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Fenie sugiere al ministro Nadal la necesidad de aminorar las trabas administrativas a las instalaciones de autoconsumo

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Europa Press. – La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) ha trasladado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de aminorar las trabas administrativas en las instalaciones de autoconsumo.

Así, la asociación ha señalado que se ha reunido con Nadal en Palma de Mallorca, aprovechando su presencia en un encuentro con empresarios de Baleares, y le han trasladó su propuesta en materia de autoconsumo.

En el encuentro, Fenie, que fue representada por su presidente, Jaume Fornés; su vicepresidente, Rafael Castillo y su representante en Generación Distribuida y Autoconsumo, Sergio Pomar, entre otros, insistió en la eliminación de la figura del doble contador.

Según señala la entidad, sus representantes manifestaron al ministro que este supondrá tres desventajas en el proceso de instalación de autoconsumo: complejidad administrativa innecesaria, un alto coste económico y la no consecución del máximo nivel de seguridad.

Fenie destaca que Nadal «mostró su conformidad con las premisas expuestas por el colectivo de instaladores y reconoció la necesidad de buscar soluciones a la existencia del doble contador».

Garoña: de la necesidad política, virtud

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La comunicación de la decisión de no renovar la autorización de la central de Santa María de Garoña (Burgos) abocándola a su cierre definitivo, ha sido un pleno ejercicio de comunicación y gestión política por parte del gobierno Rajoy ejecutado por el empeñoso Ministro de Energía, Álvaro Nadal que ha tratado de realizar una cuadratura del círculo, para hacer de la necesidad, virtud.
 
El empeñoso Ministro de Energía ha buscado al comunicar esta decisión achacar el cierre a las empresas (por su reclamación en torno a los impuestos nucleares y sus consecuencias para la vialidad de las plantas españolas) y a la presión política contra la energía nuclear, con el fin de evitar que el promotor del cierre, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una mañana de domingo soleado de primavera en la Fundación Jaime Vera, se atribuyera la caída de la central. Por tanto, un titular alimenticio de los populares centrado en los réditos inmediatos de la política tacticista española sería que Nadal le agua el triunfo del cierre de la central de Garoña a Cristina Narbona, actual presidenta de los socialistas. 
 
De hecho, determinados elementos de la comunicación política coinciden en la argumentación, como por ejemplo, que era una central relativamente pequeña por su capacidad de generación, 460 MW. Y también por eso se entiende que el ministro exhiba sin ambages un mohín de repudio al comunicar la decisión: un muy a mi pesar. 
 
Lo que pasa es que no se queda ahí y eso impediría ver la clave de bóveda de la decisión, que ha complicado que el Ministro se empleara a fondo en esta cuestión a pesar de su búsqueda a toda costa de sobrecapacidad en el sistema eléctrico que, sin política energética, dispara la interacción entre tecnologías e intereses.  En realidad, tal y como se venían desarrollando el devenir episódico de los hechos y decisiones en torno a Santa María de Garoña, era difícil alinear el acatamiento a un mandato casi  general en el Congreso, promoviendo el cierre de la central burgalesa con el severo requerimiento del socio in péctore del ejecutivo, el PNV (que no es pronuclear, ni antinuclear, sino todo lo contrario, pero quiere la nuclear lejos de los territorios vasco-navarros) en esta legislatura agónica bajo la apariencia de tranquilidad. Este sí es el elemento de decantación de la decisión que había marcado a la central, el motivo por el que el pulgar marcó el suelo a la central del valle de Tobalina, aunque suponga un enfrentamiento más agrio de lo previsto con los “propios” de la Junta de Castilla y León. 
 
Pero el Ministerio de Energía, se mueve en el marco del coyunturalismo y en un modelo orientado a la búsqueda de sobrecapacidad aunque resulte de muy difícil gestión en el futuro. ¿Quiere decirse que esta decisión podría atisbar una definición o una concreción de un modelo de futura de política energética para nuestro país? No. Como tampoco lo es el hecho de que se hayan promovido las tres últimas subastas de potencia renovable. Se trata de una decisión que no pretende crear un precedente y, por tanto, todas las atribuciones del ”éxito” de este cierre no tienen motivos para la autocomplacencia. 
 
