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Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.

El Gobierno autoriza la convocatoria de ayudas al carbón por valor de 25,3 millones de euros

Europa Press/Servimedia.- El Consejo de Ministros autorizó este viernes al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la convocatoria de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de la producción de las unidades incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva.

Estas ayudas se destinan a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades incluidas en el Plan de Cierre de España para la minería de carbón no competitiva correspondiente a 2016.

El importe máximo de estas ayudas será de 25,3 millones de euros y se estima un importe de 2,3 millones para empresas públicas (Hunosa) y de 23 millones de euros para empresas privadas.

Estas ayudas, dentro de los límites establecidos por la normativa europea, «contribuyen a encauzar el cese ordenado de las minas de carbón no competitivo».

El importe de la ayuda está determinado por las toneladas de carbón para generación eléctrica efectivamente facturadas a las compañías eléctricas y debidamente aprobadas, y la ayuda que corresponda por tonelada según el origen y poder calorífico del carbón. Se trata en todos los casos de minas subterráneas.

Bruselas autoriza el plan español que prevé 2.130 millones en ayudas para el cierre ordenado de 26 minas de carbón

Redacción / Agencias.- La Comisión Europa dio luz verde al plan del carbón español para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón «no competitivas» de aquí a 2018, al concluir que este apoyo no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo sobre las ayudas de Estado. Para el sindicato UGT, el Gobierno pactó «unilateralmente» con la Comisión Europea el «cierre total de la minería del carbón» en España.

Bruselas ha explicado en su decisión que el objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre, además de cubrir parte de las indemnizaciones por despido y prestaciones de la seguridad social a los trabajadores que pierdan su empleo.Una de las condiciones es que las minas incluidas en el programa sean desmanteladas «a finales de 2018 a más tardar», por lo que las autoridades españolas se han comprometido a «recuperar toda ayuda» asignada a minas que no hayan sido cerradas para entonces, según ha explicado la Comisión.

El programa de ayudas, que fue notificado por el Gobierno a Bruselas en abril, asegurará también fondos para la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.El examen del Ejecutivo comunitario concluyó que el nuevo plan para el carbón español está en línea con las normas europeas, que permiten a los Estados «cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales» derivados del cierre de las minas de carbón no competitivas, «a fin de paliar el impacto social y medioambientalsin falsear indebidamente la competencia en el mercado único”.

La Unión Europea permite los subsidios al carbón en el único caso de que estos apoyos sirvan para contribuir al cierre de minas, con el objetivo de cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales causados por la clausurahasta que éste se produzca.Estas limitaciones están dirigidas a fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la Unión Europea y avanzar hacia una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono, al tiempo que se reduce el peso del carbón autóctono.

UGT carga contra el Gobierno

Por su parte, el sindicato UGT criticó que el Gobierno haya acudido ante las instancias europeas «con premeditación y alevosía» para «para presentar un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos» y que incluye, según el sindicato, el compromiso de devolución de las ayudas previas para seguir produciendo más allá de 2018. Estos planes suponen «el fin de la minería del carbón» en España y «condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otro tipo de energías». También consideran del Gobierno un «despropósito» decir que defienden al sector y, sin embargo, «apremiar su cierre».

El próximo 7 de junio se firmará el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, entre otras entidades con la Junta de Castilla y León y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha. Para el sindicato UGT, esta novedad es «un atropello más de este gobierno, que se pone de rodillas ante las eléctricas y Bruselas, incumpliendo sin el menor rubor con todo lo pactado con empresarios y sindicatos». UGT tildó el acuerdo de «traición» al sector y pidió que al menos «tenga la suficiente vergüenza» como para convocar a la comisión de seguimiento del plan del carbón.

La recuperación económica aumenta un 10% las emisiones de CO2 en España

Europa Press / EFE.- La recuperación económica provoca un aumento de alrededor del 10% de las emisiones de CO2 de las empresas sujetas a la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, según datos provisionales de 2015 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de cifras avanzadas en el Informe de situación de las emisiones de CO2 2014, elaborado por la Fundación Empresa & Clima y el autor del estudio, el economista y consultor ambiental Arturo de las Heras, que presentó en la sede de Gas Natural Fenosa en Barcelona.

