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Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

Aragón, Asturias y Castilla y León, las autonomías del carbón, reclaman más tiempo para poder acometer una transición energética justa

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EFE.- Mientras el secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo, ha defendido que «no hay ningún combustible que pueda regular el mercado tanto como el carbón», un mineral «al que aún no le ha llegado el final», las 3 comunidades autónomas que aún tienen en el carbón un sector estratégico (Aragón, Asturias y Castilla y León) han reclamado más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios pero también por el propio sistema energético.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que «nadie niega» que hay que tender a medio plazo a la desaparición de las energías fósiles, pero cree que una transición justa hacia las renovables es «imposible» si las centrales se cierran en 2020. A su juicio, y así se lo ha trasladado Lambán a la ministra Teresa Ribera, hay que «suavizar» estos plazos, incluso por el interés del propio sistema energético y por la garantía de precio de la energía.

«Transición es transición, no precipicio», subraya el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien recuerda que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono “salvó” la economía al proporcionar la energía que no podían dar otros métodos por circunstancias del momento climatológico. Herrera resaltó que los objetivos «más extremos» dentro de la Unión Europea para el cierre de las centrales se sitúan en 2030, y por eso ha instado a que en España no se sea «más papistas que el papa», puesto que en este país se está planteando el cierre 10 años antes «y sobre todo sin alternativas claras» para las comarcas, que «siguen teniendo su supervivencia en el carbón».

Por eso, la alternativa pasa a su juicio por hacer una reserva de carbón nacional, sobre todo al haberse comprobado que tiene más garantías laborales que el que viene de fuera. Y, a su vez, la alternativa, cuando se habla incluso de crear un fondo europeo para este fin, debe dirigirse a impulsar energías limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que con el mercado eléctrico se está hablando de un mercado que no es libre, sino «muy regulado», y que el cierre de una central debe llevar el acuerdo del Gobierno correspondiente para que no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio medioambiental y al precio. Se habla de un fenómeno local con transcendencia global «y en esa perspectiva hay que analizarlo», concluyó el presidente asturiano.

Carbón “para regular el mercado”

Por otro lado, Calvo resaltó la proposición de ley del PP para regular el cierre de las térmicas, una iniciativa que el PP registró antes de abandonar el Gobierno y que serviría para desestimar el cierre de plantas de generación eléctrica si su clausura incide negativamente en las emisiones de gases invernadero o en los precios. La propuesta, ha indicado Calvo, «pretende servir para regular los precios de la energía y endurecer las condiciones de cierre». A su juicio, el carbón debería ser el combustible que regule el mercado porque «aunque a algunos les pese, el carbón no es sucio».

«El PP padeció en sus propias carnes las nefastas decisiones del ministro Soria pero Álvaro Nadal, artífice de este real decreto, tenía claro que el cierre de las térmicas iba a conllevar un aumento del recibo de la luz», apuntó. Calvo también critica que el nuevo Ministerio, «llamado de Transición Ecológica, diga que apuesta por las energías renovables al tiempo que no ha conseguido arrancar un compromiso al fabricante de componentes eólicos Vestas para que mantenga su actividad en León». «El Ministerio debería de haber exprimido esa naranja adecuadamente», zanjó.

Nadal acusa a Iberdrola de «falta» de soluciones que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada y Velilla

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de «falta de flexibilidad y de alternativas» para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su mix, y reafirmó su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.

En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. «No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», apuntó.

Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas ya que, si no fuera así, la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. «Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad», añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».

Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó que su decisión es «eliminar de su mix el carbón», decisión que considera que sí que puede ser tomada por Iberdrola, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que «otra cosa» es cerrar unas centrales «que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico».

Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, «por qué no quiere vender». «No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa», indicó Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la empresa ha valorado en 35 millones.

Por ello, el ministro insistió en que estas centrales «ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad», por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser «muy competitivo«. De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del decreto «tal y como está», e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación «más amplia, con rango de Ley».

Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de «combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética» en defensa del interés general. Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de cambiar sus planteamientos en los últimos tiempos de manera «injustificada», como ocurrió con la central nuclear de Garoña, que finalmente se decidió cerrar. Así, Herrera respaldó «la línea que ha marcado el ministro» e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados «para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central».

Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde «el punto de vista de la política global asturiana, que tiene una marcada política industrial». Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para «deshacerse de una central», pero valoró que debe ser el Gobierno «quien debe decidir si es o no posible» cerrarla.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha referido al encuentro y ha manifestado que espera que, o bien Iberdrola reconsidere su decisión o bien el Ministerio ejerza sus competencias administrativas para impedir el cierre. «Hay suficientes y buenas razones para que Iberdrola rectifique», sentenció el portavoz del Gobierno asturiano, que ha reiterado que un «cierre precipitado» de las instalaciones que utilizan carbón para producir energía puede propiciar un incremento del precio de la electricidad y una nueva reconversión industrial en Asturias.

La intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal explicó que mediante este decreto se pretende adoptar medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

Nadal aboga por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.

Castilla y León prevé recaudar 10 millones de euros por el impuesto nuclear creado tras anunciarse el cierre de Garoña

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EFE.- La Junta de Castilla y León prevé recaudar en el 2018 hasta 10 millones de euros por el impuesto al impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal, que anunció para afrontar el cierre de la central nuclear de Garoña.

En total la Junta, según detalló el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, prevé contar con 74 millones recaudados por el conjunto de impuestos por daño medioambiental, que incluirían el dirigido a Garoña. Tras presentar los Presupuestos, Herrera ha detallado que se deberá presentar un proyecto o una proposición de ley a lo largo de 2018 para «dar respaldo legal» a este impuesto. Lo que se recaude, esos 10 millones previstos inicialmente para el 2018, irán al plan de reactivación del entorno de la central burgalesa, ha comprometido Herrera.

Castilla y León pide un 4% del mix eléctrico para el carbón autóctono mientras Endesa comprará mineral de la Asturleonesa

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EFE.- Endesa comunicó a la compañía Minera Asturleonesa su intención de comprar carbón procedente de sus tajos, como reivindicaba la firma y los trabajadores de la misma para mantener sus empleos. Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, subrayó la necesidad de diseñar a nivel nacional un marco legal que garantice la compra de carbón autóctono para su quema en centrales térmicas, además de reservar para el carbón al menos el 4% del mix energético.

Herrera respondió así al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos, quien pidió al PP una «posición unitaria» en los ámbitos autonómico, estatal y europeo. El presidente ha sostenido que este marco legal «debiera existir por razones de estrategia, pero también por razones socioeconómicas» vinculadas a las comarcas mineras, que actualmente «no tienen otras alternativas» para el desarrollo económico. Herrera ha argumentado que su gobierno está ejerciendo una labor de «intermediación» y de «contacto permanente» con las eléctricas y las empresas mineras para facilitar la compra de carbón.

Por su parte, el portavoz leonesista ha criticado que la acción de la Junta se limite a las palabras, en forma de «cartas a Rajoy», y no se materialice una acción coordinada para garantizar que la aportación del carbón autóctono al mix energético alcance el 7,5%, que era lo que establecía el último Plan del Carbón. Luis Mariano Santos ha defendido que su posición respecto al carbón no ha variado nunca mientras que tanto en el caso del PP como en el caso del PSOE sí se han producido cambios en función de si están o no en el Gobierno.

Herrera y Santos han coincidido al citar a los países de Eslovenia y Eslovaquia como ejemplos de que el carbón autóctono puede defenderse a nivel europeo como garantía de suministro eléctrico, y también compartieron que han de ser las térmicas que asuman la quema de carbón autóctono las que modernicen sus instalaciones para adaptarlas a la normativa europea de emisiones.

