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Peña Nieto promete actuar ante el agravamiento de las protestas por la subida de precios de los carburantes en México

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EFE.- Mientras el grupo de gasolineras G500, que aglutina a 1.800 gasolineras, anunció que cerrará 400 estaciones de servicio amenazadas por el vandalismo ligado a las protestas por el aumento de los precios de los combustibles en México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que subieron de tono con actos vandálicos y bloqueos de carretera y en terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex) de todo el país.

«El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías», aseveró el mandatario. Agregó que este aumento de precios de entre el 14% y el 20% según el tipo de combustible, que aplicó el Gobierno mexicano el 1 de enero, tampoco justifica «incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados». Un mensaje firme, aunque también reconoció comprender el «enojo» de la ciudadanía ante una «dolorosa» medida, llamado a contener el estallido social que parece cernirse sobre México, y paralizar la nación, ante el auge de las protestas en varios puntos.

Apuntó que se trata de una decisión «difícil» pero «responsable» para mantener la estabilidad económica del país, y desmintió que la subida de precios tuviera que ver con la reforma de hacienda o la energética, ambas impulsadas bajo su batuta. «El coste de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún más doloroso y costoso de lo que significa la medida», aseguró. Según el Ejecutivo mexicano, en 2016 los carburantes subieron en promedio a nivel mundial un 24,5%, mientras que en México lo hizo en un 3%.

Además, de los 190 millones de litros diarios de combustibles consumidos en el país, solo 9 millones los consumen «los tres perfiles más bajos (pobres)» de una sociedad en la que la mitad de la población vive en la pobreza, argumenta el Gobierno. No obstante, Peña Nieto añadió que el Gobierno federal trabajará para «definir medidas particulares» que defiendan a las clases sociales más vulnerables ante esta subida de precios.

La decisión gubernamental, que antecede a una liberalización de precios por etapas en el país que culminará a finales de año, ha sido severamente criticada por sectores sociales, que anticipan un aumento de la inflación y de productos básicos. Esta medida también ha provocado alarma social en la ciudadanía, que lleva varios días manifestándose en distintos puntos del país, llegándose a producir actos vandálicos en estaciones de servicios y tiendas.

Unas 150 gasolineras sufrieron actos de vandalismo en seis estados del sur y el este de México, según denunció el presidente del consejo de administración de Octanfuel, Gilberto Bravo Torra. Estos sucesos se suman a varios saqueos acontecidos en el Estado de México y en el marco de las protestas, cuando decenas de personas entraron en varios establecimientos para llevarse artículos de valor como pantallas de televisión, sucesos que se saldaron con unos 70 detenidos.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la asociación de gasolineros más grande de México, anunció una reunión con Hacienda para tratar el alza de combustibles. Onexpo también dirigió a Pemex una «respetuosa exigencia» para que garantice el abastecimiento nacional de gasolina, después de que el país cerrara 2016 con grandes colas en estaciones de servicios de muchos estados del país tras problemas de suministro por una toma clandestina, mal clima y compras de pánico ante la subida de precios. Además de actos de vandalismo, distintos puntos del país enfrentan bloqueos de carreteras y de terminales de almacenamiento y despacho de la estatal Pemex.

Varias arterias principales que conectan la Ciudad de México con los estados colindantes fueron bloqueadas por los manifestantes, causando enormes atascos para entrar y salir de la capital. En Jalisco transportistas tomaron y bloquearon instalaciones de Pemex con unos 70 camiones, y tienen previsto quedarse ahí indefinidamente. En Guadalajara, capital de ese estado, al menos 15 rutas de transporte público realizaron un paro de actividades en demanda a un incremento en su tarifa por el alza del precio de los combustibles, una medida que afectó a miles de ciudadanos. De esta manera, actos de protesta más o menos pacíficos se han desarrollado en muchos puntos del territorio nacional, desde Tabasco (sureste) y Guerrero (sur) a Chihuahua (norte) o Sonora (noroeste).

