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Castilla-La Mancha pide al Gobierno que retire el recurso contra la protección ambiental que permitiría impedir la construcción del ATC

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para paralizar la protección del espacio natural que rodea la laguna del Hito.

Esta petición ha venido de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que espera que la «sintonía» que ha transmitido el Gobierno central en materia de energías al Gobierno de Castilla-La Mancha, «que apuesta por un modelo renovable y sostenible, contrario a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares», ayude a la toma de decisión de que «no es necesario» construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «en ningún lugar», menos en Villar de Cañas (Cuenca).

Dicho esto, el consejero ha avanzado que se van a iniciar los trabajos con el Ministerio en relación a esta cuestión «para intentar llegar a un compromiso que sea positivo para todos«.

«Estamos en proceso de conversaciones» con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha agradecido su «predisposición al diálogo», cosa que «no ocurría» con el anterior Gobierno. «La ministra sabe de la materia y tiene intención de colaborar y ayudar y está dispuesta a trabajar con las comunidades autónomas», ha espetado.

Así, ha confiado en que mientras se producen estas conversaciones y, teniendo en cuenta que ha cambiado el Gobierno en nuestro país, «no se tomen decisiones que puedan ser incluso contrarias a los planteamientos del Gobierno central en este momento». «No parecería lógico», ha avisado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) toma alguna decisión al respecto mientras se producen esas conversaciones con el Gobierno central.

Erdogan anuncia la construcción de una tercera central nuclear de Turquía para reducir las emisiones de dióxido de carbono

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EFE.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado la construcción de una tercera central nuclear para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según indicaron los medios locales.

«Nuestro objetivo es empezar cuanto antes con la segunda central, y comenzar con la tercera. Porque necesitamos energía limpia. Cuando termine, dará empleo a 10.000 personas«, aseveró el mandatario durante un encuentro electoral dedicado a temas tecnológicos, según el diario Hürriyet.

Erdogan y su homólogo ruso, Vladímir Putin, inauguraron el pasado abril las obras de la primera central nuclear de Turquía, conocida como Akkuyu, en la provincia meridional de Mersin, a orillas del Mediterráneo, y contratada con la empresa rusa Rosatom.

Otra central se proyecta en Sinop, a orillas del Mar Negro, y será construida por un consorcio de la empresa japonesa Mitsubishi y la francesa Avea.

Turquía y Japón firmaron un acuerdo al respecto en 2013, pero las instituciones turcas todavía no han expedido los permisos de construcción necesarios.

«Los países del mundo que más hablan en contra de la energía nuclear son los que más centrales nucleares tienen. Nosotros no caeremos en este juego. Construiremos nuestras propias centrales nucleares», argumentó Erdogan.

«Estos países controlan con éxito el volumen de sus emisiones de carbono. No nos engañen. Controlan las emisiones y emplean una energía totalmente limpia. Nosotros también lo haremos», agregó.

Aunque Erdogan no especificó el lugar previsto para la tercera central, el ministro de Energía turco, Berat Albayrak, avanzó que probablemente se ubicaría en Tracia, la región turca fronteriza con Grecia y Bulgaria.

«En esta región hay mucho consumo de energía, pero no se produce. Así que la elaboraremos localmente y equilibraremos la demanda. Los detalles se darán a conocer muy probablemente durante este año», apuntó el ministro.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

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Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.

La Junta de Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas insisten en su «oposición y rechazo» al ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y las asociaciones ecologistas SEO/Birdlife, WWF-España y Ecologistas en Acción han mostrado su «oposición y rechazo» a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha mantenido un encuentro con representantes del medio ambiente para tratar cuestiones relacionadas con este ámbito y donde se ha abordado la infraestructura nuclear, según indicó la Junta.

Así, les ha mostrado la posición contraria por parte del Ejecutivo autonómico a la construcción de este «basurero». Un encuentro donde, según el consejero, estas asociaciones ecologistas han transmitido «el apoyo sin matices, contundente y rotundo a la posición que está manifestando el Gobierno de Castilla La Mancha».

