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Varias organizaciones ecologistas recurren el ATI de Almaraz porque no se consultó con Portugal, de acuerdo con la normativa internacional

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, entre otras organizaciones, presentaron un recurso contra la decisión del Ministerio de Energía de autorizar un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) al considera que esta medida es «ilegal» por no haber sido consultado el Gobierno de Portugal. A juicio de las organizaciones, esta consulta es “preceptiva de acuerdo con varios tratados internacionales y directivas europeas” además de que el país vecino se interesó por este asunto.

El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha recordado que España ha firmado los convenios de Espoo y de Aarhus así como el Protocolo de Kiev, según los cuales se debe tener en cuenta el «posible impacto transfronterizo» de cualquier instalación o infraestructuras y, en particular de almacenamientos nucleares que se construyan en Europa. Por ello, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el Ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.

Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea «insisten en lo mismo», que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un ATI.

En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido «al menos dos veces» al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz en septiembre y octubre porque podría tener afecciones transfronterizas. Sin embargo, lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió de sobra con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva a Portugal ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al ATI no hizo referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el Ejecutivo portugués, mientras sí se detallan las respuestas que se enviaron a las organizaciones e instituciones que alegaron. Las ONG denuncian que el ATI supone «una serie de afecciones ambientales» que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por eso, el Movimiento Ibérico Antinuclear presentó recurso de alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la DIA, aduciendo que el procedimiento está “viciado de origen” y solicitando que se paralice el proceso.

«Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central», comentó Francisco Castejón.

Podemos exige cerrar en 2020

Por su parte, Podemos Extremadura ha exigido el cierre de Almaraz en 2020 y confía en que el Gobierno impulse un plan económico y laboral alternativo para la comarca de Campo Arañuelo. Su diputada autonómica Jara Romero ha tendido la mano a Portugal para «continuar exigiendo el cierre de Almaraz y apostar conjuntamente por el desarrollo de energías renovables a ambos lados de La Raya» tras participar en Portugal en las Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario los Verdes del país luso. En ellas se abordaron «la amenaza y los riesgos derivados de la central nuclear de Almaraz», así como «el impacto que supondría para ambos lados la construcción del ATI en la central».

En concreto, tuvo lugar una mesa redonda con representantes políticos de España y Portugal, para contribuir a realizar aportaciones «ante la preocupación común existente en relación al posible alargamiento de vida de la central nuclear de Almaraz». Del mismo modo, se habló de la situación actual del ATI y de la petición de la declaración de impacto medioambiental transfronteriza elevada por el Gobierno portugués a Bruselas, así como otras iniciativas «para ejercer presión ante la instalación prevista de este ATI».

La parlamentaria extremeña ha trasladado el rechazo de Podemos a las políticas energéticas del Gobierno y que se haya previsto la construcción del ATI «sin tener en cuenta a Portugal y sin tramitar la declaración de impacto medioambiental transfronteriza», según recoge Podemos. Ha recordado las iniciativas parlamentarias y los actos secundados por Podemos Extremadura en relación a la central nuclear y el ATI, al tiempo que ha lamentado que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no compareciese en la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de los «incidentes» registrados en Almaraz, como solicitaron. Podemos exige un calendario para el cierre de Almaraz, «petición a la que se niega el Gobierno de España«, indicó Jara.

Este almacén ATI causa «preocupación» en Podemos Extremadura y el Grupo Los Verdes de Portugal, al igual que entre colectivos antinucleares de ambas zonas, al no incluirse en el proyecto de construcción el compromiso de cierre de la central para 2020. Esta iniciativa portuguesa supone «otro paso más en las actuaciones acordadas a nivel transfronterizo para reclamar el cierre de Almaraz, una central obsoleta y cuya vida podría quedar prolongada tras la construcción del ATI».

En este sentido, Podemos estará presente este fin de semana en el encuentro antinuclear, organizado por el Movimiento Ibérico Antinuclear en Lisboa, con la presencia de movimientos ecologistas y organizaciones políticas de Portugal. A la audiencia pública de estas jornadas asistieron diferentes representantes de la sociedad civil, desde alcaldes de la comarca, hasta bomberos, protección civil, sanitarios, educadores, así como movimientos antinucleares y plataformas ecologistas.

El presidente de Toshiba dimitirá por un deterioro multimillonario de activos tras comprar una empresa estadounidense constructora de plantas nucleares

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EFE.- El presidente de la tecnológica nipona Toshiba, Shigenori Shiga, dimitirá próximamente, al tiempo que la empresa abandonará la construcción de centrales nucleares a raíz de un deterioro de activos multimillonario, según fuentes cercanas al asunto. Shigenori Shiga fue en un momento dado presidente de Westinghouse Electric, unidad de negocio de energía nuclear de Toshiba en Estados Unidos que encara una pérdida importante tras la compra del constructor estadounidense de plantas nucleares CB&I Stone & Webster.

