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El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

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El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

Segura (PSOE) reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España

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Redacción / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que «se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos», para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige «condiciones óptimas». Mientras, Cristina Narbona, consejera del CSN a propuesta del PSOE, pide centrarse en cuestiones técnicas.

En nuestro área de documentos puede encontrar la proposición del PSOE completa: pulse aquí.

Los socialistas consideran que la actualización del vigente Plan de Residuos Radiactivos es «necesaria» dado que un ATC «se erige en una instalación absolutamente necesaria para España, dado el volumen de residuos radiactivos de alta actividad ya acumulados en el envejecido parque nuclear español«. En cualquier caso, el PSOE precisa que «la imperiosa necesidad» de un ATC «no implica sin embargo el apoyo a cualquier construcción de un ATC, dado que se trata de una instalación nuclear de alto riesgo potencial». «Las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser, por tanto, óptimas, tanto desde la transparencia y la calidad de los procesos regulatorios como de las garantías de seguridad y de los costes económicos», indica el portavoz socialista.

Los socialistas también muestran su «preocupación» por el hecho de que el pasado 27 de julio el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara por mayoría, con el voto discrepante entre las consejeras propuestas por el PSOE, favorable de Rosario Velasco y contrario de Cristina Narbona, informar favorablemente sobre la propuesta de dictamen técnico para la solicitud de autorización previa de la instalación del ATC en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En este sentido, hacen alusión a informes independientes encargados por el CSN a la consultora URS, realizados entre 2014 y 2015, que certifican «numerosos y graves problemas» en los terrenos seleccionados.

Por otro lado, José Segura recuerda que en el vigente plan, aprobado en junio de 2006, se establece como opción prioritaria para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta y media actividad de vida larga, «la construcción de un almacén centralizado que daría servicio a todas las centrales nucleares, tanto en operación como en desmantelamiento». Sin embargo, los socialistas consideran que el proyecto de ATC en Villar de Cañas se enmarca en «el anticuado y obsoleto» VI Plan General de Residuos Radiactivos, «cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad» como, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno prorrogue las centrales nucleares hasta los 60 años de vida útil, o los almacenamientos individuales construidos.

De hecho, los socialistas critican que el planteamiento actual del ATC en Villar de Cañas «no contempla ciertos supuestos», como el hecho de que, a la vista de posibilidades como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, no se prevé su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al incremento del inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, entre otros supuestos. El número total de elementos combustibles irradiados almacenados hasta diciembre en las centrales nucleares españolas fue de 14.306, de los que 7.821 elementos proceden de las centrales nucleares de agua a presión PWR y 6.485 son de las centrales en ebullición BWR, según datos recogidos por el PSOE.

Narbona exige un debate técnico

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, hizo un llamamiento «a centrar el debate» en si Villar de Cañas (Cuenca) es el emplazamiento más adecuado para ubicar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Así respondía Narbona al presidente del CSN, Fernando Marti, que lamenta la publicación del contenido del voto particular de la consejera, donde asegura que los informes técnicos consideran «inadecuados» los terrenos del ATC, antes de haberse aprobado el acta de la reunión, y sugiere la posibilidad de «falta de respeto» a la institución.

El CSN criticó que Narbona hiciera público su voto particular, a pesar de que más tarde lo modificó, a lo que la consejera responde que eliminó dos puntos de su texto, el 15 y el 19, a petición expresa de Marti. «Quité esos párrafos para evitar que nadie pudiera sentirse agredido, pero esas líneas no cambian en nada mi posición, mi postura no se ha modificado desde entonces», aclaró. Asimismo, la consejera reconoce haber solicitado a Marti que retirase de su voto particular que la decisión de Narbona tenía que ver con posiciones ideológicas. La consejera ha insistido en que va a tratar de «eliminar cualquier tentación de convertir esta cuestión en un enfrentamiento personal».