De las Heras explicó que el aumento de la actividad económica por el fin de la crisis tuvo un efecto directo en las emisiones en 2014 con un aumento del 7,2%, que se ha consolidado en 2015 al crecer otro 10% dado el aumento de la contaminación industrial por CO2 producida por las empresas controladas en el marco de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones: «No es anecdótico, sino un cambio de tendencia claro en las emisiones». «Es el primer año que crecen las emisiones desde el inicio de 2008», afirmó el autor del informe, puesto que habían ido disminuyendo en España desde entonces.

Según el informe, en 2014 se verificaron más de 130 millones de toneladas de CO2 en España, 8 millones de toneladas más, siendo la generación eléctrica de carbón el sector más emisor con más de 40 millones de toneladas, un 11,2% más que en 2013, el proceso que «penaliza más» las emisiones. «En España hay una parte muy importante en carbón dado las políticas que se priorizan”, señaló en referencia a las subvenciones al sector minero por parte del Gobierno, hecho que trasciende las políticas de cambio climático por sus consecuencias sociales, según él. Respecto a las emisiones difusas en España, fundamentalmente transporte, cayeron un 12,5% en 2013, aunque el avance del Ministerio prevé un aumento del 1,1% en 2014.

Andalucía es la comunidad que más contamina ya que emitió en 2014 más de 22 millones de toneladas de CO2, lo que supuso un 17,1% del total de emisiones industriales de CO2 en toda España. Le siguen Galicia (13,5%), Asturias (10,5%), Cataluña (10,3%), Castilla y León (8,6%) y la Comunidad Valenciana (6,5%) como las comunidades más contaminantes, mientras que La Rioja, Ceuta y Melilla solo emitieron cada una un 0, 1% de CO2. De las Heras ha explicado que las diferencias entre las comunidades son «normales» y ha mencionado que Extremadura es la que más ha conseguido reducir sus emisiones de CO2 respecto a 2013.

Pese al aumento en España, Europa muestra una tendencia de descenso de las emisiones totales con un 1,9% menos en 2013, siendo Alemania el principal emisor con el 21,2% del total, seguida por Reino Unido, con el 12,8%, mientras que España ocupa la sexta posición con un 7,2% de las emisiones europeas. Los españoles se mantienen por debajo de la media europea en emisiones per cápita anuales con 6,88 toneladas/CO2 por persona, mientras que en Europa es de 8,8 toneladas/CO2.

En el conjunto del mundo, las emisiones energéticas han aumentado, pero de forma más moderada: en 2013 superaron los 32.000 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 2,2% respecto al año anterior y un aumento acumulado del 56,1% desde 1990. Los países más emisores son Estados Unidos y China, que juntos representan el 43,8% de las emisiones del mundo, y añadiendo India, Rusia y Japón, suponen el 58,2%.

Según la Directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles, en Europa se ha conseguido reducir las emisiones un 23%, lo que demuestra que «las buenas políticas no están reñidas con el crecimiento». En opinión de De las Heras, en España se tendrían que incrementar más políticas para reducir las emisiones de CO2, y afirmó que el pasado mes de febrero se aprobó una directiva de eficacia energética, que es «un primer paso muy importante» ya que les pide a las empresas que hagan auditorías energéticas, aunque reconoció que esta comisión «se debería haber creado hace 3 o 4 años». También señaló que el Estado tiene implementar políticas que apoyen a las energías renovables.

ACOM reclamará al Gobierno los fondos pendientes de los planes del carbón

EFE.- ACOM-España ha pedido «rapidez» para que se firmen los acuerdos y se pueda ejecutar el Plan del Carbón 2013-2018 y ha acordado estudiar una demanda contra el Gobierno de España para reclamar el dinero de los fondos pendientes del primer y el segundo Plan del Carbón.