Su decisión podría anunciarse el 14 de febrero, fecha en la que la empresa tokiota presenta resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, que en Japón concluye el 31 de marzo, indicó una fuente cercana, que apuntó también a la dimisión del presidente de Westinghouse, Danny Roderick. Además Toshiba dejará de aceptar contratos para levantar nuevas plantas atómicas, aunque continuará construyendo las cuatro que tiene previsto terminar en Estados Unidos para 2020, y seguirá solo con sus operaciones de mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones nucleares, adelantaron otras fuentes.

Shiga, presidente de Toshiba desde el pasado junio, estaba a cargo de la rama de negocio de energía eléctrica cuando Westinghouse compró CB&I Stone & Webster a finales de 2015. El pasado diciembre la compañía nipona informó de que podría sufrir un deterioro multimillonario de activos relacionado con esta operación. Actualmente Toshiba mantiene un contencioso con Chicago Bridge & Iron, de quien adquirió la empresa en diciembre de 2015, a cuenta de sus tasaciones de los activos y negocios de la constructora de plantas atómicas. El gigante tecnológico nipón anunció que revisaría sus operaciones en el sector nuclear y que escindirá su negocio de memorias flash para encontrar financiación de terceros y sanear esta situación.

Francia convirtió a España en su principal suministrador de electricidad durante la ola de frío del pasado enero

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EFE.- Francia, un país por lo general exportador de electricidad, importó sobre todo de España, en muchos momentos al máximo de la capacidad de la interconexión, durante la ola de frío de los últimos días. Aunque 2.400 megavatios es la capacidad teórica de intercambios entre Francia y España, «los esfuerzos de coordinación han permitido llevar la capacidad de importación hasta 2.500 megavatios«, según fuentes del gestor francés Red de Transporte de Electricidad (RTE).

Los días 19, 20 y 25 de enero, las entradas de electricidad procedentes de España llegaron a ese máximo de 2.500 megavatios. RTE explicó que durante la semana del 16 al 20 de enero, durante los picos de consumo de última hora de la tarde, Francia importó una media de 1.352 megavatios de España, 1.015 de Bélgica y 772 de Alemania, sus tres principales proveedores.

Las razones de estas compras de corriente en el exterior son el aumento del consumo por la ola de frío y que una parte del parque francés de generación no estaba disponible por el parón técnico de varios reactores nucleares. En concreto, desde comienzos de año han estado parados 5 o 6 de los 58 reactores atómicos en servicio. Las centrales atómicas supusieron el pasado año más del 75% de la producción eléctrica en Francia.

Por encima de 200 euros

Las capacidades de producción eléctrica con medios propios en Francia estos días ha estado limitadas a 90.000 megavatios de media, cuando en los picos de consumo han superado esa cifra seis días. El máximo de este año se registró el viernes 20 de enero a las 9.15 de la mañana con 93.862 megavatios. Por lo que se refiere a los precios en el mercado mayorista, llegaron a un techo de 206,12 euros por megavatio el pasado 25 por la mañana.

La tarifa eléctrica para los particulares en Francia depende de tres elementos que pesan un tercio del total cada uno: los impuestos, el precio de la generación y los costos de las redes de distribución. El precio de generación que se aplica al recibo de la luz no es el de la cotización del mercado mayorista en cada momento preciso, sino un valor medio que se revisa una vez al año (la próxima el 1 de agosto) tomando como base la media de 20 meses.

La energía nuclear cubrió el 21,38% de la electricidad en 2016, un 2,4% más que el año anterior

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Europa Press.– La energía nuclear cubrió el 21,38% de la electricidad en España en 2016, lo que supone un 2,4% más que el año anterior, según datos de Red Eléctrica divulgados por el Foro de la Industria Nuclear. Así, el Foro Nuclear destaca que «un año más» las centrales nucleares son la tecnología que «mayor producción» ha aportado al sistema eléctrico español, según el avance de datos de 2016.

La cifra representa más de un punto porcentual que en 2015, cuando las centrales produjeron el 20,34% con una potencia instalada de 7.865 megawatios, lo que supone el 7,45% del total. En concreto, el Foro afirma que el parque nuclear español ha tenido una producción neta de 56.095 GWh, un 2,4% superior a la del año 2015. La tecnología nuclear produce electricidad de forma «constante y estable» ya que de media funcionó el 86,31% del total de horas de 2016.

Con estos resultados, el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Antonio Cornadó, ha celebrado que la nuclear se consolida como fuente de generación eléctrica «imprescindible» en el mix energético nacional. Así, ha destacado que la nuclear cumple con «los tres principios» de la política energética europea, como la seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad, por lo que ve «conveniente» que siga formando parte del mix energético en el futuro.

