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Técnicos del CSN alertan sobre una posible rebaja «encubierta» de los requisitos de seguridad para la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia que los propietarios de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, no han adoptado las medidas necesarias para «mejorar la seguridad» de la planta, por lo que ha advertido de que el CSN ha dado su visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, lo que a su juicio es una «exención encubierta» del cumplimiento de dichos requisitos.

Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTECSN recuerdan que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad. Entre las medidas que pidió que adoptaran se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, y el aislamiento de la contención primaria.

La ASTECSN asegura que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en abril de 2015. Estos técnicos denuncian que «esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad». En estas circunstancias consideran que el dictamen favorable a la explotación «supone un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto». La ASTECSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de la información necesaria».

Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales españolas «están obligadas» a realizar cada 10 años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN. Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.

Por todo ello, la ASTECSN esgrime que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento». Esta asociación denuncia que el CSN está preparando una revisión de la GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la RPS con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una RPS para el informe favorable a un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de 10 años, y que con la modificación podrán ser establecido por el Gobierno.

Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el CSN para la emisión de su informe favorable sobre Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio». La ASTECSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».

Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos». La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».

Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre su continuidad. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado. La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

El Gobierno propone al Congreso nombrar a Manuel Rodríguez Martí como secretario general del CSN

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Europa Press.- El Consejo de Ministros acordó proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), una propuesta que fue aprobada en el pleno del regulador. Manuel Rodríguez Martí es ingeniero industrial nacido en febrero de 1959 y es funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Rodríguez se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado diversos puestos técnicos y desde 2013 es subdirector de Instalaciones Nucleares del organismo.

TEPCO detecta con un robot niveles de radiación récord dentro del segundo reactor de la central nuclear de Fukushima

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Europa Press / EFE.- La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) asegura haber detectado unos niveles de radiación récord en el reactor número dos de la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. La compañía operadora de la planta nuclear indicó que, a partir de un análisis efectuado por un robot, los niveles han alcanzado los 530 sieverts por hora, lo que podría suponer la muerte de una persona tras una corta exposición.

Este hecho dificultará el proceso de desmantelamiento de sus instalaciones, según TEPCO, que anunció la localización de un agujero de un metro cuadrado en la cubierta metálica ubicada debajo del recipiente de presión del reactor, apuntando que probablemente fue causado por combustible nuclear fundido. TEPCO investigaba lo que parecía ser combustible nuclear bajo el reactor número dos de la central durante una inspección con una cámara, si bien no podía confirmar de qué se trataba.

La operadora calcula que se registran unos 530 sieverts de radiactividad por hora dentro de la vasija de contención del reactor y justo debajo del núcleo del mismo, un nivel que sería mortífero para un humano. La compañía eléctrica realizó esta estimación con base en el análisis de las imágenes obtenidas por un robot. Una dosis de un solo sievert al día puede causar daños graves en la salud humana y hasta la muerte, por lo que los niveles estimados en ese punto del interior de las instalaciones nucleares imposibilitan el acceso de operarios humanos e incluso dañarían aparatos electrónicos.

Los reactores 1, 2 y 3 sufrieron fusiones parciales de sus núcleos a raíz del desastre que originó el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, y conocer el estado exacto de las barras de combustible radiactivo es fundamental para su manejo y retirada. En el caso de la unidad 2, los técnicos de TEPCO creen que el combustible se fundió lo suficiente como para perforar la vasija de presión y acumularse en el fondo de la de contención.

Se sospecha que los residuos, una mezcla de combustible fundido y partes de la capa protectora del núcleo que sufrió una fusión parcial cuando el sistema de refrigeración de las instalaciones falló a raíz del terremoto y tsunami de 2011, pueden ser el origen de los niveles extremos de radiación dentro de la vasija. TEPCO precisó, no obstante, que no se han detectado nuevas fugas de radiactividad fuera del reactor ni confirmado la presencia de combustible fundido en el fondo de la vasija de contención.

