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La extensión del plan Juncker hasta 2020 contempla que el 40% de los proyectos de infraestructuras contribuyan a la descarbonización

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Javier Angulo / Bruselas.- La conferencia de alto nivel entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, celebrada este martes en Bruselas, ha tratado de aclarar cuáles van a ser las vías para financiar el proceso de transición energética. En este sentido, dadas las ingentes cifras que se manejan en las instituciones europeas, existe plena unanimidad de que la inversión pública debe servir para movilizar a la inversión privada, punto en el que la extensión del plan Juncker va a ser un instrumento relevante.

El Plan Juncker, como se conoce al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), ha servido en su primera etapa para dinamizar la economía y movilizar una inversión de 225.000 millones de euros, fundamentalmente privada, con 43.000 millones de financiación desde fondos públicos. De esos 225.000 millones de euros, 46.500 (un 20%) han tenido como destino el sector energético. Por ejemplo, específicamente para promover las renovables, según el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, a partir de una financiación de 9.000 millones, se ha conseguido movilizar una inversión de 60.000 millones de euros. Por ello, las posibilidades se multiplican ahora que se va a extender el EFSI hasta 2020, para alcanzar en total una inversión de 500.000 millones de euros.

Además, la extensión del Plan Juncker va a hacer una apuesta por la sostenibilidad y la transición energética. De esta manera, un 40% de los proyectos de infraestructuras e innovación que obtengan financiación tienen que servir para avanzar hacia las metas fijadas en el Acuerdo de París. No es más que un primer paso para el período que abarca hasta 2020 y que supone un anticipo de las necesidades de inversión para la próxima década: 378.000 millones de euros al año son las cifras que maneja la Comisión Europea para cumplir todos sus objetivos en materia de energía y clima para 2030. 178.000 procedentes de fondos públicos y 200.000 de manos privadas son las cuentas que formuló el propio Cañete.

“Crecimiento y acción climática van de la mano”, aseveró Cañete, que resaltó que el presupuesto comunitario debe apoyar los objetivos de 2030 para avanzar en la descarbonización. Asimismo, celebró el 40% establecido en el Plan Juncker, que “servirá de palanca para atraer recursos privados”. “Si todos remamos en el mismo sentido podemos acelerar la transición”, subrayó el dirigente español, que insistió en utilizar el EFSI como un instrumento para estimular más inversiones públicas y, “fundamentalmente”, las privadas. Además de los avances a una energía limpia, Arias Cañete recordó que los fondos también se utilizarán para la rehabilitación de viviendas en la mejora de su eficiencia energética, lo que a su juicio supone la mejor fórmula para combatir la pobreza energética.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, subrayó que la seguridad jurídica es “necesaria para facilitar la inversión” en el sector energético que permita cumplir el Acuerdo de París, algo que espera conseguir con la aprobación del Paquete de Invierno de la Unión Europea. En la misma línea, el dirigente italiano hizo un llamamiento a los Estados miembros para reforzar el liderazgo de la Unión Europea en renovables, en reducción de emisiones y en eficiencia energética. Por ello, reivindicó que el próximo Presupuesto de la Unión Europea debe aumentar los fondos para atraer nuevas inversiones que fomenten la industria de las renovables y la eficiencia energética a fin de crear más puestos de trabajo en estos sectores.

En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, señaló que las inversiones en eficiencia energética, energías renovables, redes eléctricas e interconexiones son “vitales” para acelerar la descarbonización de la economía de la Unión Europea, por lo que pidió trabajar para acabar con los obstáculos que frenan la inversión. Por su parte, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, reconoció que la «descarbonización necesita de mucha inversión y con los fondos públicos solo no alcanza”. Por ello estimó que la inversión deberá aumentar en la próxima década, aunque para ello habrá que dar “más estabilidad” a los inversores. Aún así confió en que la extensión del Plan Juncker servirá para conseguir los objetivos energéticos.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, destacó que el debate ya no se centra en posicionarse a favor o en contra de las tecnologías renovables sino que la senda hacia la descarbonización está trazada y la cuestión es cómo financiar la energía limpia. “Necesitamos 400.000 millones de euros anuales”, sentenció el dirigente polaco, que indicó que los “objetivos ambiciosos están muy bien, pero los objetivos alcanzables son mejores”, a la par que pidió un esfuerzo a las instituciones europeas para hacer ver a los ciudadanos que la descarbonización “es una oportunidad”.

