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El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

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Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.

Energía da más tiempo a las centrales nucleares de Trillo, Cofrentes y Ascó para pedir la renovación de su licencia

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las órdenes ministeriales por las que se concede más tiempo a las centrales nucleares de Trillo I, Cofrentes y Asco I y II para la solicitud de la renovación de su licencia de operación.

Conforme a la orden ministerial, cuyo borrador fue informado favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las centrales ya no tendrán que solicitar la renovación tres años antes del vencimiento de las mismas, sino un año antes o, previsiblemente, dos meses después de la aprobación del Plan Integral de Energía y Clima que prepara el Gobierno. Es decir, la nueva norma establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética, contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerá los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París.

El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares puedan plantearse «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación», una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix. Para el Gobierno, esto «favorecerá su coherencia con la política energética”, señala la orden. Sin embargo, en el caso de que esta planificación no estuviera aprobada, dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de la central, se podrá presentar la solicitud de la renovación «con ocasión de tal presentación».

En el caso de Cofrentes (Valencia), propiedad 100% de Iberdrola, la autorización de 10 años expira el 20 de marzo de 2021, mientras que para Ascó I (Endesa 100%) y II (Endesa 85% e Iberdrola (15%), finaliza el 2 de octubre de 2021. Para Trillo I (Guadalajara), participada por Iberdrola (48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), EDP (15,5%) y Nuclenor (2%), concluye el 17 de noviembre de 2024. Con esta modificación, las centrales nucleares contarán con más plazo para conocer la planificación energética y optar así o no a pedir una nueva renovación de su licencia.

La propuesta del Gobierno sí que mantiene el plazo de 3 años para que los titulares de las centrales nucleares presenten un conjunto de documentación asociada a la eventual operación a largo plazo. Se trata del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado y la Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10., que incorpora la experiencia internacional en materia de RPS en los países de nuestro entorno así como los documentos generados en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El pasado junio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya concedió más tiempo para la solicitud de la renovación de su licencia de operación a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós II (Tarragona), que eran las que antes expiraban. En el caso de Almaraz, participada en un 53% por Iberdrola, en un 36% por Endesa y en un 11% por Gas Natural Fenosa, tiene permiso de operación hasta el 8 de junio de 2020, mientras que en la de Vandellós II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la caducidad está fijada para el 26 de julio de 2020.

El CSN admite el vertido de cesio en Garoña denunciado por Equo pero niega que hubiera contaminación fuera de control

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha afirmado que conocía el vertido de cesio radiactivo hallado en junio en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que este se produjo dentro de la central, en un área controlada, al tiempo que ha asegurado que ya se ha efectuado la limpieza del mismo.

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que «al parecer no ha sido notificado» al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido. Ante esta pregunta parlamentaria, fuentes del CSN han explicado que la mancha de contaminación por cesio radiactivo se encontró en los bidones de residuos y asegura que conoció el hecho «desde el primer momento» a través del inspector residente en Santa María de Garoña (Burgos).

Además, ha precisado que el vertido se produjo en una zona clasificada radiológicamente y sin acceso dentro de la central y aseguraron que «no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta» y que esta «no es desprendible», es decir, que está adherida y no se puede ir del lugar. En todo caso, el regulador añadió que se han tomado medidas para retirar este cesio y se procedió a limpiar la zona y se picó el suelo donde estaban estos bidones para una mayor seguridad. Por último, ha explicado que este hecho no es notificable al CSN con carácter inmediato y que la información lleva «su proceso» de modo que aparecerá próximamente en Internet.

Piden que investigue el Gobierno

La formación ecologista Equo registró en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, según Equo, se registró en el exterior de la central nuclear de Garoña. El coportavoz del partido, Juan López de Uralde, explica que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta. A su juicio, este incidente «debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo». Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Garoña se encuentra actualmente a la espera de recibir el permiso del Gobierno para su reapertura. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el próximo mes de agosto para tomar esta decisión después de que el CSN haya emitido un informe a favor de la reactivación de la central. Este documento generó las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión, Nuclenor, no ha realizado aún.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

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Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.