Los altos niveles de radiación estimados suponen una nueva dificultad para la retirada de las barras de combustible del reactor, uno de los pasos necesarios para su desmantelamiento, que se calcula que durará entre 30 y 40 años, dado que dichas cantidades imposibilitan la entrada de personal al recinto. La crisis atómica de Fukushima, desencadenada por el terremoto y posterior tsunami que azotaron el nordeste de Japón, ha sido el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en 1986. Fukushima estaba preparada para un terremoto pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

8 nucleares francesas recuperarán este mes su actividad y contribuirán a bajar el precio de la electricidad en España

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Europa Press.- 8 centrales nucleares francesas reanudarán a lo largo del mes de febrero su actividad, lo que contribuirá a mejorar el suministro en el país vecino, a reducir sus necesidades de importación y, con ello, a abaratar el precio de la electricidad en España después de la escalada provocada por la indisponibilidad de 21 grupos nucleares franceses, circunstancia que coincidió además con el aumento de la demanda por la ola de frío y la escasez de agua, que disminuyó la producción hidroeléctrica.

Según datos del gestor de la red eléctrica francesa, RTE, en febrero recuperarán su actividad grupos nucleares con una potencia nominal conjunta de 9.860 MW, más que la instalada en toda España. Tras ese momento, solo habrá 3.900 MW pendientes de recuperar su actividad. Durante febrero, se producirá el final de la indisponibilidad de las centrales de Cruas 3 (915 MW), Civaux 1 (1.495 MW), Civaux 2 (1.495 MW), Tricastin 2 (915 MW), Cattenom 2 (1.300 MW), Chooz 1 (1.500 MW), Gravelines 6 (910 MW) y Paluel 3 (1.330 MW).

Tras la entrada en operación de estas instalaciones, solo quedarán pendiente de reiniciar la actividad de cuatro centrales, que son las de Golfech 2 (1.310 MW), Fessenheim 2 (880 MW), Gravelines (910 MW) y Bugey (880 MW). Dos de ellas recuperarán su actividad en marzo y las otras dos en mayo y junio. España fue tradicionalmente exportador de electricidad a Francia. El saldo positivo se produjo hasta que en 2015, por primera vez en más de una década, fueron superiores las importaciones, según se aprecia en la última memoria anual de Unesa. En todo caso, las exportaciones se exacerbaron desde finales de 2016 por los problemas de suministro en Francia.

La directora de la Oficina de Cambio Climático confía en un pacto por el cambio climático y la transición energética

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Europa Press.- La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui Aparicio, ha mostrado su deseo de que las distintas fuerzas políticas «pongan sobre la mesa» sus ideas para redactar un gran pacto en la ley por el cambio climático y la transición energética y que, entre todas, puedan «llegar a consensos«.

Según apuntó desde el congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE), la situación política actual «puede ayudar a sacar grandes consensos» y a dotar al país de medidas que «no sean individualistas». «Si no hay consenso, será muy difícil sacarlo adelante», ha dicho en relación a un plan que además, si se aprueba sin ese quorum, «no tendría sentido» porque se trata de dar forma a un documento con vigencia y valor «a medio y largo plazo«. A su juicio, las «líneas estratégicas» de la Oficina Española de Cambio Climático para los próximos años se sustentarán sobre lo ya alcanzado en la legislatura anterior, en la que ya se ha podido «reducir las emisiones de CO2».

Ulargui Aparicio ha insistido en el nuevo marco europeo y transversal, que servirá para «impulsar» también una ley de cambio climático y transición energética, que ha de ser «una ley de todos los agentes», donde han de estar administraciones, sociedad civil, sector privado y sector financiero. Sobre si es «complicado» poner de acuerdo a estos frentes, la directora de la Oficina ha destacado que es «importante» lograrlo pues «la energía es motor de crecimiento» y hay pactos como el de París que insisten en que el uso de energía «se vaya descarbonizando».

En cuanto a la forma de proceder en ese objetivo, Ulargui Aparicio ha mostrado su deseo de que se haga «de forma ordenada» y «sin perdedores ni ganadores», con el propósito de conseguir que el planeta sea una colonia «neutra en carbón» a finales de siglo. Para ello, la experta en cambio climático ha insistido en alcanzar el «equilibrio final» a pesar de que los países en desarrollo «todavía tienen que crecer» y tratarán de mantener niveles de uso de energías fósiles.

Respecto a la energía solar, ha reseñado que «todas las fuentes renovables tienen un futuro prometedor» y que hay que «avanzar en los patrones» también de otros sectores como el transporte sostenible o la agricultura de respecto al medio ambiente. Asimismo, Ulargui Aparicio ha respondido, a la presunta de «si nucleares sí o nucleares no», que «todas las fuentes juegan un papel» y que lo importante es «tener una planificación clara» para tomar medidas. Sobre el cambio climático, ha reconocido que España es «especialmente vulnerable» a sus efectos y que hay que estudiar cómo pueden afectar a las costas o a la alta montaña. Se trata, pues, de «ser preventivos» y poner en marcha medidas que reduzcan sus «impactos», añadió.

