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Castilla-La Mancha cree que los temblores cerca del futuro ATC deben tumbar un proyecto que «puede traer el holocausto nuclear»

Europa Press.- Mientras el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, cree que no hay «absolutamente nada» que temer tras el terremoto registrado en La Alberca de Záncara (Cuenca), a unos 39 kilómetros del emplazamiento elegido para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que este temblor «debería hacer tambalear el proyecto antes de que haga tambalear una infraestructura que podría traer el holocausto nuclear».

Ojo al transporte de residuos

Hernando ha considerado que este terremoto, de 3,2 grados en la escala de Richter, «tiene que hacer que la sociedad se eche las manos a la cabeza» ante el proyecto. Asimismo, según ha indicado, el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas «pondría en peligro a 215 municipios de España», por lo que hay que finiquitar el proyecto y «evitar que tres o cuatro se salgan con la suya».

“No hay nada que temer”

Por su parte, José Julián Gregorio ha asegurado que las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares españolas son «de las más importantes a nivel europeo» y que la ciudadanía «no tiene que temer absolutamente nada». Gregorio ha hecho hincapié en que las medidas de seguridad en estas instalaciones «están todas supeditadas a parámetros de la seguridad nuclear europea», insistiendo en que dichas medidas «están valoradas por las inspecciones europeas». El delegado del Gobierno en la región ha afirmado que sigue pensando que el ATC es «una instalación necesaria» para el país y ha apuntado que su llegada traerá «una riqueza muy importante» para una zona «muy deprimida» porque «el empleo que trae el ATC es un empleo de calidad».

Jorge Fabra destaca la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico del CSN en su toma de posesión como consejero

Europa Press.- Jorge Fabra Utray ha destacado la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico como los tres aspectos «fundamentales» que deben estar en su opinión en la labor diaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde tomó posesión de su cargo como consejero de pleno, en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó el pasado verano para asumir la presidencia del PSOE.

En su toma de posesión, ha manifestado que la neutralidad e independencia en la toma de decisiones, la transparencia para generar confianza, dentro y fuera del CSN, y rigor técnico en el desempeño de las funciones de supervisión y regulación, son aspectos fundamentales en ese cargo. Fabra Utray fue nombrado consejero el 7 de diciembre pasado por el Consejo de Ministros. Al acto asistieron el resto de miembros del pleno, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, representantes del Congreso de los Diputados y del sector eléctrico nacional, así como numerosos técnicos del CSN.

El presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhaussen ha leído el real decreto de nombramiento del nuevo consejero y, a continuación, el secretario de Estado ha destacado la «importante» labor del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y, en ese contexto, ha destacado que la trayectoria profesional de Fabra refuerza la capacidad técnica y la independencia del CSN.

Fabra, en su intervención, ha subrayado la responsabilidad que supone velar por el uso adecuado de las radiaciones ionizantes y los retos ante los que se enfrenta el CSN como son la gestión del parque nuclear español y sus residuos radiactivos. Asimismo, ha hecho una mención especial al personal técnico y administrativo del CSN así como a su predecesora, Cristina Narbona, quien ha asistido también a la toma de posesión. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. En la actualidad es presidente de Economistas Frente a la Crisis y patrono de la Fundación Estudio. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España (REE) desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Durante su comparecencia para defender su propuesta como candidato ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Fabra expresó su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que, según ha indicado, «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental«, declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

La demanda eléctrica cae un 2,1% en enero con la eólica destacando como primera fuente de generación con el 24,7%

Europa Press.– La demanda de energía eléctrica en la Península Ibérica alcanzó los 22.635 gigavatios hora (GWh) en enero, lo que representa un descenso del 2,1% con respecto al año pasado, según indicó Red Eléctrica de España (REE). Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica cayó un 2% con respecto a enero del año pasado, añadió el gestor de la red.

La producción de origen eólico en enero ha alcanzado los 5.300 gigavatios hora (GWh), un 10,5% superior a la del mismo mes del año pasado, y supuso el 24,7% de la producción total, siendo la primera fuente de generación. Por su parte, la nuclear aportó el 23,7% de la generación del mes, el carbón el 14,1%, la cogeneración el 11,7%, los ciclos combinados el 10,7%, la hidráulica el 9,9% y la solar fotovoltaica el 1,9%. Con datos al finalizar enero, la generación procedente de fuentes de energía renovable ha representado el 38,8% de la producción. El 62,2% de la producción eléctrica de enero procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Page cree que nadie del sector nuclear quiere el ATC y asegura que Europa estudia un sistema global de almacenamiento

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura que «nadie dentro del sector nuclear» en España es partidario de poner en marcha el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y ha recordado que desde las instituciones europeas se planteará en el medio plazo una estrategia global de almacenamiento de residuos «bajo el mar», lo que anula a su juicio la utilidad del silo previsto en la provincia de Cuenca.

Así lo aseguró a preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado en Cuenca por la Cadena Ser, donde el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la obra proyectada prevé «10.000 millones de euros de gasto y encima está mal emplazada». Tras alertar del problema que supondría que «cientos de camiones» cargados de residuos nucleares se desplazaran por carreteras de la región para llegar a Villar de Cañas, ha calificado como «broma de mal gusto» que desde el Gobierno de la nación pensaran que a los habitantes de la comarca «se les podría hacer creer que les había tocado la lotería» con su designación para albergar esta infraestructura.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

Cecam pide «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» para los residuos nucleares mientras el sector agrario rechaza el ATC

Europa Press.- Mientras desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, ya que consideran que «son muchos los intereses que agricultores y ganaderos de la región se juegan si el proyecto saliera adelante», la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) solicita «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» respecto al ATC pero no se ha mostrado «ni a favor ni en contra» del silo.

«No es una cuestión política ni medioambiental», añadió el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, que ha sostenido que en España existe «un claro» mix energético en el que está incluida la energía nuclear «por muy mal que suene». «No acabamos de entender por qué no queremos energía nuclear pero la compramos en Francia y no queremos un ATC cuando no nos importa exportar los residuos a Francia atravesando más localidades que si hubiera ATC”, indicó.

«El transporte incrementa el coste y estamos pagando una cantidad muy grande al año por enterrar los residuos de nuestras centrales y eso incrementa el coste energético», criticó, para añadir que la energía nuclear es la más barata y que, aunque tiene peligros, hay que poner las medidas para que no los haya. Por último, tras indicar que parece que el problema del ATC es más de ubicación que de otra cosa, el presidente de Cecam considera que España debe tener una infraestructura de estas características mientras tenga centrales nucleares.

UPA pide cambiar las inversiones

Por su parte, desde UPA consideran que merecen otro tipo de inversiones y desde la organización agraria manifiestan una vez más la oposición a este tipo de energía, «a la cual se está denominando energía del futuro«. «Pero lo que no queremos es que nos depositen basura nuclear para el resto de nuestras vidas y de la de generaciones futuras en una zona donde tenemos distintas Denominaciones de Origen como la DO Ajo, DO Vino, DO Cordero», insistió el secretario regional de UPA, Julián Morcillo.

La organización manifiesta una vez más su oposición a la instalación del ATC nuclear porque tendría repercusiones directas sobre la actividad agroalimentaria y la comercialización de los productos de la región, es decir, sobre el futuro del empleo y la economía. Asimismo, insiste en que la organización agraria se opuso desde los inicios a este proyecto, como se aprecia en la imagen de la manifestación de marzo de 2014 en Villar de Cañas, cuando los técnicos no consideraron a la localidad como una de las poblaciones mejor situadas para la instalación de este almacén nuclear.

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.