Las plantas térmicas y los ciclos combinados, pendientes de los límites de emisiones para acceder a los pagos por capacidad

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Javier Angulo / Bruselas.- InnovaEl comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha indicado que las mayores dificultades en las negociaciones para fijar los objetivos europeos para el horizonte 2030 se están dando en los mercados de carbono, donde la Comisión Europea y el Parlamento Europeo proponen fijar límites para poder acceder a apoyos económicos como los pagos por capacidad, para ejercer de respaldo de las fuentes renovables, o también a los fondos de modernización.

En este sentido, Arias Cañete ha señalado que la enmienda del Parlamento Europeo de establecer en 450 gramos kilovatio hora el límite de emisiones para las instalaciones que pretendan acceder al fondo de innovación y al de modernización perjudica a muchos países del Este, especialmente a Polonia, que tendría que hacer grandes inversiones para acceder a los fondos. Asimismo, reconoció también que el Parlamento Europeo está dividido en cuanto al límite de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora establecido por la Comisión Europea para que las instalaciones de energía puedan acceder a pagos por capacidad, con un periodo de 5 años de adaptación para las existentes actualmente desde que entre en vigor la norma.

En lo que respecta al sector gasista, el presidente de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, se mostró partidario de apoyarse en el gas y los ciclos combinados en el proceso de transición energética en detrimento del carbón. “El gas es un combustible fósil pero es dos veces mejor que el lignito”, aseveró el expresidente del Parlamento Europeo. Cañete fue más comedido en este ámbito y llamó a escoger certeramente las inversiones para no poner en riesgo en ningún momento a la seguridad de suministro.

Arias Cañete propone que los fabricantes que apuesten por el coche eléctrico vean suavizados su objetivo de reducción de emisiones

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Javier Angulo / Bruselas.- El paquete normativo sobre movilidad que presentará este miércoles la Comisión Europea ligará los objetivos de reducción de CO2 que se fijarán a los fabricantes de vehículos al desarrollo del coche eléctrico, de tal manera que se suavice la meta de emisiones si el fabricante apuesta por este tipo de vehículo alternativo, con el objetivo de que la industria automovilística europea no quede relegada en este mercado ante la pujanza de los procedentes de Asia.

Tras participar en la conferencia sobre energía limpia en Bruselas, el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, ha declarado ante un grupo de periodistas españoles y portugueses, que este miércoles se fijarán los estándares de reducciones de CO2 para 2030 en vehículos, con un objetivo intermedio, dentro del propósito de impulsar la descarbonización del transporte. Tras recordar que la anterior propuesta sólo fijaba estándares de reducción de CO2, Cañete ha señalado que ahora se establece un objetivo de desarrollo de vehículos eléctricos para el fabricante, de forma que si alcanza un determinado porcentaje respecto a su flota, verá su objetivo de reducir emisiones de CO2 “en 5 puntos como máximo”.

El comisario ha explicado que la «filosofía» de esta medida es hacer frente al fuerte desarrollo en China e India de la industria del vehículo eléctrico para que la industria europea del automóvil no se quede regalada y sea competitiva. Arias Cañete considera que la industria europea «está perdiendo el tren del liderazgo en las plantas eléctricas y las baterías» y por eso, el paquete sobre movilidad tiene estándares de límite de emisiones de CO2 pero también incentivos para los fabricantes que desarrollen vehículos eléctricos.

Además, ha dicho que el paquete incluirá apoyo financiero al desarrollo de las infraestructuras de carga y también ayuda a la innovación en el desarrollo de baterías, así como apoyo a la compra de vehículos eléctricos. Eso sí, Arias Cañete reconoció que está bastante decepcionado con los Gobiernos por haber rebajado las propuestas de la Comisión Europea sobre los puntos de recarga al vehículo eléctrico, una actitud que afecta a todo el paquete energético dadas las reticencias de los Estados miembros a fijar objetivos más elevados y, especialmente, que sean por naciones y vinculantes, como reclama el socialista José Blanco.

