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La Asamblea de Extremadura rechaza instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía a petición de Podemos

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EFE.- El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía, a impulsar un debate monográfico sobre la situación del sector y a legislar sobre la eficiencia energética en los centros educativos públicos. Se trataba de una moción subsiguiente a interpelación del grupo parlamentario de Podemos ante la que el PSOE se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Ha sido defendida por el parlamentario Eugenio Romero, que ha dicho que se han reunido con muchas empresas del sector para conocer la situación y que la propuesta del 35% de renovables que ha hecho la Unión Europea para 2030 no es ambiciosa ya que la Unión Europea podría alcanzar un mayor porcentaje. Además, ha indicado que, por ejemplo, la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) tiene una tasa de paro del 25% a pesar de que la central nuclear de Almaraz «mete en la zona» 2 millones de euros diarios, y además “es preciso” clausurarla.

Ha agregado que se intenta «pinchar» el modelo de energía verde con la continuidad de Almaraz y que es posible crear miles de empleos y cambiar el modelo productivo de la región mediante la potenciación de las energías renovables, entre las que las que ha mencionado la solar y la biomasa. Para esto, ha dicho, hay que activar un modelo de empleo en energía renovables y mejorar la eficiencia energética de los municipios y en el sector de la construcción.

Por su parte, el diputado del PP, José Antonio Echávarri, ha defendido una enmienda de modificación en el sentido de que la región no tiene todas las competencias en materia energética y que no se puede exigir al Gobierno el cierre de la central nuclear dentro de dos o tres años, aunque estaban de acuerdo en el resto de puntos.

A su vez, el del PSOE, Andrés Moriano, presentó una enmienda de modificación y ha aseverado que no pueden aceptar pedir al Gobierno regional a elaborar un Plan Regional de Energía ya que ya se ha trabajado y se trabaja en esta cuestión de apoyo a las renovables al igual que lo hace el Parlamento Europeo, mientras que el Ejecutivo central no hace lo mismo.

Ante ellas Podemos ha presentado una enmienda transaccional para «unificar los criterios» ya que los socialistas «lo dejan todo en manos del Gobierno central» a pesar de que la Junta tiene competencias, mientras que los populares no apoyan suficientemente a las renovables. Esta enmienda de la formación morada no ha sido aceptada ni por el PSOE ni por el PP.

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

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Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

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Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

SEO/BirdLife advierte de que los objetivos de energía propuestos por la Eurocámara para 2030 son «insuficientes» contra el cambio climático

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Europa Press.- SEO/BirdLife ha denunciado que el cambio climático avanza más deprisa que la acción europea en su contra, ya que los objetivos propuestos por el Parlamento Europeo en el Paquete de Energía Limpia para 2030 son «insuficientes» y «no cumplirán» el Acuerdo del Clima de París.

Aunque reconoce que la propuesta del Parlamento Europeo es «más ambiciosa» en muchos aspectos que la propuesta original de la Comisión y la posición de los Estados Miembros, advierte de que ésta es «hasta peligrosa en algunos aspectos» como en materia de bioenergía y porque pospone «demasiado» la descarbonización. La Eurocámara aprobó 3 propuestas legislativas en el marco del Paquete de Energía Limpia: la revisión de las Directivas de Energías Renovables y de Eficiencia Energética; y un nuevo Reglamento de Gobernanza, para guiar la transición energética y la descarbonización de la Unión Europea para 2050, fijando en estos 3 campos su posición negociadora con los Gobiernos de los Estados miembros.

Para la ONG la votación es «positiva pero insuficiente». SEO/BirdLife critica que la propuesta no fija objetivos nacionales de energía renovables o eficiencia energética y que mantienen hasta 2030 el objetivo actual de producción de los biocombustibles de primera generación, que se basan en cultivos de cereal y oleaginosos. Además, denuncia que la propuesta permite la quema de troncos de árboles enteros en centrales térmicas.