Acuerdo entre Endesa y Asturleonesa

Tras una semana de negociaciones intermitentes, el secretario de la Federación de Industria de Castilla y León del sindicato USO, Luis María Fernández, anunció «con cautela» el acuerdo, que aún no ha llegado al resto de empresas mineras, aunque éstas esperan que en breve se lo notifiquen. Aunque es un paso adelante para que los empleos continúen, Fernández asegura que no deja de ser «un parche temporal«, por lo que pide a las administraciones que aceleren la puesta en marcha de medidas que soluciones la situación minera «a largo plazo».

La Fiscalía Anticorrupción presenta una querella por la trama eólica en Castilla y León

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EFE.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por la trama eólica en Castilla y León, con 21 acusados por prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias en la instalación de parques eólicos, ante lo que el presidente de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, ha ofrecido la máxima colaboración.

Entre los acusados figura el exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, entre otros altos cargos como Alberto Esgueva, y directivos de las empresas que construyeron los parques, como Iberdrola o Collosa, en una trama en las que las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros. La querella, tras dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción ante los datos aportados por la Agencia Tributaria, se refiere a hechos de hace 11 años, en el 2006, lo que le llevó al presidente de la Junta a pedir a la justicia a que «actúe cuanto antes».

Herrera insiste en que están a disposición de la Justicia para aportar toda la documentación que se requiera, como han hecho hasta ahora; y reconoce que pudo producirse en la Administración pública algún caso «de actuación irregular», aunque considera que la mayoría de los trabajadores públicos actúan con la máxima honradez en beneficio de los ciudadanos. Herrera señala que «no es algo positivo que se confirmen esos indicios», aunque insistió en que su deseo es que actúe la autoridad judicial.

Desde el PSOE, su líder en Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido la comparecencia de Herrera ante el pleno de las Cortes autonómicas «para dar explicaciones por la mancha de la corrupción del PP en la comunidad«. «Si no va, le pido al señor Alfonso Fernández Mañueco, nuevo presidente del PP de Castilla y León, que le obligue a comparecer para apartarse de verdad de la corrupción de los gobiernos del PP», ha añadido Tudanca. «Son ya demasiadas tramas aisladas de corrupción» en Castilla y León, ha argumentado Tudanca.

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha «tildado de escándalo y vergüenza» la «inacción y tolerancia» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con la «corrupción», al bloquear la comisión parlamentaria creada para analizar la conocida como trama eólica en la comunidad. Para el coordinador autonómico de Izquierda Unida, José Sarrión, «hace falta mucho cinismo» para seguir negando desde el PP que «hay corrupción» en la comunidad autónoma y criticó que los populares sigan con su «voluntad de encubrir» los casos de corrupción con «el bloqueo de la comisión eólica».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos por Salamanca y miembro de la Ejecutiva nacional de ese partido, Pablo Yáñez, ha sostenido, en un tuit, que «a nadie le extraña que el PP de Castilla y León pudiera comportarse como el PP de Madrid o de Valencia». En ese sentido, el procurador autonómico de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, insiste en que comience a funcionar en las Cortes de Castilla y León la comisión de investigación de la llamada trama eólica.

Finalmente, el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha precisado que no hay ningún imputado en la supuesta trama eólica de la comunidad que sea afiliado a ese partido y ha pedido dejar a la justicia trabajar antes de abordar el asunto en el parlamento. De la Hoz recuerda que no es un caso de malversación de caudales públicos ya que los 80 millones de los que habla la querella de la Fiscalía Anticorrupción son «de comisiones y pagos entre particulares» y no de dinero público.

Castilla y León pide al ministro de Energía «que diga la verdad» pues considera “suicida” no producir carbón autóctono

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Europa Press / EFE.- El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha replicado al Gobierno que sería «suicida» dejar de producir carbón en España y ha afeado las declaraciones «erróneas y apresuradas» del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al achacar, entre otros, al carbón el alza histórica de la luz. Por ello, Herrera ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía «que digan la verdad» sobre la producción del carbón nacional.