Así lo ha afirmado el presidente de la Asociación de Municipios Mineros ACOM España, Adrián Barbón, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Comisión Permanente que se ha celebrado en la Diputación de Palencia, entidad que, junto a siete municipios de la provincia forma parte de ACOM (comisión permanente de la asociación de municipios mineros).

En la reunión se han tratado el problema de la minería del carbón relacionada con las actuaciones más urgentes en materia de reactivación de las comarcas mineras de España y la propuesta del Gobierno de España para garantizar el consumo de carbón nacional.

En relación con la reactivación, Barbón ha afirmado que los municipios mineros todavía están esperando a que se firmen los convenios marco entre Estado y Comunidades Autónomas para que se ejecute algo del Plan del Carbón 2013-2018, que preveía 250 millones de euros en fondos de reactivación, de los que «a día de hoy no se ha ejecutado ni un solo euro».

Por ello desde ACOM España, su presidente ha pedido «rapidez» para que se solucione este problema y se firmen esos convenios, además de un retraso en los plazos finales «para que podamos llegar».

El otro asunto tratado hoy en Palencia ha sido la propuesta del Gobierno de España para incrementar la ayuda por la producción de carbón de 10 euros.

Una medida que ACOM rechaza porque «no satisface las demandas del sector, ni garantiza el mantenimiento de la actividad minera, ni soluciona los problemas fundamentales de la producción», ha afirmado Barbón.

Por ultimo, ha recordado que el acuerdo marco 2013-2018 del mix energético del hueco térmico que le corresponde al carbón nacional no se está cumpliendo.

Asturias y Castilla y León piden al Gobierno cumplir el Plan del Carbón y trabajar en Europa pensando en 2018

EFE.- Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, han coincidido en demandar al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón, como paso urgente, y también en la necesidad de pelear para que las minas rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas. Herrera y Fernández han dejado patente una posición consensuada ante la viabilidad del sector del carbón.

«El problema de la minería no está en funciones, cada día que pasa sea agrava», sentenció Herrera, convencido de que la disposición del nuevo ministro competente sobre la minería, el titular de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, es la de retomar la interlocución con los sindicatos y la patronal del carbón, que buscan un pacto nacional en esta materia. Herrera añadió que seguirán «insistiendo» para buscar soluciones a un problema en el que ha faltado «sentir» en el Gobierno central, aunque no ha avanzado si la intención del Ministerio irá más allá de «favorecer la interlocución» y «estudiar las circunstancias del momento».

En el plano europeo, el presidente de Castilla y León ha dicho que España «no puede abdicar» de su responsabilidad para «revertir» las políticas de la Unión Europea en materia energética y en concreto a la decisión de obligar a las empresas subvencionadas a devolver las ayudas si en 2018 son rentables y quieren seguir activas, ya que «eso las condena al fracaso«. «Es un absurdo y una incoherencia, es un carbonicidio«, ha resumido Herrera, quien sin embargo reconoció que mientras el Gobierno central «acertó cuando firmó el acuerdo con el sector en octubre de 2013», su «error es no ejecutarlo en todos sus aspectos». «Cúmplase ese marco», ha pedido.

Herrera señaló que, en el caso de que haya planes de cierre para el sector, se ofrezcan los fondos necesarios para paliar las «consecuencias sociales», ya que se trata del «futuro del hombre y la mujer en amplias zonas donde no hay muchas alternativas», sin que esto constituya una posición «frentista, sino coherente» con lo acordado entre el propio Gobierno y el sector. Preguntado por si en algún momento se ha sentido solo respecto a su partido, el PP, en la defensa del sector del carbón, Herrera reconoció que a veces es «difícil» explicar las posturas sobre temas como éste.

Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en la necesidad de que España reivindique ante las instituciones europeas que es un error mantener la normativa que llevará a que las explotaciones mineras que estén ahora recibiendo ayudas para llegar a ser rentables sin la necesidad de apoyos públicos, tengan que devolverlas a partir de 2018, ya que esto truncaría su viabilidad. Fernández ha reconocido que las decisiones no pueden «postergarse» porque son «de urgencia», ya que el sector corre el riesgo de no llegar a 2018 precisamente por la «incertidumbre» de tener que devolver las ayudas que ahora perciben.