A la espera de una reunión del titular de Hacienda, José Antonio Meade, con la conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para hablar de la subida de la gasolina, varios gobernantes estatales se mostraron contrarios a la medida. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, anunció que no reprimirá las protestas pacíficas por el alza de precios, y Miguel Ángel Yunes, mandatario de Veracruz, criticó que el aumento tiene un fuerte impacto social.

Pemex pide ayuda y G500

«Si no tenemos condiciones de seguridad, vamos a tener cierres donde hemos sufrido amenazas», anunció el presidente de G500, Antonio Caballero, que reconoció que tuvieron problemas en 400 estaciones, incluyendo actos vandálicos y robo de combustible. En consecuencia, precisó que se cerrarán ya sea por horas o por días las gasolineras donde se presenten mayores riesgos, e hizo una llamada a las autoridades a brindar las condiciones necesarias para que pueda realizarse el abastecimiento de combustible. «No vale la pena vender ni un litro de gasolina si se pone en riesgo la integridad de las personas», acotó. También se han reportado saqueos a tiendas en algunos municipios del Estado de México, vecino a la capital.

Por su parte, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho «afectan el suministro de gasolinas a las estaciones de servicio que dependen de estas terminales«. «Este problema ha alcanzado una situación crítica en Chihuahua, Morelos y Durango. Además, de continuar los bloqueos, en Chihuahua y Baja California se puede afectar la operación de los aeropuertos», advirtió la empresa, que indicó que ha entrado en contacto con los Gobiernos de dichas entidades «para informarles la situación y solicitarles su apoyo para liberar los accesos». «La empresa refrenda su compromiso de mantener el abasto pero sólo podrá cumplirlo si existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores», señaló Pemex.

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

La información sobre la evolución de los precios de la electricidad

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Pocos países occidentales mantienen una tensión informativa alrededor de los precios eléctricos como en España. De hecho, el cruce de informaciones es tal que se roza el amarillismo, de forma que información que es de alcance público se convierte de facto en una especie de posición u opinión a la hora de ser publicada.

La causa proviene de la combinación de cuatro factores: primero, la tradición intervencionista española en el precio de la electricidad, que no de la energía; segundo, la ausencia de un modelo de liberalización eléctrica que permita la realización de ofertas reales a las empresas frente a una compleja tarifa regulada de precios por horas; tercero, que sea el sector eléctrico el que asuma los costes de adecuación ambiental a las normativas internacionales, un logro del resto de sectores; finalmente, el modelo de comunicación política española, procedente del falangismo ideológico, de supuesta protección al consumidor como sujeto político que vota y del que se contagian todos los agentes, cuestión que curiosamente no se extiende a otros servicios y bienes de consumo.

Cuatro factores, más un quinto, que es que todos participan (o participamos) de esta ceremonia. Fruto de ello, el Gobierno en sus tribulaciones busca las fórmulas comparativas cada período publicado para tratar de convencer a la opinión pública de que la electricidad «siempre baja» con respecto a algo, con respecto al mes anterior, con respecto a principios de año,  en el interanual respecto al mismo período, en el interanual acumulado…

Del mismo modo, las asociaciones de consumidores, especialmente las  que están asesoradas por el colectivo retroprogresivo, intentan mostrar que siempre sube en uno de sus parámetros o con respecto a algo. Da igual que, en la cesta global del IPC, la energía venga cayendo en su participación en los presupuestos familiares de los consumidores españoles. De igual modo, se abstrae que la parte fija (los costes de acceso y sus componentes) sea tan elevada que haya pasado a ser casi una tarifa plana y desincentiven la eficiencia o los subsidios cruzados con los distintos consumidores.

A su vez, las entidades más beligerantes de las tecnologías renovables intentan mostrar que las oscilaciones del mercado eléctrico (con independencia de su variación porcentual, su estacionalidad o estacionaridad o que coincidan con la evolución de los precios internacionales de la energía) son las causantes de las subidas, sean coyunturales o momentáneas. Tampoco hay rastro de análisis sobre los costes regulados, su volumen e impacto.

