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Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

Manuel Rodríguez Martí, nombrado por el Gobierno nuevo secretario general del CSN, toma posesión con la «exigencia de no defraudar»

Europa Press.– El técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, ha tomado posesión de su cargo como secretario general del regulador nuclear, tras ser nombrado recientemente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y en ese acto ha prometido «no defraudar».

El acto de toma de posesión se ha celebrado en la sede del CSN, de acuerdo con el Real Decreto 280/2017, publicado en el BOE con fecha de 17 de marzo de 2017. Al acto han asistido los miembros del pleno del CSN así como técnicos del regulador, del sector y varias autoridades del Estado. El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha agradecido el trabajo desempeñado por la anterior secretaria general del regulador, María Luisa Rodríguez, y ha manifestado la «completa confianza» en su sucesor por sus conocimientos técnicos así como por su experiencia en el funcionamiento del CSN.

Por su parte, Rodríguez ha agradecido su nombramiento ya que para él supone «todo un honor y orgullo» convertirse en secretario general del CSN, donde lleva 32 años trabajando, prácticamente la totalidad de su vida profesional. En este mismo sentido ha querido destacar que se trata de una gran ocasión pero al mismo tiempo de una gran responsabilidad, ya que es la primera vez que un técnico del organismo regulador ocupa este puesto. Finalmente, ha manifestado que es consciente de todos los retos que afronta y ha prometido todo su entusiasmo y su dedicación en la «exigencia de no defraudar».

Una vida en el CSN

Rodríguez Martí, nacido en febrero de 1959, es Ingeniero Industrial y pertenece a la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado varios puestos técnicos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica, entre ellos el de jefe de Proyectos de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara), el de jefe de Gabinete de la Dirección Técnica, y el de subdirector de Protección Radiológica Operacional. Desde 2013 era subdirector de Instalaciones Nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Pleno del CSN acordó por unanimidad su nombramiento en noviembre para suceder a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que a su vez lo remitió a la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. El nombramiento salió adelante con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que votó en favor de la propuesta.

El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

La Comisión Europea avala compensar a las compañías operadoras de 3 reactores nucleares en Bélgica en caso de cierre anticipado

Europa Press.- La Comisión Europea ha avalado el plan del Gobierno belga para compensar a las empresas Engie-Electrabel y EDF por los potenciales riesgos financieros ligados a la prolongación de la vida operativa de 3 reactores nucleares en Bélgica, los de Tihange 1 y Doel 1 y 2, en caso de que se cierre de forma anticipada.

Las autoridades belgas concluyeron en 2014 y 2015 dos acuerdos con las operadoras Engie-Electrabel y la filial belga de EDF para prolongar la vida útil de estos tres reactores otros 10 años, a cambio de una inversión de alrededor de 1.300 millones de euros que aportarán ambas empresas. Estas recibirán una compensación financiera no obstante si el Gobierno belga decide cerrar los reactores antes de los 10 años, en caso de que se modifique el impuesto fiscal que pagan las operadoras o en caso de cambios en los parámetros económicos de los acuerdos. Bélgica argumentó que las garantías públicas eran necesarias para garantizar la inversión a largo plazo en la energía nuclear por las empresas.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que las garantías suponen «una ventaja económica» para las operadoras, pero «evitan distorsiones indebidas en el mercado energético belga» dado que la principal empresa eléctrica en el mercado belga, Engie-Electrabel, estará obligada a vender un volumen equivalente a su cuota de producción anual en los tres reactores al año en los mercados de electricidad regulados. Ello garantizará que haya liquidez en el mercado de electricidad en Bélgica y ayudará a aumentar la competencia entre diferentes proveedores. Por ello, la Comisión Europea ha aprobado el plan belga tras comprobar que respeta las normas europeas sobre ayudas públicas, que deben ser «limitadas» y «proporcionales» a sus objetivos.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar las centrales nucleares en 2024 y acabar ya con el carbón

Europa Press.- La Fundación Renovables asegura que es «viable» y que supone una «oportunidad» cerrar las centrales nucleares en 2024 y reitera su reclamación de exigir un plan de cierre del carbón, que “debería haber cesado su actividad” antes de 2015, así como prohibir las prospecciones de hidrocarburos.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar los reactores al término de su licencia de operación, lo que supondría prescindir de esta tecnología en el año 2024. La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía fue la propuesta de la Fundación, con más de trescientas actuaciones concretas para llevar a cabo el cambio de modelo energético en España.

