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Las principales organizaciones ecologistas valoran las «señales» del Gobierno pero reclaman medidas «concretas y ambiciosas» hacia el final del carbón

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EFE.- Las principales organizaciones ecologistas han valorado las «señales» que ha mandado el Gobierno de Pedro Sánchez en materia medioambiental, pero reclaman ya medidas «concretas» y «ambiciosas». Ante el inicio del nuevo curso político y a punto de cumplirse los primeros 100 días de Gobierno, las organizaciones coinciden al señalar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como principal tarea del Ejecutivo, y consideran que ésta debe incluir objetivos ambiciosos.

Reconocen los dirigentes de las oenegés la «debilidad» parlamentaria y los límites presupuestarios del Ejecutivo, pero creen que eso no debe ser un impedimento y que se deben acelerar muchas medidas que no dependen del presupuesto ni de las mayorías parlamentarias. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, se ha referido a las «expectativas» que levantó el nuevo Gobierno, con la creación sobre todo de un Ministerio para la Transición Ecológica, pero ha agregado: «Esperamos todavía anuncios concretos de calado». Del Olmo ha valorado algunas medidas (la protección de un corredor para los cetáceos en el Mediterráneo) pero reclama «anuncios potentes para que la sociedad entienda que de verdad hay un cambio».

Entre éstos ha citado la ley de Cambio Climático, pero ha expresado su preocupación por las «resistencias» que existen, como las del sector energético o las surgidas dentro del PSOE y de administraciones gobernadas por los socialistas (Aragón o Asturias) ante el cierre de las centrales de carbón, y reconoce que esas objeciones «preocupan más» que los equilibrios parlamentarios. Ha reclamado además medidas que no requieren ni dotación presupuestaria ni mayorías parlamentarias, como el cierre de los pozos ilegales en Doñana, la paralización definitiva del proyecto para construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) o poner fin a las prospecciones petrolíferas en aguas españolas.

Cierre de carbón y nucleares

Celia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, ha señalado que la Ley de Cambio Climático tiene que establecer el cierre de las centrales nucleares y de carbón, así como el cierre de las minas y un plan para que la transición sea «justa«. Ha valorado las «señales» que envía el Gobierno en Europea, que a su juicio hace que España «vuelva a recobrar cierto liderazgo internacional». Frente a la debilidad parlamentaria, Carballo reconoció que «es limitante, pero no un impedimento», e incidió en la importancia de que el Ejecutivo cuente con el respaldo «completo» de su partido y en que todas las administraciones y partidos trabajen «en clave de país» y no en «clave territorial».

David Howell, responsable de Gobernanza Ambiental, Clima y Energía de SEO Birdlife, ha reclamado «avances rápidos» que compensen la «inacción y retrocesos» de los últimos años, y aunque ha señalado que el «plato fuerte» es la Ley de Cambio Climático, ha incidido en la importancia de alcanzar «grandes y ambiciosos» pactos en materia de energía, clima, agricultura, agua o fiscalidad. Howell ha reclamado medidas de fiscalidad «verde» y, tras reconocer la «complicada aritmética parlamentaria», resalta que «está por ver» si la agenda de transición ecológica que propone el PSOE se extiende a todo el territorio y a todos los ministerios.

La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha coincidido en que «las señales son positivas, pero es momento de acompañar las palabras con hechos», y ha citado como prioridades la Ley de Cambio Climático o la derogación de las «trabas» al autoconsumo eléctrico. Ruibal ha expresado su preocupación por algunos anuncios referidos a tecnologías «que queremos fuera del mix energético», y ha señalado que las primeras «señales» apuntaban a un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón «y ahora se está difuminando esa señal». La responsable de Amigos de la Tierra se ha referido a los equilibrios parlamentarios y coincide en que frenar el cambio climático debe ser una prioridad para todas las formaciones políticas.

El director de la central de Trillo asegura que cambiar la gestión de los residuos nucleares implica reconfigurar los ATI

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EFE.– El director de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), Aquilino Rodríguez, ha afirmado que se puede modificar la estrategia de gestión de residuos nucleares pero ha opinado que, de hacerlo, los ATI (Almacenes Temporales Individualizados) tendrían que ser «reconfigurados». Así se refirió a la suspensión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del informe para la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Aquilino Rodríguez ha señalado que «el ATC para Trillo no es perentorio pero sí para otras centrales nucleares cuyo ATI es de menor capacidad y debería ampliarlo». Así, ha explicado que el ATI de la central de Trillo tiene capacidad para albergar 80 contenedores cuyo diseño les permite una vida útil de 50 años, aunque «otras centrales no tienen ATI de esa capacidad», ha precisado.

Actualmente, el ATI de Trillo tiene almacenadas 304,71 toneladas de material nuclear repartidas en 32 contenedores de almacenamiento seco y, aunque desde el año 2016 no se produjo la entrada de ningún contenedor nuevo, se prevé que en el último trimestre de 2018 se complete alguno, que será ya con el nuevo diseño. Los nuevos contenedores están diseñados para transportar hasta 32 elementos combustibles gastados no dañados (tipo PWR) frente a los 21 elementos de los contenedores utilizados hasta ahora.

