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Más de 120 organizaciones antinucleares se manifiestan en Madrid para pedir que no se renueven las licencias de las centrales

Europa Press.- Un total de 123 organizaciones españolas y portuguesas se manifestaron en Madrid para pedir al Gobierno que no proceda a la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares en España, que caducan a partir de 2020 y hasta ahora debían pedirse 3 años antes de que expire la licencia en vigor. La convocatoria fue del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), plataforma que engloba a más de 80 organizaciones.

En principio la primera central en tener que solicitar renovación de licencia sería Almaraz, en Cáceres, y cerca ya de territorio portugués, cuya fecha límite era el 8 de junio. Posteriormente, le tocaba a Vandellós II, en Tarragona, en julio. Las centrales de Cofrentes y Ascó tenían que pedir la renovación en 2018 ya que sus autorizaciones caducan en 2021, mientras que la de Trillo lo haría en 2021 (expiración en 2024). Sin embargo, el Gobierno recibió recientemente el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para modificar una orden ministerial con el fin de retrasar precisamente el plazo en el que una planta tiene que solicitar su renovación.

«Con el nuevo proyecto de orden ministerial, el gobierno del Partido Popular apuesta claramente por la prolongación de la vida de las centrales nucleares ignorando la necesidad de un debate público sobre los riesgos de esta energía», subraya Ecologistas en Acción. En cualquier caso, las más de 120 organizaciones que se manifestaron han firmado un manifiesto para pedir que no se renueven los permisos de las centrales nucleares y se proceda al cierre nuclear, texto al que se han sumado 1.200 personas a título individual.

«Estamos dando la batalla para que la energía nuclear se jubile, porque si se aprueban los permisos, las centrales nucleares, en nuestro mix eléctrico, van a mediatizar absolutamente el modelo energético de nuestro país en las próximas décadas», ha afirmado el coordinador de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que ha estado acompañado de representantes de organizaciones antinucleares y de partidos políticos como Izquierda Unida (Sira Rego) y Podemos (el diputado Alberto Rodríguez). Según ha señalado Castejón, se sienten «alarmados» por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España con respecto a la energía nuclear. Por ello, se manifiestan bajo el lema Cerrar Almaraz y todas las demás. 100% Renovables. 

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.