Bogas (Endesa) pide consenso político sobre Garoña y destaca que está «en perfecto estado de revista»

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha destacado que la central nuclear de Garoña está «en perfecto estado de revista» y que «podría seguir adelante» desde el punto de vista del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero ha apuntado la necesidad de llegar a un consenso con los partidos políticos. En este sentido, Bogas ha transmitido «tranquilidad» ante la situación de la central.

«Nosotros no hemos cambiado de punto de vista, creemos que las cosas hay que hacerlas de forma ordenada», subrayó Bogas. «Decía el ministro que la política energética del país no podía supeditarse solo a decisiones económicas y yo estoy de acuerdo con él», añadió. Por ello, ha apuntado que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en «un tema tan importante como este».

A pesar de que Bogas ha hecho hincapié en que Garoña está en perfecto estado de funcionamiento, reconoce que abrirla o cerrarla «no influye ni cambia absolutamente nada», porque solo supone «450 megavatios nada más». En esta línea, ha afirmado que si la vida útil de las nucleares finalizase a los 40 años «habría un déficit», lo que no sucedería si cerrasen a los 50.

Respecto a la transición energética, el consejero delegado de Endesa ha señalado que para cumplir con los objetivos de renovables de la Unión Europea con vista a 2030 es necesario incrementar su potencia instalada en 30.000 megavatios. «Si eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios», ha apuntado, para justificar que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería «físicamente imposible». «Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares», añadió.

Debate en Castilla y León

Por otro lado, el grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado sendas enmiendas de PSOE y Podemos a través de las que se reclamaba la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos, ante la posibilidad de cierre y que fueron votadas en contra por el PP al defender el mantenimiento de la central. En concreto, entre las iniciativas planteadas por el PSOE y defendidas por Javier Izquierdo, se encontraba una valorada en 1,7 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de revitalización de Garoña.

No obstante el procurador del PP, Salvador Cruz, ha insistido en su postura en contra ya que, como ha recordado, los populares defienden el mantenimiento de la nuclear con el respaldo del CSN. Además, Cruz se ha preguntado qué pretende hacer el PSOE con ese dinero ya que, como ha recordado, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció el cierre presentó acciones valoradas en 950 millones de euros. «Plantean ahora una inversión de 25 millones del Estado y 1,7 millones de la Junta, ese es su gran plan», se ha preguntado Cruz, quien insistió en su continuidad.

“Ustedes acabarán haciendo el ridículo”

Sin embargo, Izquierdo ha advertido a Cruz que quienes van a hacer el ridículo sobre este aspecto va a ser el PP que actúan como «cobaya» de las «eléctricas» en materia de energía nuclear. «Es muy probable que no se reabra y quien acabará en ridículo serán ustedes» ha aseverado. Asimismo, el procurador de Podemos, Félix Díez, también defendió una enmienda de su grupo en este sentido, ya que «el PP no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa económica».

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

Bruselas autoriza a Alemania a crear un fondo de 24.100 millones de euros para la gestión de los residuos nucleares

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Europa Press.- La Comisión Europea ha autorizado a Alemania a crear un fondo de 24.100 millones de euros para la gestión de residuos radioactivos, tras concluir que se trata de una medida proporcionada. El objetivo es que sean transferidos al Estado alemán los pasivos de las nucleares vinculados a la gestión de residuos radioactivos y de combustible usado procedente de las centrales nucleares. Para ello, el fondo deberá contar con los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento.

Los operadores de las centrales deberán aportar a cambio una inversión al contado para el fondo de 24.100 millones, que se compondrá de una cantidad básica equivalente a las disposiciones ya reservada por los operadores para este propósito y una prima de riesgo destinadas a cubrir el riesgo de aumentos de costos en el futuro. En su análisis, la Comisión Europea concluye que la actuación de Alemania constituye una ayuda de Estado, cuyo principal objetivo es garantizar que hay fondos suficientes para que la gestión de los residuos quede en manos públicas y protegida del riesgo de inestabilidad de la situación financiera de los operadores.