Decenas de personas se manifiestan en Lisboa para pedir el cierre de Almaraz mientras Podemos trata de impedir su ATI

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EFE / Servimedia.– El eurodiputado Xabier Benito (Podemos) reclamó a la Comisión Europea que verifique si el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares de Almaraz (Cáceres) incumple la normativa comunitaria y, en ese caso, vete la instalación. Mientras tanto, decenas de personas se manifestaron frente al consulado de España en Lisboa para pedir el cierre de la central nuclear y para que no se construya el ATI.

Activistas de organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, entre otros, formaron el grueso de la protesta con pancartas que pedían el cierre de la planta al grito de Nucleares no, renovables sí. El acto supuso la clausura de la Conferencia Internacional Antinuclear, desarrollada en Lisboa por iniciativa del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). Los activistas defendieron la necesidad de contar con un calendario de cierre de las centrales nucleares de España tras constatar una «clara voluntad política» por parte del Gobierno español de prolongar la vida de las nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, quien asistió a la concentración, aseguró que “fue un éxito» y destacó la «unanimidad» mostrada en el encuentro por continuar «con una agenda clara de movilizaciones» para pedir el cierre de Almaraz y que no se construya el ATI. En este sentido, mostró su esperanza en que la Comisión Europea «de un veto a este almacén», que, consideró, «no representa más que un proyecto para seguir alargando eternamente la vida del parque nuclear español«.

Portugal quiere que Bruselas decida

La construcción del ATI preocupa especialmente al Gobierno de Portugal, que el pasado enero entregó en la Comisión Europea una queja para que Bruselas participe en la declaración de impacto ambiental de la infraestructura. Portugal considera que las autoridades españolas no han evaluado los impactos transfronterizos del proyecto, que se levantaría a unos 100 kilómetros de la frontera entre ambos países. La construcción del almacén de residuos ha generado protestas por parte de asociaciones ambientalistas de España y de Portugal.

Ecologistas en Acción denuncia que la aprobación de un ATI en Almaraz aumenta el riesgo de accidente radiactivo, que afectaría a las poblaciones españolas cercanas e incluso a las portuguesas situadas aguas abajo del Tajo. Ecologistas en Acción asegura que el cierre de las nucleares es una demanda compartida por la ciudadanía de ambos países que ha sido desoída por el Gobierno.  Además, también se realizó en Bilbao una cadena humana en demanda del “cierre definitivo y desmantelamiento” de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Protesta de Podemos en Bruselas

Podemos reclamó a la Comisión Europea que verifique si el ATI de Almaraz incumple la normativa comunitaria y en ese caso vete la instalación. Así lo solicitó Benito, que alerta de que el ATI podría incumplir una directiva europea y el convenio de Aahrus. «El Gobierno del PP quiere seguir otorgando beneficios al oligopolio alargando la vida de las nucleares pero no es capaz de crear un bono social que evite las muertes por pobreza energética», denunció el eurodiputado de Podemos. Benito también recuerda que incluso «Portugal ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea alegando que no hubo información formal por parte del Gobierno español» sobre este proyecto.

Rajoy asegura que el sector eléctrico está “auditado de una manera continua” y rechaza las medidas propuestas por Iglesias (Podemos)

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Redacción / Agencias.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó las propuestas que le ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras las últimas subidas del precio de la luz y ha defendido que el modelo eléctrico «está auditado y se audita de una manera continua» por lo que ha insistido en que no se plantea medidas adicionales tras la pregunta de Iglesias sobre cuánto tiene que subir el precio de la electricidad para que el Gobierno «tome cartas en el asunto».

Iglesias le propuso a Rajoy en el Congreso cinco medidas para abaratar el recibo eléctrico: hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España y, si refleja que están muy alejados del precio final, acometer un cambio del sistema de fijación del precio y limitar los «abusos del oligopolio«. De hecho, Rajoy aseguró estar sólo de acuerdo con la primera, si bien ha matizado que «el modelo ya está auditado y se audita de manera continuada».

