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Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera han perdido población tras su cierre en 2006

Europa Press.- Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), han perdido población desde el cierre de la planta en 2006, según un estudio sobre el efecto local de la planta encargado por el Movimiento Alternativa a Zorita a la Universidad de Alcalá, que concluye que el cese de la actividad «no ha sido un chollo» para la comarca.

Así lo ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila, en alusión al estudio encargado a la universidad por este movimiento, formado por 13 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Guadiela, sobre la evolución económica y poblacional de esta comarca en comparación con pueblos no nucleares semejantes. La central de Zorita, cerrada desde el 2006, afronta actualmente su fase final de desmantelamiento y, según muchos de los alcaldes de esta comarca con los que coincide Vila, desde entonces el descenso poblacional y económico es un hecho constatable que hace más necesario que nunca dar apoyo a la zona con el fin de que «no muera del todo».

Según Vila, dicho estudio deja claro que los pueblos que no han tenido nunca una nuclear están ahora mejor que aquellos que la tuvieron y ya no la tienen. Para Vila, esto demuestra la teoría que siempre ha tenido AMAC de que «tener una planta nuclear te da unas ventajas cuando la tienes, pero te deja desierto cuando la cierras».

En este sentido, el gerente de AMAC explicó que, a raíz de la implantación de la primera nuclear de España en la comarca de Zorita, muchos de los residentes abandonaron sus actividades tradicionales para irse a trabajar a la planta pero, tras su cierre, ya no retomaron los trabajos que hacían anteriormente, «acabándose la actividad económica clásica» de esta comarca. Por todo ello, para AMAC, este estudio refleja que «es más necesaria que nunca» la participación y colaboración de las administraciones para combatir la pérdida poblacional y económica de esta comarca de la Alcarria, que precisa de una «atención especial».

Desde estos pueblos tienen aún más claro que el «el golpe más fuerte» aún está por llegar, y que se producirá en 2019 o 2020, con la llegada del desmantelamiento total de la planta por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Por ello, el Movimiento Alternativa a Zorita y AMAC confían en que para entonces exista un proyecto nuevo para una comarca en la que, si no se actúa, «morirá», premonición que comparten la mayor parte de los alcaldes de esta zona, tremendamente preocupados por la creciente despoblación que sufren sus pueblos.

Nucleares operando a largo plazo

Por otra parte, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II han recibido una misión internacional para afrontar sus operaciones a largo plazo, según indicó la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II (Anav). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la fase preliminar de la Misión Salto que evalúa el estado de las acciones emprendidas en las centrales de Anav para operar las centrales más allá de la vida establecida en el diseño inicial de estas instalaciones y da recomendaciones de mejora de acuerdo a los más altos estándares internacionales de la industria nuclear.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.