Los propios medios de comunicación incurrimos en el ejercicio de ser arrastrados por esta tensión informativa, y esa pretensión protectora, frente a una información de precios como ocurre en los mercados del petróleo o del gas, dónde se analizan realmente los factores que inciden en la coyuntura. De esa forma se alinean con los modelos de comunicación política subyacente en cada momento, de cada agente y sus intereses, y en ese plan. El resultado es una comunicación política falaz y llena de trampas en la que los malabares estadísticos asientan la teoría de que las estadísticas son utilizadas como las farolas para los borrachos, para apoyarse pero no para iluminarse.

A todas las maniobras políticas se une el cruce de datos entre Ministerio, Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones de consumidores, contribuyendo algunos medios de comunicación con cifras obtenidas de forma errónea de la calculadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues excluyen el primer día de cada mes. Una herramienta, la de la CNMC, que además utiliza el perfil de consumo medio elaborado por Red Eléctrica, que es puesto abiertamente en cuestión por algunas asociaciones de consumidores respecto a que responda al consumidor moda.

Por eso, y para no dejar en manos de la turba el aquelarre, a partir de este momento, la información mensual de la evolución de precios eléctricos se realizará en Energía Diario comparativamente con el mismo mes del año pasado y con información sobre el acumulado de todo el año, explicando la participación de la parte fija y variable en la factura final. Todo ello con evidente economía de medios, adjetivos y calificaciones, haya procesos electorales o no. Solo nos queda que cunda el ejemplo.

La patronal CEOE aboga por alargar la vida de las nucleares para evitar una subida de la luz del 15%

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Redacción / Agencias.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido sentar las bases para conseguir un Pacto de Estado en materia de energía que permita a las empresas españolas «lograr una posición de liderazgo competitivo», para lo cual ha mostrado su «máxima colaboración y predisposición para conseguirlo», y ha abogado por la extensión de la vida de las centrales nucleares, ya que su cierre elevaría el recibo de la luz entre un 10% y un 15%.

En este sentido, la directiva de la patronal aprobó el documento Energía y competitividad: Propuestas del sector empresarial, en el cual presenta las propuestas que las empresas y organizaciones empresariales consideran «imprescindibles» para mejorar la competitividad industrial de España, conseguir una fiscalidad de la energía coherente y en línea con el resto de países de la Unión Europea y ayudar y colaborar con las instituciones con el objetivo de alcanzar un Plan Energético Nacional que proporcione «estabilidad y certidumbre al sector energético», apuntó la patronal.

CEOE entiende que la discusión en sede parlamentaria, con la participación de expertos en la materia de las líneas de la política energética plasmadas en un Plan Energético Nacional, facilitaría la realización de un Pacto de Estado si los principales partidos se inclinasen por consensuar la política energética a medio y largo plazo. Según la patronal, este plan debería contener las medidas para cumplir con los objetivos 2020-2030, junto con un análisis de su impacto, los escenarios con las proyecciones de demanda, los balances de cobertura, las infraestructuras energéticas para garantizar la seguridad de suministro y la cohesión territorial necesarias y el impacto que dichas medidas supondrán en las tarifas.

Además, estima que las empresas y el Gobierno deben plantear las políticas y estrategias más adecuadas con el propósito de alcanzar los objetivos acordados a nivel europeo, «de forma coherente y sensata, y teniendo en cuenta el impacto económico de las medidas que se establezcan». Entre las propuestas de la patronal de empresarios se encuentra la defensa de la extensión de la vida de las centrales nucleares, siempre y cuando reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que el cierre del parque nuclear supondría un incremento de entre el 10-15% en la factura eléctrica para los consumidores, «con la consiguiente pérdida de competitividad para el país».

Según la CEOE, el cierre de las centrales nucleares supondría tener que invertir en nueva generación térmica de respaldo, aspecto que choca con las políticas de descarbonización del sector eléctrico y supondrá en el medio-largo plazo un gran coste. Para alcanzar dicho objetivo, según CEOE, «España precisa de un mix equilibrado, que posibilite disponer de precios finales competitivos». En este sentido, afirma que «mantener y promover el uso de la energía nuclear es vital, ya que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la competitividad de la industria». Asimismo, estima que, en el largo plazo, se necesitarían aproximadamente 50.000 millones de euros para la sustitución de las centrales nucleares por nueva generación libre de emisiones de carbono.

