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Industria inicia un procedimiento de inhabilitación de cuatro comercializadoras eléctricas

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició un procedimiento de inhabilitación de cuatro comercializadoras de electricidad que, de prosperar, provocaría el traspaso de sus clientes a una comercializadora de referencia, que son las que están obligadas a ofrecer el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Concretamente, el procedimiento de inhabilitación de las comercializadoras afecta a Alcanzia Energía, Zencer Sociedad Cooperativa AND, Luci Mundi Energía y Nortedison Electric, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes de Alcanzia indicaron que el procedimiento referido a esta empresa se había iniciado por la falta de constitución de un depósito de garantías. Este depósito ya ha quedado constituido y la empresa ha presentado ya las alegaciones en las que corrige este asunto. Hasta la reforma energética, el suministro de electricidad a precio regulado lo realizaban Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Estas empresas denunciaron ante el Tribunal Supremo esta circunstancia por discriminatoria, y el Gobierno respondió aplicando unos nuevos criterios.

Conforme a estos nuevos criterios aplicados, estarán obligados a ofrecer el suministro a tarifa las comercializadoras integradas en los grupos empresariales que hayan suministrado en el territorio español a más de 100.000 clientes de media en los últimos doce meses o a 25.000 clientes en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla. Este cambio normativo permite ampliar el número de comercializadoras de referencia, aunque no de forma significativa. Industria ya permitió a Teramelcor ofrecer el PVPC en Melilla.

El Supremo anula el cálculo de 2013 de rentabilidad para los pequeños distribuidores de electricidad por medias y no individualizado

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo anuló la forma con la que el Ministerio de Industria y Energía calculó la retribución de los pequeños distribuidores de electricidad en el segundo semestre de 2013, al utilizar información sectorial y no individual en uno de los coeficientes de la fórmula.

En una sentencia del pasado 27 de enero, el Supremo estima parcialmente las pretensiones de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide), que aglutina a los distribuidores con menos de 100.000 clientes. En concreto, anula el articulo 7 y el anexo IV de la orden ministerial IET/2442/2013 en lo referido a la aplicación del «coeficiente a». El Supremo reconoce que estos preceptos vulneran lo establecido en el real decreto ley 9/2013, que fijó las bases de la reforma energética y que establece, en el apartado 3 del anexo I, un «coeficiente a» para calcular la retribución de las distribuidoras en el que se incluya información individual de cada empresa en caso de que se disponga de un dato «fidedigno».

Este coeficiente sirve para calcular el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico. Según la definición regulatoria, sirve para reflejar para cada una de las distribuidoras la cantidad de retribución que se destina a cubrir los costes de operación y mantenimiento. En el decreto 9/2013 se establecía que, cuando no haya información individual de la empresa, se ha de acudir a los valores medios del sector. Industria decidió hacer uso de este aspecto y fijar un 0,35% para todas las distribuidoras con menos de 100.000 clientes.

Decisión que considera «no fundamentada»

El malestar de Cide procede de que este 0,35%, que en un informe la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) llegó a cifrar en el 0,41%, se haya aplicado por igual a todas sus empresas. Por eso, denunció la falta de explicación y de datos en el criterio administrativo seguido para establecer este «coeficiente a». La memoria económica de la orden ministerial no explica en ningún momento por qué se actuó de esta forma.

El decreto 9/52013 establece el «coeficiente a» como un dato «individual» de cada empresa, que refleje «para cada una de las empresas de distribución» el porcentaje o la cantidad que la empresa de distribución destina a retribuir los costes de operación y mantenimiento. El uso de un coeficiente a partir de la media del sector «es siempre subsidiaria y se condiciona por el precepto indicado al caso de que para una empresa concreta no se dispusiera de alguno de los datos necesarios», recuerda el Supremo.

Por otro lado, el tribunal ha desestimado las pretensiones de Cide relacionadas con la tasa de retorno final para sus infraestructuras, al considerar que la nueva regulación recoge una «retribución razonable«. La nueva norma de Industria recoge una tasa de retorno ligada a los bonos del Estado más una tasa de 100 puntos básicos para el segundo semestre de 2013 y de 200 puntos para 2014, lo que arroja tasas del 5,5033% y de 6,5033%, respectivamente. Cide considera que estas tasas son incompatibles con la Constitución y con la regulación comunitaria al resultar «insuficientes«, aspecto que no comparte el Supremo.

El Supremo admite a trámite una demanda colectiva contra el decreto de autoconsumo

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda colectiva presentada por diversas organizaciones, empresas y particulares contra el real decreto 900/2015 que regula el autoconsumo, porque los denunciantes consideran que vulnera la normativa española y varias directivas comunitarias. Para los recurrentes, este real decreto «frena la necesaria transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente», así como el derecho fundamental a la entrada de los consumidores en el sector eléctrico en paridad de condiciones.

