Europa Press / EFE.- El fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, presentó la decimotercera demanda de arbitraje internacional en contra de España por los recortes a las energías renovables ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial encargada de dirimir las desavenencias relativas a inversiones entre empresas y países.
Este fondo de Natixis participa desde mediados de 2008 de forma conjunta en la propiedad y gestión de una planta fotovoltaica en España, así como en otra joint venture con la firma Demeter y otros accionistas para la operación de una central minihidráulica de 83 megavatios (MW). El Ciadi registra esta denuncia apenas un mes después de cursar la denuncia de la sociedad alemana BayWa, que cuenta con varios proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos (Madrid), Barcelona, Cáceres y Puerto Real (Cádiz), así como con otro de consultoría técnica para más de 50 megavatios (MW) eólicos en La Muela (Zaragoza).
La denuncia de Cube Infraestructures se presenta de forma conjunta con su socio Demeter y con la sociedad Cube Infraestructure Fund Sicav, y en ella los demandantes estarán representados por el despacho francoestadounidense King and Spalding y por el español Gómez-Acebo y Pombo. Esta nueva denuncia es la quinta en lo que va de año contra España por los recortes a las renovables, tras la presentada por la empresa de capital norteamericano 9REN, la alemana Steag, la de un consorcio formado por ocho empresas también alemanas y la de BayWa.
Anteriormente, el Ciadi inició la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser, Antin y RREEF, que cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.
Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.
Estos trece arbitrajes, junto a uno del ámbito de la construcción, colocan a España como el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».