Asimismo, Iglesias planteó gravar los denominados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares e hidroeléctricas; recuperar la gestión pública de estas centrales hidroeléctricas «cuando caduque la concesión», para «evitar que se esté especulando sobre el agua embalsada»; suprimir el impuesto al sol para favorecer el autoconsumo, y reducir el IVA del recibo del 21% actual al superreducido del 4% o «al menos» al reducido del 10%, en línea con países como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).

Rajoy vinculó las subidas de precios de este mes tanto a la evolución de las materias primas en un 112% del petróleo, un 130% el gas y un 113% el carbón, y a las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que obligaron a producir con centrales más caras. Rajoy recordó que estas subidas afectan a la parte de energía del recibo, que suponen alrededor del 35%, mientras que los peajes que fija el Gobierno y que suponen un 40% llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8% el año pasado. Rajoy también reivindicó que sin las medidas tomadas para poder congelar esos peajes «estaríamos en una situación peor».

En este sentido, Rajoy ha indicado que la situación de parálisis de varias centrales nucleares en Francia también contribuye al encarecimiento del recibo de la luz. De hecho, Rajoy apuntó que esta situación también se está viviendo en otros países, como Francia, Suiza, Italia o Bélgica, en donde el precio de la electricidad «ha subido más que en España«. El presidente subrayó que producir electricidad con energía hidroeléctrica, «agua o viento», es más barato que con petróleo. «Esto es increíble que haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así. Las condiciones meteorológicas no han ayudado», sentenció.

Iglesias le ha vuelto a afear a Rajoy la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas. ¿No le parece impresentable?», le ha apuntado Iglesias. El mercado eléctrico mayorista (pool) cerró enero con unos precios elevados, prácticamente el doble que hace un año, que se traducirán en un alza del recibo de la luz de alrededor del 28,56% para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones del total de 25 millones de consumidores eléctricos.

El CSN volverá a abordar este miércoles la decisión sobre la reapertura de Garoña tras el aplazamiento pedido por Narbona

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó aplazar a este miércoles la «toma de decisión» respecto a la viabilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pudiera volver a conectarse a la red eléctrica y su licencia se renueve hasta el año 2031, cuando cumpla 60 años de funcionamiento, según solicitó su titular, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola). El aplazamiento fue pedido por la consejera Cristina Narbona, según fuentes del regulador atómico.

El asunto estaba en el orden del día para «toma de decisión» pero, según el artículo 34 del Estatuto del CSN, cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión. El presidente puede denegar la petición cuando el asunto haya sido tratado ya en dos sesiones anteriores por lo que, como mucho, la decisión definitiva puede darse esta semana o la próxima, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos. Así, el CSN indicó que aún «no ha adoptado decisión alguna» respecto a estos expedientes pues se aplazó «el debate y toma de decisión», de modo que el pleno proseguirá este miércoles con el estudio y toma en consideración de estos expedientes.

La petición de Nuclenor es de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente cada 10 años, hecho hasta ahora sin precedentes. No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.

Los consejeros han «analizado en detalle» los «diferentes» expedientes administrativos asociados al proceso de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La renovación de la central nuclear de Garoña comenzó a ser debatida el 25 de enero en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado diciembre.

Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. Todo indica que la conclusión será favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta burgalesa funcione de manera segura. La documentación incluye también 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.

En concreto, el trabajo de los técnicos a lo largo de 30.000 horas ha incluido el análisis de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), relativa al intervalo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. En ella se revisó la experiencia operativa propia y ajena, la experiencia relativa al impacto radiológico, los cambios en reglamentación y normativa, el análisis del comportamiento de equipos, las modificaciones de la instalación, el análisis Probabilista de la Seguridad (APS), los programas de evaluación y mejora de la seguridad, el control de la configuración de la central y el programa de vigilancia y control hidrogeológico.

De acuerdo con la nueva normativa, el CSN tiene que analizar el cumplimiento del titular en la RPS y la que esté condicionada a una selección previa por parte del regulador. También apunta que Nuclenor debe realizar un estudio de las mejoras que podría tener que realizar, lo que se conoce como Normativa de Aplicación Condicionada (NAC), para actualizar el conjunto de normas que constituyen la base de licencia de Garoña. En ese contexto, el CSN identificó en el proceso de evaluación varios ejemplos en la normativa internacional en materia de guías de seguimiento para evaluar interferencias en evaluaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia relacionadas con la seguridad; la cualificación de la seguridad del cableado o los residuos radiactivos, entre otras.