Entre los recurrentes se encuentran Greenpeace España, Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, Alternativa Verda, Eurosolar y Solar Tradex, según consta en el BOE. El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya considera que esta normativa española sobre autoconsumo «además de ser la más restrictiva del mundo, es ilegal». La entidad ha lamentado que, «tras 4 años de borradores e incertidumbre regulatoria claramente dirigidos a evitar el crecimiento del sector del autoconsumo eléctrico», el decreto es una barrera regulatoria que desincentiva el autoconsumo. Asimismo, defiende la imparable democratización de la energía y el hecho de que cualquiera pueda autoabastecerse con energías renovables a costes inferiores que comprando la electricidad de la red eléctrica.

Industria no renuncia a lograr un mecanismo para el carbón nacional aceptado por Bruselas mientras recibe duras críticas desde Asturias

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Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.

Canarias pide a Industria que exima a las islas de los límites al autoconsumo para favorecer la desalación de agua

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EFE.- El consejero canario de Economía, Pedro Ortega, pidió al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, que las islas queden exentas de límites en el autoconsumo energético a través de energía eólica en la desalación de agua. Pedro Ortega ha solicitado al ministro que tenga en cuenta esta demanda en la revisión del nuevo decreto de suministro de energía eléctrica y de producción con autoconsumo, que entrará en vigor en abril, señala la Consejería.

El consejero apunta que de no reformularse la nueva Ley, se va a generar una situación lesiva en la desalación de agua con energías renovables en Canarias, y recuerda que «el consumo de agua desalada supone el 100% en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, y de hasta el 60% en Gran Canaria y Tenerife». Asimismo, Ortega afirma que las condiciones que establece la nueva normativa suponen un retroceso para el principio de la eficiencia energética, pues la limitación de la potencia de autoconsumo supondría el incremento inmediato del coste del agua desalada, ya que los sobrecostes energéticos generarían una inestabilidad que ahora no existe.

Asturias y Aragón piden explicaciones sobre el mecanismo de ayudas al carbón

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EFE / Europa Press.- Los gobiernos de Asturias y Aragón pedirán una reunión al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para que explique el rechazo de la Comisión Europea a la orden ministerial de Industria para incentivar el consumo de carbón nacional para producir electricidad al considerarla ayuda de Estado. La posición de Bruselas la anunció la Junta de Castilla y León tras comunicársela el propio Ministerio, una decisión que no fue trasladada al resto de comunidades afectadas, según el consejero de Empleo e Industria del Principado de Asturias, Francisco Blanco.

Blanco declaró que al gobierno asturiano «no le vale la excusa de que lo rechaza la Unión Europea», dado que el Ejecutivo central había asumido el compromiso en el Plan del Carbón de desarrollar dicho decreto para garantizar el consumo de hulla autóctona en las centrales térmicas ya que la anterior normativa perdió su vigencia a comienzos de 2015. Según los sindicatos la falta de un mecanismo de ayuda a la quema de carbón autóctono podría suponer el «hundimiento» del sector y la progresiva desaparición de los 2.000 empleos de la minería privada que hay en España, de los que 1.000 están en el Principado.

CCOO exige explicaciones al Ministerio

Por su parte, el sindicato CCOO de Industria reclamó que se convoque con urgencia la comisión de seguimiento del plan del carbón y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado, Alberto Nadal, «den la cara». El sindicato exigió la convocatoria de la comisión «cuanto antes» para determinar las consecuencias que tendrá en el sector la decisión de la Comisión Europea. Así, CCOO denuncia que el PP «no ha movido ni un sólo hilo» para impedir que esta orden saliese adelante y afirma que desde que llegó al Gobierno «no hace otra cosa que articular políticas contra el carbón nacional».

Rechazo a comprar acciones mineras

Por otro lado, la Junta de Castilla y León consideró «sorprendente» que los sindicatos pidan su incorporación al accionariado de las empresas mineras porque «no es la fórmula» para dar una solución a compañías que tienen «problemas de viabilidad muy serios«. A su juicio, la propuesta «fue sorprendente para la patronal y también para la Administración, tenemos que ser serios y rigurosos», advirtió Valdeón, convencida de que el Gobierno autonómico tiene que «apostar por las empresas que tengan una viabilidad».