Ha señalado que, una vez en enero la Comisión Europea fije los niveles máximos de emisión para vehículos pesados, estará finalizado todo el trabajo sobre su propuesta de objetivos en Energía para 2030 encaminados a avanzar en la Unión Energética, por lo que en 2018 se dedicará a mediar en la negociación entre el Parlamento Europeo, “que siempre aporta un mayor nivel de ambición a las propuestas de la Comisión”, y entre los Gobiernos de los Estados representados en el Consejo Europeo, una negociación que ha augurado que será «muy complicada». Por ello reclamó a los países que aceleren las negociaciones para elaborar sus planes nacionales sobre energía y clima.

Blanco (PSOE) plantea impedir desde la Unión Europea los cargos al autoconsumo con una regulación impulsada a nivel comunitario

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Javier Angulo / Bruselas.- El eurodiputado socialista y ponente de la directiva de energías renovables, José Blanco, ha avanzado que el Parlamento Europeo impulsará una regulación del autoconsumo que impida cargos como el denominado impuesto al sol (término rebatido recientemente por el Tribunal Supremo), en los que el autoproductor tiene que contribuir a los costes del sistema como las redes. Blanco propone que la energía autoconsumida no tenga que afrontar estos cargos, abonando el uso de las redes cuando se pretenda verter energía al sistema.

De todos modos hay que recordar que el papel de Blanco es el de conseguir que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo fijen una posición desde la que negociar a lo largo de 2018 con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Por tanto conviene subrayar que cualquier cambio regulatorio no será en el corto plazo ya que a nivel comunitario no entrarán en vigor hasta 2020. El 28 de noviembre se votarán en la Comisión de Energía 7 informes para definir el sector energético de Europa en la próxima década, entre ellos el informe sobre renovables de Blanco, aunque la postura del Parlamento no será definitiva hasta que se apruebe en pleno en la primavera del 2018.

En lo que respecta a los objetivos de Energía y Clima para 2030, la propuesta de Blanco es conseguir una cuota de renovables del 35% sobre el consumo de energía final, lo que supondría añadir más ambición a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que fija esta meta en el 27%. Según Blanco, hay un mayoritario consenso en las instituciones europeas respecto a que el avance tecnológico ha dejado desfasada la cifra del 27% y desde el Parlamento Europeo han insistido a la Comisión para actualizar los datos de la inversión que supondría este avance hacia las renovables y la descarbonización de la economía. De hecho el comisario Miguel Arias Cañete ya ha hablado de un mínimo del 30%.

En este punto el eurodiputado socialista ha arremetido contra “la hipocresía de muchos Gobiernos, que aplauden los acuerdos de París sin poner en marcha la senda adecuada para cumplir esos objetivos”. Precisamente Blanco subrayó que el PP Europeo y países como España son los que están mostrando mayores reticencias a esta meta para 2030. “Un país con un gran potencial de renovables como es España no puede trabajar a la contra de este objetivo con las interconexiones como excusa”, subrayó Blanco, que tampoco quiso restar relevancia a las conexiones energéticas de la Península con Europa ya que desde el Parlamento Europeo se pretende fijar una meta del 15% de interconexión respecto a la potencia instalada del sistema eléctrico en 2030.

Por otro lado, en este encuentro con periodistas españoles y portugueses previo a la Conferencia de Energía que se celebra este martes en Bruselas, Blanco insistió en que los objetivos de Energía y Clima para 2030 deben mantener su carácter vinculante para los Estados miembros, no solo en lo que respecta al objetivo europeo sino también en los específicos de cada país, tal y como se fijaron para 2020, ya que es un instrumento “que ha funcionado bien”, propiciando un avance tecnológico que ha bajado considerablemente los costes de las energías renovables. “Renunciar a establecer objetivos vinculantes supondría introducir incertidumbre en el sistema”, aseveró Blanco.

