Europa Press.- El nuevo frente jurídico que se abre para el Ministerio de Energía a cuenta del mercado organizado del gas contribuye a agrandar la fama de judicialización permanente y constante que precede al sector energético español. Un frente abierto con la admisión a trámite del recurso de Gas Natural Fenosa contra la reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía para forzar a esta empresa y a Endesa, como operadores dominantes de este hidrocarburo en España, a ser creadores obligatorios de mercado (market makers) en el mercado organizado del gas (Mibgas).

La legislación permite que el Gobierno marque las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes, aunque únicamente de forma complementaria o adicional a los creadores de mercado voluntarios. Para ello, según la normativa previa, debe constatarse que el Mibgas careciese de liquidez y que no hubiera operadores voluntarios dispuestos a aportarla, antes de poner en marcha este mecanismo obligatorio. En 2017, esta actividad ha sido realizada por Gunvor Internacional y Axpo Iberia. El hecho es que el Gobierno, con esta resolución, aumenta además la obligación por un período de 4 años a los agentes financieros interesados en ejercer voluntariamente de creadores de mercado.

En concreto, Energía quiere que los operadores dispongan en cualquier momento de un volumen de gas negociado suficiente para cubrir sus necesidades. Consecuentemente, estas empresas adquieren como obligación presentar en este mercado ofertas de compra y venta por un volumen de gas fijado por el Ministerio de Energía. Con esta medida, el Gobierno pretende abaratar y aumentar el grado de aprovisionamiento del gas para las centrales de ciclo combinado, intentando cubrirse de la evolución de los precios internacionales que se producen en este hidrocarburo en los momentos de mayor demanda, de forma que su disponibilidad se traduzca en menores precios de la electricidad en el mercado mayorista eléctrico, en momentos de picos de demanda o de falta de generación renovable.

La medida pretende aumentar la liquidez en el mercado organizado del gas, un mercado que comenzó a funcionar en diciembre de 2015 y en el que en la actualidad se negocia un 3,7% de la demanda nacional de gas, aunque en momentos puntales como octubre llegó al 6,3% de la demanda mensual nacional. En lo que se refiere a precios, también busca marcar un precio referencia de este hidrocarburo y forzar su transparencia frente al registrado en los pactos bilaterales de aprovisionamiento. Conocer esos contratos y sus precios siempre ha sido un oscuro objeto del deseo de la Administración, en su voluntad de intervención en la actividad de las empresas.

Ojo a los riesgos financieros

Por su parte, Energía se defiende antes de que su pretensión pueda interpretarse como un intento de bajada artificial de los precios, en la medida en que esto sería ir en contra de la normativa europea, aunque sea el driver más reconocible de la política de este Ministerio. En su lugar, señala que el objetivo es «mejorar el funcionamiento de los mercados para evitar los momentos puntas en los precios».

Desde el sector se advierte de la posible vulnerabilidad derivada de la entrada en competición con los traders internacionales, lo que conlleva más riesgos financieros para las empresas. El papel de estos traders internacionales podría presionar a los precios del gas que tendrían que satisfacer los operadores obligatorios, con la imposición legal de comprar y vender para ofrecer determinados volúmenes. Según distintos medios de comunicación, Gas Natural Fenosa, estaría preparando ya un equipo profesional especializado para operar en estas condiciones.

También argumentan desde el sector que el componente principal de los precios del gas son las oscilaciones del mercado internacional y aseguran que la variación del precio que pagan los consumidores en sus facturas del gas no depende de los creadores de mercado. Es decir que su efecto pretendido va a ser escaso. Por ello, consideran la medida innecesaria, desproporcionada y no adecuada para conseguir esta pretensión. En su lugar, desde el sector se defiende como alternativa establecer un modelo que incentive a planificar el almacenamiento más que imponer estas obligaciones por un período tan largo a los operadores empresariales.

Por tanto, la conclusión es que Energía fuerza la obligatoriedad de la actuación de las empresas a las crisis coyunturales. Con Nadal al frente del Ministerio, el sector energético camina hacia la intervención permanente, que se materializará de forma diferente en cada una de las actividades del mismo. Una intervención donde el fin justifica los medios, desde el ejercicio coactivo de la obligatoriedad, el tratar de esquivar la normativa europea o superar las funciones de los agentes y operadores privados.

En este sentido, el conflicto relativo a los operadores obligatorios del mercado gasista comparte con el conflicto derivado de la solicitud de cierre de las centrales de carbón la concepción del Ejecutivo de que las empresas deben ser sujetos al servicio de la política (que no de las políticas, dado que no existen, más allá de todos los virajes cortoplacistas dedicados a contener los precios de la electricidad, sin atreverse a evaluar qué partes de la tarifa deberían estar en los Presupuestos). Y ahí seguimos.