La Fundación insiste en que la energía es un bien básico y escaso que debe estar por encima de los intereses económicos que se generan a su alrededor para «recuperar el atributo de utilidad pública» lo que cobra todo su sentido a la hora de abordar el tema de prolongar o no la vida de las centrales nucleares. En este sentido, el patrono de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, resaltó que se deben anteponer los intereses generales a los de las empresas titulares de dichas instalaciones, que serían las «únicas beneficiadas de esa prórroga».

ATC, “sólo para el desmantelamiento”

Asimismo, considera que las plantas nucleares son “insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad». Por ello, a su juicio la nuclear «no forma parte del escenario energético deseable para España». En su propuesta de cierre, expone que se debe acometer una auditoría técnica y la definición de la fecha de cierre anticipado en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. En cuanto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares valora que «solamente tiene sentido» si es un elemento más del plan de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y no debe plantearse y decidirse su construcción si no hay, previamente, un plan de cierre programado de centrales.

En todo caso, pide para la nuclear un plan de transición justa como el del carbón, que conlleve la dinamización y diversificación económica de las zonas afectadas y la movilización de inversiones público-privadas para crear empleo de calidad en sectores emergentes más sostenibles. Como alternativa, el patrono Sergio De Otto aboga por la energía renovable como la más «sostenible, socialmente más justa, competitiva y al alcance de todos los países como son las energías renovables, potenciar el autoconsumo, aumentar la capacidad de bombeo, el biogás y en la medida de lo necesario el parque de ciclos combinados como apoyo transitorio.

El director de la nuclear de Trillo pide abordar el ATC desde un punto de vista “técnico y no político”

Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, considera que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado para su instalación en Villar de Cañas debería afrontarse desde el punto de vista «técnico y no político», tras lo que ha pedido tanto a las distintas administraciones involucradas en su desarrollo como a los partidos políticos «visión de Estado» para resolver su futuro.

Rodríguez ve «fundamental» poner en marcha un almacén de residuos en el medio plazo, por lo que ha enfatizado que es un tema que no ha de tratarse «como una moneda de cambio» entre formaciones políticas. «El ATC es una instalación necesaria para un país que tiene centrales nucleares. Guste o no, las centrales están ahí, no las podemos borrar del mapa ni borrar los residuos que generan, así que hay que resolver esto«, asevera.

En cuanto a la solución alternativa de seguir almacenando los residuos en almacenes temporales individuales (ATI) en cada central nuclear, ha dicho que estas instalaciones sirvieron en su día para que las centrales «pudieran esperar con más calma y menos nervios la puesta en marcha de un ATC», algo que tendrá que ocurrir «tarde o temprano». «Es necesario que tengamos un lugar donde llevar los contenedores de residuos desde las centrales antes del siguiente paso, que es ir hacia un almacén geológico definitivo. No podemos obviar la necesidad del ATC. Es imprescindible», ha subrayado. Por ello, se cuestiona si la idea alternativa del ATI es actuar así «hasta la eternidad».

Aquilino Rodríguez recuerda que la central que dirige tiene autorización de funcionamiento hasta 2024, si bien precisó que tiene «ciertos límites y autorizaciones que cumplir y no un cheque en blanco». En 2021, explicó, «serán las empresas propietarias de la central las que tendrán que tomar la decisión de si solicitan una renovación». Será el Consejo de Seguridad Nuclear el que fije los límites y condiciones, «los cuales podrán ser elevados por el Ministerio de Energía«. «Si las empresas propietarias deciden continuar, seguiremos haciéndolo”, auguró.

Cuarto mejor año de Trillo

Por otra parte, la central nuclear de Trillo cerró el ejercicio de 2016 con una producción bruta total de 8.552,9 gigawatios, el cuarto mejor registro desde que se puso en marcha en 1989, después de que el balance del segundo semestre del año elevara la producción hasta los 4.685,7 gigawatios, 300 más que el saldo de la primera mitad de 2016. Así lo ha puesto de manifiesto Rodríguez, quien celebró que la instalación haya funcionado «como en sus mejores tiempos».

Tras detallar que a lo largo del año hubo tres momentos concretos de reducción de potencia al 65% a petición del despacho de cargas, ha recordado que en el mes de mayo se llevó a cabo la última recarga de combustible, poniendo el acento en que se realizó en 27 horas menos de lo previsto. Además, la central sigue sin registrar ninguna parada automática del reactor por décimo año consecutivo, «ni siquiera paradas de turbina», tal y como ha subrayado.