Uminsa cierra un acuerdo con sus trabajadores para la aplicación de un ERTE

EFE.- Unión Minera del Norte, S.A. (Uminsa) concluyó con la representación de sus trabajadores las negociaciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyo periodo de consultas se inició el pasado 14 de marzo y que se ha cerrado con acuerdo. Durante el presente abril, el ERTE no se aplicará a ninguno de los trabajadores de la plantilla propia de Uminsa, aunque la empresa señala que se ha visto obligada a rescindir gran parte de los contratos con sus empresas subcontratistas mineras.

Se han visto afectados 111 trabajadores de estas auxiliares que han perdido su empleo, aunque podrían recuperarlo más adelante, junto con otros 47 de las auxiliares de transporte y lavaderos, que han visto su empleo suspendido temporalmente. Uminsa se ha comprometido a financiar los excedentes de producción que se generarán con la plantilla que queda, en la confianza de que en los próximos meses los niveles de funcionamiento de las centrales térmicas y el periodo vacacional de la plantilla permitan dar salida a estas existencias.

Asimismo, han acordado analizar conjuntamente las medidas más adecuadas en cada momento para lograr la supervivencia de la empresa en este periodo de transición política, salvaguardando más de 500 empleos directos que aún mantiene entre plantilla propia y subcontratada. La empresa hace un llamamiento a todas las instituciones y partidos políticos para que insten al Gobierno a que deje de escudarse en las instituciones europeas y cumpla el Plan pactado con el sector, apoyando las inversiones en instalaciones de desnitrificación de las centrales térmicas, tal y como ya han hecho países como Alemania o Italia.

«No es comprensible que se pueda poner el punto y final al carbón nacional,pues la transición hacia la energía 100% renovable durará al menos otros 30 años según todos los estudios y en este periodo el carbón seguirá siendo la tecnología de respaldo necesaria para cuando no hay viento ni agua, por lo que lo razonable es apoyar las inversiones en desnitrificación en las centrales de carbón autóctono», recalca la Unión Minera del Norte.

Sindicatos y patronal crean un «frente común» para salvar al carbón de una situación «crítica» mientras culpan a las compañías eléctricas

Redacción / Agencias.- Los sindicatos Fitag-UGT y CCOO de Industria y la patronal Carbunión han anunciado la creación de un «frente común» en defensa del sector de la minería, que vive una situación «crítica» que le puede llevar a la desaparición «en meses«.

El presidente de Carbunión, Óscar Lapastora, advierte de que la situación del sector es «absolutamente crítica«, ya que a las empresas que se encuentran ya en situaciones concursales o liquidación se une que las abiertas «están prácticamente sin actividad ante la falta de compra de carbón». «Que nadie se dé por sorprendido si en unos meses no queda ni una empresa ni un trabajador», apostilló Lapastora, que subrayó que «parte de la culpa» de esta situación es de las eléctricas, «que apenas compran carbón», aunque señaló que para que esto se revierta hubiera sido necesario cumplir con la promesa de aprobar un mecanismo que incentivara el consumo de carbón autóctono.

La principal medida pedida por sindicatos y patronal es que se cumpla el compromiso de compra del 7,5% de carbón nacional por las centrales térmicas a las compañías mineras, tal y como establece el acuerdo con el Gobierno en 2013. «Nadie está pidiendo que se obligue a las eléctricas, se pide cumplir el acuerdo marco de la minería que recogía la adopción de una serie de incentivos para que resultara atractivo la compra de carbón autóctono. El problema es que no se está poniendo en marcha ese incentivo que haría atractivo a las eléctricas la compra de carbón», añadió Lapastora.

El presidente de Carbunión, que aseguró que las empresas que «sobreviven» lo están haciendo con las mínimas ventas de carbón a Endesa, EDP España e Iberdrola, ya que otras empresas como Gas Natural Fenosa o Viesgo no compran, indicó que la producción ya cayó en 2015 un 23%, con apenas 3,4 millones de toneladas, y que los datos del primer trimestre de este año serán también «sensiblemente inferiores» a los del mismo periodo del 2015.