El eurodiputado socialista ha avanzado que se pretenden introducir medidas para reforzar la seguridad jurídica para los inversores, evitando medidas que supongan perjuicios con carácter retroactivo. Blanco reconoció que se pretende introducir “clausulas de penalización” para los Estados miembros que incumplan lo establecido sobre retroactividad en las futuras directivas europeas, pero descartó cualquier opción de resarcir a los inversores afectados por medidas del pasado. En clave española denunció que los arbitrajes internacionales sí que van a resarcir a los inversores extranjeros por los recortes retributivos realizados a las renovables en la reforma eléctrica de 2013, por lo que demandó que “ante el mismo hecho, los tratamientos tienen que ser iguales pues, en caso contrario, se estaría consolidando una injusticia insoportable”.

En materia de las renovables en el transporte, Blanco defendió fijar un objetivo entre el 10% y el 12% de biocombustibles para 2030, aunque parece una meta más difícil de lograr por las reservas que expresa la izquierda europea y los sectores ecologistas hacia la sostenibilidad de los biocombustibles. En este sentido, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, se mostró más partidaria de fijar objetivos sectoriales que cifró en un 9% de renovables en el transporte por carretera y de un 6,8% en el sector de la aviación. Finalmente, la eurodiputada lamentó que desde instancias europeas no se puedan tomar medidas efectivas contra la pobreza energética por la negativa de la derecha a tramitarlas.

Arias Cañete se muestra partidario de elevar el objetivo de renovables al 40% para 2030 a pesar de los sobrecostes

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Europa Press.- El comisario de Acción Climática y Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado a favor de elevar los objetivos en renovables fijados en el Acuerdo de París, que se establecieron en un 27% para 2030, y elevarlos al 40% a pesar de los costes mayores de lo previsto que esto supondría.

Arias Cañete ha explicado el escenario que se está viviendo en Bruselas con respecto a la implantación de renovables y que pasa por la «poca ambición» de la Comisión Europea, que prefiere mantener el reto en el 27% acordado, mientras que el Parlamento Europeo es más «tolerante» y apuesta por aumentar el objetivo a entre un 30% y un 40%.

En este sentido, ha destacado la labor del ponente de renovables, el socialista español José Blanco, que ha calificado de «excepcional» por su intención de llevar hasta el 35% la cuota de las energías verdes. Esta cifra sería, además, vinculante a los Estados miembros y también tendría objetivos nacionales. Preguntado por esta propuesta de Blanco, el comisario ha reconocido que no sabe si será posible asumirla, pero se ha mostrado «confiado». «Yo creo que va a proponer el 35%, pero si se llega al 40%, bienvenido», insistió el exministro español.

Arias Cañete ha recordado que este aumento de los objetivos sigue la línea de lo solicitado por el Congreso de los Diputados, que ha instado al Gobierno, a través de una moción de Unidos Podemos acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos y apoyada por Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN y Bildu, a defender en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes y a marcar como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030.

A pesar de apoyar esta iniciativa, el exministro ha reconocido que en Bruselas va a ser un «debate complicado» por las cifras que aporta cada órgano y porque aumentar los objetivos va a suponer un sobrecoste. En concreto, ha indicado que pasar de un 27% a un 30% supondrá hasta 1.600 millones más al año entre 2021 y 2030, mientras que llegar al 40% implicaría un aumento de 87.000 millones anuales en el mismo periodo.

Aún así, el comisario ha señalado que desde el Parlamento Europeo se ha solicitado una nueva modelización sobre renovables porque, según apunta Arias Cañete, cuando se realizó la propuesta se usaron datos de 2014 y, en estos 3 años, los precios de las energías verdes, «sobre todo la fotovoltaica, la eólica y la eólica marina, han descendido de forma significativa«. Así, ha explicado que «los costes de implantación son menores a los estimados» hasta el punto que alcanzar el 27% acordado en 2030 supondría 2.900 millones de euros menos al año, entre 2021 y 2030.

