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Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.

El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno la reducción inmediata de la contaminación y una revisión del modelo energético

Europa Press.- El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, instó al Gobierno a tomar medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético nacional. Entre ellas, una revisión de todas aquellas normativas actuales que impiden crecer a las energías renovables, el impulso de la rehabilitación de viviendas o la puesta en marcha de incentivos para aumentar el uso del coche eléctrico.

El texto votado, una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, es una iniciativa del PSOE pactada con Unidos Podemos, en la que se llama al Ejecutivo a apostar por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética eliminando las barreras administrativas y económicas que «impiden» transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada, con la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad. «Todo ello, mediante incentivos y ayudas al autoconsumo, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico«, apunta la propuesta.

Otra de las medidas que plantea la moción es realizar cambios en los patrones de movilidad, apostando por el uso del transporte público y del vehículo eléctrico como «claves». En este sentido, se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de una ley de movilidad sostenible; a desarrollar una estrategia industrial y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos y a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales.

También en materia de transporte, se pide una «mejora y refuerzo del servicio ferroviario de cercanías y regionales y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril», así como aprobar una ley de financiación del transporte público e incrementar la financiación del mismo, permitiendo un servicio de proximidad sin emisiones contaminantes, incluyendo actuaciones para la habilitación de BUS VAO en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Por otra parte, se llama a implementar las medidas necesarias para impulsar planes de rehabilitación de viviendas: revisando las normas de edificación y aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios. Además, se pide un plan de rehabilitación y construcción con criterios de eficiencia energética que permita fomentar la creación de empleo.También proponen la aprobación, durante el año 2017, de un Plan específico para la transición del modelo energético para la industria; el impulso de una fiscalidad medioambiental real próxima a la media europea; crear un informe anual de evaluación del aire; implantar de forma inmediata un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares; o impulsar subastas de electricidad renovable, entre otras medidas.

Podemos negocia con el PSOE

Unidos Podemos condicionó su apoyo a la negociación de un texto transaccional. Entre las peticiones que la formación morada planteó, se encontraba la de exigir un «calendario real» para que España pueda llevar a cabo una «verdadera» transición energética, con potentes políticas autonómicas y estatales para que esta labor sea «más efectiva», según apuntó el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell. En la iniciativa original, el PSOE reclamaba al Ejecutivo que cumpla con las directivas europeas relacionadas con una atmósfera limpia en Europa y a colaborar con las administraciones que incumplen con esta directiva a tomar las decisiones necesarias para llegar a los niveles que se le exigen.

Además, se sugería el impulso a medio plazo a la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de viviendas; llevar a cabo campañas de concienciación; fomentar la reducción de consumo energético en los edificios de organismos públicos. La portavoz del PSOE en materia de energía, Pilar Lucio, ha exigido también que el Ejecutivo apueste, con incentivos fiscales, por el vehículo eléctrico. Para ello, el PSOE pide que se defina un modelo por el que se incentive la adquisición de coches eléctricos «a un precio razonable», según matizó Lucio, y que se facilite un sistema de recargas de acceso público.

Tras las peticiones socialistas, la portavoz del PP en esta materia, María Teresa de Lara, ha mostrado su «sorpresa» por esta iniciativa ya que «se insta al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo» y «le obliga a cumplir lo que ya cumple«. Así, asegura que muchos de los puntos que se incluyen en la moción estarán dentro de la nueva Ley de Cambio Climático que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, se mostró a favor de la moción del PSOE al considerar que recoge muchas de las necesidades que el país precisa en esta materia. Pero además, llama a crear un Pacto de Estado de Energía e insiste en la necesidad de un nuevo Plan Nacional del Aire y de una Ley de Cambio Climático. «Me abruma todo lo que necesitamos», reconoció ante el Hemiciclo, en donde ha defendido la educación en el medio ambiente «sin crear impuestos», sino en «las aulas y hablando con la sociedad» del tema.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PSOE cuyo objetivo es instar al Gobierno a declarar al Mar Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos, y por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos que se hagan en el mar Mediterráneo y archivar los expedientes en marcha.

La iniciativa ha salido adelante con los 23 votos a favor de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, ERC y PNV; con los 15 votos en contra del PP; y las 5 abstenciones de Ciudadanos. El PSOE recuerda que Francia ya tomó medidas en su momento declarando el Mar Mediterráneo francés libre de prospecciones. «Desde hace años, la sociedad civil se manifiesta en contra de las mencionadas actividades en el Mediterráneo, dando lugar a multitud de iniciativas impulsadas por organizaciones ecologistas, instituciones locales y autonómicas», argumentó la diputada socialista Sofía Herranz.

