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Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Sindicatos y patronal crean un «frente común» para salvar al carbón de una situación «crítica» mientras culpan a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- Los sindicatos Fitag-UGT y CCOO de Industria y la patronal Carbunión han anunciado la creación de un «frente común» en defensa del sector de la minería, que vive una situación «crítica» que le puede llevar a la desaparición «en meses«.

El presidente de Carbunión, Óscar Lapastora, advierte de que la situación del sector es «absolutamente crítica«, ya que a las empresas que se encuentran ya en situaciones concursales o liquidación se une que las abiertas «están prácticamente sin actividad ante la falta de compra de carbón». «Que nadie se dé por sorprendido si en unos meses no queda ni una empresa ni un trabajador», apostilló Lapastora, que subrayó que «parte de la culpa» de esta situación es de las eléctricas, «que apenas compran carbón», aunque señaló que para que esto se revierta hubiera sido necesario cumplir con la promesa de aprobar un mecanismo que incentivara el consumo de carbón autóctono.

La principal medida pedida por sindicatos y patronal es que se cumpla el compromiso de compra del 7,5% de carbón nacional por las centrales térmicas a las compañías mineras, tal y como establece el acuerdo con el Gobierno en 2013. «Nadie está pidiendo que se obligue a las eléctricas, se pide cumplir el acuerdo marco de la minería que recogía la adopción de una serie de incentivos para que resultara atractivo la compra de carbón autóctono. El problema es que no se está poniendo en marcha ese incentivo que haría atractivo a las eléctricas la compra de carbón», añadió Lapastora.

El presidente de Carbunión, que aseguró que las empresas que «sobreviven» lo están haciendo con las mínimas ventas de carbón a Endesa, EDP España e Iberdrola, ya que otras empresas como Gas Natural Fenosa o Viesgo no compran, indicó que la producción ya cayó en 2015 un 23%, con apenas 3,4 millones de toneladas, y que los datos del primer trimestre de este año serán también «sensiblemente inferiores» a los del mismo periodo del 2015.

Reclaman a los principales partidos

Por su parte, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, subrayó que la situación del sector está «tocando a su fin» y aseguró que si el Gobierno no toma medidas es posible que «en los próximos meses no quede trabajando ni una empresa». «Las minas no venden carbón y si no se vende las minas se cierran y mandan al paro a todos los trabajadores», añadió. Por ello, sindicatos y patronal remitirán una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, solicitando por enésima vez la convocatoria con carácter de máxima urgencia de la comisión de seguimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, órgano que no se reúne desde junio.

Asimismo, pedirán también a los partidos mayoritarios en el Congreso (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y a IU una reunión urgente para explicarles la situación del sector y trasladarles las acciones que se deberían adoptar para dar estabilidad al sector. Fernández denunció que «este Gobierno ni está ni se le espera» ya que, según el sindicalista, «se escuda en la normativa europea», relativa al cierre de las empresas de la minería del carbón que no sean viables antes de 2019, para no cumplir sus compromisos. Por ello, afirmó que «sería conveniente que lo más rápido posible hubiera un nuevo Gobierno para poder dialogar con ellos».

A este respecto, el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, consideró que se está «empezando a vivir la desaparición del sector de la minería del carbón» y acusó al Gobierno de «haber incumplido sistemáticamente todos los artículos y apartados» del marco de actuación para el periodo 2013-2018. «Estamos ante un Gobierno incompetente, incapaz de gestionar un sector de la minería del carbón y preso de las puertas giratorias que les llevan a participar en los consejos de administración de las empresas eléctricas”, añadió al respecto.

Por ello, patronal y sindicatos abogan por la formación de «un frente común» con los municipios, las comarcas y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla y León para intentar hacer frente a esta situación. «No puede ser que no haya encaje para 3 millones de toneladas de carbón nacional cuando las eléctricas importan 15 millones», lamentó Villares, quien indicó que con esa producción, la de 2015, se daría «viabilidad a las empresas, los trabajadores y las comarcas mineras».