En lo que se refiere a la tarifa eléctrica, la patronal pide eliminar todos los costes ajenos al suministro eléctrico que desincentivan la competitividad industrial y encarecen el gasto del consumidor doméstico. De esta manera, considera que el 100% de los costes derivados de la actividad de producción del sistema extrapeninsular deberían ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y pide que, de forma escalonada, los costes relacionados con las energías renovables y las anualidades del déficit sean trasladados a los PGE o a otras vías de financiación.

En lo que se refiere a los sistemas de apoyo a las renovables, señala que deben estar fundamentados principalmente en el uso de mecanismos de mercado con el objetivo de perseguir la eficiencia en costes utilizando el principio de neutralidad tecnológica. Este apoyo, según la CEOE, debe realizarse principalmente por medio de los PGE, pudiéndose utilizar otros mecanismos de financiación y analizar el uso de estímulos fiscales adecuadamente diseñados. También aboga por desarrollar un marco jurídico estable para el autoconsumo, que simplifique el procedimiento y garantice la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, la CEOE también cree necesario propiciar un diálogo con las administraciones y los agentes interesados, basado en «criterios técnicos y científicos», para poder avanzar en la concesión de autorizaciones de exploración y permisos de investigación, para evaluar la cantidad de recursos disponibles. En el tema del gas, entre otras medidas, propone la elaboración de una planificación gasista que de una visión a largo plazo y pide completar el desarrollo del hub gasista, asegurando su liquidez y favoreciendo la participación de nuevos entrantes y de los consumidores industriales.

Además, la CEOE advierte de que «es importante resolver satisfactoriamente y de forma definitiva los problemas existentes en relación a la construcción del Almacén Temporal de Residuos Centralizados». Pide también la liberalización del mercado eléctrico y del mercado minorista del gas; desarrollar la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; eliminar los impuestos autonómicos; la mejora de las interconexiones eléctricas y gasistas, y la consecución del mercado único de la energía. Otras de las iniciativas recogidas en el documento son modificar la regulación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la puesta en marcha de un plan Renove de equipos de cogeneración o la armonización de la política fiscal de los hidrocarburos.

Los usuarios domésticos de electricidad en el mercado libre superan ya en casi 850.000 a los regulados

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Europa Press.- Los consumidores domésticos de electricidad que disponen de un contrato en el mercado libre superan ya en 842.000 a los que se decantan por la opción regulada, según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC). El informe muestra que la brecha entre uno y otro perfil crece con velocidad. Si tres meses antes los clientes de mercado superaban por primera desde la liberalización de 2009 a los regulados, ahora son un 6,5% más.

El superregulador calcula que en la actualidad existen 25,7 millones de consumidores con derecho a disfrutar del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que es la opción regulada diseñada por el Gobierno en 2014 para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW). De estos consumidores, 12,45 millones cuentan con el PVPC, y de ellos apenas 626.271 con la opción de discriminación horaria. Los consumidores de la opción regulada consumen de media 2.222 kilovatios hora al año (kWh). La potencia media contratada es de 3,89 kilovatios (kW).

Por contra, los consumidores que pasaron al mercado libre con 13,29 millones, de los que 1,07 millones disfrutan de discriminación horaria. Estos usuarios de mercado consumen una media de 2.642 kWh al año y tienen una potencia contratada de 4,39 kW. El 63% de los usuarios con discriminación horaria se encuentra en el mercado libre, frente al 37% que se encuentra en la opción regulada, según el informe del regulador.

