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Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

Maíllo (Izquierda Unida Andalucía) aboga por un modelo de transición energética «eficiente, con carácter planificador, sostenible y público»

Europa Press.- El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha abogado por «apostar por un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público». Así lo ha apuntado al asistir a las jornadas Transición Energética: hacia un futuro 100% renovable.

«Un encuentro en el que se está configurando un modelo energético que, en el fondo, es un modelo de país», reivindicó Maíllo, que reitera que «cuando hablamos de un modelo energético renovable estamos hablando de un modelo que tiene mucho que ver con la lucha contra el cambio climático, con la justicia social y la redistribución de la riqueza. Mientras, afrontamos un modelo actual energético que si tiene una característica es su opacidad, su control por parte de una minoría o su ausencia de planificación».

Por ello, el coordinador de Izquierda Unida ha defendido «un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público». Así, en este sentido, ha saludado «las prácticas que se desarrollan con la creación de cooperativas que configuran una nueva forma de tratamiento de esta energía sostenible». Sin embargo, Maíllo destaca que, «a pesar de ser una tierra que tiene todo lo que necesita para crear una energía eólica y solar en mejores condiciones que otras regiones de Europa, nos encontramos con países del centro de Europa que producen más energía renovable que Andalucía».

Para ir hacia este futuro 100% renovable, según ha apostillado, habría que recuperar la normativa sobre energía renovable que el anterior Gobierno de Rajoy eliminó. Para ello, «hace falta una política energética autónoma y la promoción de experiencias como la agroecología o modelos de desarrollo urbanos sostenible», según ha puntualizado el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Mientras tanto, en la Unión Europea, tal y como explicó la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, «este año se ha estado negociando el conocido como paquete de invierno. Para ello, le hemos puesto una especial importancia a la parte de autoconsumo», ha detallado.

«Potenciar las prácticas de autoconsumo es muy importante para países como España, que se ha visto afectado por las malas prácticas del anterior gobierno del PP. Por ello, en este sentido, se han hecho modificaciones importantes en cuanto a cómo se puede fomentar este autoconsumo en el marco de esta directiva», ha afirmado la eurodiputada de Izquierda Unida. Finalmente, López ha remarcado que «desde Izquierda Unida no apostamos por el modelo de los grandes oligopolios. Hay que apostar por un modelo de energía que sea de uso particular, más individualizado, que no sea tan contaminante y que esté sujeto a elementos de la democratización de la energía», según ha concluido.

Blanco (PSOE) plantea impedir desde la Unión Europea los cargos al autoconsumo con una regulación impulsada a nivel comunitario

Javier Angulo / Bruselas.- El eurodiputado socialista y ponente de la directiva de energías renovables, José Blanco, ha avanzado que el Parlamento Europeo impulsará una regulación del autoconsumo que impida cargos como el denominado impuesto al sol (término rebatido recientemente por el Tribunal Supremo), en los que el autoproductor tiene que contribuir a los costes del sistema como las redes. Blanco propone que la energía autoconsumida no tenga que afrontar estos cargos, abonando el uso de las redes cuando se pretenda verter energía al sistema.

De todos modos hay que recordar que el papel de Blanco es el de conseguir que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo fijen una posición desde la que negociar a lo largo de 2018 con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por tanto conviene subrayar que cualquier cambio regulatorio no será en el corto plazo ya que a nivel comunitario no entrarán en vigor hasta 2020. El 28 de noviembre se votarán en la Comisión de Energía 7 informes para definir el sector energético de Europa en la próxima década, entre ellos el informe sobre renovables de Blanco, aunque la postura del Parlamento no será definitiva hasta que se apruebe en pleno en la primavera del 2018.

En lo que respecta a los objetivos de Energía y Clima para 2030, la propuesta de Blanco es conseguir una cuota de renovables del 35% sobre el consumo de energía final, lo que supondría añadir más ambición a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que fija esta meta en el 27%. Según Blanco, hay un mayoritario consenso en las instituciones europeas respecto a que el avance tecnológico ha dejado desfasada la cifra del 27% y desde el Parlamento Europeo han insistido a la Comisión para actualizar los datos de la inversión que supondría este avance hacia las renovables y la descarbonización de la economía. De hecho el comisario Miguel Arias Cañete ya ha hablado de un mínimo del 30%.

En este punto el eurodiputado socialista ha arremetido contra “la hipocresía de muchos Gobiernos, que aplauden los acuerdos de París sin poner en marcha la senda adecuada para cumplir esos objetivos”. Precisamente Blanco subrayó que el PP Europeo y países como España son los que están mostrando mayores reticencias a esta meta para 2030. “Un país con un gran potencial de renovables como es España no puede trabajar a la contra de este objetivo con las interconexiones como excusa”, subrayó Blanco, que tampoco quiso restar relevancia a las conexiones energéticas de la Península con Europa ya que desde el Parlamento Europeo se pretende fijar una meta del 15% de interconexión respecto a la potencia instalada del sistema eléctrico en 2030.

