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El déficit eléctrico provisional asciende a 1.542 millones de euros hasta agosto, una previsión de 644 millones menos según la CNMC

Europa Press. – El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.542,1 millones de euros hasta agosto, 643,9 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según informa el regulador, este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-357,0 millones de euros) y de la actividad de la distribución (-196,4 millones de euros).

En otro sentido, la demanda en consumo registrada en esta octava liquidación alcanzó los 146.414 gigavatios hora, siendo un 1,7% superior al valor promedio observado en años precedentes.

Esta demanda en consumo representaría el 60,6% de la demanda prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (59,6%).

Puesto que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 84,01% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

Si se habla de energías renovables, se han liquidado 63.607 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y la cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado 31 de agosto asciende a 4.801,12 millones de euros.

Como resultado de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 860,155 millones de euros.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 49,05 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,250 millones de euros.

 

Sector del Gas

En lo que respecta al sector del gas, el déficit provisional fue de 245 millones de euros, frente a un déficit de 326 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 25%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada.

El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 1.846 millones de euros, un 6,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta octava liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 1.901 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del año anterior.

Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al pasado 31 de agosto ha ascendido a 7,87 millones, con un aumento interanual de 107.414 consumidores (+1,4%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

 

El sector eléctrico ve posible bajar la luz hasta un 30% gravando carburantes y con apoyo de los Presupuestos

Europa Press.- El sector eléctrico ve posible bajar el recibo de la luz hasta un 30% a través de una reforma fiscal que eleve los gravámenes sobre las fuentes más contaminantes, especialmente los carburantes, y de un reparto de costes que eleve la contribución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), indicaron fuentes empresariales.

Esta propuesta contempla un plazo de implementación de unos cinco años y puede encajar con las actuales reivindicaciones de algunos partidos políticos, que insisten en la necesidad de rebajar el recibo de la luz y abordar soluciones medioambientalmente sostenibles.

La iniciativa procede de una de las grandes eléctricas y no se encuentra consensuada con todas las compañías integradas en Unesa, si bien el sector sí coincide en que el precio de la electricidad es demasiado alto y se muestra partidario de rebajarlo a través de un traslado de los costes regulados que se cargan sobre la tarifa, que han subido un 85% desde 2006.

La propuesta concreta para abordar este descenso de costes de la tarifa mediante su traslación a otros ámbitos contempla dos líneas de actuación. La primera consiste en una reforma fiscal que aligere los cerca de 7.000 millones de euros que cada año se cargan sobre la tarifa para retribuir a las renovables y la cogeneración. Esta es la mayor partida de costes regulados, que ascienden en total a unos 19.000 millones.

La reforma fiscal incluiría nuevos impuestos sobre actividades contaminantes, especialmente sobre los carburantes de automoción, pero también sobre el carbón y el gas natural. La recaudación, proporcional al grado de contaminación de cada tecnología, iría dirigida a financiar los incentivos a las renovables.

De esta forma, se daría un vuelco al modelo energético y se pasaría de un esquema basado en premiar a las tecnologías menos contaminantes a otro en el que se castigue a las que contaminan, en línea con el lema ‘make polluter pay’, defendido por los sectores ecologistas.

Esta opción haría partícipe al sector del transporte mediante un aumento de los impuestos sobre los carburantes y se presenta como una solución para que las empresas dispongan de incentivos suficientes no solo para avanzar en renovables, sino también para contaminar menos y contribuir al cumplimiento de los objetivos hasta 2020.

Trasladar costes a los PGE

La segunda línea de actuación consistiría en cargar progresivamente sobre los Presupuestos Generales del Estado el conjunto de los costes extrapeninsulares, que en la actualidad se reparten entre las cuentas públicas y la tarifa a razón de 900 millones cada una. También pasarían a los PGE los cerca de 2.800 millones de amortización anual del déficit de tarifa.

Con estas dos líneas de actuación, la tarifa eléctrica podría quedar liberada de cerca de 10.000 millones de costes regulados, casi la mitad de la partida regulada, lo que implicaría, de aplicarse el plan en toda su extensión, una rebaja del recibo de alrededor del 30%.

La presión sobre las cuentas públicas fruto del traslado de costes eléctricos quedaría reducida gracias al efecto positivo sobre la economía de los particulares y las empresas provocado por unas tarifas más competitivas.