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Fitch Ratings confirma la calificación de Red Eléctrica Corporación en «A» con perspectiva estable

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EFE. – La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado la calificación a largo plazo de Red Eléctrica Corporación en «A» -calidad medio-alta- con perspectiva estable.

Como ha informado el gestor del sistema eléctrico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),  Red Eléctrica Corporación y Red Eléctrica de España mantienen un nivel de rating a largo plazo en «A» y a corto plazo en «F1» con una perspectiva estable.

En su informe, la agencia explica que la confirmación de la calificación refleja el bajo riesgo comercial de Red Eléctrica como único operador de las redes de transmisión eléctrica en España.

 Por otro lado, la previsibilidad de sus ingresos regulados en España se complementa con actividades de fibra óptica en el país y con concesiones a largo plazo para proyectos de transmisión eléctrica en Perú y Chile.

Según informa la misma fuente, la perspectiva estable refleja la alta visibilidad en los ingresos de la compañía hasta finales de 2019 que proporciona el marco regulatorio actual.

Por último, Fitch prevé que aunque la normativa será más «estricta» en 2020, la revisión regulatoria no será disruptiva.

Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

Aragón aprueba el «decreto de la eólica» que incentiva inversiones por 2.000 millones

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EFE.- El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado hoy el «decreto de la eólica», que proporciona un marco jurídico estable para todos los operadores del sector, resuelve una situación que había paralizado su desarrollo en Aragón e incentiva inversiones por valor de más de 2.000 millones de euros.

La consejera de Economía y Empleo, Marta Gastón, ha comparecido hoy en rueda de prensa en Zaragoza tras el Consejo de Gobierno, junto al portavoz del ejecutivo, Vicente Guillén, para explicar este «relevante» decreto que será publicado hoy mismo en el portal de transparencia del Gobierno, mañana en el BOA y que entrará vigor este jueves.

Gastón ha insistido en que con este decreto, que recoge el nuevo marco regulatorio estatal de 2013, se da respuesta a la situación de inseguridad e incertidumbre jurídica instaurada como consecuencia de las 34 sentencias dictadas en relación con el anterior decreto de 2010.

En concreto surgieron 47 recursos judiciales, de los que se han dictado 34 sentencias, y el Gobierno de Aragón tiene que cumplirlas, ha insistido, al tiempo que ha añadido que se ha trabajado, además, con la prioridad de aportar seguridad jurídica, algo que reclamaba el sector dado que son cantidades «importantes de inversión».

La consejera ha señalado que este decreto es también una «oportunidad» en el campo económico, para potenciales inversiones y para uno de los recursos de la comunidad dado que, en enero, tendrá lugar una nueva subasta, ha añadido.

Ha apuntado que, según datos del sector, las inversiones en esta materia suponen un millón de euros por megavatio instalado y también puestos de trabajo.

Así, ha indicado que el decreto de 2010 convocó una potencia total de 1.206,5 megavatios y en la actualidad, desde 2011 cuando se resolvió la norma, solo hay una instalación en marcha con 13,96 megavatios, que supone un aprovechamiento del 1,16 por ciento del total de la potencia convocada, prácticamente nada, ha dicho.

En la actualidad se prevé que la potencia subastada para Aragón ascienda a 2.076,41 megavatios, ha indicado, lo que puede implicar 2.000 millones de euros y varios puestos de trabajo.

Con esta norma se crea un marco jurídico estable tanto para los beneficiados directamente por los pronunciamientos de los tribunales como para aquellos otros que pudieran verse perjudicados en sus derechos o, por supuesto, cualesquiera otros que deseen impulsar nuevos parques eólicos.

La nueva norma, aplicando estrictamente los criterios objetivos resultantes de las sentencias, identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.

Permite además a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años.

La promoción de todas estas nuevas instalaciones, además, se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el Decreto-ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón.

Respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales, podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación, según han informado fuentes del gobierno aragonés.

No habrá más límites en Aragón, tal cual establece la normativa básica del Estado, que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para absorber y evacuar la eléctrica generada desde fuentes eólicas.

La consejera ha concluido que con este decreto se responde a las sentencias judiciales dictadas en respuesta al anterior, se da seguridad jurídica y se abren nuevas oportunidades de desarrollo en Aragón, por lo que ha asegurado que se trata de una norma «de futuro».