Por otro lado, en este encuentro con periodistas españoles y portugueses previo a la Conferencia de Energía que se celebra este martes en Bruselas, Blanco insistió en que los objetivos de Energía y Clima para 2030 deben mantener su carácter vinculante para los Estados miembros, no solo en lo que respecta al objetivo europeo sino también en los específicos de cada país, tal y como se fijaron para 2020, ya que es un instrumento “que ha funcionado bien”, propiciando un avance tecnológico que ha bajado considerablemente los costes de las energías renovables. “Renunciar a establecer objetivos vinculantes supondría introducir incertidumbre en el sistema”, aseveró Blanco.

El eurodiputado socialista ha avanzado que se pretenden introducir medidas para reforzar la seguridad jurídica para los inversores, evitando medidas que supongan perjuicios con carácter retroactivo. Blanco reconoció que se pretende introducir “clausulas de penalización” para los Estados miembros que incumplan lo establecido sobre retroactividad en las futuras directivas europeas, pero descartó cualquier opción de resarcir a los inversores afectados por medidas del pasado. En clave española denunció que los arbitrajes internacionales sí que van a resarcir a los inversores extranjeros por los recortes retributivos realizados a las renovables en la reforma eléctrica de 2013, por lo que demandó que “ante el mismo hecho, los tratamientos tienen que ser iguales pues, en caso contrario, se estaría consolidando una injusticia insoportable”.

En materia de las renovables en el transporte, Blanco defendió fijar un objetivo entre el 10% y el 12% de biocombustibles para 2030, aunque parece una meta más difícil de lograr por las reservas que expresa la izquierda europea y los sectores ecologistas hacia la sostenibilidad de los biocombustibles. En este sentido, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, se mostró más partidaria de fijar objetivos sectoriales que cifró en un 9% de renovables en el transporte por carretera y de un 6,8% en el sector de la aviación. Finalmente, la eurodiputada lamentó que desde instancias europeas no se puedan tomar medidas efectivas contra la pobreza energética por la negativa de la derecha a tramitarlas.

Izquierda Unida pide aumentar el objetivo europeo renovable en 2030 mientras se preocupa por el carbón en Castilla y León

Servimedia / EFE.- El portavoz de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, una reunión en la que abordar los problemas que atraviesa la minería del carbón mientras la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, cree que España debe reorientar su política energética, ya que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos comunitarios de renovables para 2020 y para que se pueda fijar un objetivo del 40% en 2030.

De hecho considera imprescindible aumentar el objetivo de renovables al 40% para que la aportación de este tipo de energías sea prácticamente del 100% en 2050. Un informe del Parlamente Europeo sitúa a España entre los países en los que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos para 2020, junto a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Holanda, el único Estado que no cumplió la meta de 2014.

López lamentó que España se encuentre en esta situación, «cuando estábamos a la cabeza de desarrollo de energías renovables con una apuesta muy decidida por ellas», y atribuyó este cambio a las medidas adoptadas en la última legislatura. En concreto, dijo que se ha creado «inseguridad jurídica» con medidas como el recorte a la retribución de las energías renovables o la decisión de que quienes autoconsuman su energía deban pagar el mantenimiento de la red.

Entre los puntos del informe, López destacó que «hemos vuelto a poner en valor la importancia que tienen los objetivos vinculantes», ya que algunos partidos pedían que fueran recomendaciones; y también valoró que «hemos garantizado el 30% de renovables para 2030», frente a la Comisión Europea, que proponía el 27%. Además, hizo referencia a la inclusión de una enmienda que recoge estándares laborales en materia de generación de empleo de calidad, para aprovechar el «gran potencial» del sector, y lamentó que no haya incluido garantías sociales para los consumidores vulnerables.

Abordar problemas del carbón nacional

Por su parte, Sarrión ha explicado que los encargados de la liquidación de Hullera Vasco-Leonesa han subrayado la «imposibilidad de hacer un cierre controlado de la minería de interior si no se desbloquean las ayudas destinadas a ello» y que dependen del Gobierno central. Para Sarrión, no llevar a cabo el cierre controlado de las explotaciones mineras «supone un riesgo muy elevado para la población del municipio y sus pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer», con posibles «hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos y explosiones«, entre otros riesgos.

Por esta razón el representante de Izquierda Unida se ha mostrado partidario de informar a las personas que desconozcan estos peligros, para que se agilicen los trámites y se concedan las ayudas pertinentes para el cierre. «La comarca de La Pola de Gordón ha sido muy castigada social y laboralmente por el fin de la minería y no queremos añadir a esto un sufrimiento más para la población», resumió Sarrión.