Exige al Gobierno que cumpla

Por su parte, el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, reclamó al Gobierno central que cumpla con el Plan del Carbón 2013-2018 «aunque esté en funciones». Además, el responsable de Minas autonómico ha alertado de que no sólo es preocupante la situación de las empresas mineras sino también de las centrales térmicas, que «tienen que hacer una serie de urgentes inversiones para adaptarse a la nueva directiva europea de emisiones industriales, sin las cuales desaparecerán«.

Sobre la nueva ayuda anunciada por el Gobierno para favorecer la compra de carbón nacional por parte de las térmicas, Mantero asegura desconocer su funcionamiento o formato, «eso habría que preguntárselo al Ministerio». Las ayudas anunciadas por Industria facilitarían reducir el precio de la tonelada de carbón autóctono entre 10 y 15 euros, lo que favorecería la compra de esta mineral nacional en detrimento del coque o del de importación. Unas ayudas que se desconocen si estarían ligadas a las eléctricas o las empresas mineras. Esta última posibilidad se encontraría con «un gravísimo inconveniente ya que son unas ayudas que habría que devolverlas en 2018 si las empresas continúan con la actividad minera», explicó Mantero.

El sector energético apoya el acuerdo climático de París, con reticencias desde Carbunión, mientras Endesa apuesta por una «transición eficiente»

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EFE.- El consejero delegado de Endesa y vicepresidente de Enerclub, José Bogas, señaló que para conseguir los objetivos marcados en el acuerdo de París sobre cambio climático primero se deberá gestionar una «transición eficiente» y «aprovechar al máximo los sistemas de producción actuales». En este sentido, las patronales energéticas han apoyado el acuerdo sobre cambio climático COP21, firmado en París, porque será «positivo» para el futuro, aunque con ciertas reticencias por parte de las asociaciones de los hidrocarburos y el carbón.

En una jornada organizada por Enerclub sobre este pacto, el director general de la patronal renovable APPA, José María González, lo ha calificado como «histórico», y ha afirmado que su sector sale «reforzado» de esta convención. No se ha mostrado tan convencido el presidente de la patronal del carbón Carbunión, Óscar Lapastora, que ha reclamado una «transición ordenada», debido a que los combustibles fósiles «van a seguir existiendo durante décadas».

«Una tecnología totalmente descarbonizada no es efectiva», señaló, «así que en lugar de pensar en la desaparición del carbón, habría que plantearnos maneras de seguir usándolo con menos emisiones». «El carbón está muy vivo y va a seguir estándolo», insistió Lapastora. El representante del sector del carbón tampoco cree que los objetivos que marca el acuerdo de París sean «conseguibles» y aseveró que es «complicado» que los países renuncien a explotar dos tercios de las reservas de combustibles fósiles que tengan, incluidas las de carbón.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó que en los próximos años se seguirán construyendo centrales nucleares en Europa. Con respecto a las propuestas de regular un límite de vida útil para estas plantas de 40 años, Cornadó aseguró que «mantener 10 años más el funcionamiento de las centrales nucleares equivale a 2 años y medio de consumo eléctrico en España y ahorrar la emisión de entre 450 y 550 millones de toneladas de CO2».

Por su parte, el presidente de la patronal petrolera AOP, Álvaro Mazarrasa, reconoció que su sector «puede ser uno de los grandes perdedores» del acuerdo de París. «Los acuerdos que ha presentado la Unión Europea son mucho más ambiciosos que los que han suscrito China o los Estados Unidos», indicó. Por último, la jefa del departamento de Cambio Climático y Medio Ambiente de la patronal eléctrica Unesa, Cristina Rivero, añadió que el acuerdo es «más de lo que esperaba conseguir la comunidad internacional» y es «sobresaliente» para el sector energético.

Endesa plantea aprovechar recursos actuales

En la clausura de la jornada organizada por Enerclub, Bogas apostó por una «transición eficiente» y «aprovechar al máximo los sistemas de producción actuales». En este sentido, indicó que otro de los retos será la modernización de la red de distribución, «empezando por las políticas regulatorias«. También añadió que si se materializan las propuestas del acuerdo, que pasan por un mix energético 100% renovable en España en 2050, Bogas auguró que el ahorro energético «ya no será necesario» porque el coste de generación «será nulo».