Reclaman a los principales partidos

Por su parte, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, subrayó que la situación del sector está «tocando a su fin» y aseguró que si el Gobierno no toma medidas es posible que «en los próximos meses no quede trabajando ni una empresa». «Las minas no venden carbón y si no se vende las minas se cierran y mandan al paro a todos los trabajadores», añadió. Por ello, sindicatos y patronal remitirán una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, solicitando por enésima vez la convocatoria con carácter de máxima urgencia de la comisión de seguimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, órgano que no se reúne desde junio.

Asimismo, pedirán también a los partidos mayoritarios en el Congreso (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y a IU una reunión urgente para explicarles la situación del sector y trasladarles las acciones que se deberían adoptar para dar estabilidad al sector. Fernández denunció que «este Gobierno ni está ni se le espera» ya que, según el sindicalista, «se escuda en la normativa europea», relativa al cierre de las empresas de la minería del carbón que no sean viables antes de 2019, para no cumplir sus compromisos. Por ello, afirmó que «sería conveniente que lo más rápido posible hubiera un nuevo Gobierno para poder dialogar con ellos».

A este respecto, el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, consideró que se está «empezando a vivir la desaparición del sector de la minería del carbón» y acusó al Gobierno de «haber incumplido sistemáticamente todos los artículos y apartados» del marco de actuación para el periodo 2013-2018. «Estamos ante un Gobierno incompetente, incapaz de gestionar un sector de la minería del carbón y preso de las puertas giratorias que les llevan a participar en los consejos de administración de las empresas eléctricas”, añadió al respecto.

Por ello, patronal y sindicatos abogan por la formación de «un frente común» con los municipios, las comarcas y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla y León para intentar hacer frente a esta situación. «No puede ser que no haya encaje para 3 millones de toneladas de carbón nacional cuando las eléctricas importan 15 millones», lamentó Villares, quien indicó que con esa producción, la de 2015, se daría «viabilidad a las empresas, los trabajadores y las comarcas mineras».

Exige al Gobierno que cumpla

Por su parte, el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, reclamó al Gobierno central que cumpla con el Plan del Carbón 2013-2018 «aunque esté en funciones». Además, el responsable de Minas autonómico ha alertado de que no sólo es preocupante la situación de las empresas mineras sino también de las centrales térmicas, que «tienen que hacer una serie de urgentes inversiones para adaptarse a la nueva directiva europea de emisiones industriales, sin las cuales desaparecerán«.

Sobre la nueva ayuda anunciada por el Gobierno para favorecer la compra de carbón nacional por parte de las térmicas, Mantero asegura desconocer su funcionamiento o formato, «eso habría que preguntárselo al Ministerio». Las ayudas anunciadas por Industria facilitarían reducir el precio de la tonelada de carbón autóctono entre 10 y 15 euros, lo que favorecería la compra de esta mineral nacional en detrimento del coque o del de importación. Unas ayudas que se desconocen si estarían ligadas a las eléctricas o las empresas mineras. Esta última posibilidad se encontraría con «un gravísimo inconveniente ya que son unas ayudas que habría que devolverlas en 2018 si las empresas continúan con la actividad minera», explicó Mantero.

El PSOE y los sindicatos exigen a Industria que reúna de forma urgente la comisión de seguimiento del carbón

Redacción / Agencias.- Al igual que hicieron los sindicatos CCOO y UGT, el PSOE ha exigido al Ministerio de Industria que reúna de forma urgente a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-18 para ponerse al día de la situación del sector ante los «graves incumplimientos» en los que, a su entender, ha incurrido el Gobierno del PP.

En una proposición no de ley presentada en el Congreso, diputados socialistas de regiones mineras como Asturias, Castilla y León o Aragón critican el incumplimiento del Plan Nacional de Carbón 2006-12 por parte del Ejecutivo de Rajoy, que provocó un recorte del 64% de las ayudas y la «progresiva desaparición» de recursos destinados a infraestructuras para el desarrollo alternativo de estas comarcas. Lejos de corregir esta situación, el Gobierno popular ha seguido creando «grandes incertidumbres» sobre el futuro del sector con su actitud ante el acuerdo que los sindicatos y los empresarios alcanzaron en 2013.