Sobre cómo cree que puede afectar el cambio de estrategia en política energética del Gobierno en la renovación de la licencia de Trillo, el director de la central nuclear ha señalado que faltan 6 años para dicha renovación «y pueden pasar muchas cosas en ese tiempo», y ha agregado que «trabajamos para ganarnos el derecho a existir cada día con buenas cifras de producción energética pero, sobre todo, de seguridad».

Según apuntó Rodríguez, tanto técnicamente como teniendo en cuenta la modernización y mantenimiento continuado de las instalaciones de la central, en las que se realiza una inversión anual de 40 millones de euros, «no hay motivos para no renovar la licencia, teniendo en cuenta que centrales de otros países tienen 50 o 60 años y están en funcionamiento«. También indicó que esperan, en este tiempo, ganarse la confianza del órgano regulador y el Gobierno para renovar su actividad, pero ha apuntado al mismo tiempo que dicha continuidad también depende de cuestiones empresariales “con una rentabilidad económica bastante baja ya que soportamos una fiscalidad bastante alta».

En cuanto a los datos del primer semestre, Aquilino Rodríguez ha señalado que la actividad en la central se ha desarrollado «según lo programado» y sin incidencias reseñables. Durante el primer semestre, la producción de energía eléctrica bruta generada por dicha central ha sido de 3.589,96 gigavatios hora (GWh), mientras que la producción neta se ha situado en 3.360,57 GWh. Respecto a la seguridad laboral, si bien las cifras de accidentabilidad no son alarmantes el objetivo es lograr tasa cero. En los últimos años se ha registrado una media de 4 accidentes con baja anuales.

En relación a la unidad operativa de la Guardia Civil que desde el pasado año se desplegó en la central dentro del dispositivo de protección de infraestructuras críticas del país, Rodríguez señaló que «ahora los tenemos más cerca, si cabe, puesto que han pasado de residir en la antigua residencia de Trillo a hacerlo en unas instalaciones que se han construido ex profeso para ello». 1.300 personas trabajan en esta instalación que genera 50 millones de euros anuales de contribución a Castilla-La Mancha y en las que se imparten cerca de 50.000 horas de formación.

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

La factura de la luz se encarece un 8,84% en julio

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Javier Angulo / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 73,1 euros en su factura de la luz de julio, por lo que esta factura se incrementó en un 8,84% respecto a los 67,16 euros de julio de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 5,94 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que empleaba el antiguo Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuía al consumo de una familia media con dos hijos. De los 73,1 euros abonados en los 31 días de julio del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de julio, 42,09 euros obedecen al consumo, 2,94 euros al impuesto eléctrico y 12,69 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. El precio medio del mercado eléctrico español alcanzó los 61,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 27,2% con respecto al mismo mes del año pasado y su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Del mismo modo, la factura de la luz de julio subió un 2% respecto al mes anterior, junio, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,36 euros en julio respecto a los 2,31 euros de junio. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube ligeramente por cuarto mes consecutivo, un tiempo marcado por la menor producción nuclear, debido a las paradas en las centrales de Vandellós y Trillo, así como la más baja generación eólica, que presionaron al alza el precio en el pool.

Con esta subida en julio, el recibo de la luz cerró los primeros siete meses del año con una bajada del 0,72% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en julio ha contribuido a que el recibo de los siete primeros meses del año se haya situado en 475,98 euros, 3,45 euros menos que los 479,43 euros registrados en el mismo periodo del año anterior. En los primeros siete meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 105,18 euros por el término fijo, de 269,06 euros por el consumo, de 19,13 euros por el impuesto de electricidad y 82,61 euros por el IVA.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. Enero de 2017 fue un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, registrando en algunos momentos puntas que superaron los 100 euros por MWh.

El año pasado estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018 los peajes eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

La central nuclear Vandellós II inicia una secuencia de parada tras detectar una incidencia

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Europa Press.- La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha iniciado la secuencia de parada para intervenir en uno de los canales de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido, tras detectar una incidencia sin afectación para las personas ni el medio ambiente. Según indicaron, se ha detectado una desviación superior al 5% en una de las indicaciones de flujo neutrónico de rango extendido durante una vigilancia periódica de los parámetros de la Sala de Control.

Esta señal forma parte de la instrumentación de vigilancia, es de naturaleza pasiva y no tiene ninguna acción automática de control ni función alguna en operación normal. Se ha verificado que las lecturas del canal redundante de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido son correctas y que se encuentra en estado operable. Para la resolución de la incidencia se debe situar la planta en un modo en el que dicha instrumentación no es requerida, motivo por el que la central se desacopló de la red. Una vez reestablecida la instrumentación y comprobado su correcto funcionamiento, Vandellós II volverá a sincronizarse a la red eléctrica.

Endesa gana 752 millones en el primer semestre, un 15% más, y ve imposible cerrar las nucleares a medio plazo

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Europa Press.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado. Respecto al futuro de las centrales nucleares, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha considerado «imposible» que se pueda cerrar todo el parque nuclear español cuando expire la vida útil de diseño de 40 años ya que tendría impactos negativos.