Ciudadanos pide que Nadal explique al Congreso el retraso en la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016. La formación naranja ha registrado, además, una pregunta sobre este mismo tema.

Ciudadanos recuerda en el documento que la decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Ha sido en abril de este año cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso origina un «sobrecoste», según denunció el pasado mes de abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, ya que la situación está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.

España se convirtió en 2016 en importador neto de electricidad por primera vez desde 2003

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Europa Press.- El sistema eléctrico español cerró 2016 con un saldo importador neto, lo que no ocurría desde 2003, según indica Red Eléctrica de España (REE) en el Informe del sistema eléctrico español 2016, en el que cifra en 7.660 gigavatios hora (GWh) la posición final compradora.

Durante el ejercicio, el volumen de energía negociada a través de los programas de intercambio con otros países se situó en 33.032 GWh, un 41,7% superior al del 2015. Las exportaciones aumentaron un 8,2%, hasta 12.686 GWh, mientras que el incremento de importaciones fue del 75%, hasta 20.346 GWh. El informe del gestor de la red eléctrica también muestra que la demanda de electricidad mantuvo en 2016 su tendencia de crecimiento por segundo año consecutivo, al incrementarse un 0,7% con respecto a 2015, hasta 265.009 GWh. Por regiones, la demanda de energía eléctrica experimentó un crecimiento generalizado en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, País Vasco, Cantabria y Melilla.

El máximo de potencia instantánea peninsular de este año se registró, por primera vez, en el periodo de verano, concretamente el 6 de septiembre a las 13.32 horas, momento en el que la demanda alcanzó los 40.489 MW, apenas un 0,6% inferior al máximo del año anterior registrado en febrero, pero aún alejado del histórico de 45.450 MW del 2007.

En cuanto al consumo de las grandes empresas, cuya evolución REE analiza a través del Índice de Red Eléctrica (IRE), se produjo una disminución del 0,8% con respecto a 2015, una vez tenidos en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas. Por sectores, el IRE industrial, que representa alrededor del 30% de la demanda, registró un descenso del 0,9%, mientras que el sector servicios, que supone cerca del 13%, disminuyó un 1,1%, una vez corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas.

Aumenta la generación de renovables

La producción renovable mantuvo un papel destacado en el mix de generación del sistema eléctrico peninsular, ya que alcanzó el 40,8% del total, una participación superior a la que obtuviera en el 2015, en el que alcanzó el 36,9%. Este dato ha sido posible, principalmente, por el crecimiento del 25,5% de la producción hidráulica y por el descenso de la generación con carbón, cuya producción fue un 30,9% inferior a la del 2015, indica REE.

Este aumento de la participación renovable en el mix de generación peninsular se ha traducido en un descenso en las emisiones de CO2 a nivel nacional derivadas de la generación eléctrica hasta alcanzar el nivel más bajo en los últimos 10 años. Concretamente, el nivel de emisiones derivadas de la producción eléctrica se situó en 63,5 millones de toneladas, valor un 18,3% inferior al registro del 2015, y un 43,1% menor que el del 2007.

La nuclear, con un 22,9% de la producción, ha sido la primera tecnología de generación peninsular en 2016, seguida de la eólica (19,3%) la hidráulica (14,6%) y el carbón (14,4%), mientras que el restante 28,8% de la generación se repartió entre los ciclos combinados (10,5%), la cogeneración (10,4%), la solar (5,2%) y residuos y otras renovables (2,7%), con valores similares a los del año anterior.

A 31 de diciembre del 2016, el sistema eléctrico español sumaba una potencia instalada de 105.279 MW, un 0,8% inferior a la del 2015. Este descenso se corresponde casi en su totalidad con la baja en el mercado de producción de 5 instalaciones de carbón que suman conjuntamente 932,2 MW, lo que supone respecto al 2015 un descenso del 8,5% de la potencia instalada con carbón. Durante el año 2016 se pusieron en servicio 674 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, con lo que la red nacional alcanza al finalizar el año un total de 43.800 kilómetros y 5.609 posiciones. Por su parte, la capacidad de transformación asciende a 85.144 MVA.