«Lo importante es centrar el debate en lo que nos ocupa, y lo que nos ocupa es, si a la luz de los informes técnicos, Villar de Cañas es la ubicación idónea para el cementerio nuclear», concluyó. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la ubicación del ATC en Villar de Cañas el pasado lunes por cuatro votos a favor y uno en contra de Narbona. Tras la decisión del CSN, el Gobierno podría aprobar en breve el inicio de las obras, aunque en este proceso se topará con el Gobierno de Castilla La Mancha que elevó una propuesta de conservación para la zona con el fin de incluirla en la Red Natura 2000.

PNL del PSOE para actualizar el VI Plan de Residuos Radiactivos

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El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que “se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos”, para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige “condiciones óptimas”. Además, Segura reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España.

Pulse en el siguiente enlace para ver la proposición completa: PNL PSOE Plan Residuos Radiactivos 31-07-2015

Castilla-La Mancha (PSOE) quiere ampliar la protección ambiental de la Laguna del Hito para paralizar la construcción del ATC

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Redacción / Agencias.- Mientras el PSOE y el Colegio de Geólogos se oponen a su ubicación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, una ampliación que impediría la construcción del ATC al prohibirse «actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno».

El consejero de Agricultura del Gobierno castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, indicó que el inicio de este procedimiento «responde a una petición de más de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear». Arroyo aseguró que este procedimiento es competencia del Gobierno regional y que el Gobierno central no podría «echarlo hacia atrás», añadiendo que la ampliación tiene «el visto bueno de la Comisión Europea».

El consejero reconoció que desde el Gobierno central sí se podría declarar la construcción del ATC como de interés nacional, lo que pondría al proyecto por encima de cualquier otra normativa, aunque afirmó que «lo más razonable sería que esto no sucediera». El titular de Agricultura destacó que de esta forma la Junta castellano-manchega «quiere posicionarse formalmente en contra del cementerio nuclear, que carece de cualquier consenso social». A su juicio, se trata de un proyecto «que está desfasado, no contempla la ampliación de la vida de las centrales nucleares de la región y los técnicos del CSN lo calificaron como desfavorable», tras lo que recordó que Villar de Cañas «quedó en cuarto lugar» como aspirante a albergar la instalación.

«Sorprende que se tome esta decisión cuando se ha encargado a Enresa unos sondeos que tardarían ocho meses en realizarse, y una empresa contratada por el CSN ha dado tres informes negativos sobre la infraestructura», ha aseverado. Arroyo detalló que el proceso «no tiene un plazo determinado», y ahora hay que elaborar el plan de ordenación de los recursos naturales y enviarlo al Ministerio. Arroyo puso de manifiesto que los sobrecostes que se pueden originar «por una mala gestión sobre el emplazamiento» podrían llegar a los 200 millones de euros.

Los geólogos hablan de sobrecostes

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que la construcción del ATC en Villar de Cañas supondrá «elevadísimos sobrecostes» que se acabarán pagando a través del recibo de la luz y apuesta por un Almacén Geológico Profundo como la opción más fiable. Por ello, cree que es una «mala práctica» dar la autorización de emplazamiento «sin haber solicitado un análisis de coste-beneficio para poder fundamentar la decisión». En ese sentido, el Colegio recuerda que existen «informes geológicos desfavorables» a ubicar una infraestructura como el ATC en esos terrenos. «Este almacén se planificó atendiendo a unos parámetros económicos que estarían cuestionados con la información de la que disponemos ahora», subraya.

Así, apoya la labor de los profesionales geólogos del CSN que «han actuado conforme al código deontológico siguiendo los principios de responsabilidad social, integridad e independencia profesional, veracidad, lealtad y diligencia». Además, el Colegio de Geólogos opina que el ATC no es la verdadera solución para los residuos radiactivos y apuesta, en su lugar, por un Almacén Geológico Profundo (AGP) como la opción «más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radiactivos«. «Todo gobierno debería tener como prioridad poner en marcha cuanto antes una línea en I+D destinada a ese almacenamiento geológico de residuos radiactivos, como la que ya existe a nivel europeo», puntualiza.