La cuestión concreta de Garoña, la prolongación de la operación del parque nuclear (recordemos que es una tecnología libre de emisiones de carbono)  y que, por otra parte, proporciona pingües ingresos fiscales al Gobierno o las propuestas de los operadores del cierre de las centrales de carbón en esa búsqueda de sobrecapacidad, entre otros temas abiertos, han hecho emerger el carácter intervencionista, a fuer de liberal del ministro, advirtiendo que el Ejecutivo se podría reservar la capacidad de intervención para que las empresas estén al servicio de la acción del ejecutivo y sus decisiones, además de contemplar la energía como un necesario objeto (tributario) del deseo. 
 
Termina así un episódico devenir, incluyendo la actuación del presidente del CSN, Fernando Marti, que puede resultar engañoso desde el punto de vista de las conclusiones que puede arrojar su desenlace. Ahora comienza un proceso de desmantelamiento de la central, ejecutado por ENRESA que durará más de tres años y que costará 345 millones de euros. La Junta de Castilla y León estudia un impuesto al propio desmantelamiento, dado que cualquier evento relacionado con la energía (pasado, presente o futuro) puede ser objeto tributario y puede prolongar la oposición castellano leonesa al cierre con el consiguiente enfrentamiento abierto con el Ejecutivo de Rajoy. ¿No habrá paz nunca alrededor de Garoña?

Nadal cree que el objetivo es ver cómo son «conciliables» todas las posturas para definir el bono social

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que el objetivo de la reunión de esta tarde con los diferentes grupos parlamentarios es ver de «qué manera son conciliables todas las diferentes posturas» a la hora de definir el bono social de la electricidad.

El titular de Energía, que señaló que por ahora se tiene una propuesta de Ciudadanos y otra del Grupo Socialista al respecto, señaló que, una vez que el funcionamiento del bono social quedó definido tras el decreto-ley que aprobó el Gobierno antes de Navidad, el objetivo ahora es realizar «una mejor definición de elementos muy importantes del mismo», como por ejemplo definir el consumidor vulnerable.

«La actual definición es de 2009. Todo el mundo está de acuerdo que necesita una mejora y vamos a ver cuáles son las distintas propuestas de los grupo«, dijo al respecto Nadal en declaraciones a la prensa tras inaugurar la III edición del Foro de Innovación Turística organizado por el Grupo Hotusa, ‘Hotusa Explora’.

Nadal subrayó que aunque este desarrollo reglamentario podría realizarlo el Gobierno, el objetivo de la reunión de esta tarde en la sede del Ministerio es «escuchar a todo el mundo y ver de qué manera son conciliables todas las diferentes posturas», incluidas las de las comunidades autónomas, ya que gran parte de la competencia en esta materia es de ellas a través de los servicios sociales, y, por ello, el tema se tratará también la Conferencia de Presidentes.

«Todo esto en su conjunto tiene que dar un sistema coherente que atienda suficientemente las necesidades y bien financiado, que es lo que todos queremos», añadió al respecto.

Energía congela los peajes de electricidad y gas a pesar de las advertencias de la CNMC sobre el déficit gasista

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Europa Press / Servimedia.- El Ministerio de Energía publicó en el BOE sendas órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

Los peajes deberían recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. En los últimos tres años, los peajes, que dependen del Gobierno, se han mantenido constantes para gas natural y descendieron un 2,8% para la electricidad. Según el Ministerio, esta congelación es consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes. La otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas (gas y petróleo principalmente) y la climatología. A los peajes y al coste de la energía hay que sumar los impuestos.

Según los cálculos de Energía, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas experimentó un abaratamiento del 9%. El Gobierno destaca además que «la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general».

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014. Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones. La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento. La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones de euros.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes totales del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. Así, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto. El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones. También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral acerca de los costes del gas importado desde Argelia, asumiendo 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que ya había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros. Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental. Asimismo, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones.

El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo para prohibir cortes de luz a familias vulnerables

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Europa Press.- El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo sobre pobreza energética para prohibir vía decreto ley los cortes de luz en los casos de familias y personas muy vulnerables que sean consideradas así por los servicios sociales.

Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha adelantado que los socialistas ultiman con el ministro de Energía, Industria y Turismo, Álvaro Nadal, la modificación legal para fijar una «tregua social» a través de la prohibición a las compañías energéticas de cortar la luz a las familias vulnerables.