Preguntada por si esto significaba que la Junta de Castilla y León no ve viabilidad en las empresas mineras que operan en las cuencas mineras de León y Palencia, Valdeón defendió la viabilidad del sector y el uso del carbón autóctono. En su opinión, la propuesta de los sindicatos «fue un retroceso» porque la entrada en el accionariado «no es la solución» que puede aportar la Junta de Castilla y León, que apuesta por «dinamizar y favorecer a las empresas que se quieran instalar en las cuencas mineras», lo que consideró «una forma racional de invertir» el «dinero de todos».

Castilla y León confirma el rechazo de la Unión Europea a la orden de Industria de ayudas al carbón autóctono

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Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla y León confirmó que la orden que fijaba ayudas al carbón autóctono recibió el rechazo de la Unión Europea, por lo que buscará por su cuenta convencer a la Comisión de su necesidad y tratará de justificar que no son ayudas de Estado. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión del Foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León.

Del Olmo recordó que la orden ministerial que contemplaba ayudas al consumo de carbón autóctono y para desnitrificación ya contó con el informe desfavorable de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y ahora «se ha caído«. Sin embargo, la consejera ha señalado que tratarán de convencer a la Comisión Europea de que las ayudas no se consideren «de Estado» y de la necesidad de las mismas para la existencia de carbón autóctono, como fuente energética natural que garantice el suministro eléctrico en España. Así, tratarán de explicar qué significa para la «seguridad del suministro» nacional y el motivo por el que no puede considerarse ayuda de Estado.

La consejera subrayó que actualmente «urge» conseguir las ayudas equivalentes al céntimo verde, que supondrían entre 10 y 15 euros por tonelada, que haría que el carbón autóctono fuera competitivo en relación al importado. Así, la Junta, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal, acudirá a la Unión Europea para pedir también que no se consideren así las ayudas a la desnitrificación que contemplaba la orden ministerial, dado que es tan importante hacer competitivo el carbón como que las centrales lo compren y se adapten a la directiva de emisiones industriales.

La titular de Economía y Hacienda ha asegurado que el Ministerio de Industria, aunque su titular, José Manuel Soria, está en funciones, mantiene reuniones con la Unión Europea en este sentido, algo que también hará Castilla y León para buscar el «desbloqueo» de estas ayudas, que «se necesitan urgentemente». Paralelamente, la Junta indicó que también mantendrán reuniones con las compañías eléctricas para abordar esta situación.

Capital público en las empresas

Desde los sindicatos UGT y CCOO reclaman medidas para que a partir de 2019 continúen trabajando las explotaciones mineras del carbón, ya que la regulación europea establece que a partir de ese año no se podrán conceder ayudas a las minas de carbón y que aquellas empresas que las hayan recibido en el pasado tendrán que devolverlas o cerrar. También plantean los sindicatos medidas urgentes para garantizar que las eléctricas se comprometan con la compra del carbón autóctono al menos durante la vigencia del marco de actuación 2013-2018 y después del 2019 de forma permanente.

En este contexto, el representante del Sector Minero de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, mostró su sorpresa ante el anuncio de que la orden se ha «caído» ya que esto les lleva el «abismo», ya que se puede aguantar «poco más» e incluso ha dudado de que si esto no se soluciona antes de verano el sector pueda sobrevivir más allá de este año. Díez aclaró que no se puede obligar a comprar el carbón autóctono a las eléctricas, que «juegan su baza», por lo que no ve «salida» y criticó que ahora se diga que el Gobierno está «en funciones» cuando en los últimos cuatro años «incumplió».

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria en Castilla y León, Ángel Manuel Santos, exigió a la Junta un compromiso con el sector en un momento «dramático y urgente» si realmente hay intenciones de salvarlo después de que el Gobierno central lo haya «dilapilado» y haber «incumplido absolutamente todo». Por ello, los sindicatos UGT y CCOO propusieron que la Junta entre en el accionariado de las empresas, de manera que se inyecte liquidez y se fortalezca financieramente su capital. Con esta medida, que se incluye dentro de la propuesta elaborada por los sindicatos para impulsar las cuencas mineras, también se lograría «un mayor control de la gestión» de las empresas mineras, «racionalizándolas y dotándolas de una mayor transparencia».

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, no ve «razonable volver al pasado» ni cree que tenga sentido «meter dinero» sin que haya «cierta rentabilidad» por lo que considera que hay que ser «pacientes» y «esperar» para ver las determinaciones que se toman a lo largo del tiempo.  Desde la patronal recordaron que no es una cuestión que dependa de Castilla y León, sino del Ejecutivo central y de Europa, por lo que una vez que se trabajen «esos flecos» habrá que ver lo que pasa y analizar la situación.