Durante su intervención, Arias Cañete también se refirió a los objetivos en emisiones y, en referencia a España, explicó que su horizonte de reducción en 2016 se situó en un 16%. En este sentido, se ha mostrado optimista y auguró que el país está «en camino de cumplir el objetivo para 2020». «Pero los de 2030 son más ambiciosos y las complicaciones empiezan con estos nuevos objetivos«, concluyó el comisario.

Otra de las cuestiones referidas por el comisario ha sido el de limitar los pagos por capacidad, tal y como reclamaba la moción aprobada por el Congreso, como un «último recurso» del sistema eléctrico. Preguntado por esta cuestión por varios de diputados, Arias Cañete asegura que, en ese sentido, su visión «coincide» con la postura expresada por la mayoría parlamentaria.

«Tiene que ser una opción de último recurso. No puede ser generalizado», ha aseverado, ya que si se efectúan aun pudiendo recurrir a una producción suficiente de otras energías, constituirían «lisa y llanamente una ayuda de Estado«. Así, ha abogado por que en la directiva se establezca «una definición muy limitada y acotada» de esta opción, pues cree que deben de ser «transitorios, no limitados».

Estos pagos por capacidad, defendidos por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, permiten recurrir a energías de respaldo en momentos en los que las renovables no suministran suficiente potencia al sistema, retribuyendo de forma adicional para compensar el coste de mantener sin actividad estas centrales de generación, como las térmicas. Asimismo, Arias Cañete ha reivindicado el análisis de alternativas previo a esos pagos, como el de las interconexiones y que, si hay que recurrir a éstos, se hagan dentro de una dinámica de oferta y demanda para abaratar los costes.

Los límites de emisión para esos pagos por capacidad, sin superar los 550 gramos de CO2 por megavatio en línea con la propuesta de la Comisión. Para el comisario, estos límites no afectan a la elección de mix energético por parte de cada país, sino a los pagos por capacidad, dentro de un proceso progresivo de descarbonización. Los límites diferencian a las nuevas plantas, que si superan esos límites no son retribuidas, y las existentes, que tienen un plazo de 5 años. «Lo que se plantea es si hay períodos transitorios más largos para apoyar a las existentes», ha apostillado.

En todo caso, Cañete ha explicado que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa son partidarios de limitar aún más las emisiones para estos pagos y llevarlos hasta 450gr/MW, un techo «más ambicioso que el de la Comisión», algo que comparte. Respecto a reservar un acceso prioritario a la red energética de las energías renovables, Cañete ha llamado a hacer «una reflexión más profunda» pues ha argumentado que estas posiciones podrían tener sentido «cuando eran marginales». «Piensen que vamos a llegar a una generación superior del 50%. Tienen que competir en mercado», sentenció.

Nadal llama «irresponsables” a los partidos que reclaman el cierre de las térmicas y rechazan el carbón en el mix

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Europa Press.- El PP alerta del cierre de las centrales térmicas que se produciría de aplicarse la moción de Podemos apoyada por PSOE y Ciudadanos en el Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha criticado la «drástica» moción en materia de carbón, que responde «meramente a motivos ideológicos», por lo que les recriminó ser unos «irresponsables» y «no conocer» la realidad del sector, al contrario del PP, que quiere que esté dentro del mix energético 2020-30.

Una decisión que, según consideraÁlvaro Nadal, «afectará al recibo de la luz de todos los españoles», cuando «el interés general es que el carbón esté para que las puntas de precio no sean muy altas«. «No estamos de acuerdo con un planteamiento que, de aprobarse en las condiciones que ha reclamado el Congreso, en 2020 dejarían de funcionar todas las centrales de carbón de España, por lo que la situación es muy grave», ha añadido. Nadal ha explicado que el Gobierno se encuentra en medio de una negociación con la Unión Europea sobre el futuro del carbón y lamenta que la postura mayoritaria del Congreso «no ayuda en absoluto«.

