Europa Press / EFE.- Los subsidios públicos a los combustibles fósiles tienen un coste de entre 160.000 y 200.000 millones de dólares (entre 142.000 y 178.000 millones de euros) al año en la OCDE, según el informe Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015 elaborado por la organización. Las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles, que llegaron a picos en 2008 y en 2011-12, van a la baja de forma evidente desde 2012 en la OCDE y en los grandes países emergentes.
Según un gráfico con la relación entre el apoyo a los fósiles y la fiscalidad ambiental, España ocupa el puesto 14 de 40 países (los 34 de la OCDE y 6 países emergentes analizados). Brasil, China y Australia lideran esta clasificación, mientras que Países Bajos, Nueva Zelanda y Luxemburgo son los países que menos apoyo ofrecen. La OCDE, que analiza en el estudio cerca de 800 medidas de apoyo estatales, asegura que estos subsidios están obstaculizando los esfuerzos internacionales contra el cambio climático. Los apoyos van desde incentivos a la compra para consumidores hasta reducciones de costes para la exploración y producción. Más de dos terceras partes de los incentivos fueron establecidas antes de 2000 y se mantienen hasta ahora.
El momento actual, caracterizado por los bajos precios del petróleo, supone a juicio de la OCDE una «oportunidad única» para ir retirando estos apoyos. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, considera, al comentar el informe, que «ha llegado el momento de que los países demuestren su seriedad en la lucha contra el cambio climático y en la reforma de los apoyos a los combustibles fósiles». «Los gobiernos están gastando casi el doble de dinero en apoyar los combustibles fósiles que el necesario para cumplir los objetivos financieros de lucha contra el cambio climático establecidos por la comunidad internacional, de 100.000 millones de dólares (89.000 millones de euros) al año hasta 2020», señala Gurría.
Aún así ya existe una tendencia a la baja en los apoyos, algo que obedece a que las políticas públicas dan prioridad a un modelo de «crecimiento más sostenible tanto desde el punto de vista de las finanzas públicas como en el terreno ecológico». «Una parte no despreciable» de ese descenso, según la organización, es atribuible a México por la eliminación de ayudas al consumo de gasolina y gasóleo al aplicar un sistema flotante de tasas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Enajenación de Gasolinas y Diesel (IEPS).
La aplicación del IEPS, unido al hundimiento de los precios del crudo, se han traducido en que las ayudas a los consumidores de combustibles fósiles en México han pasado de 244.000 millones de pesos, unos 18.500 millones de dólares, en 2012 a 34.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares, en 2014. El informe destacó que desde finales del pasado año, los tipos del IEPS han pasado a ser positivos, lo que supone generar ingresos fiscales que deberían equivaler al 1% del PIB mexicano.
En India, la reforma de la fiscalidad, con una subida progresiva del precio de los carburantes ha implicado que la subvención total al consumo de productos petroleros ha pasado de 18.000 millones de dólares en 2012 a 10.000 millones en 2014. En Indonesia, la supresión de todas las ayudas debería implicar en 2015 una reducción de cerca de 14.000 millones de dólares en un solo año. La OCDE resaltó que los «progresos son también perceptibles», aunque de una menor amplitud, en otros Estados miembros, y cita en particular los casos de Holanda, Austria o Eslovaquia con dispositivos sobre el consumo de gasóleo para usos al margen del transporte (por ejemplo el agrícola o para calefacción).
En el informe también se recogen cambios en las políticas de respaldo de las empresas del sector de la extracción de combustibles fósiles, por ejemplo en Canadá, que ha reformado disposiciones sobre las exenciones de las inversiones. En una línea paralela, Alemania ha pasado de dedicar 4.800 millones de euros en 1998 de su presupuesto para las minas de carbón en Renania del Norte Westfalia a 1.500 millones en 2014.
Según los cálculos de la organización, más del 80% de las ayudas registradas van dirigidas a los consumidores en los países del estudio, algo que se explica porque la inmensa mayoría de ellos carecen de recursos fósiles en volumen significativo. De hecho, en los países productores el porcentaje de ayudas para la extracción es muy superior: un 35% en Canadá, un 42% en Estados Unidos, un 43% en Alemania y hasta un 78% en Rusia.
La OCDE subrayó que las subvenciones a los combustibles fósiles «no sólo comprometen los esfuerzos para atenuar el cambio climático, sino que constituyen una política costosa, fuente de distorsiones«. Es decir, que «al falsear los costos y los precios, están en el origen de ineficiencias en la producción y en el consumo de energía», indicaron. Además, «acentúan el riesgo de perpetuar durante años e incluso décadas las tecnologías contaminantes contenidas en bienes de equipo con una larga vida útil», concluyó.