Hernanz indicó que «el peligro de prospecciones no ha desaparecido del mar Mediterráneo» pese a que hace unos meses la petrolera Cairn Energy renunció a un proyecto en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y de Formentera. «Existen otras compañías con proyectos de prospecciones petrolíferas en diferente estado de tramitación que afectarían a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares», añadió. La diputada socialista calificó de «justicia poética» que José Manuel Soria, «el principal valedor de las prospecciones», haya dimitido hace pocos días como ministro de Industria, Energía y Turismo. «En Baleares no vamos a llorar la pérdida del señor Soria», apuntó.

En este sentido, indicó que la iniciativa aprobada puede suponer un «viaje necesario en materia de política energética y de protección de nuestra biodiversidad y patrimonio natural». «Soria ya no está, pero el peligro de prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo sigue presente mientras este Gobierno a la deriva no cambie su rumbo», apostilló. A su juicio, la exploración de hidrocarburos representa «una seria amenaza para los ecosistemas y la fauna y flora marina” y representan «una gran amenaza» para la industria turística del Mediterráneo, «una actividad dependiente del mar y poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo hábitat donde se hallan ubicadas sus puertos y playas».

En este sentido, el PSOE alerta en su iniciativa de que se trata de «peligros y amenazas» que en un mar cerrado, como el Mediterráneo, se agravan ya que los efectos negativos pueden trasladarse con facilidad de una zona a otra. «Máxime cuando los citados permisos o autorizaciones son tramitados, a menudo, encadenados unos a otros, o solapándose espacialmente entre sí, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos que significa todo ello, ni en cuanto al conjunto del Mediterráneo, ni en cuanto a cada una de las zonas afectadas», sostuvo.

Además, Herranz señaló también que “muchas de estas actividades de exploración petrolífera se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas o con zonas en las que existen estudios que solicitan su protección, atendiendo su alto valor natural”. Desde Podemos apoyaron la iniciativa, si bien su portavoz, Sofía Castañón, planteó no sólo declarar al Mediterráneo como zona libre de prospecciones, sino a todo el litoral español. «Continuar con las prospecciones es mantener la constante amenaza de mareas negras», advirtió. A su juicio es una «vergüenza que se permitan proyectos de prospecciones» en espacios marinos por su «altísimo riesgo de vertidos». «No confiamos en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras porque sabemos que no son eficaces», sentenció.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Antonio Calle, explicó que su grupo se abstuvo en la votación porque aunque su formación está a favor de preservar el medio ambiente y de favorecer las renovables, España en la actualidad es dependiente del petróleo, puesto que sólo produce un 0,5% de lo que consume, y es “insustituible”. “Pensar lo contrario sería autoengañarnos”, agregó. A su vez, apostó por que cada investigación que se realice en búsqueda de hidrocarburos debe respetar «siempre» el medio ambiente. Sobre Francia, ha dicho que no es comparable la situación del país galo con la de España, porque estos no son dependientes energéticamente como España, dado el peso que la energía nuclear tiene en el país.

Calle señaló que España gastó 37.000 millones de euros en importar 59 millones de toneladas de petróleo en 2014, aproximadamente un 77% de los ingresos por turismo, por lo que abogó por aumentar la capacidad de producción petrolífera, que ese año ascendió a 305.000 toneladas. «Paralizar sin más cualquier actividad dirigida a la investigación de nuestros potenciales yacimientos es un sinsentido, equivalente a lo que supondría en su día el enfrentamiento al ferrocarril, la automoción y cualquier actividad de progreso de nuestra sociedad», dijo, antes de añadir que los sondeos de hidrocarburos deben mantenerse «como actividades de interés estratégico nacional.

Por otro lado, María Teresa de Lara, del PP, criticó que la declaración es «una petición demagógica de una figura jurídica que no existe en el ordenamiento español» y argumentó que el PP modificó en 2013 la legislación de impacto ambiental y estableció que los proyectos de exploración mediante sísmica marina debían someterse «siempre» a una evaluación ambiental. Además, criticó «la demagogia y la desinformación» que encierra la proposición no de ley por varios motivos, entre ellos que el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero concedió permisos de investigación de hidrocarburos, “una actividad de innegable interés estratégico para España» y no hubo ninguna contestación de los socialistas.  «Solicito al PSOE una mayor coherencia en sus iniciativas y en sus actuaciones», sentenció.