Según la legislación europea, mientras se cumplan los objetivos europeos en reducción de emisiones, cualquier país puede elegir el mix energético que considere, por lo que Nadal ha recordado que «si España, cumpliendo dichos objetivos, encaja las centrales de carbón porque son útiles desde el punto de vista económico, se pueden mantener«, mientras que la propuesta aprobada «las elimina, lo que no tiene sentido». No obstante, el ministro señala que «no todos los países están de acuerdo con propuestas así», por lo que se están buscando aliados dentro del Consejo Europeo para ver de qué manera «esto se puede modular».

Alerta contra el cierre térmico

Por otro lado, el diputado del PP, José Alberto Herrero, ha advertido de que la aplicación efectiva de la moción de Podemos conduciría al cierre de las centrales térmicas en Europa y, concretamente, de las centrales españolas más significativas, como las de Andorra (Teruel), Asturias o León. Herreno ha visto «sorprendente» que el PSOE se sumara finalmente a la iniciativa de Podemos defendiendo el mantenimiento de las energías de respaldo. «Es triste ver al PSOE adhiriéndose a esta moción a través de una transaccional que va al hilo de lo que dice la formación morada», ha lamentado el diputado popular.

«Todos los países tienen que defender el mismo fin, pero no los mismos medios», indicó Herrero sobre los objetivos nacionales en materia energética, «porque cada país tiene unas singularidades diferentes a la hora de incorporar otros tipos de energía, y en el caso español necesitamos de interconexiones con Europa porque España es una isla en términos energéticos». Según subrayó el diputado popular, aprobar las medidas contenidas en dicha iniciativa supondría el final de la central térmica de Andorra (Teruel), que para esta provincia española supone el 40% del PIB provincial.

El Congreso demanda al Gobierno elevar al 40% el objetivo de energía renovable y eficiencia energética en 2030 en España

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Europa Press.- El pleno del Congreso exige al Gobierno que defienda en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes ya que le pide que marque como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030 como objetivo nacional y vinculante, así como un 40% de eficiencia energética.

Así, la moción impulsada por Unidos Podemos, y acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos, recabó también el apoyo de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. El PP, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. El texto aprobado incluye otras medidas, como la defensa del acceso «en condiciones de prioridad» a la red eléctrica por parte de las energías renovables, la eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.

Asimismo, también llama a limitar, «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados». Si bien Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso cuando otras soluciones, como la interrumpibilidad, las interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes». En todo caso, para optar a pagos por capacidad se establece un umbral de emisiones no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.

Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la Unión Europea. Asimismo, llama a reforzar la cooperación entre las Administraciones y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% para alcanzar en 2050 el 100%.

El Parlamento Europeo pide un objetivo de energías renovables del 35% para 2030 con metas vinculantes para cada país

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Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha pedido establecer un objetivo de energía procedente de energías renovables para 2030 de al menos el 35%, así como introducir objetivos nacionales obligatorios para alcanzar este porcentaje. Los eurodiputados han aprobado este informe con 32 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones, pero la competencia principal recae sobre la comisión de Industria, que se pronunciará el próximo 28 de noviembre.

El documento forma parte de la reforma de la directiva europea sobre energías renovables. La Comisión Europea propuso un objetivo menos ambicioso, de al menos el 27% para 2030. La normativa en vigor pretende alcanzar una cuota de renovables del 20% sobre el consumo final de energía en el bloque comunitario en 2020. Así, la comisión parlamentaria aboga por elevar este objetivo para 2030 hasta al menos el 35% y además introducir objetivos obligatorios para los Estados miembros que contribuyan al alcanzar la meta común.

Con respecto a los biocombustibles, sobre los que sí tiene competencia, la comisión de Medio Ambiente ha propuesto una eliminación progresiva de aquellos que están basados en cultivos para el año 2030 y desde el 2021 para aquellos producidos a partir de aceite de palma. La propuesta de Bruselas establece que la cuota de biocombustibles en la Unión Europea no debe superar el 7% del consumo final de energía del transporte ferroviario y por carretera.