El responsable de clima y energía de SEO/BirdLife, David Howell, ha reclamado que en un escenario de cambio climático los campos de cultivo deben producir alimentos, de forma sostenible, en lugar de carburantes de forma insostenible. «Fomentar la quema de troncos en centrales térmicas es un peligro para los usos y valores de nuestras zonas forestales, que comprometerá su función necesaria de sumidero y dificultará la reducción del CO2. Convertirá así a muchos montes en meras fábricas industriales de combustible y frenará el avance de vehículos de emisiones cero», advirtió.

Mientras, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera que el Parlamento Europeo ha mandado una señal clara al PP y al Gobierno, por la que España debe preparar una estrategia de descarbonización para llegar a una economía neto cero en emisiones para 2050 y planes plurianuales intermedios. A su juicio es «absolutamente inaceptable seguir frenando el avance del autoconsumo, que tanto potencial tiene» en España. De hecho, recuerda que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en mayo que quiere que España lidere la lucha contra el cambio climático, por lo que «si de verdad es así», deben cambiar «radicalmente de posición» en las instituciones europeas y de cara a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El Parlamento Europeo se posiciona a favor de elevar al 35% el objetivo de energías renovables para el año 2030

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Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo negociará elevar el objetivo de energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en la actualidad, como parte de los esfuerzos del bloque comunitario para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Los eurodiputados han aprobado con 492 votos a favor, 88 en contra y 107 abstenciones el informe del eurodiputado del PSOE, José Blanco, que fija la posición de la Eurocámara para las negociaciones que deben comenzar ahora con el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, que aboga por mantener el objetivo en el 27%. «Podemos decir que el Parlamento Europeo ha dado un mensaje claro e inequívoco para cumplir con los objetivos de París y para impulsar una transición energética basada en una energía limpia y energías renovables», subrayó Blanco, que también calificó la postura del Consejo de la Unión Europea como «errática» y ha confiado en poder cambiarla.

Para alcanzar este porcentaje a nivel comunitario, los países deberán fijar sus propios objetivos nacionales, que serán coordinados y supervisados en virtud de otro proyecto legislativo sobre gobernanza energética, que también fue aprobado. Por otro lado, los eurodiputados fijaron un objetivo de eficiencia energética para 2030 también del 35%, que se calculará a partir de la proyección de consumo energético para ese mismo año según el modelo PRIMES, que simula el consumo y suministro de energía en la Unión Europea.

Además, el texto sobre renovables apuesta por impulsar el autoconsumo de energías renovables en el bloque comunitario al instar a los Estados miembros a «garantizar que los consumidores tengan derecho a convertirse en autoconsumidores de energías renovable». Para ello, estos consumidores deben estar autorizados «para autoconsumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorios o desproporcionados que no reflejen los costes”. Además, los eurodiputados han aprobado una enmienda que pide permitir el consumo de electricidad renovable de producción propia y que permanece dentro de sus locales «sin estar sujetos a impuestos, tasas o tributos de ningún tipo». Esta enmienda ha recibido 594 votos a favor, 69 en contra y 20 abstenciones.

«Hemos blindado algo que era una pelea, a mi juicio justa, que es garantizar el autoconsumo como un derecho. El autoconsumo de energía renovable como un derecho y eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas como el impuesto que es conocido como impuesto al sol», ha enfatizado el eurodiputado socialista español. Preguntado por el futuro de esta enmienda en las negociaciones con los socios comunitarios, Blanco ha confiado en contar con el apoyo de la Comisión Europea y ha advertido de que la Eurocámara no renunciará, dado el apoyo que ha recibido esta parte del texto.