Del total de producción eléctrica sin emisiones contaminantes, en 2016 la energía nuclear ha sido «líder» con una aportación del 35,18% del total y recuerda que el informe Climate Change and Nuclear Power 2016, considera esta tecnología entre las «actualmente disponibles» que pueden ayudar a luchar contra el cambio climático. Con ello, la nuclear se sumaría a la hidráulica y la eólica como las fuentes con más bajas emisiones considerando su ciclo completo de vida, con menos de 15 gramos de CO2 equivalente por Kwh. La OIEA considera que con la expansión de la capacidad nuclear prevista a nivel mundial se puede evitar más de 3 gigatoneladas de CO2 de la producción eléctrica en 2040.

Los técnicos del CSN dedican 30.000 horas y 167 informes para evaluar la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

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EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

Una indemnización de 490 millones y abrir otra nuclear culmina el acuerdo para cerrar Fessenheim, reactor más antiguo de Francia

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EFE.- La eléctrica estatal EDF aprobó el acuerdo establecido con el Gobierno socialista francés para recibir una indemnización de unos 490 millones de euros para el cierre de la central nuclear de Fessenheim, la más antigua de las que están en servicio en Francia. El protocolo adoptado por el consejo de administración prevé el pago del 20% de esa indemnización en 2019 y el 80% restante en 2021, según ha indicado EDF, que precisó que los 490 millones son una estimación.

La cuantía final, equivalente a lo que la compañía dejará de ganar hasta 2041 por esa planta, se determinará en función de los precios de mercado de la electricidad y de la producción del equivalente de 900 megavatios, que es la potencia instalada allí. El consejo de administración de EDF podrá pronunciarse más adelante sobre el cierre efectivo de la central, situada en Alsacia, junto a la frontera alemana del río Rin, con dos reactores.

Esa decisión no se producirá mientras la empresa estatal no consiga las autorizaciones administrativas necesarias para continuar la construcción de su nueva planta atómica de Flamanville, en la costa de Normandía con la tecnología EPR. EDF recordó que el cierre de Fessenheim necesita un decreto para suprimir la autorización de explotación a petición de la empresa, y eso sucederá cuando entre en servicio Flamanville, «previsto a finales de 2018». Poner fin a la actividad de Fessenheim era una de las promesas electorales de François Hollande.

Hollande y su ministra de Ecología, Ségolène Royal, que en su ley de transición energética han fijado el objetivo de reducir el peso de la energía nuclear en la producción eléctrica del 75% actual al 50% en el horizonte de 2025, intentan dar los pasos necesarios para hacer irreversible el cierre de Fessenheim. El candidato de la derecha a las presidenciales de abril-mayo y favorito en las encuestas, el ex primer ministro François Fillon, prometió a los trabajadores afectados que, si llega al poder, la central alsaciana seguirá en funcionamiento.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

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Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.

Castilla y León considera que el sistema eléctrico necesita de Garoña, central nuclear cuya reapertura empieza a evaluarse este miércoles

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comenzará este miércoles a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta los 60 años de su vida útil. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que Garoña es una planta «necesaria para la producción energética» y cree que si el CSN renueva la licencia de explotación sería una buena noticia.

Pero lo primero, según ha insistido Herrera, es la seguridad de las instalaciones, las personas y el medio ambiente, por lo que ha recordado que la Junta considera «imprescindible» el visto bueno del CSN. En este sentido, Herrera ha indicado que con la actual situación energética, «España no puede permitirse ningún tipo de frivolidad entorno a la garantía de los suministros energéticos. Herrera ha insistido en que «España debe blindar su suministro energético» y ha criticado la falta de planificación del Gobierno central respecto al consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas. Por último, Herrera ha destacado que una posible continuidad de Garoña, tendría una buena repercusión en el empleo del entorno de la zona de Miranda de Ebro.

Arranca debate en el CSN

El pleno de este miércoles tiene uncarácter meramente «informativo» y de momento no se tomarán decisiones al respecto debido a que el informe remitido a los técnicos es «voluminoso», hay mucho material que estudiar y el resultado puede demorarse semanas. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, debe elaborar un informe con los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña, en parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa). El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta, y si es positivo dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Energía.

Según fuentes del Consejo, la decisión sobre Garoña «no se prevé fácil y requerirá semanas para su resolución». Se trata de una cuestión de gran densidad con muchos condicionantes asociados para Nuclenor, la empresa propietaria de la central, y, en cualquier caso, se tratará de un dictamen técnico, tras el cual el Gobierno tendrá la última decisión sobre la reapertura o no de la planta. Según diversas fuentes, la decisión técnica sería finalmente favorable, si bien con un elevado número y muy exigentes de condicionantes técnicos e inversiones para los propietarios en materia de seguridad. Aún con ese dictamen y la eventual aprobación de Energía, la empresa podría finalmente declinar la reapertura de la planta.

