Europa Press.- Greenpeace advierte de que el proyecto de real decreto que prepara el Ministerio de Industria penaliza el autoconsumo en lugar de fomentarlo. A su juicio, este texto obligará a los consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía a pagar un impuesto al sol por la energía que producen para su propio uso.

Ante esta situación, la organización ecologista exige al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del real decreto de autoconsumo y solicita a los partidos que aspiran a gobernar tras las próximas elecciones que, en caso de aprobarse el decreto, se comprometan a derogarlo y reemplazarlo por una normativa que favorezca el autoconsumo, las energías renovables y el ahorro energético.

«Es inaceptable que Industria pretenda que los autoconsumidores paguen por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: cuando consumen energía de la red pero también cuando consumen la energía que ellos mismos producen. Esto no es un problema técnico, sino una declaración política que intenta poner freno a los consumidores que quieran producir su energía y de esa manera ganar autonomía frente a las grandes eléctricas», indicó Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. «Además, el texto promovido por el ministro Soria permanece ambiguo y complejo para provocar miedo en quienes se estén planteando esta forma de consumo energético», añadió Bevacqua.

Greenpeace explica que el texto propuesto penaliza a tres tipos de autoconsumidores. El primero es la modalidad de suministro con autoconsumo, que son aquellas personas que generan energía y la autoconsumen y que no tienen una potencia contratada mayor a 100kW (pequeña potencia); la segunda es la modalidad de producción con autoconsumo, que son aquellos que no solo autoconsumen sino que tienen una instalación de producción inscrita. Y en tercer lugar, la modalidad de producción con autoconsumo con línea directa a una instalación de producción. Si bien Greenpeace considera esta nueva posibilidad un avance, en el borrador se ve tan penalizada como la modalidad anterior.

Por otro lado, Greenpeace considera positivo del real decreto el hecho de que Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y el archipiélago canario queden exentas de parte del pago del impuesto al sol, aunque señala que solo sería hasta diciembre de 2019. Eso permitirá fomentar la participación de fuentes renovables en estas zonas, según indicaron. La organización ecologista está promoviendo un cambio de modelo energético en áreas extrapeninsulares como las Islas Canarias, donde los costes de generación con combustibles fósiles son mucho mayores que con renovables. Así, explica que en este archipiélago todos los partidos excepto el PP se comprometieron por escrito con Greenpeace a llevar a Canarias a un modelo 100% renovable para el 2050.