Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha afirmado que el Gobierno no condiciona los objetivos de energías renovables a la existencia de más interconexiones energéticas en la Unión Europea aunque sin ellas «España no llega» a su cumplimiento. Se trata de una cuestión planteada por España y Portugal, países que han pedido aumentar las interconexiones para avanzar en el mercado único energético y acabar con la «isla energética» que es la Península Ibérica.

Para elaborar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha creado un grupo de expertos a propuesta del propio Ejecutivo, los grupos políticos, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Navia explicó que no se trata de proporcionar al Gobierno una estrategia energética, sino que aporte iniciativas y que cada una de ellas vaya asociada con un análisis de sus costes y beneficios. Respecto a esta ley, Navia destacó la interlocución que el Gobierno mantiene con los grupos de la oposición en el Congreso, con quienes hay un diálogo «muy positivo».

El secretario de Estado destacó la importancia del consenso social y su sostenibilidad financiera para la predictibilidad de la ley y su duración en el tiempo ya que consideró que tendrá que hacerse una ley que genere empleo y no suponga una reducción de la industria o que haya mayores costes que ingresos”. «Si no es sostenible financieramente, la realidad se impondrá y se cambiará», al tiempo que recordó la inserción de la ley en la legislación europea. «España tiene que acompasarse e influir en la política europea, para lo que es fundamental que como país demos una imagen coherente», señaló Navia, por lo que destacó la existencia de un proceso abierto de participación y consulta pública de la ley.

Según Navia, el objetivo de la ley es vertebrar los esfuerzos por cumplir los objetivos de cambio climático a la vez que se tiene en cuenta la eficiencia y «se crea prosperidad económica». Así, Navia subrayó la importancia de que la transición energética sea un proceso gradual y señaló la conveniencia de diversificar políticas para evitar errores que «nos lleven a situaciones de no retorno».

Destacó la duplicidad de sistemas energéticos para cubrir la demanda todos los días, independientemente de la climatología, «salvo que se desarrolle la tecnología de almacenamiento». Para ello, la solución es pagar por la capacidad, por un sistema de respaldo a las renovables que dé seguridad en el suministro y garantía de precio. «Quién sea capaz de garantizar la capacidad a un precio competitivo es el que debe participar«, aseguró Navia.

En cuanto a la energía nuclear, el secretario de Estado afirmó que la postura del Gobierno «es clara» al señalar que «la energía nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones». Navia ha vuelto a mostrar la postura favorable del Gobierno a prorrogar en 10 años la vida útil de las centrales, como están haciendo otros países de Europa, y ha manifestado que renunciar a ella implica costes económicos y medioambientales. «También tiene una idea de gradualidad y reversión de las políticas. Llevamos 40 años invirtiendo en energía nuclear y no tendría sentido amortizarla inmediatamente» apuntó.

A pesar de reconocer que no ha sido la forma «más óptima», también ha defendido las dos recientes subastas de renovables, que en conjunto han sumado 8.000 megavatios (MW), pues considera que estas nuevas adjudicaciones de retribución a las renovables sólo se han podido hacer «cuando ha habido margen financiero». «Han sido un gran éxito y son razonablemente defendibles», sostuvo Navia, que destacó que al haber esperado más que otros países «ahora estamos aprovechando las ventajas tecnológicas desarrolladas los últimos años».  Respecto al vehículo eléctrico, avanzó que antes de fin de año habrá iniciativas para desarrollar infraestructuras de recarga, pues incentiva más la compra de estos coches que las subvenciones y tiene un coste menor.

Asimismo, cree que la ley debe profundizar y buscar un «tono más social» de la eficiencia en aquellos hogares con menores recursos. «Tiene mucho sentido que estas casas tengan más acceso a recursos para mejorar la eficiencia». Por último, en cuanto a la cuestión del autoconsumo, aseguró que el Gobierno «está totalmente abierto a nuevas propuestas» y quiere eliminar trabas administrativas, aunque no es partidario de subvencionar el autoconsumo a pequeña escala porque es más eficiente hacerlo a otras renovables.