Por eso, los socialistas quieren que se reúna de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para conocer el grado de cumplimiento de dicho acuerdo, analizar la evolución de las plantillas, las ayudas de explotación, los cierres, los proyectos empresariales y de infraestructuras, entre otros asuntos que abordar, como la situación de las negociaciones con la Unión Europea para revertir la decisión de cierre de minas no rentables a partir de 2018.

También piden conocer el grado de cumplimiento del Mecanismo de Pago por Capacidad que “debería estar en vigor” desde el 1 de enero de 2015 en sustitución del Real Decreto de Garantía de Suministro, y la posibilidad de acompañamiento de la exención del céntimo verde. Otro de los puntos que el grupo parlamentario quiere debatir es la situación de las inversiones en Investigación y Desarrollo para la Captura y Almacenamiento de C02, con especial atención a la situación de la Ciudad de la Energía (Ciuden).

En este sentido, los socialistas recuerdan que el acuerdo incorpora la posibilidad de prorrogar las ayudas a la actividad minera hasta el 2018 e incluye la continuidad de líneas de ayuda al desarrollo alternativo de nuevas actividades económicas en las regiones afectadas. «Tras más de 2 años de vigencia del presente Plan continúan existiendo grandes incertidumbres sobre el futuro del sector, especialmente en lo que afecta al consumo del carbón nacional que garantice la continuidad de la actividad minera en España«, señala la iniciativa socialista, que recuerda que el Marco de Actuación creó una Comisión de coordinación y de seguimiento.

Los sindicatos exigen a Industria

Fitag-UGT e Industria de CCOO reclamaron también al Ministerio la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco del carbón. En una carta remitida al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con copia al ministro de Industria, José Manuel Soria, los sindicatos señalan que, «independientemente de la situación política del país, la grave crisis que atraviesa la minería del carbón requiere respuestas inmediatas». Así, consideran que «es más necesaria que nunca» una comisión de seguimiento del acuerdo marco para buscar «soluciones urgentes que, a través del diálogo, garanticen la supervivencia del sector y de las comarcas mineras».

En su misiva, los sindicatos insisten en la convocatoria para conocer el grado de cumplimiento del marco de actuación, firmado en 2013, así como el estado de la implementación del mecanismo de pago por capacidad que debería estar en vigor desde 2015. UGT y CCOO señalan que estos dos conceptos, que en principio serían una de las soluciones urgentes que solicitan, deberían estar resueltos «a la vista de la necesidad que atraviesa todo el sector». Asimismo, demandan información sobre el estado de la Ciuden y de las negociaciones con la Unión Europea, en los mismos términos que los diputados socialistas.

«Hay un compromiso de que las centrales térmicas seguirían comprando carbón autóctono a las empresas mineras porque el carbón es una de nuestras únicas fuentes de energía autóctona y, por ende, de garantía de suministro además de por cuestiones sociales y territoriales», apuntaron desde los sindicatos. También recordaron que España es una «isla energética» con pocas conexiones y el carbón «da independencia energética» y es un sector que estructura comarcas enteras, del que viven miles de familias. «En un momento en el que Europa vela por la despoblación, tenemos todos los ingredientes para reclamar el mantenimiento de la actividad de nuestra minería del carbón», concluyeron.

Hullera Vasco-Leonesa tira la toalla tras 120 años y pide su liquidación mientras Izquierda Unida arremete contra Industria en Bruselas

Servimedia / EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, denuncia que el Ministerio de Industria «no ha peleado lo suficiente por el sector» en Europa en una jornada en la que la minería del carbón despide a Hullera Vasco-Leonesa, que decidió por unanimidad de su consejo de administración presentar la solicitud de liquidación de la compañía tras fracasar en su intento de convencer a los acreedores de la viabilidad futura de una empresa creada hace 120 años.

