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El Tribunal Supremo da la razón a las gasolineras automáticas al no exigirles la contratación de personal

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Europa Press. – El Tribunal Supremo se pone del lado de las estaciones de servicio automáticas al desestimar los recursos presentados por Islas Baleares y la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), en la que exigían que este tipo de gasolineras contasen con personal para poder operar.

Estas entidades recurrieron la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la que se anulaba el artículo que obligaba a todas las estaciones a contar con personal. Por consiguiente, se eliminaban las gasolineras automáticas, que abrían la competencia en el sector de la venta de carburantes en las Islas.

En este sentido, la comunidad autónoma de Baleares y Aesba argumentaron que se desatendía al consumidor. Pero, de esta manera, no se percataron que los intereses de los consumidores resultaban perjudicados con la eliminación de este tipo de estaciones, ya que se perdía un modelo de negocio que aportaba competencia al sector y disminuía los precios en las Islas , Baleares, que según el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica son los más altos de España.

«El proceso judicial ha finalizado, después de dos años, con lo que parecía imposible: ganar a la Administración, a las estaciones tradicionales y consolidar la libertad de mercado y la libre competencia en el sector de la venta de carburantes en toda España», ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez Perona.

Del mismo modo, la patronal de las estaciones automáticas (Aesae) considera que las trabas seguirán, pero cada vez serán más difíciles de justificar, puesto que la sociedad empieza a ver el beneficio de la competencia en este sector, donde, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumidor puede ahorrar unos 300 euros al año pudiendo elegir dónde repostar.

Las gasolineras automáticas recurrirán la norma que prepara Castilla-La Mancha para obligarles a tener personal mientras Andalucía retira su decreto

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.

Red Eléctrica de España eleva su beneficio un 5,1% en el primer semestre del año, hasta 340 millones de euros

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EFE / Servimedia.- Red Eléctrica de España (REE) obtuvo un beneficio neto de 340,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 5,1% más que los 323,5 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2016 y en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2019, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 2%, hasta 769,7 millones, por la consolidación de las medidas de eficiencia aplicadas.

El importe neto de la cifra de negocio ascendió a 987,3 millones, lo que supone un incremento del 2%. Este aumento se debe principalmente, según la empresa, a la retribución asociada a las nuevas instalaciones de transporte puestas en servicio en España en 2016. Además, la cifra de negocio incorpora otros ingresos, como los asociados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, que alcanzaron 43,4 millones, o los derivados de la operación del sistema (28 millones). Los costes de aprovisionamiento y otros gastos de explotación crecieron un 14% por las inversiones realizadas en los proyectos de Perú y los gastos asociados a siniestros. Si se eliminan ambos factores, esta partida se habría mantenido prácticamente constante.

Los gastos de personal aumentaron un 2%, incremento que se debe, en una parte sustancial, al crecimiento de la plantilla media en un 1,3%. La plantilla final al cierre del primer semestre se situó en 1.815 personas. Las inversiones del grupo durante el primer semestre alcanzaron los 198,2 millones, de los que 144,5 millones se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional. La deuda financiera neta se situó en junio en 4.743,7 millones, frente a los 4.949,5 millones de finales del año pasado.

La CNMC ajusta en 2,6 millones de euros la retribución de Mibgas y detecta un elevado gasto en personal

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó una propuesta de metodología de retribución del operador del mercado organizado de gas, el Mibgas, en la que ajusta la retribución recibida por esta sociedad en los últimos tres años en 2,6 millones de euros, cantidad que deberá ser devuelta.

La metodología del superregulador concluye que Migbas ha de recibir una retribución de 1,1 millones en 2015, 2,3 millones en 2016 y 2,8 millones en 2017, lo que contrasta con los importes provisionales fijados con anterioridad por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que ascienden a 2 millones en 2015, 2,9 millones en 2016 y 3,9 millones en 2017. Una vez que Energía apruebe la metodología de retribución presentada por la CNMC, se deberá liquidar la diferencia entre la retribución definitiva y la liquidación provisional a cuenta percibida por el operador del mercado.

El informe aborda el conjunto de los costes en los que incurre la sociedad. Al estudiar las amortizaciones de activos de la sociedad, la CNMC destaca que, en las cuentas auditadas del año 2015, se indica que el único inmovilizado material consiste en un vehículo comprado por 61.440 euros. El regulador considera que este gasto no debe incorporarse como amortización ni formar parte de la retribución reconocida a la sociedad.

En cuanto al coste de personal, advierte de que es más elevado que el de otras sociedades similares, como son Omie o Red Eléctrica, donde la media está en 92.263 euros y 90.000 euros, respectivamente. También se superan las retribuciones de Enagás, que son de media inferiores a 70.000 euros. Migbas «presenta un coste medio del personal superior al del resto de sociedades reguladas que realizan actividades análogas o comparables», señala la CNMC, que también considera que las dietas del consejo de administración se deben quedar fuera de la retribución.

La propuesta retributiva de la CNMC responde a lo establecido por la Ley 8/2015, según la cual el regulador debe remitir una propuesta al Ministerio para calcular la retribución del operador del mercado organizado de gas. El regulador recuerda que el Mibgas, que es la sociedad que realiza la actividad de operación del mercado del gas, es una empresa que requiere de pocos activos y sus costes se corresponden con los de operación y mantenimiento.