Izquierda Unida asegura que España no cumplirá con su objetivo de renovables para 2020

EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, ponente del documento de evaluación de energías renovables en el Parlamento Europeo, ha lamentado que España sea «uno de los pocos países de Europa que no va a cumplir con los objetivos en materia de energía renovable». Según López, las políticas que en materia de energías renovables se están aplicando en España están consiguiendo que el porcentaje que tiene asignado nuestro país para 2020 «vaya muy retrasado y prácticamente no se vaya a cumplir».

En este contexto, López ha afirmado que «resulta sorprendente que, a pesar de las enormes posibilidades que tiene España para promover y potenciar el uso de las energías renovables, esté muy por detrás de los objetivos mínimos, mientras Alemania o Reino Unido están muy por delante de España». Y, como ejemplo de «unas políticas muy distantes de lo que se debe hacer», la eurodiputada ha citado el «injustificado» cierre de Elcogas, «una empresa pionera en combustión limpia e investigación para la absorción de CO2, que cumple con todos los requisitos de la Unión Europea y, sin embargo, el Gobierno no ha apostado por su viabilidad».

Trabajadores de Elcogas trasladan a la Comisión Europea la situación de la planta termoeléctrica de Puertollano

EFE / Europa Press.- Representantes de los trabajadores de la termoeléctrica Elcogas se reunieron con el director general para la Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, para pedirle que medie con el Gobierno español ante el posible cierre de la planta de Puertollano (Ciudad Real) y su proyecto pionero en energías renovables.

Los miembros del comité de empresa entregaron a Ristori un dossier explicativo sobre Elcogas, quien se mostró especialmente interesado en el modelo que lleva a cabo la central térmica ya que «se alcanza los valores que se persiguen en la Unión Europea en cuanto a investigación y medio ambiente«. Elcogas, que nació en 1992 amparada por la Unión Europea como proyecto objetivo para la producción limpia de energía eléctrica, es la única planta de su tipo en Europa y actualmente exporta parte de su tecnología a empresas de similares características de todo el mundo. Esta termoeléctrica está participada por las españolas Endesa e Iberdrola, Energías de Portugal, la italiana ENEL y la francesa EDF y ha recibido hasta 15 premios.

El presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, y el secretario de Política Industrial del sindicato, Jesús Crespo, calificaron el encuentro como «muy positivo». En esa reunión también participó la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, quien se refirió a la situación de esa planta en Puertollano, «que se encuentra amenazada de cierre poniendo en riesgo 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos en una zona con una tasa de paro del 34%», según explicó. La eurodiputada dijo que «Ristori, tras escuchar las explicaciones de los representantes de los trabajadores, se comprometió a pedir información al Ministerio de Industria sobre la situación de la planta de Elcogas, en Puertollano, y a transmitírnosla en cuanto reciba una contestación».

Según Alcaide, Ristori se interesó por Elcogas y les indicó que «contactaría con el Ministerio de Industria para interesarse por cómo estaba la gestión de este problema en España«. «El 16 de junio del año pasado la empresa solicitó el desmantelamiento ordenado de una central», explicó Jesús Crespo. El sindicalista se refirió a que la adopción en 2012 de un nuevo decreto para las energías renovables dejó desprotegido el proyecto de I+D que desarrolla Elcogas, abriendo el camino del cierre de la planta de Puertollano.

Alcaide y Crespo explicaron que lo que buscan es «un marco adecuado donde pueda estar amparado y protegido este proyecto», con el que han logrado quemar carbón de forma limpia para producir electricidad sin contaminar en el proceso. Asimismo ambos insistieron en el potencial humano y de investigación de los 15 proyectos de I+D que tienen abiertos, entre los que figura la captura de CO2. «Lo que no podemos hacer es perderlo y que se lo lleven o se exporte a otros países. Y que aquí en España lo terminemos y luego Europa no lo tenga en cuenta», explicó Alcaide.

La última propuesta del Gobierno destina 30 millones de euros a Elcogas entre 2015 y 2018, una cantidad que según los sindicalistas no bastaría para cubrir las pérdidas de la empresa en el último año. «Tenemos un sector pionero, un sector puntero, con alto valor añadido, con empleos de calidad, que consolida territorio y población en el territorio; nos permitimos el lujo por 30 millones de perderlo», señaló la eurodiputada. Si ese desmantelamiento se llegara a producir, entre los afectados estarían, según los sindicalistas, los trabajadores de la empresa principal y las auxiliares, los trabajadores de una mina cercana y los del complejo petroquímico que Repsol tiene en la zona.