Paco Castejón, ingeniero nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, recuerda que los miembros del pleno tienen la facultad de pedir un aplazamiento de la decisión por lo que ésta posiblemente no podría adoptarse este miércoles. El proceso podría llevar «varias semanas o meses», ya que tanto el presidente como los consejeros pueden solicitar hasta dos aplazamientos. A su juicio, el informe resultante del pleno será «positivo condicionado», es decir, el CSN autorizará el funcionamiento de la central de Garoña con una serie de condiciones que Nuclenor deberá aceptar para que se ponga en funcionamiento.

Entre las condiciones, Castejón matizó que existen una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que resaltó el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña así como aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física o medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima. Además destacó los precedentes que sentaría en el parque nuclear español la puesta en funcionamiento de una central, que actualmente se encuentra en unas condiciones «deleznables».

Seamos serios con los precios de la electricidad

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que suba el precio de un bien o suministro es algo negativo para los consumidores afectados, en un momento en el que, probablemente, las condiciones y situación económica de los ciudadanos de nuestro país siguen siendo precarias. Quiere decirse que es un problema; un problema, posiblemente, al mismo nivel que cuando hay oscilaciones al alza de los productos de la cesta de la compra o cuando también tienden al crecimiento los precios de los carburantes para ir a trabajar.

Lo que pasa es que, en el caso de la energía eléctrica en España, este proceso adquiere unos tintes demagógicos adicionales  cuando llega al debate político. Es decir es una cuestión que se presenta ante la opinión pública de forma incendiaria. Por un lado, porque se produce la negación de que la electricidad tenga que tener un precio (que, en todo caso, debería bajar siempre, de forma ilusoria) y, por otro,  porque se niega que deban de existir empresas eléctricas en su modelo de gobernanza.

En el año existen varios momentos punta en que esto se produce, aprovechados en el ámbito de la comunicación política asociada a esto para su tratamiento en términos de escándalo. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal ha terciado para argumentar que es previsible que aumente la factura de la luz una media de 7-8 euros al mes, es decir, unos 100 euros al año.

Además, no hay que olvidar que quedan muy pocas oportunidades para convertir esta cuestión en una ola mediática: si mejora la climatología, todo pasará, y si además se cierra el acuerdo para abordar el problema de los consumidores vulnerables severos, alargar el período de impago requerido para realizar el corte de suministro, y si se liga el bono social a la renta, las posibilidades de mediatización de esta cuestión se van a ver muy mermadas.

Por su parte, los expertos habituales consultados por los medios generalistas acuden a sus posicionamientos habituales: Retórica antiempresarial de corte retroprogresivo, la insinuación en referencia a las investigaciones de la CNMC (sin resultado alguno conocido en términos de existencia de comportamientos anticompetitivos). O acuden a mezclarlo todo, para que no se entienda nada: recoger las quejas de las comercializadoras pequeñas que tendrán que participar en el nuevo bono social o reclamar mejores condiciones para el autoconsumo, como bálsamo de fierabrás, o acudir al argumento bolchevique de mostrar con escándalo la cifra total de beneficios empresariales, sin ponerlos en relación con el tamaño del sector y sus empresas. Un argumentario más o menos trillado y previsible.

El hecho es que la energía eléctrica en nuestro país sube por las condiciones de oferta y demanda. La ola de frío ha disparado la demanda a niveles no conocidos en los últimos años en un momento en el que el parón de las nucleares francesas está haciendo a Francia importar nuestra electricidad (la lógica invita a pensar que lo hacen porque es más barata que otras opciones). Por otro lado, la oferta se ha visto afectada por la climatología, con una reserva hidráulica un 38% menor y una producción eólica no tan extraordinaria como la acontecida en enero de 2016, así como un contexto internacional marcado por el alza en los precios de las materias primas (gas, petróleo, carbón).

Dejando de lado el hecho de cifrar el volumen final de este crecimiento para el consumidor, la pregunta que hay que hacerse es si han llegado las condiciones en las que es posible que se produzca un incremento general de los precios de la energía, con el butano acumulando una subida del 14,5% desde julio, una subida limitada además en la revisión de enero al 5% máximo, por lo que es una subida actualmente  insuficiente para cubrir sus costes, con el gas que ha subido un 3,5% a principios de año, con una previsión de déficit de tarifa por parte de la CNMC de 450 millones de euros entre 2016 y 2017, con la gasolina y el gasóleo en máximos…

Por cierto, si la energía ibérica en el mercado mayorista es más barata que la francesa y los precios a los consumidores europeos son más bajos, ¿no sería cuestión de revisar el contenido de los costes de acceso, en lugar de dejar en manos de la turba la matanza? ¿Tampoco se va revisar esa gallina de los huevos de oro que es la fiscalidad aplicada en la energía? Seamos serios.