Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».