Asimismo, los eurodiputados acordaron que el 12% de la energía utilizada en el sector del transporte proceda de fuentes renovables. En este contexto, la contribución de los biocombustibles de primera generación deberá limitarse al nivel de 2017, con un máximo del 7%, en el transporte por carretera y ferrocarril. De la misma forma, la cuota de biocombustibles avanzados, combustibles renovables para el transporte de origen no biológico, combustibles derivados de residuos y electricidad renovables deberá alcanzar el 1,5% en 2021 y aumentar progresivamente hasta el 10% en 2030. Por último, el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberán estar equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos en 2022.

APPA, AEE y UNEF aplauden el objetivo del 35% de renovables aprobado por la Eurocámara y pide compromiso al Gobierno

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Europa Press.- Mientras la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha aplaudido la aprobación del nuevo objetivo del 35% de energías renovables para 2030 por el pleno del Parlamento Europeo, aunque considera que «no habiendo objetivos vinculantes para los estados miembros, el reto es conseguir las políticas y los instrumentos adecuados para alcanzar el objetivo común de la Unión Europea«, APPA Renovables y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también aplauden la postura de la Eurocámara y demandan al Gobierno «compromiso con la transición energética».

La patronal APPA valora «positivamente» el amplio respaldo del Parlamento Europeo aunque lamenta que «no se hayan establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas«. APPA considera que, a pesar de «la buena noticia» que supone el amplio consenso a favor del 35%, «se deja en manos de los Estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales».

Por ello, insta al Gobierno a «asumir esta amplia mayoría de la sociedad convirtiendo ese 35% en el objetivo nacional dentro de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética«. Así, señala que el compromiso del Gobierno español con la transición energética «debe ser demostrado también en su postura ante el Consejo Europeo, elevando su posición actual del 27%».

Paso adelante hacia las renovables

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica cree que este objetivo es «abordable e incluso superable» y señala que, con esta cuota del 35%, la Unión Europea demuestra «su apoyo a la industria eólica europea y a los beneficios económicos que genera el sector en el continente». La patronal eólica subraya que la aprobación del Parlamento Europeo es «un paso más» para facilitar el incremento de las renovables en la Unión Europea y en España.

UNEF celebra el compromiso europeo

En el mismo sentido, UNEF considera que la definición de un objetivo del 35% demuestra para la Unión Europea «su compromiso y la ambición necesario para los objetivos del Acuerdo de París». UNEF señaló que la posición expresada por el Parlamento Europeo con respecto a la futura directiva de Energías Renovables expresa «un fuerte mensaje de apoyo a todas las energías renovables». UNEF subrayó que, además del aspecto medioambiental, la apuesta por las renovables implica «apoyar la creación de empleo, fomentar el crecimiento económico y contribuir al mejoramiento de la saludde todos los ciudadanos«.

La patronal, que señaló que el sector fotovoltaico «está preparado para desempeñar un papel protagonista en España en la transición hacia un modelo energético sostenible», aplaudió también el apoyo del Parlamento Europeo a la defensa del autoconsumo, «un derecho que todos los ciudadanos tienen que poder ejercer sin barreras artificiales, y a la eliminación del peaje de respaldo o impuesto al sol«. Así, UNEF afirmó que ahora corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de cumplir con el mandato democrático emitido por el Parlamento Europeo «para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los compromisos definidos por el Acuerdo de París».

Los Gobiernos nacionales de la Unión Europea y la Eurocámara acuerdan la descarbonización de los edificios para antes de 2050

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Europa Press.– Los Gobiernos de los Estados miembros y la Eurocámara han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas comunitarias de eficiencia energética para garantizar la descarbonización de los edificios en la Unión Europea antes de 2050. Las nuevas normas, que todavía deberán aprobar formalmente ambas instituciones en los próximos meses, forman parte del paquete normativo más amplio de Energía Limpia presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016 para cumplir el Acuerdo de París.