En este sentido, la principal cuestión a tratar con un mix totalmente renovable será «adaptarse a la disponibilidad» de los recursos. Bogas aseguró que, en ese escenario, el cliente pagará «como en el sector de telecomunicaciones, por una cantidad determinada», ya que en estas redes «ya no se paga por minuto, el usuario compra un ancho de banda y puede utilizarlo en cualquier lugar». Asimismo, con este modelo renovable, el comercio de emisiones de CO2 «dejará de ser un quebradero de cabeza», ya que desaparecerán.

Alemania y la transición energética

Profundizando en las consecuencias de París, el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, señaló que implementar el acuerdo implicará una «reconstrucción radical de nuestras fuentes de energía, nuestras ciudades y nuestra movilidad», lo que obliga a empezar cuanto antes este proceso de adaptación. Steinmeier se mostró convencido de la viabilidad de la transición energética y, en consecuencia, de las opciones reales de eliminar totalmente el CO2 de la economía global para finales de siglo. «La transición energética es técnicamente posible y financiable«, afirmó el ministro. Steinmeier agregó a este respecto que la transformación energética ha empezado a coger cuerpo tanto en países emergentes como industrializados.

En este sentido, el ministro de Economía y Energía alemán, Sigmar Gabriel, llamó a la transición energética de su país como «uno de los proyectos centrales de futuro» de la mayor economía europea. «Queremos demostrar que una política energética sostenible tiene sentido ecológica y económicamente», indicó. Alemania se encuentra inmersa en un ambicioso proceso de transición energética que pretende ser referente internacional y que busca acabar con la dependencia nuclear para 2022 y sustituir progresivamente en las próximas décadas los combustibles fósiles por renovables como la solar o la eólica.

Carbunión señala que 2016 será el año de la liquidación de la minería del carbón si no se toman medidas

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Redacción / Agencias.- El presidente de Carbunión, Oscar Lapastora, ha advertido de que 2016 puede ser el año «de la liquidación de la minería del carbón», por lo que ha reclamado al Gobierno las ayudas comprometidas para el sector. En la presentación del Balance Energético 2015 y Perspectivas para 2016, Lapastora subrayó que el Gobierno no prevé aprobar «ninguna medida para incentivar el consumo de carbón autóctono» y criticó que para el sector «el Gobierno no lleva unos meses en funciones, sino años».

De esta manera, el presidente de la patronal minera consideró que sin medidas que sean inmediatas este 2016 «veremos la liquidación de la minería nacional”. En su explicación, Lapastora señaló que el precio del carbón internacional se ha situado en los dos primeros meses del año en mínimos de la última década y que 2016 arrancó con una caída de la demanda, siendo el hueco térmico menor que en el mismo periodo de 2015 y la participación del carbón en la generación de electricidad también menor, del 10,5% frente al 17,5% del 2015, con una parte muy importante de importación internacional. También se refirió a la incertidumbre política, lo que unido a estos factores hacen prever un «año muy complicado».

El sector tiene pendiente la tramitación de una serie de ayudas del vigente Plan de la Minería y Lapastora exigió que esas medidas lleguen «ante la extrema gravedad del sector». A su juicio, a la incertidumbre política y la caída de la demanda se ha sumado la falta de voluntad del Gobierno.  Hace unas semanas, el consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, afirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le había transmitido que las ayudas a la minería comprometidas estaban paralizadas. Se trataría de la tramitación de 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos Generales de 2016

Unesa pide sacar costes políticos

Mientras, el director de Regulación de la patronal eléctrica Unesa, Pedro González, subrayó la importancia de contar con un marco regulatorio «estable» que permita atraer todas las inversiones necesarias para el sector ante la incertidumbre política actual. «Esta situación nos plantea dudas sobre la deriva del sector eléctrico durante los próximos cuatro años», indicó González, que insistió en la necesidad de sacar de la factura de la luz todos «los costes de política energética» que están incluidos, ya que si se hiciera España sería uno de los «países más competitivos en el precio de la electricidad”. Sobre el año pasado, destacó que «por fin” la demanda eléctrica subió un 1,8%. Además, valoró la «consolidación de la desaparición del déficit tarifario».