En concreto, se ultima el acuerdo para modificar el artículo 52 de la Ley del Sector Eléctrica con el objetivo de que se prohíba por ley a las compañías energéticas cortar el suministro a las familias «muy vulnerables» declaradas así por los servicios sociales.

Según Hernando, desde el PSOE se trabaja en una modificación de la ley para prohibir los cortes de luz desde la muerte de una mujer en Reus por un incendio provocado por las velas que utilizaba para alumbrarse tras haber sufrido un corte de suministro por impago.

La «tregua social» antes que el bono social

Desde entonces, ha explicado que el Gobierno ha venido planteando la posibilidad de reformar el sistema de financiación del bono social extendiendo la financiación al 100% de las comercializadoras, si bien desde el PSOE dan «prioridad» a la «tregua social» sobre los cortes de luz.

Si finalmente se alcanza el acuerdo este martes, Hernando ha explicado que el real decreto ley se aprobaría en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, y se llevaría a las cámaras para su convalidación a finales de enero.

«Para nosotros es una enorme satisfacción ofrecer especialmente a familias vulnerables un medio para evitar el corte de suministro», ha añadido.

Además, ha avanzado que el PSOE propondrá que la Conferencia de Presidentes se aborde el desarrollo reglamentario de este proceso al ser competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de forma que se tenga en cuenta su opinión a la hora del desarrollo reglamentario.

Ciudadanos dice que el Gobierno no le ha llamado para el acuerdo, pero lo celebra

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha celebrado este martes el acuerdo que preparan el Gobierno y el PSOE para prohibir los cortes de luz a los hogares más vulnerables, aunque ha reconocido que el Gobierno no se puso en contacto con su partido ara participar en la negociación.

Así lo ha señalado Girauta en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que unos minutos antes el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, haya anunciado que el PSOE ultima con el Gobierno una modificación de la Ley del Sector Eléctrico para prohibir a las compañías energéticas los cortes de suministro de luz a los hogares más vulnerables.

Según ha recordado Girauta, el partido naranja planteó formalmente una iniciativa similar, si bien ha insistido en que lo importante es que se acabe «cuanto antes» con el problema de los cortes de luz ya que sucede «cada año». «Lo importante es que se apruebe ya», ha dicho Girauta, queriendo limar asperezas.

«Estos temas y tragedias van a seguir sucediendo hasta que no se avance hacia el modelo de países nórdicos que tienen más que resuelto, ya que no se puede cortar la luz ante situaciones de vulnerabilidad», ha apuntado.

Por ello, aunque ha detallado que desde el Gobierno no se han puesto en contacto con Ciudadanos para informarles sobre el acuerdo, lo «importante» a su juicio es que se apruebe «ya» y no entre en vigor cuando haya vuelto el calor.

Podemos: «Llega tarde y es insuficiente»

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha felicitado a su partido por «marcar la agenda de las reformas que llegan al parlamento», especialmente sobre pobreza energética al ser una situación «particularmente dolorosa que tenía causas y responsables».

Errejón ha reprochado que había una propuesta de solución «al alcance» pero hasta ahora los partidos «no lo habían abordado». Mientras, desde Unidos Podemos «fuimos capaces de ponerlo en la agenda, con muchos más sectores de la sociedad civil, de poner en la agenda la pobreza energética como un mal que había que erradicar y de marcar camino a transitar», ha subrayado.

No obstante, ha indicado sobre el acuerdo que ultiman el Gobierno y el PSOE que «llega tarde y es insuficiente», ya que en Unidos Podemos no creen que haya que hacer «treguas», sino tomar medidas ante la deuda de 3.500 millones de las eléctricas, para poner fin a los «abusos tarifarios», que la tarifa se asegure que se paga en función de los ingresos del hogar y se acometa una auditoría de los costes y transmisiones de ingresos en el sector.

En su opinión, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico que ultiman el Ejecutivo y el PSOE se produce «tarde, mal y cocinada por dos viejos partidos», y ha añadido que «nunca» se habría llegado a producir sin la iniciativa del partido de Pablo Iglesias y los agentes sociales.

De esta forma, presume de que Podemos sigue «marcando agenda» y que el resto de partidos legislan «a rebufo».