Además, según comunicó la compañía minera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habilitó a su presidente para que adopte las medidas necesarias para su ejecución, entre ellas, la emisión de las oportunas certificaciones hasta completar los trámites de la extinción de la sociedad. Hullera Vasco-Leonesa asegura que con esta decisión persigue favorecer una salida lo menos perjudicial posible para los intereses de trabajadores y acreedores ante el deterioro de su situación económica.

Además, lamenta que «los principales agentes implicados, clientes, instituciones públicas, entidades financieras y aquellos acreedores que han sido emblemáticos en el devenir productivo de los más de 120 años de historia que avalan la trayectoria de la sociedad, no hayan podido encontrar fórmulas de superación de una situación económica que deviene como consecuencia de imposiciones legales cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La entrada en concurso de la compañía se produjo básicamente por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón impuesto por la Unión Europea y por su aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que provocó una drástica reducción tanto de las ayudas como de la demanda de carbón, hasta alcanzar cuotas insostenibles en 2014. Por último, el consejo expresa su «frustración» por «no haber podido superar las rígidas barreras administrativas y financieras que le han sido infranqueables durante estas largas negociaciones, especialmente, en cuanto detentadores de un legado empresarial centenario».

Izquierda Unida protesta ante Europa

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, calificó de «decepcionante» la decisión de la Comisión Europea de considerar contraria al derecho de la Unión Europea la orden ministerial de ayudas al carbón autóctono para generar electricidad. Asimismo, exige que se implante «de forma urgente» una bonificación sobre el denominado céntimo verde para incentivar el consumo de carbón extraído en el Estado español frente al importado. A su juicio, estamos ante «última muestra de que el Ministerio de Industria no ha peleado suficiente por el sector, dejándolo sin oportunidades más allá de 2018».

Vallina señala que el pasado mes de enero mantuvo una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar la situación del sector del carbón en el Estado español, en la que la representante comunitaria le trasladó que la transición energética era una «cuestión inminente» y defendió la importación de carbón del extranjero puesto que sus precios eran «imbatibles». Vallina reseña que le expuso a Vestager que la orden ministerial, que finalmente ha rechazado la Comisión Europea, «redundaría en una rentabilidad social en las zonas donde se produce carbón autóctono» y «serviría para generar empleo estable y duradero y frenar la despoblación».

Asimismo, advirtió que de no aplicarse sería «un desastre social», y denunció que el carbón importado «no cumple los mismos estándares laborales y medioambientales que el autóctono». La europarlamentaria insiste en la necesidad de implantar el llamado céntimo verde, que dé preferencia a que se queme carbón nacional para producir electricidad frente al importado, lo que considera «vital» y entiende que lo convertiría «también en competitivo a nivel de precios».

Explicaciones en Castilla y León

Mientras tanto, el PSOE reclamó en las Cortes de Castilla y León la comparecencia urgente de la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, para que explique el rechazo de Bruselas al mecanismo para la compra de carbón autóctono. En este sentido, el procurador por León Tino Rodríguez considera que la reclamación está justificada ante el hecho de que el Gobierno, tal como ha reconocido ante la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), no haya enviado a Bruselas la orden ministerial que habría evitado la actual situación de quiebra en la que se encuentra el sector.A este respecto, Rodríguez se pregunta: «¿De qué rechazo hablaba la consejera Pilar del Olmo si no se había presentado ninguna petición formal?».

Por este motivo, ha acusado a la Junta de ser «los titiriteros de Mariano Rajoy y del ministro José Manuel Soria para encubrir su política de aniquilación de la minería».El parlamentario autonómico ha recordado que desde que el PP accedió al Gobierno a finales de 2011 «se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de la Comunidad de casi 10 grupos mineros que sustentaban el trabajo a más de un centenar de empresas auxiliares, sólo quedan 3 y con los mineros en ERE«. Rodríguez ha esgrimido que esta situación ha llevado a que se haya pasado de más de 6.000 empleos directos e indirectos de la minería del carbón, a los actuales 700.