Acciona, Endesa y Red Eléctrica entran en el ranking 2017 de compañías líderes en acciones de cambio climático de CDP

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Europa Press.- Un total de 9 empresas españolas forman parte de la Lista A del Clima de empresas líderes por su estrategia, gestión transparente e iniciativas en respuesta al cambio climático que cada año elabora la organización internacional sin ánimo de lucro CDP, que anualmente distribuye esta información para inversores, corporaciones y gobiernos. En la edición anterior, la presencia española en este apartado se elevaba a 14.

Este 2017, CDP ha analizado a más de 3.000 compañías y ha publicado una serie de rankings con unas puntuaciones que van de la A a la D en tres áreas (clima, agua sostenible y deforestación), siendo este año el primero que se anuncian los resultados en los tres ámbitos al mismo tiempo. Entre las compañías puntuadas de A a D, sólo 160 forman parte de la Lista A, que obtienen esta calificación en al menos uno de los tres pilares, a solicitud de 827 inversores con activos de más de 100 billones de dólares.

Unilever y L’Oréal son las únicas que lideran la lista con puntuaciones A en las tres áreas, lo que refleja, según los autores del estudio, cómo las empresas pueden reducir sus emisiones de CO2, incrementar la sostenibilidad del agua y combatir la deforestación al mismo tiempo que generan beneficios. En cuanto a las empresas españolas que figuran en la CDP Climate Change A List de 2017 son Acciona, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, IAG, Mapfre, OHL, Red Eléctrica y Telefónica. En esta lista también aparecen empresas como AkzoNobel, BT, EDP, Nissan o San Diego. Respecto a la CDP Water A List 2017, que incluye a las empresas internacionales líderes en la gestión sostenible del agua, figuran las españolas Acciona, Endesa y OHL.

Asimismo, se ha publicado el segundo análisis anual de CDP Seguimiento del progreso en la acción climática corporativa, que revela que ha aumentado el número de empresas líderes que incorporan objetivos de reducción de emisiones de carbono a sus planes empresariales a largo plazo, y que cada vez más estas empresas adoptan las reducciones de emisiones de carbono que, según los científicos, son necesarias para luchar contra el cambio climático.

El estudio revela algunos avances como el hecho de que cada vez más empresas planifican un futuro bajo en carbono. En concreto, el 89% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones para este año (frente al 85% en 2016); el 68% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones hasta al menos 2020 (frente al 55%) y el 20% cuenta con objetivos a largo plazo hasta 2030 y en adelante (frente al 14%). Asimismo, se ha disminuido la brecha de emisiones para cumplir los objetivos globales y, si se cumplieran los objetivos actuales, las empresas estarían un 31% más cerca del objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius.

En cuanto a la transición hacia un modelo bajo en carbono que impulsa la innovación, el estudio revela que más de un tercio (36%) de las empresas ofrecen productos bajos en carbono, como vehículos eléctricos y edificios de energía cero (frente al 30% en 2016); asimismo, un 75% de las empresas afirman que sus productos y servicios permiten que terceros reduzcan sus emisiones, frente al 64% en 2016; el 32% de las empresas utilizan ahora un sistema interno de fijación de precios del carbono, y otro 18% planifica hacerlo en el plazo de 2 años.

En la misma línea, el número de empresas con un objetivo de consumo de energía renovable ha aumentado un 23% en el pasado año. El informe añade que empresas como BT y Unilever se comprometieron a utilizar un 100% de energía renovable en 2030 como parte de la iniciativa RE100. Mientras, el número de empresas con un objetivo de producción de energía renovable ha aumentado un 36% el pasado año, de 55 a 75 empresas. El documento constata que el clima es ahora un tema de alto nivel pues el 98% de las empresas asignan ahora la responsabilidad de cambio climático al consejo de administración o alta dirección, y el 90% tienen incentivos económicos para cumplir los objetivos climáticos corporativos.

Cañete habla abiertamente de un 30% de renovables para 2030: “Apenas supondría 1.600 millones de inversión adicional al 27% planteado”

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, aseguró que el compromiso de la Unión Europea con la descarbonización del mercado energético es «firme» y ve factible ampliar al 30% el objetivo de energía generada por fuentes renovables en la Unión Europea para 2030, que actualmente es del 27%, dada la importante reducción de costes del desarrollo de las renovables en los últimos años, especialmente en tecnologías como la fotovoltaica, la eólica y eólica marina.

