EFE. – El portavoz designado por la Unión de Cooperativas de Castilla y León para defender ante las Cortes su iniciativa legislativa popular sobre estaciones de servicio, Jerónimo Lozano, ha solicitado una flexibilización de la norma estatal que afecta a sus gasolineras y en la que ve «absurdeces».

El origen de esta iniciativa legislativa popular, que buscaba excepcionar a las gasolineras de las cooperativas de la normativa aprobada hace dos años para obligar a estos establecimientos a tener al menos un trabajador en las instalaciones, ha quedado superado, ya que la próxima semana se aprobará en las Cortes una proposición de ley promovida por el PP, cuyo portavoz, Salvador Cruz, ha reconocido que con esta medida «rectifican» la norma que impulsaron.

«Rectificar es de sabios», ha llegado a decir Cruz, quien además ha argumentado que «claro que ha tenido que ver» la recogida de firmas de Urcacyl para su cambio de posición, algo en lo que no ha estado de acuerdo el portavoz socialista, José Francisco Martín, quien ha sostenido que el cambio viene dado por la presión de los «lobbys» de las estaciones de servicio.

En este sentido, Martín ha argumentado que con la aprobación de la derogación de lo aprobado anteriormente no se va a resolver el problema que se presenta a las gasolineras de las cooperativas por la nueva normativa aprobada a nivel estatal y que aumenta las exigencias en materia de seguridad y de accesibilidad para las personas discapacitadas.

«Van a tener que seguir trabajando para eliminar las trabas que el PP les ha puesto y que van a obligar a cerrar prácticamente a todas», ha augurado Martín, quien se ha ofrecido para presentar una proposición no de ley para pedir al Gobierno central una flexibilización de la normativa, lo que ha agradecido el representante de Urcacyl y lo que ha apoyado el portavoz del PP.

El compareciente ha llegado a decir que la normativa estatal incluye alguna «absurdez» como limitar a 3 minutos o a 75 litros el repostaje en estas estaciones de servicio, aunque en el caso de la normativa sobre seguridad y accesibilidad se ha mostrado dispuesto a «hacer todo lo posible para cumplir», si bien ha reconocido que será difícil llegar al 2 de noviembre -fecha límite- con todas las modificaciones realizadas.

Todos los portavoces parlamentarios de la oposición han recordado que cuando se tramitó la modificación legal que perjudica a las gasolineras de las cooperativas, trataron de incluir una enmienda que excepcionara la situación de estas instalaciones para distinguirlas de las denominadas gasolineras «desatendidas» o «fantasma», aunque en la votación final todos los grupos votaron a favor de la norma impulsada por el PP, excepto Ciudadanos, que votó en contra.

Tras admitir a trámite en el anterior Pleno de las Cortes la proposición de ley del PP para derogar lo aprobado y volver a la legislación de 2016, se debatirá en el Parlamento autonómico esta iniciativa, que, de aprobarse -al menos cuenta con el apoyo suficiente del PP y Cs- dejará sin efecto el objeto de la iniciativa legislativa popular, que implicó la recogida de casi 17.000 firmas válidas.

El representante de Urcayl ha defendido ante los procuradores la importancia de las cooperativas para el medio rural y también de la existencia de las 41 gasolineras que tienen distribuidas por otros tantos pequeños municipios de la Comunidad, si bien el PSOE ha alertado de casos en los que estos establecimientos han podido interferir en el mercado haciendo publicidad al público general como «la gasolina más barata de la provincia».

Sobre esta cuestión, Lorenzo ha defendido que los establecimientos de las cooperativas están facultados por la ley para suministrar carburante a terceros, aunque no sean agricultores o cooperativistas, lo que ha defendido como un «servicio al medio rural», dada las distancias que en ocasiones existen respecto a las gasolineras convencionales.