7 años desde la liberalización

La liberalización del suministro eléctrico para los consumidores domésticos comenzó en 2009, cuando la tarifa regulada quedó restringida a potencias inferiores a 10 kW y adoptó el nombre de Tarifa de Último Recurso (TUR). Desde ese momento, los cerca de 26 millones de consumidores domésticos pudieron elegir entre esta tarifa regulada, suministrada por las comercializadoras de último recurso de las principales eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España, y un precio en el mercado libre.

El vuelco entre consumidores de mercado y regulados se produjo en 2015. En su informe anual del mercado eléctrico de 2014, la CNMC cifraba en 13,9 millones los consumidores domésticos con PVPC y en 13 millones los de mercado. En ese informe, el regulador indicaba que las tres mayores comercializadoras aglutinaban el 67% del volumen de energía suministrado en mercado libre. Endesa Energía era líder, con una cuota del 32%, frente al 20% de Iberdrola y el 14% de Gas Natural Fenosa. En ese momento, ya se apreciaba lo que la CNMC describía como un «lento pero progresivo» aumento de la cuota de energía suministrada por los comercializadores eléctricos independientes.

Todos los costes de acceso, en juego en Europa

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A propósito de la investigación de Competencia de la Unión Europea, decíamos ayer, una de las cuestiones que más han sorprendido a estas autoridades comunitarias es el volumen de las mismas y, a la vez, la carencia de estudios de demanda que avalasen estos incentivos. Aplicado a nuestro país el problema es que, con la sobreoferta existente de capacidad de generación y con la caída de demanda acumulada en los últimos años, aún no recuperada, desde las autoridades comunitarias no se aprecia justificación de su necesidad.

En el caso español, esto cobra especial relevancia en la medida en que se computa dentro del recibo de la luz en forma de costes de acceso, de forma que este apartado creció exponencialmente respecto a la evolución del coste de la energía consumida. Ya hay campañas en la red evidenciando tal desproporción. Cada estratagema de solución a problemas pasados genera nuevos problemas y éste es uno que se está larvando. Son varios los aprendizajes a extraer de esta situación:

En primer lugar, esta investigación respecto a los conceptos incluidos en los costes de acceso es algo que se veía venir y sobre lo que ya se había advertido en numerosas ocasiones y por numerosas voces expertas. Otra cosa es la voluntad férrea y marcada de no darnos por enterados de las malas noticias, o incluso de la ley de la gravedad si se diera el caso, habilidad que en España permite mirar hacia otro lado en lo que se refiere a las condiciones de competencia y el derecho comunitario.

Además, por su inclusión en la tarifa en forma de cuña gubernamental, el volumen de la misma es enorme para el consumidor español doméstico, empresarial e industrial. Por muy sofisticados que sean los sistemas de los que se han servido los sucesivos gobiernos para articular estas ayudas, su cuantía ha perdido cualquier relación con la realidad, la comparación y la necesidad. Aunque se adjudique mediante una subasta, si lo que se subasta no tiene correlato con su necesidad, es una cuestión que tarde o temprano se evidencia por si sola.

En segundo lugar, existe un consenso tácito entre nuestros políticos en el que se diluye la percepción de ayuda de Estado o de subvención en estos mecanismos, sin entrar en una valoración objetiva de los mismos. Por desconocimiento, por aquiescencia política o simplemente por evitarse problemas de opinión pública en la esfera representativa o deliberativa. La ortodoxia económica se ha perdido en el maremágnum de las declaraciones respecto de lo que se quiere oír. ¿Se imaginan al parlamento español interino votando en contra de estas tres figuras (ayudas al carbón, pagos por capacidad y pagos de interrumpibilidad) por ser ayudas de Estado, de forma semejante a las iniciativas que se están llevando contra la energía nuclear, el fracking o Garoña?

En tercer lugar, existe otro consenso, el consenso social, alrededor de estas ayudas y sus “finalidades”. Incluso los propios consumidores domésticos tienen una postura pública ausente, es decir, de mirar para otro lado aunque se sufraguen desde el recibo, dado que prefieren la vía de la intervención final administrativa en los precios que la ortodoxia basada en la formación de los mismos a través del mercado y, de forma aditiva, con los elementos que se incluyen en los peajes. Los consumidores y su representación son tolerantes a las subvenciones y los subsidios cruzados que encierran.