En virtud de las mismas, los Gobiernos europeos deberán desarrollar estrategias nacionales y detallar inversiones para la renovación de los edificios, ya que apenas se renuevan entre el 0,4% y el 1,2% al año aunque representan el 40% del consumo energético en la Unión Europea, a fin de garantizar su descarbonización antes de 2050, aunque deberán dar metas indicativas intermedias en 2030 y 2040 también. Para entonces las emisiones deberán reducirse un 80-95% respecto a los niveles de 1990, según el acuerdo preliminar alcanzado por los Veintiocho y la Eurocámara.

Las nuevas normas también prevén la inspección de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado a partir de un consumo de 70 kW, mientras que los edificios deberán estar equipados de sistemas de control y automatizados antes de 2025 cuando sea económica y técnicamente viable. La Comisión desarrollará antes de 2020 además un sistema voluntario para medir la eficiencia energética de los edificios para contribuir a reducir su consumo.

Las nuevas normas también introducen requisitos mínimos para promover los vehículos eléctricos en edificios con más de una decena de plazas de aparcamiento. En los nuevos edificios no residenciales o en renovación, los aparcamientos deberán prever un punto de recarga mínimo para los vehículos eléctricos en una de cada cinco plazas y la infraestructura de cableado para permitir la instalación de más en fase posterior. Antes de 2025, los Gobiernos europeos deberán garantizar la instalación de un mínimo de puntos de recarga en todos los edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento.

Los ecologistas acusan a Nadal de bloquear la transición energética y conducir a la Unión Europea a una «dirección peligrosa»

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales consideran que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es responsable del «bloqueo» hacia una transición energética libre de emisiones en España y advierten a la Unión Europea de ir en «una dirección peligrosa» para el futuro energético de los 28 Estados miembros.

Amigos de la Tierra lamenta que los ministros de la Unión Europea hayan decidido retrasar la transición energética que Europa necesita después de acordar las posiciones de los Gobiernos de los diferentes países sobre la Directiva de Energías Renovables, la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Iniciativa de Diseño de Mercado. El responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, considera que los ministros manifiestan su «poca voluntad política» y su “falta de ambición» al apostar de nuevo por un objetivo de energías renovables del 27% para 2030, una cifra que «es reducida y retrasa la transición energética» en la Unión Europea.

Además, critica que los ministros hayan acordado que «miles de millones de euros» de los contribuyentes europeos sirvan para financiar nuevas centrales de combustibles fósiles y para asegurar la extensión de la vida útil de las existentes en forma de pagos por capacidad. Asimismo, lamenta que se hayan rebajado las provisiones para lograr un sistema energético «más democratizado mediante la participación y titularidad ciudadana en las instalaciones renovables«. De Prado subraya que es una década «crucial» para mitigar el cambio climático y recuerda que las señales son «claras» para todos.

“La cifra de renovables acordada es un número ridículo y a todas luces insuficiente para ponernos en la senda del Acuerdo de París», critica De Prado, que califica de «muy negativo» el papel que están jugando España y Alemania en las negociaciones del Paquete de inviernoy asegura que ambos dejan «muy clara» su intención de «negar» a los ciudadanos los beneficios que conllevaría una transición energética «inclusiva y descentralizada«.

En esta línea, Greenpeace denuncia que el ministro Nadal mantiene su «bloqueo» a las renovables a pesar de que España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático y considera que los ministros europeos se posicionan en contra de los ciudadanos tras apoyar las subvenciones para las eléctricas, incluidas para las plantas contaminantes y peligrosas como el carbón. La ONG acusa a los ministros de debilitar las propuestas de la Comisión Europea que potenciaban que los hogares, las cooperativas y los municipios produzcan y vendan su propia energía renovable, y de ignorar las llamadas de la Eurocámara para aumentar el objetivo de renovables de la Unión Europea para 2030.

Igualmente, denuncia que Nadal trata de trasladar a Europa su política contra el autoconsumo y de apoyo al «viejo y sucio modelo energético«. En este sentido, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, critica que el Gobierno bloquea la transición hacia un modelo 100% renovable en manos de la ciudadanía y, por el contrario, apoya las centrales viejas y contaminantes como las térmicas de carbón«.