Arias Cañete, durante la inauguración del Congreso Nacional de Energías Renovables, ha subrayado que, respecto a las previsiones que había cuando se fijó el objetivo de que en 2030 la energía renovable supusiera el 27% del total en Europa, los descensos en los costes de las renovables arrojan nuevas cifras. En este sentido, explicó que el ahorro hasta 2030 será de 2.900 millones de euros, así como de 6.900 millones el que habrá de 2030 a 2050, respecto a los cálculos iniciales. Además, desveló que con un objetivo del 30% de energías renovables sólo se generarían unos costes adicionales de inversión de 1.600 millones de euros con respecto al del 27%, muy inferiores a los que había cuando se fijó.

En este sentido, Cañete indicó que la Comisión Europea ha facilitado documentación con esos datos para convencer al Consejo Europeo, formada por los representantes de los Gobiernos de cada país, de que es factible considerar porcentajes de renovables superiores al 27%, dada la citada reducción de costes. Por ello, añadió que desde la Comisión Europea se ve «con buenos ojos el incremento del objetivo de ambición a la vista de los nuevos datos» que «hacen más fácil, en términos de coste-eficiencia, asumir objetivos más ambiciosos».

Por otro lado, el comisario de Energía explicó que organizar la descarbonización, consistente en reducir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95% para 2050 a nivel europeo, es «un desafío gigantesco» que pretende realizarse en tres décadas. Asimismo Cañete recalcó el «compromiso» de España con esta política comunitaria y quiso desmentir una afirmación común: «No es verdad, como se dice a menudo, que nuestros sistemas energéticos estén en una encrucijada; están completamente encaminados hacia las energías renovables».

En cuanto a los planes nacionales integrados de Energía y Clima que los países tienen que enviar a Bruselas, Cañete ha indicado que si se producen retrasos, espera que sean los menores posibles, pues los borradores que se envíen tendrán que ser analizados por la Comisión Europea. También se ha referido a las interconexiones energéticas, que ha reconocido que condicionan el desarrollo de las renovables, y aseveró que su construcción «es una prioridad política de primera magnitud para la Comisión Europea» ya que si no es así está en riesgo la descarbonización. Así, valoró el respaldo dado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al desarrollo de las interconexiones energéticas en Europa, ya que sin ellas “no habrá Unión Energética”.

Además, Cañete también destacó el impulso «decisivo» que se dio a las interconexiones en 2015 con la celebración de la Cumbre de Madrid, en la que España, Portugal, Francia y la Unión Europea acordaron avanzar su desarrollo, pero consideró que alcanzar los objetivos del 15% de interconexión en 2030 va a «requerir de un nuevo impulso político». Por ello, señaló la necesidad de una nueva cumbre para relanzar los proyectos actualmente en marcha, como el de la interconexión por el Golfo de Vizcaya, cuya tramitación y financiación ya está en la recta final. «Creo que un impulso político adicional sería fundamental para rematar este proceso hasta que España alcance el nivel de interconexión necesario», apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, ha expresado su preocupación por la evolución en el futuro de las subastas de renovables; por la fiscalidad en España, «excesiva y recaudatoria, que no es congruente con los objetivos europeos», por lo que pidió una fiscalidad «bajo el principio de que el que contamina paga» ya que cree que la actual fiscalidad no incentiva las renovables; y por la posibilidad de que se reduzca la rentabilidad razonable del parque instalado en la próxima revisión que se haga.

Villarig señaló en su intervención que España ha sido «modelo de integración de las renovables en el sistema eléctrico» a nivel europeo. No obstante, también reivindicó que «debemos conseguir que las renovables no sean consideradas un subapartado» dentro de las políticas de desarrollo sostenible. Asimismo, Villarig criticó la «falta de rigor de algunos de los últimos Gobiernos de nuestro país» en materia de gestión de la política de energías renovables. Desde APPA, afirmó su presidente, están «preocupados por la continua improvisación del Ministerio de Energía».