Entre las causas que el ministro aludió en el Congreso de los Diputados se encuentra el incremento del precio del gas, del petróleo y del carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia, con nucleares paradas y fuerte consumo, y las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España. Por ello, Herrera tachó la comparecencia de Nadal como «errónea y apresurada» y considera que asegurar la producción del carbón autóctono es «clave» para evitar picos de subida del precio de la electricidad en momentos de «tormenta perfecta», como el que se ocasionó en España.

En su opinión, la situación que se ha vivido, con poca producción hidroeléctrica y eólica, el parón de nucleares en Francia y la subida del carbón internacional, no se hubiera evitado totalmente, pero se habría paliado con la quema de carbón propio en las centrales térmicas. Herrera ha insistido en que una situación similar se puede reproducir en el futuro.

Ante esta coyuntura, ha emplazado a Nadal a que se pronuncie sobre el futuro del carbón y, en caso de que considere que hay que acabar con la producción nacional, a que impulse un plan de reactivación para las zonas de influencia. En este sentido, ha apuntado que si esa es la decisión del Gobierno habrá que afrontar acciones de reindustrialización y de alternativa económica, porque «no se puede dejar a los trabajadores, empresas y cuencas mineras al albur de las circunstancias, sin prever nada».

«El carbón no puede ser la gran alternativa pero es necesario definir y dar seguridad a las empresas y las cuencas mineras para que no se cierre la minería del carbón en España», aseveró Herrera. En este sentido, ha señalado que las centrales térmicas que estos días están quemando el carbón nacional que tienen almacenado podrían dejar de producir en una o dos semanas por falta de carbón porque las empresas no lo están produciendo.

Por eso, ha recordado al ministro de Energía que el Gobierno firmó en 2013 un acuerdo marco para el sector del carbón, en el que se aludía a la seguridad en el suministro, evitar la excesiva dependencia energética exterior y garantizar el abastecimiento para reservar el 7,5% del mix energético para el carbón nacional. Por este motivo, Herrera plantea un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos con el objetivo de crear valor añadido y empleo. Asimismo, recordó que otro de los objetivos de la Junta, dentro de su política industrial, es la promoción de la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética, así como reforzar el binomio empresa-medio ambiente.

La Junta, a través de Somacyl, ha participado en el polígono de Villalonquéjar (Burgos) en el proyecto de la central de trigeneración con biomasa, que aporta el 100% de las necesidades de energía térmica de la empresa L’ Oreal. Se trata de una iniciativa pionera en la Comunidad y en España y un ejemplo, según resaltó Juan Vicente Herrera, de cómo las consideraciones ambientales se convierten en factores de competitividad.

Asturias se suma a la reivindicación de Castilla y León para proteger el carbón nacional

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Europa Press.- El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha sumado a la reivindicación hecha pública por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para defender la producción de carbón nacional mediante una carta que remitió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Martínez explicó que, en un escenario en el que la producción nacional está «bajo mínimos», es necesario un «sistema reglado» que no dependa solo del precio del carbón.

Así, ha asegurado que Asturias «comparte la preocupación» con Castilla y León y ha insistido en la necesidad de articular un sistema como el defendido por Herrera de establecer una cuota para garantizar el abastecimiento con carbón nacional. «Hay que colocar la producción nacional en el sistema eléctrico», ha subrayado. Herrera ha insistido en la necesidad de contar con fuentes autóctonas, como la minería del carbón, para garantizar ese abastecimiento, y ello a pesar de esa «tormenta perfecta» que ha supuesto esa campaña informativa dirigida a «asustar» con el precio del mineral nacional, cuando “se ha demostrado que es más barato” que el de importación.

En ese escenario, Herrera ha advertido de que pudiera darse la «paradoja» de que tras haber «asfixiado» a las empresas mineras hasta dejarlas inactivas, las centrales térmicas se vieran obligadas a consumir el stock actualmente existente y, una vez agotado, tuvieran que recurrir al carbón de importación, más caro que el autóctono. El mensaje que ha remitido a Rajoy, como así resumió, es que «entre todos, las eléctricas y las no decisiones del Gobierno, se está asfixiando a una industria a la que habría que garantizar una producción a través de contratos estables, y en previsión de que pudiera darse alguna situación de este tipo«.

