navia ha participado en la apertura del Business Beyond Energy, una iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas y a los clusters, a operar internacionalmente con el objetivo de promover el crecimiento económico dentro y fuera de Europa.

El sector renovable urge a Industria a concretar un calendario de subastas

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EFE.- El sector de las energías renovables urge al Gobierno a publicar un calendario de las subastas previstas para estas energías durante este ejercicio y el próximo. Fuentes de las principales asociaciones del sector coinciden en señalar la importancia de concretar cuanto antes, no solo esa primera subasta para este año en la que el Ministerio de Industria trabaja, sino un calendario completo. «Se necesita visibilidad, un calendario que muestre la apuesta por las renovables y una señal clara que dé seguridad a los inversores», apuntan desde el sector.

La pasada semana, el Ministerio de Industria reiteró que trabajaba en una nueva subasta para final de año con competición de las distintas tecnologías «para continuar impulsando la penetración de renovables» y poder llegar al objetivo del 20% de peso sobre el mix total en 2020. Para abordar esta subasta, en julio se celebró una reunión en el IDAE a la que asistieron representantes del sector y en la que se habló de unos 1.000 megavatios (MW) de capacidad. Desde entonces, señalan, no ha habido más contactos sobre el tema.

Esta sería la segunda subasta de este año tras la celebrada en enero y que supuso el fin de la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas instalaciones renovables. La de enero, en la que se sacaron 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa, terminó con un resultado que sorprendió al sector. Se cerró con un descuento del 100%, es decir, que las plantas que se adjudicaron capacidad cobrarían solo la retribución del mercado sin ayudas adicionales.

Tras esto, desde el sector renovable también sugieren algunas mejoras para las nuevas pujas, como exigir más requisitos para poder participar o el control posterior para verificar que los proyectos que lograron potencia se están desarrollando. La planificación energética, apuntan, señala la necesidad de 8.500 megavatios (MW) renovables más para poder llegar a los objetivos de 2020. Para lograr que los proyectos estén en marcha para esa fecha, concluyen, se debería subastar capacidad en próximos meses. «Los plazos corren», subrayan.