Entradas

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».

El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.

El Defensor del Pueblo andaluz alerta sobre los «riesgos» en Doñana y pide suspender el proyecto de Gas Natural Fenosa

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes un informe del CSIC sobre Doñana, que señala una situación «preocupante» del estado del acuífero y alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gaseoducto «no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste».

El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su «preocupación» por estos hechos y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los municipios del entorno de Doñana, «valore la situación real del acuífero y adopten conjuntamente las medidas que sean necesaria para su protección».

También ha informado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, que actualmente investiga los riesgos de la ejecución del gaseoducto para que, si lo estima oportuno, y dado el contenido del informe, proponga al Ministerio competente, «que valore la conveniencia de suspender el tramo ya en ejecución, de Marisma Occidental, de acuerdo con el principio de precaución». Para la institución andaluza esta suspensión «debería adoptarse definitivamente si de los informes finales se desprende que existe ese riesgo sísmico y de contaminación del acuífero», lo que «podría tener consecuencias muy graves para conservar Doñana».

Según este informe «el hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración de riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de inestabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, también se ha referido a la paralización del proyecto de gasoducto en el entorno de Doñana, un asunto del que «oficialmente no saben nada». «No nos ha llegado ninguna comunicación, pero se ha publicado que la empresa paraliza las obras ante la imposibilidad de construir dos partes del proyecto que discurrían por el interior del espacio natural de Doñana, algo que impide la Junta», ha indicado.

«Como todo el mundo sabe, estamos en contra de este proyecto, que nos hemos opuesto con la ley en la mano», manifestó Fiscal, quien dejó claro que Doñana «no es un lugar, ni el entorno, para un almacén subterráneo de gas». Según el consejero, si se confirma la paralización del gasoducto, lo que se probaría es que la «oposición frontal» de la Junta de Andalucía para que la obra no atraviese «ni un solo metro del espacio natural de Doñana comenzaría a dar sus frutos».

Una plataforma pide a la Fiscalía de Medio Ambiente paralizar las obras de Gas Natural Fenosa en Doñana

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La plataforma Doñana Lives presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla para que investigue «exhaustivamente» las causas del incendio originado en el término municipal de Moguer (Huelva) y que alcanzó el Espacio Natural de Doñana, y «si ha habido negligencia o atentado», así como que «se actúe con el mayor rigor posible contra los responsables, sean quienes sean».

Según reza la denuncia, solicitan que se paralicen cautelarmente las obras de la empresa Gas Natural en el entorno de Doñana, «al menos hasta que por técnicos independientes y desconocidos de la empresa promotora se pueda probar la imposibilidad de consecuencias en caso de algún otro accidente futuro». De igual modo, insisten en que «si no se probara, se prohíba absolutamente la referida obra y cualquier otra que pueda poner en peligro la supervivencia del parque y la afección de cualquiera de los acuíferos citados».

No obstante, aseguran que, aunque «nadie puede acusar a Gas Natural de responsabilidad alguna» en este suceso, «deja clara una circunstancia que ya hemos denunciado anteriormente: la instalación de un gigantesco almacén de gas en la marisma puede convertirse en un gravísimo desastre, ante una desgracia fortuita como esta, más aún ante la posibilidad, nunca remota, de un ataque terrorista».

A su juicio, «la acción beneficiosa de los Parques Nacional y Natural de Doñana está fuera de dudas», indicando además que «queda claro que la posible pérdida de este pulmón mundial sería una catástrofe irreversible para el mundo y, en especial para Andalucía, la zona más cercana y, por tanto, la más beneficiada actualmente y la que corre mayor peligro«. Por último, entienden que es función de esta Fiscalía de Medio Ambiente investigar lo ocurrido.

Salvemos Doñana propone a la Junta andaluza que acuda al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización al almacén de gas

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Miembros de la Plataforma Salvemos Doñana se reunieron con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para solicitar a la administración andaluza la garantía de que el Gobierno andaluz está actuando y valorando sus opciones para parar el proyecto Marismas Occidental del almacén de gas natural en Doñana, que ya está en marcha, y el compromiso de mantener «hasta las últimas consecuencias» esta oposición oficial a convertir Doñana en almacén industrial.

En particular, Salvemos Doñana ha requerido a Fiscal que la Junta de Andalucía «pase a la acción» para paralizar el proyecto industrial y, concretamente, solicitan que se acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo. Los asistentes consideran que ha sido un encuentro necesario para intercambiar información y planificar las actuaciones a llevar a cabo para continuar trabajando para la paralización del proyecto mediante acciones políticas, movimiento social y actuación jurídica.

Durante la reunión, los miembros del colectivo solicitaron el informe remitido en febrero a la Comisión Europea, pero fueron informados de que dicho documento se encuentra aún en tramitación por el Ministerio competente y no ha sido remitido a Bruselas. Asimismo, trasladaron a Fiscal la necesidad e importancia de sustituir los proyectos industriales de gas natural en la zona protegida y su entorno inmediato por «proyectos integrados y respetuosos con su incalculable valor», la creación de empleo verde y el uso de energías limpias. Por su parte, el consejero reiteró a los asistentes su «oposición tajante, tanto personal como del Gobierno andaluz, al proyecto dentro y fuera del espacio protegido».

Fiscal expresó a Salvemos Doñana su intención de mantener el trabajo tanto en el ámbito político como en el seguimiento «exhaustivo» de las obras para el cumplimiento de todos los condicionados de la Autorización Ambiental Unificada y las leyes aplicables y en el estudio por parte del gabinete jurídico de la Junta de las posibilidades legales para saber si hay alguna forma jurídica de paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. En este sentido, los miembros de la plataforma hicieron hincapié a Fiscal de que, en última instancia, es necesario recurrir al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización del Gobierno central dada al proyecto industrial de almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

La Junta de Andalucía considera “inviable” el almacenamiento proyectado por Gas Natural Fenosa en Doñana

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha repasado la actual situación del espacio natural de Doñana tras su ampliación y el informe de WWF que cita los peligros para este entorno y, en este sentido, recordó que el Ejecutivo autonómico se vio «obligado» por ley a conceder la autorización ambiental unificada (AAU) para el subproyecto Marismas Occidental de la iniciativa global de almacenamiento de Gas Natural Fenosa en el parque.

Aunque Fiscal haya hecho hincapié en la ausencia de «resortes» para negar la autorización a este subproyecto, sí ha recalcado que a día de hoy, y dada la situación de los demás subproyectos, el conjunto es «inviable», de lo que da prueba la reclamación patrimonial de 389 millones de euros iniciada por la empresa contra la Junta. «Llegamos hasta donde llegamos», manifestó el consejero, que incide en la negativa de autorización a Marismas Oriental, la parte «esencial» de la iniciativa en tanto que va por el interior del espacio natural, y volvió a insistir en la «radical» oposición al proyecto por parte de la Junta”.