En efecto, existe un ambiente social que es propicio a estos mecanismos y ayudas, aunque suponga una factura del suministro más alta, plato de la balanza que se oculta. Que prefiere acudir a la demagogia y a la crítica de grano gordo a los precios eléctricos, tensionar los enfrentamientos antiempresariales que son de mucha más fácil venta, cuestionar el mercado mayorista o recurrir a la sempiterna cantinela de los windfall profits de los retroprogresivos, que atacar el problema, principal en términos cuantitativos, que es la cuña gubernamental incluida en los costes de acceso, criticando las subvenciones o sobreinversiones aunque sea lo sustancial por volumen. Evidentemente en una cultura económica y política como la española tan esquemática, eso no es sexy.

En cuarto lugar, todo procede del fracaso de una liberalización fallida e incompleta, que debería haber partido de la limpieza del recibo de esos costes; en ese caso, probablemente, los precios de la energía para los consumidores domésticos, empresariales e  industriales, necesitados de competitividad, serían otros. Toda cuestión que sea considerada como subvención o como decisión política deberían cargarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Adenda. Queda por saber qué ocurre y qué consideran las autoridades de competencia europeas, respecto de la “pieza separada” de los pasados modelos retributivos de las tecnologías renovables en régimen especial, claramente desbordados, exagerados y desproporcionados en ciertas tecnologías, pero cuya alteración en la denominada reforma eléctrica tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la retroactividad en las inversiones en el Reino de España. El Gobierno español, por mano del Ministerio de Industria en la etapa Soria, intentó conseguir una declaración semejante, es decir, que fueran considerados como ayuda de Estado, como parapeto contra los arbitrajes y conflictos judiciales abiertos. Lo que está claro es que tenemos mucho en juego en este títere. Casi todos los costes de acceso. Veremos.

Unesa pide al próximo Gobierno que «limpie» el recibo de la luz y liberalice el sector eléctrico

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Servimedia.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, pidió al Gobierno que se forme tras las elecciones generales del 20 de diciembre que «limpie» el recibo eléctrico de «todo aquello que no sea suministro eléctrico» y que liberalice el sector «hasta sus últimas consecuencias«. Así lo señaló Montes en el Congreso sobre la gestión responsable en la cadena de suministro, organizado por Unesa.

Montes incidió en la «paradoja» de contar con un sistema eléctrico «eficiente» y un precio de la energía «absolutamente comparable» con la media europea, pero con una factura eléctrica «cara». Montes indicó que el coste del suministro eléctrico (generación, transporte, distribución y comercialización) supone un 45% del recibo de la luz frente a un 55% que se corresponde con componentes que «sistemáticamente los gobiernos han ido introduciendo por muchos motivos».

Sobre el nuevo sistema de facturación horaria sostuvo que es «un paso» que da la posibilidad de actuar «como si fuéramos empresas y conseguir precios menores», aunque es «complicado» porque «hay que saber continuamente cómo oscilan los precios». En todo caso, dijo ver «positiva» la medida, para la que las compañías eléctricas han realizado una inversión «multimillonaria» y están «convencidas» de que «funcionará». Por otra parte, Montes indicó que las interconexiones eléctricas son «absolutamente fundamentales» y una «prioridad para todos», ya que es «crucial» para conseguir un mercado único europeo de electricidad y ser «más competitivos ante otras regiones económicas».

El presidente de la patronal eléctrica defendió que el sector cumple las condiciones de «respeto al medio ambiente, seguridad de suministro y competitividad», y subrayó que las empresas pertenecientes a Unesa generan 182.554 empleos de forma directa, indirecta e inducida, con un 99% de contratos fijos. Además, aportan el 1,9% del PIB de España, un total de 20.303 millones de euros. Las cinco grandes compañías del sector invirtieron 63.153 millones entre 2000 y 2014, con 4.500 millones de media al año. El año pasado invirtieron 203 millones en I+D y 165 millones en medio ambiente.