Martínez Arroyo ha destacado que este «respaldo» es «muy relevante», ya que «incorpora al movimiento social a la demanda de protección ambiental del espacio», siendo «el compromiso de los que representan a aquellos ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente y buscan un modelo coincidente con el de Castilla-La Mancha de energías renovables y sostenibles».

Bulgaria reactiva el proyecto de construcción de una segunda planta nuclear en el país

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EFE.- El Parlamento de Bulgaria, dominado por el gobernante partido conservador populista GERB, decidió reactivar los planes para construir una segunda plata nuclear en el país balcánico.

Un total de 172 diputados votaron a favor de la propuesta de GERB, y solo 14 lo hicieron en contra.

El Gobierno prevé construir una nueva planta, con tecnología rusa, en la localidad de Belene, en el Danubio, al norte de Bulgaria, en su frontera fluvial con Rumanía.

En caso de completarse, sería la segunda planta nuclear del país, después de la Kozloduy (en funcionamiento desde 1970), que cuenta actualmente con dos bloques de reactor, con una potencia de casi 2.000 megavatios.

En marzo de 2012, el proyecto de Belene fue suspendido, entonces también por un Parlamento dominado por el GERB, y con el mismo primer ministro que ahora, Boiko Borisov.

Ahora se encarga al Ministerio de Energía a buscar de aquí a finales de octubre un inversor estratégico para realizar las obras.

La oposición socialista, cercana a Rusia, siempre estuvo a favor de Belene, un proyecto que se lanzó inicialmente en el año 2001, bajo el entonces primer ministro, Simeon de Bulgaria.

La Comisión Europea da un ultimátum a España para que adapte la normativa comunitaria de eficiencia energética y seguridad nuclear

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EFE / Europa Press.- La Comisión Europea ha amenazado con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si en un plazo de dos meses no aplica al completo la nueva normativa europea sobre seguridad nuclear. Asimismo, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que trasponga correctamente la legislación comunitaria sobre eficiencia energética, que exige la instalación de contadores individuales de calefacción y agua caliente en todos los edificios de pisos y no sólo en los nuevos.

«La Directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios nuevos», construidos después de 2007, indicó la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario envió a España un «dictamen motivado» al respecto, el segundo y último aviso de Bruselas antes de denunciar a España dentro de 2 meses ante los tribunales europeos por no adaptarse a una normativa de 2012, que obliga a instalar contadores individuales para medir el consumo y asignar costes en edificios en los que este tipo de servicios se suministran desde una instalación central.

Normativa europea sobre seguridad nuclear

Por otro lado, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear. Bruselas aviso a España de que debe adoptar y comunicar todas las medidas necesarias para garantizar la plena y correcta transposición de la normativa comunitaria, ya que ésta refuerza el marco jurídico de la seguridad nuclear a nivel europeo e introduce objetivos de seguridad de alto nivel para evitar accidentes.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017. Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada 10 años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

España y Polonia tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos. Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas. Por este motivo, la Comisión Europea avanza un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el TUE.

Reducen el rendimiento en la planta nuclear de Paks (Hungría) por una avería

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EFE.- Uno de los cuatro bloques de la planta nuclear de Paks, al sur de Budapest, sufrió una avería, sin causar daños al medio ambiente, aseguró la empresa pública que gestiona la única instalación atómica del país. El rendimiento del bloque averiado tuvo que ser reducido hasta el 50% de sus capacidades. «El suceso no afectó a la seguridad nuclear», aseguraron desde Paks.

La planta nuclear de Paks, de fabricación soviética, comenzó a funcionar en 1982 y produce más del 50% de la electricidad que consume Hungría. En 2014, el Gobierno húngaro del conservador nacionalista Viktor Orbán firmó un acuerdo con Rusia, valorado en 12.500 millones de euros, para que la agencia nuclear estatal rusa Rosatom construya dos nuevos reactores en Paks. Según el proyecto, ambos estarán operativos en 2023 y duplicarán la generación de electricidad de Paks.