EFE.- El presidente de Perú, Ollanta Humala, afronta una encrucijada en la que debe decidir si promulga la ley aprobada por el legislativo para que la empresa estatal Petroperú explote el lote 192, el campo de mayor producción de petróleo del país, o si mantiene su oposición a que la compañía opere esos pozos.

El gobernante evaluará si da su brazo a torcer para no alimentar y recrudecer otro conflicto social más durante su mandato, que en esta ocasión lleva a la región amazónica de Loreto a reclamar al Ejecutivo que cancele el contrato adjudicado directamente a la canadiense Pacific para que pase a manos de Petroperú. En caso de no aprobar la norma, las comunidades indígenas que habitan en los diferentes campos petrolíferos de la región de Loreto pueden tomar medidas de fuerza como paralizar los pozos, algo que ya han hecho anteriormente con el consecuente perjuicio para la actividad productiva del país y de las empresas operadoras.

Humala tiene la potestad de devolver la ley al Congreso, pero lo haría en una posición de debilidad ya que incluso la mayoría de los congresistas de la agrupación oficialista Gana Perú votaron a favor de la entrada de Petroperú en la explotación del lote 192. La ley salió adelante entre las duras advertencias del Ejecutivo, que alertaba del carácter inconstitucional de la medida aprobada por los parlamentarios al conllevar un aumento del gasto público.

Ampliar la refinería de Talara

El Gobierno fundamenta su oposición en la ley 30130 que obliga a Petroperú a dar prioridad al proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Talara, cuya inversión es de alrededor de 3.500 millones de dólares. Los congresistas entienden que el lote 192 sería la principal fuente de suministro de crudo de la refinería de Talara y consideran que Petroperú estaría ante una opción interesante de implantar un modelo integral de explotación de hidrocarburos.

De promulgarse la ley, la mayor traba para que Petroperú explote el lote 192 es el contrato temporal que el Gobierno suscribió con Pacific durante dos años, ya que su cancelación puede ser una señal negativa para el clima de inversiones extranjeras en el país, como advirtieron varios ministros. Los miembros del gabinete de Humala también consideran que el contrato con Pacific cumple la normativa vigente y prefieren esperar al 2017 para valorar una hipotética entrada de Petroperú en el lote porque estiman que estará en mejores condiciones económicas y financieras. Además, creen que las protestas de Loreto están motivadas por la caída de ingresos en regalías de la región al caer el precio del barril de petróleo un 50%