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Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

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Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

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Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.