En este sentido, Bogas advierte que el «temprano cierre» de las nucleares entre 2023 y 2028, tal y como desea el Gobierno socialista cuando las centrales operativas actualmente en España cumplan los 40 años desde su entrada en funcionamiento, afectaría a la seguridad de suministro, supondría un mayor precio de la electricidad y tendría un impacto negativo en términos de emisiones. Además, consideró que alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 50 años permitiría solucionar el problema del agujero de Enresa, la empresa estatal que tiene asignada la función de desmantelar las nucleares y gestionar los residuos atómicos.

Impulsada por el mercado liberalizado

Respecto a otras cifras de Endesa, sus ingresos en el periodo de enero a junio ascendieron a 9.934 millones de euros, prácticamente en línea con los 10.004 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 1.804 millones de euros a cierre de junio, con un incremento del 12%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) en el primer semestre fue de 1.053 millones de euros, un 17% más.

Así, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que, a mitad de ejercicio, el grupo puede afirmar que está «en la senda de alcanzar los objetivos comprometidos para 2018», en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.400 millones de euros. La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido a la compañía eléctrica incrementar un 19% el margen de este negocio, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 42%.

Este aumento se ha producido en un escenario en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista cayeron un 2,3%. Además, el negocio del gas experimentó una mejora significativa que le ha permitido aportar 65 millones de euros al margen bruto de Endesa durante el primer semestre. Así, teniendo en cuenta el Ebitda en términos ajustados, sin contar con los elementos no recurrentes, el resultado bruto de explotación liberalizado de la energética creció un 26%. Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 0,4%, un 4% en términos ajustados, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 1,4% en Ebitda regulado.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

García-Page destaca que la decisión del Gobierno de paralizar el ATC es «coherente» con lo que siempre defendió Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «coherente» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar el permiso de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, como siempre defendió la región. «Muy cerca del objetivo. La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra», destacó García-Page en Twitter.

Posteriormente, ha afirmado que supone también el «reconocimiento» de que «todo el procedimiento del basurero nuclear encerraba mucha más basura que la nuclear», y en este sentido ha precisado que espera que esto se termine conociendo porque «ha costado muchos millones a la sociedad española». El presidente cree que el Gobierno central revisará toda la estrategia de gestión de residuos y que con esta decisión ha hecho lo «prudente», que es paralizar el proyecto, algo que considera «ya es bastante».

Supone igualmente que cuando el Ejecutivo plantee una estrategia global, habrá una alternativa al ATC, y en este sentido, ha apostillado que de momento hay almacenes temporales y que «si no se va a prolongar la vida útil de las nucleares, esto va a suponer menos residuos» y por ello será «menos necesario hacer un cementerio nuclear«. En todo caso, ha puntualizado que, independientemente de que España quiera tener un ATC, su Ejecutivo insiste en que éste no, porque es una chapuza que responde a intereses todavía más sucios y más peligrosos que la nuclear».

Asimismo, ha especificado que le gustaría que se retirara el pleito que mantiene el Estado contra la declaración de ampliación de protección medioambiental de la Laguna de Hito. A su juicio esto también sería «coherente» porque no ha sido circunstancial. «Está anulado judicialmente y legalmente el Plan de Ordenación del municipio», ha resaltado García-Page, por lo que cree que Castilla-La Mancha tiene «las de ganar».

Según ha especificado, para este año el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, cuando era ministra de Defensa, tenía planteados 145 millones de euros «de derroche más a los españoles para enterrarlos en ese basurero nuclear». García-Page ha lanzado su deseo de que esos 145 millones se dediquen ahora a la protección social y ambiental en «homenaje» a quienes han estado «batallando» por este objetivo. Por lo que respecta a que alternativas podrían plantearse ahora para Villar de Cañas, el presidente reitera que desde el Gobierno regional hay planteamientos alternativos» de energías renovables que a su juicio pueden generar más riqueza a todo el entorno y asegura que están en disposición de «tirar hacia adelante con ello sin dudas».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado que se ha conseguido «uno de los hitos más importantes de esta legislatura en Castilla-La Mancha», algo que se ha realizado «conversando con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Gobierno central, como se deben hacer las cosas». «Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es la de los intereses de los ciudadanos, y en Castilla-La Mancha los ciudadanos no querían un cementerio nuclear», subrayó, recordando que «algunos decían que no había diferencia, que los gobiernos del PP y el PSOE eran igual e iban a perjudicar a Castilla-La Mancha», y ante esto, reivindicó, «la realidad pone de manifiesto que no era cierto«.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, destacó que el Ejecutivo autonómico «puede estar muy satisfecho porque se ha cumplido en parte uno de los objetivos» de la legislatura. Aunque reconoció que «no es el último paso», argumentó que si el planteamiento del Gobierno de España de que a partir de 2028 no haya centrales nucleares en España consigue el visto bueno de Europa supondrá el «principio del fin» y eso «demuestra que hay otra forma de crecer y hacer política». El portavoz del Gobierno ha avanzado que el proyecto de ampliación de la Laguna del Hito, próxima a la zona del ATC, «sigue adelante», ya que es «una forma de proteger el medio ambiente».