Aquilino Rodríguez ha avanzado que la próxima parada para recarga de combustible, que será la decimonovena de su historia, tendrá lugar el 5 de mayo, y durante un mes dejará sin actividad la instalación. Se trata de una parada «bastante normal», si bien ha adelantado que en 2018 la parada será «más especial», de las que se realizan una vez cada 10 años. La próxima parada contará con 40 empresas especializadas en trabajos de recarga y unas mil personas trabajando adicionales a la plantilla. «Vamos a hacer actividades significativas de las que se hacen todos los años como cambiar elementos combustibles, 40 en total, lo que representa una cuarta parte de los elementos combustibles», detalló.

Como actividades más significativas durante la próxima parada, Rodríguez señaló que se realizarán pruebas de presión del recinto de contención, algo que se hace cada 8 años, fase en la que se someterá a dicho recinto durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. Además, se revisará la turbina de alta presión, algo que se realiza cada 9 o 10 años; y se llevará a cabo una última modificación de diseño significativa, relativa al sistema de Venteo Filtrado de la Contención, que ya ha comenzado para que esté lista antes de que acabe el año. Todas estas acciones son “muestras de que la central, a medida de que va cumpliendo años, se va renovando tecnológicamente», concluyó.

Siemens instala por primera vez una pieza impresa en 3D en una central nuclear, la de Krsko (Eslovenia)

Europa Press.- Siemens efectuó la primera instalación comercial exitosa y con posterior uso continuado con seguridad de una pieza impresa en 3D en una central nuclear. La pieza de sustitución fabricada para la central nuclear de Krsko (Eslovenia) es un impulsor para una bomba de protección contra incendios que se encuentra en funcionamiento rotativo constante y que proporciona presión para el sistema de protección contra incendios de la central.

Se trata de un «gemelo digital» de la pieza original, en funcionamiento desde la inauguración de la central en 1981 y su fabricante original ya había cesado su actividad, una situación «especialmente adecuada» para la tecnología de impresión 3D, ya que tanto las piezas como sus diseños son «prácticamente imposibles de obtener». Esta tecnología permite así a las centrales seguir en funcionamiento y superar su vida útil prevista. Siemens destacó que, debido a los estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad del sector nuclear, obtener esta cualificación representa «un logro significativo».

El director general de la división Power Generation Services de Siemens, Tim Holt, ha asegurado que «este logro en la central nuclear de Krsko es un ejemplo más de cómo la transformación digital y las capacidades basadas en datos que poseemos afectan al sector energético de maneras realmente importantes«. «La fabricación aditiva ha reducido los plazos y una producción más rápida optimiza la sustitución de piezas y ofrece un valor real a nuestros clientes», explicó.

Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable de la nueva pieza 3D, Siemens llevó a cabo numerosos ensayos durante meses en colaboración con el equipo de operaciones de Krsko. Otros ensayos de materiales de un instituto independiente, así como un análisis mediante tomografía computarizada, mostraron que las propiedades materiales de la pieza 3D eran superiores a las de la pieza original, según indicó la compañía.

La central nuclear de Krsko se encuentra entre las más destacadas de Europa según el Grupo de Reguladores Europeos en términos de seguridad, de acuerdo con evaluaciones motivadas por el accidente en Fukushima. Suministra más de un cuarto de la electricidad de Eslovenia y un 15% de la de Croacia. Siemens y la central de Krsko continuarán sus investigaciones y desean mejorar el diseño de piezas «extremadamente difíciles» de producir mediante técnicas de fabricación tradicionales, como pueden ser estructuras ligeras con patrones de enfriamiento mejorados.

El TSJCM suspende el decreto castellano-manchego por el que se amplía la ZEPA para evitar el ATC de residuos nucleares

Europa Press.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) acordó suspender la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico por el que amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria. Así figura en un auto del TSJCM del 8 de marzo.

En julio de 2015, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas. Está ampliación, según el Gobierno castellano-manchego, prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno», algo que haría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del ATC en Cuenca».