Castilla y León considera que el sistema eléctrico necesita de Garoña, central nuclear cuya reapertura empieza a evaluarse este miércoles

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comenzará este miércoles a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta los 60 años de su vida útil. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que Garoña es una planta «necesaria para la producción energética» y cree que si el CSN renueva la licencia de explotación sería una buena noticia.

Pero lo primero, según ha insistido Herrera, es la seguridad de las instalaciones, las personas y el medio ambiente, por lo que ha recordado que la Junta considera «imprescindible» el visto bueno del CSN. En este sentido, Herrera ha indicado que con la actual situación energética, «España no puede permitirse ningún tipo de frivolidad entorno a la garantía de los suministros energéticos. Herrera ha insistido en que «España debe blindar su suministro energético» y ha criticado la falta de planificación del Gobierno central respecto al consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas. Por último, Herrera ha destacado que una posible continuidad de Garoña, tendría una buena repercusión en el empleo del entorno de la zona de Miranda de Ebro.

Arranca debate en el CSN

El pleno de este miércoles tiene uncarácter meramente «informativo» y de momento no se tomarán decisiones al respecto debido a que el informe remitido a los técnicos es «voluminoso», hay mucho material que estudiar y el resultado puede demorarse semanas. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, debe elaborar un informe con los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña, en parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa). El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta, y si es positivo dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Energía.

Según fuentes del Consejo, la decisión sobre Garoña «no se prevé fácil y requerirá semanas para su resolución». Se trata de una cuestión de gran densidad con muchos condicionantes asociados para Nuclenor, la empresa propietaria de la central, y, en cualquier caso, se tratará de un dictamen técnico, tras el cual el Gobierno tendrá la última decisión sobre la reapertura o no de la planta. Según diversas fuentes, la decisión técnica sería finalmente favorable, si bien con un elevado número y muy exigentes de condicionantes técnicos e inversiones para los propietarios en materia de seguridad. Aún con ese dictamen y la eventual aprobación de Energía, la empresa podría finalmente declinar la reapertura de la planta.

Paco Castejón, ingeniero nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, recuerda que los miembros del pleno tienen la facultad de pedir un aplazamiento de la decisión por lo que ésta posiblemente no podría adoptarse este miércoles. El proceso podría llevar «varias semanas o meses», ya que tanto el presidente como los consejeros pueden solicitar hasta dos aplazamientos. A su juicio, el informe resultante del pleno será «positivo condicionado», es decir, el CSN autorizará el funcionamiento de la central de Garoña con una serie de condiciones que Nuclenor deberá aceptar para que se ponga en funcionamiento.

Entre las condiciones, Castejón matizó que existen una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que resaltó el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña así como aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física o medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima. Además destacó los precedentes que sentaría en el parque nuclear español la puesta en funcionamiento de una central, que actualmente se encuentra en unas condiciones «deleznables».

Ciudadanos pide que se retome la comisión de investigación de la trama eólica de Castilla y León con nuevo presidente

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EFE.- El procurador del grupo parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Delgado, ha pedido que se retome la comisión de investigación de la «trama eólica» en las Cortes, paralizada desde hace 7 meses, y con un nuevo presidente al frente que no sea el recientemente nombrado nuevo portavoz parlamentario del PP, Juan José Sanz Vitorio, en lo que considera que sería «un gesto político del PP».

Por ello, aunque Delgado ha asegurado que a todos los partidos les gustaría que el presidente de la comisión de investigación fuese «de otro partido diferente al PP», se conforman con que, al menos, «no forme parte» de la dirección del grupo parlamentario. Eso sí, Delgado considera que no tiene «mucha esperanza» de que cambie mucho la situación de «parálisis» que se vive ya que las investigaciones llevan paradas «7 meses y no se facilita el acceso a la información». El principal motivo por el que esta comisión está en punto muerto se debe a la petición del resto de partidos de la presencia del presidente Herrera en la misma.