CCOO ve «irresponsable» que Elcogas tomara una decisión «irreversible» antes de que se forme nuevo gobierno y habla de «contubernio»

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Europa Press / EFE.- El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, aseguró que sería «una irresponsabilidad» por parte de la empresa Elcogas «no aguantar sin tomar ninguna decisión irreversible» sobre el futuro de la planta de Puertollano «hasta que haya un gobierno constituido» en una jornada en la que Industria formalizó el trámite de certificación de la desconexión de Elcogas de la red eléctrica nacional mientras que considera que, en caso de tomarse, «se vería claramente que hay un contubernio».

«La empresa tiene que decidir si está al lado» del ministro de Industria, José Manuel Soria, «y de Cospedal o al lado de Puertollano y los trabajadores», manifestó Gil, quien considera que si la empresa defiende a sus trabajadores «tiene que esperar» a que en España haya un gobierno conformado, espera que «progresista», para que «se dé una alternativa» a la central. A su parecer, «hay un acuerdo clarísimo» en el Congreso del PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU que apuestan por el «futuro de Elcogas» y ha añadido, además, que sería una «irresponsabilidad» por parte de la empresa no aguantar y tomar una decisión «irreversible».

Si se tomara una decisión que no tuviera marcha atrás, «se vería claramente que hay un contubernio» entre la empresa, las eléctricas, el ministro, el PP y la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, quien en su día «mintió a Castilla-La Mancha y a Puertollano«, ha opinado el líder sindical. Gil ha subrayado que éste es «un tema indignante» que se puede calificar de muchas maneras, pero que lo que han hecho Cospedal, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la empresa tiene «un nombre claro» que, ha advertido, él no va a decir.

El Ministerio de Industria confirma que Elcogas está «oficialmente cerrada»

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Europa Press.- El Ministerio de Industria confirmó a la dirección de Elcogas que la central termoeléctrica de ciclo combinado de Puertollano (Ciudad Real) está «oficialmente cerrada» desde el 31 de enero, fecha en que se cumplió la prórroga de 3 meses solicitada por la compañía para acometer un plan de viabilidad mediante hibridación con biomasa. La dirección transmitió este mensaje a los representantes de los trabajadores durante el encuentro celebrado para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla, 143 trabajadores.

Asimismo, según las mismas fuentes, se trasladó al comité de empresa que sólo falta el «trámite administrativo» de la certificación de la desconexión de Elcogas de la red eléctrica nacional. En este sentido, han aclarado que el técnico de Industria encargado de firmar la certificación podrá hacerlo personándose en las instalaciones de la central o «a distancia«. En todo caso se espera que la gestión, que implica la pérdida de la autorización administrativa de producción eléctrica y venta de energía, pueda llevarse a cabo a lo largo de esta semana.

Durante el encuentro para negociar el ERE, la representación de los trabajadores «no ha presentado ninguna contraoferta» a la propuesta de la dirección, señalan las fuentes consultadas. Este planteamiento pasa por indemnizaciones de 26 días de salario por año trabajado con un límite de 15 mensualidades para los trabajadores de hasta 60 años, y una prejubilación con el 70% del salario para los que tengan entre 60 y 63 años. Es el final esperado para la central después de que el Ministerio de Industria no aceptara el plan de viabilidad presentado por Elcogas, en el que demandaba un marco retributivo específico y una línea de ayudas para la reconversión tecnológica ante la «insostenibilidad» del proyecto.

Gas Natural Fenosa también recurre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa contra la orden ministerial de 2015 en la que se fijan las obligaciones de aportación para ese ejercicio al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El Alto Tribunal adopta esta decisión después de que en noviembre del año pasado su sala tercera se declarara competente para el análisis de los recursos recibidos en contra de este fondo, creado por el Gobierno para cumplir las exigencias comunitarias en materia de eficiencia.

Con su decisión, Gas Natural Fenosa se suma a otras empresas que también recurrieron esta normativa, entre ellas, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. El Supremo también admitió a trámite recursos de empresas que van desde los productores de electricidad Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España hasta los instaladores eléctricos de la Fenie.

La más afectada es Repsol

La medida también ha sido denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que han presentado denuncias son Saras y Tamoil, así como las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Shell.

La orden ministerial denunciada establece la contribución obligatoria de 240 agentes del sector con el objetivo de ahorrar en 2015 unos 243 millones de euros a través de medidas de eficiencia. Conforme a este nuevo mecanismo de obligaciones, las empresas deben ahorrar durante el año una energía equivalente a un 1,5% anual de sus ventas, medidas en términos energéticos, a través de medidas de eficiencia.

Este plan del Ministerio de Industria se lanzó en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020. Para el ejercicio 2016, Industria elaboró una propuesta de orden ministerial en la que se establecen unas aportaciones obligatorias a cerca de 240 empresas valoradas en 206,8 millones de euros.