El 2 de junio de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó un informe preceptivo al CSN según lo previsto en el artículo 28.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que había sido modificado el año anterior. El 30 de julio de 2014, el CSN acordó remitir al titular de la central la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia CSN/ITC/SG/SMG/14/01, sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Asimismo, el regulador destaca que en la evaluación se han analizado las propuestas de los Documentos Oficiales de Explotación, que acompañan a la solicitud de la renovación de la Autorización de explotación y las posteriores revisiones remitidas por el titular, como resultado del proceso evaluador realizado. En concreto se trata del Estudio de Seguridad, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, el Plan de Emergencia Interior, el Manual de Garantía de Calidad, el Manual de Protección Radiológica, el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, y el Plan de Protección Física de la central.

Respecto a la autorización de protección física, el CSN señala que la autorización se otorgará «en su caso, por el mismo plazo de validez» por el que se conceda la autorización de explotación. En cuanto a la evaluación de la revisión del Plan de Protección Física, se presentó como soporte a la solicitud de renovación de la autorización de protección física e incluye la incorporación del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El pleno ha examinado también las evaluaciones realizadas sobre modificaciones de diseño de la central para las que se ha establecido un proceso de licencia específico, como un nuevo Sistema de Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), que fue requerida como una condición derivada del proceso de la revisión de la normativa de aplicación condicionada (NAC) en el informe que emitió el CSN en 2009 y que figura en el punto 20 de la ITC/14.01.

En este expediente, el CSN evaluó también las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y del Estudio de Seguridad (ES) asociadas a esta modificación de diseño. En concreto, Garoña deberá construir un nuevo edificio con muros de hormigón armado de clase sísmica 1 que alberga este sistema de tratamiento de gases y un montaje del sistema de reserva de tratamiento de gases. Del mismo modo, Nuclenor tendrá que instalar un sistema de ventilación clasificado como «no relacionado con la seguridad» e instalar los servicios auxiliares.

También se abordó «como expediente específico», la sustitución del cableado eléctrico y la reubicación en un nuevo edifico de un centro de control de motores y panel de control del sistema de inyección al reactor de agua a alta presión (HPCI). Entre otros asuntos relativos a Garoña figuraba también la apreciación favorable a la puesta en servicio parcial de las modificaciones de diseño sobre la división eléctrica y del programa favorable de las modificaciones post-Fukushima, que incluye implantar el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), de un Sistema de Venteo Filtrado de Contención (SVFC) y la implantación de los Recombinadores pasivos autocatalíticos de Hidrógeno (PAR). El CSN requirió que este programa deberá completarse “antes de la carga de combustible».

La demanda de electricidad se dispara un 7,4% en enero, con la nuclear y el carbón como primeras tecnologías generadoras

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Redacción / Agencias.- La demanda peninsular estimada de electricidad ascendió a 23.052 gigavatios hora (GWh) en el mes de enero, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto al mismo mes del año anterior por la ola de frío que ha elevado el consumo, según Red Eléctrica de España (REE). Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica aumentó un 5% con respecto a enero de 2016.

Las tecnologías que más aportaron a lo largo del mes en la cobertura de esta demanda fueron la nuclear, con un 22,2%, seguida del carbón (21,8%). Por su parte, la eólica, cuya producción alcanzó los 4.789 GWh, un 14,6% inferior a la del mismo mes del año pasado, cubrió el 20,1% de la demanda. Los ciclos combinados, centrales que usan gas, representaron el 12,3%, la cogeneración el 10,1% y la hidráulica el 8,5%. La aportación de la solar fotovoltaica fue del 1,8% y la de la solar térmica del 0,6%.

Se trata de un mes con un mix de generación con un mayor peso de las energías no renovables de la habitual: un 67,3% de toda la energía se generó con fuentes no renovables frente a un 32,7% de renovables, según indicó el gestor de la red eléctrica. El 54,6% de la producción eléctrica en el mes de enero procedió de tecnologías que no emiten CO2. Esta combinación, con picos de consumo elevados y unas condiciones meteorológicas adversas, ha llevado al mercado eléctrico mayorista a cerrar enero con unos precios elevados que se traducirán en un alza del recibo de la luz de alrededor del 28,56% para los 12 millones de consumidores acogidos al PVPC.