ZEPA recurrida por Gobierno central

Posteriormente, en octubre de 2015 el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM contra este acuerdo del Consejo de Gobierno, ahora suspendido. Ya el pasado enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de este acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, «es más atendible» el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una «pronta y correcta» gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Castilla-La Mancha contra el ATC

Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado ante el auto del TSJCM asegurando que no entra en el fondo del asunto y que, en todo caso, no impedirá que el Ejecutivo regional siga trabajando para evitar la instalación del silo en la provincia de Cuenca. Martínez Arroyo ha recordado que la decisión judicial del TSJCM es una suspensión cautelar, ante la cual ha mostrado «respeto», si bien no hace que desde su Consejería abandonen el «compromiso con el medioambiente».

«Estamos obligados a trabajar por la preservación de espacios naturales», ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que esta decisión judicial se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo «que prioriza intereses nucleares sobre intereses medioambientales«. Pese al «respeto» a las sentencias judiciales, el consejero de Agricultura castellano-manchego ha afirmado que el Gobierno autonómico «siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares«, tras lo que ha subrayado que esos intereses nucleares «pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas».

Greenpeace denuncia que Japón presiona a los afectados por el accidente de Fukushima para que vuelvan a la zona contaminada

Europa Press.- Greenpeace denuncia que Japón está presionando a la población afectada por el terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daichi para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas por la planta accidentada. Entre otras medidas, retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según Greenpeace, está aún «fuera de control».

La ONG advierte de que, cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear «de manera significativa», algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable. Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 Kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.

El director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, denuncia que esta medida es «un intento» del Gobierno nipón por ayudar a la industria nuclear y dar «una sensación falsa de normalidad», pese a que los muestreos de la ONG dicen «lo contrario». Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, asevera que estaría «encantada» de invitar a Fukushima al ministro de Energía, «que apuesta por las viejas nucleares, para mostrarle lo que está pasando allí». «Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca», reprueba.

Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y ha encontrado dosis de radiación que están «muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan”. De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax semanal. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver.

En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos. En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España «que coquetea con reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear «envejecido» que deje de apostar por esta tecnología y avance «con urgencia» las energías renovables.

Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información «transparente» sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad. Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.

Protección Civil dará apoyo técnico y asesoramiento a municipios cercanos a centrales nucleares en caso de emergencia

Europa Press.- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias asesorará y prestará apoyo técnico a las autoridades de los municipios que se encuentran a menos de 10 kilómetros de las centrales nucleares para preparar y desarrollar las actividades programadas en casos de emergencia nuclear.

Así consta en el Protocolo General firmado entre el Ministerio del Interior y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para mejorar la eficacia de los planes de actuación en caso de emergencia nuclear en los municipios ubicados en las zonas I (10 kilómetros alrededor de la central nuclear). En el acto participaron el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, y los alcaldes de Bozoo (Burgos), Millanes de la Mata (Cáceres), Valdeconcha (Guadalajara), Solanillos (Guadalajara), Vandellós y Hospitalet de L’Infant (Tarragona) y Ascó (Tarragona), así como el presidente, el gerente y la coordinadora de AMAC.

El objetivo es garantizar una adecuada preparación y respuesta de los Planes de Actuación Municipal, en coherencia con otros órganos de la Administración General del Estado implicados en la gestión de esas emergencias, en particular, las Unidades de Protección Civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por su parte, AMAC dirigirá sus actuaciones a conseguir los acuerdos necesarios entre sus miembros para que las actividades que se deriven de la aplicación del Protocolo puedan realizarse siguiendo el orden de prioridad más conveniente para cada municipio. También deberá facilitar la intervención del personal designado por la Dirección General de Protección Civil y por las Subdelegaciones del Gobierno.

Concretamente, el desarrollo del protocolo se centrará especialmente en la preparación y puesta en práctica de Programas de Información Preventiva a la población en el ámbito municipal; en el fomento y desarrollo de la formación teórica y práctica en la gestión de emergencias nucleares del personal adscrito a la organización de los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear y en la preparación y puesta en práctica de Ejercicios y Simulacros, en los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear.

Asimismo, el protocolo prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, formada por cuatro representantes designados por cada una de las partes, que se reunirá al menos dos veces al año. Entre otras actuaciones, también se constituirá una Subcomisión de Zona en cada una de las zonas I de los Planes de Emergencia Nuclear, compuesta por tres representantes de los municipios concernidos que formen parten de la AMAC, dos de la Dirección General de Protección Civil y uno de la Subdelegación del Gobierno correspondiente.