En este contexto, la asesora política energética de la Unión Europea de Greenpeace, Tara Connolly, asegura que los ministros de Energía están «listos para ofrecer subvenciones casi ilimitadas» mientras los ciudadanos europeos quedan «fuera» ya que los ministros de los Veintiocho «han destruido las propuestas que apoyan sus derechos para producir y vender energía renovable». «El Parlamento ahora debe respaldar la energía renovable en manos de la gran mayoría y no la sucia en manos de unos pocos», ha concluido.

España valora «positivamente» los avances en interconexiones y autoconsumo conseguidos en las negociaciones con los países de la Unión Europea

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha valorado «positivamente» los resultados obtenidos por España en las negociaciones entre los ministros de Energía de la Unión Europea del llamado Paquete de Invierno, logrando avances en interconexiones eléctricas y autoconsumo de energía.

En concreto, España ha defendido un objetivo ambicioso en materia de energías renovables, pero insiste en que para ello necesita que se introduzcan las herramientas necesarias como las interconexiones. En este sentido, la Unión Europea ha reforzado la consideración de las interconexiones energéticas en la normativa energética comunitaria. Así, el Ministerio destaca que se han recogido plenamente las propuestas españolas en esta materia, incluyéndose avances «muy importantes» de cara a otorgar carta de naturaleza a los compromisos europeos de alcanzar el 10% en 2020 y del 15% en el año 2030 como una de las dimensiones de la gobernanza energética.

En particular, la normativa comunitaria otorgará al objetivo de interconexiones una importancia similar a los objetivos de renovables y eficiencia energética. De esta manera, los Estados deberán marcar en sus planes nacionales de Energía y Clima una estrategia elaborada en cooperación con los Estados vecinos para progresar en las interconexiones y alcanzar en 2030 el objetivo del 15%. Además, la Comisión Europea evaluará periódicamente los progresos de los diferentes países de cara al logro de los objetivos de interconexión, lo cual será un elemento esencial para España y que, de detectarse por la Comisión avances insuficientes, la Comisión y los Estados deban cooperar para alcanzar soluciones a los problemas identificados.

Asimismo, se incluirán las interconexiones a la hora de valorar los costes que asumen los países para contribuir a los objetivos de cambio climático, reconociendo que el logro de un nivel de interconexión del 15% es clave para incrementar la penetración de renovables de forma técnica y económicamente viable. El Consejo de Energía también ha reconocido la importancia de un despliegue eficiente y efectivo de renovables que suponga el menor coste para el consumidor, lo que avala la política desarrollada por el Gobierno español mediante las subastas celebradas durante el año 2017 y que permitirán incorporar más de 8 gigavatios (GW) de nueva potencia renovable sin primas, señala el Ministerio.

Respecto al autoconsumo, el Gobierno considera «muy positivo» el tratamiento que se le ha dado en el Consejo, con una propuesta que «refleja claramente» que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no, subraya el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. En lo que se refiere a los precios regulados para consumidores eléctricos, se reconoce la posibilidad de los Estados miembros de contar con sistemas como el español, de precios voluntarios para el pequeño consumidor, que es dinámico y fluctúa de acuerdo con el precio del mercado.

El Consejo ratificó su objetivo de alcanzar al menos un 27% de energía renovable en el consumo final en el año 2030 y establecer importantes mecanismos de control y coordinación de las políticas de los Estados miembros, en el marco de la gobernanza de la Unión Energética, con vistas a asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. España valora «muy positivamente» el marco que se ha propuesto en estas orientaciones generales, que incluye avances importantes en la simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones renovables, nuevos compromisos en materia de penetración de renovables en el transporte y la fijación de criterios objetivos para la evaluación del avance de los distintos Estados miembros, entre otras cuestiones.