APPA lamenta la improvisación política

En un tono más duro, el presidente de la patronal renovable APPA, José Miguel Villarig, lamentó que la política energética «sigua estando marcada por la improvisación» y que «la polémica» siempre tenga como foco a las energías renovables. «Siempre estamos con que si son caras o baratas, la disyuntiva es qué hemos hecho bien en el desarrollo de las renovables. Salen caras cuando se procede a llevar los desarrollos con bastante improvisación», dijo. Por ello, cuestionó los planteamientos de Industria sobre el coste de las renovables y reclamó medidas que pongan fin a la «animadversión» del último Gobierno hacia ellas.

Asimismo, respondió al secretario de Estado de Energía que desde APPA se lleva pidiendo pactos de Estado desde hace años y consideró que tanto Alberto Nadal como el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «faltan al rigor al hablar de muchas cosas«, por lo que pidió corregir los efectos de la denominada como reforma energética. Además, Villarig criticó el sistema de subastas de energías renovables, ya que «puede venir cualquiera» a desarrollar proyectos al no exigirse más que un aval del 1-2%. «No van a funcionar», dijo.

Las comarcas mineras y la patronal Carbunión denuncian que el Gobierno «puede pero no quiere» apoyar al carbón nacional

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EFE.- El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), Adrián Barbón, denunció, acompañado del presidente de la patronal de empresas mineras Carbunión, Óscar Lapastora, que el «Gobierno de España puede, pero no quiere» apoyar a la minería del carbón. En este sentido, Barbón criticó la actitud del Gobierno y la retirada impuesta por Bruselas de la «supuesta orden de pagos de capacidad» de Industria que iba a garantizar un mecanismo de compra de carbón autóctono por parte de las empresas eléctricas.

Según Barbón, esta orden «se ha retirado por parte del Gobierno sin tan si quiera haberla presentado oficialmente, tras unas meras conversaciones informarles y sin que haya ninguna otra alternativa que garanticen el futuro del sector minero y de las comarcas » Por todo ello, exigió al Gobierno que «tome, de una santa vez, alguna medida que garantice que el carbón nacional se vaya a seguir consumiendo, ya que si sigue esta deriva se producirá el cierre de las térmicas y de la minería española».

El presidente de ACOM recalcó que esta indefinición se produce a pesar de las «100 propuestas planteadas por el sector, incluido el céntimo verde, que nada tenía que ver con Bruselas, y que también fue rechazada». Barbón insistió al Gobierno en que no se escude en la Unión Europea y que «empiece a poner propuestas concretas encima de la mesa, y si no las tiene, que las pida al sector, que las tiene». De no ser así, Barbón asegura que «toda la responsabilidad del cierre del sector, pérdida de empleo y del empobrecimiento de las comarcas mineras será del Gobierno».

Por su parte, Óscar Lapastora ha advertido de que la situación actual «mantiene a las empresas al límite de su desaparición» y ha denunciado el incumplimiento del plan firmado a finales de 2013 con el Gobierno y las centrales sindicales. Este acuerdo fijaba dos mecanismos para incentivar la compra de carbón autóctono, uno a través de la reserva de un hueco térmico del 7,5% en las centrales y otro para incentivar a las compañías eléctricas para que realizaran inversiones medioambientales que aseguraran un futuro a largo plazo de las centrales térmicas y de las minas.

«La realidad es que no tenemos ninguno de estos dos mecanismos y las propuestas que se han realizado, tanto de distintas organizaciones como de comunidades autónomas se han quedado por el camino», ha señalado Lapastora. Mientras tanto, el sector minero languidece con «muchas empresas en liquidación y otras en concursos de acreedores», añadió el presidente de Carbunión, que insistió en pedir al Gobierno que «cumpla los acuerdos firmados en 2013».