El PSOE quiere abrir debate

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, reclamó al Ministerio de Industria que reconsidere la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas ya que no hay «garantías absolutas de seguridad» en ese emplazamiento, a la vista de los informes «contradictorios» sobre la idoneidad del emplazamiento y que podría terminar en «enormes sobrecostes». «Están tomando decisiones en un mes que no han tomado durante cuatro años y los informes no son favorables a instalar el ATC en Cuenca. Hay informes contradictorios y consideramos que tiene que haber más información, transparencia y claridad en el proceso, especialmente a la hora de tomar la decisión», criticó Lucio.

Así, el Grupo Socialista exigió las comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados para que explique qué perspectivas hay con el ATC, así como del presidente de ENRESA, para que informe de los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos relativos al suelo y los estudios hidrogeológicos que se hayan encargado a consultoras externas, entre otros. «Nos parece intuir, sin estar en condiciones de afirmarlo con rotundidad que los informes de evaluación del suelo elaborados por distintos departamentos del área de Ciencias de la Tierra podrían llevarnos a considerar como desfavorables o no idóneas las características del terreno de cimentación elegido», considera el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura.

Por otro lado, el Grupo Socialista registró en la Cámara Baja la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Energía con el objetivo de que informe de los contenidos que deberían integrar el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos, ya que el vigente data de 2006 y ahora se pone en marcha el ATC. Según explica Segura, el plan se aprobó «en un ambiente de decisiones políticas en el que, entre otras cuestiones, se preveía que las centrales nucleares tendrían una vida útil de 40 años, es decir, el periodo de tiempo por el cual se les concedió la autorización de instalación y explotación».

Industria lanzará la convocatoria de nueva potencia renovable en «julio o septiembre» y ve «razonable» su previsión de demanda

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La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció que el Ministerio de Industria publicará el decreto que recogerá la convocatoria del primer concurso eólico para 500 megavatios (MW) tras la moratoria a las primas renovables «en julio o septiembre», que incluiría también la convocatoria de 200 MW para plantas de biomasa. La mesa política, marcada por la ausencia de representantes del PP, dejó en evidencia la oposición frontal de todos los partidos a la política energética del Gobierno.

Baquedano realizó este anuncio durante el I Congreso Eólico Anual, en el que aprovechó para defender las previsiones de aumento de la demanda y de potencia necesaria incluidos por Industria en el borrador de la planificación energética hasta 2020. «Se ha hecho una hipótesis razonable sobre lo que creemos que es la demanda de electricidad y potencia que vamos a necesitar», señaló, antes de advertir de que el aumento de la eficiencia y «el comportamiento de los consumidores» han hecho que haya una mayor elasticidad en la evolución del consumo de electricidad frente al PIB.

Lo cierto es que la previsión del Ministerio de Industria contrasta con un informe reciente acerca de la planificación energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pronosticado que la demanda de electricidad aumentará un 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo de la previsión del 2,3% estimada por el Ministerio para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. Además, la nueva potencia renovable prevista en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla)se justifica en que la instalación de 450 megavatios (MW) en Canarias supondrá un ahorro de 140 millones anuales.

Por otro lado, Baquedano anunció que Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que elabore una propuesta para que las energías renovables puedan participar también en los llamados servicios de ajuste del sistema eléctrico, de modo que se retiren las «discriminaciones por tipo de tecnología». «Supondrá un mayor número de agentes y redundará en beneficio de la competencia y de la eficiencia económica», al tiempo que procurará «una serie de ventajas reseñables que contribuirán a generar actividad en el mercado interno», explicó. Baquedano también señaló que la nueva regulación no aspira a «prever el futuro», pero sí a diseñar «una legislación lo más flexible posible para adaptarse al cambio». «Eso es lo que nos dará la ventaja competitiva».

Finalmente, Baquedano defendió las reformas y medidas adoptadas por el Gobierno en materia de energía, para apuntar que aunque haya sectores que critiquen algunos aspectos concretos «no se puede negar la necesidad» de las iniciativas adoptadas. En este sentido, Baquedano puso en valor que el déficit de tarifa ha dejado de ser el «principal problema del sector eléctrico español», y que pese a que ha habido «decisiones complejas y dolorosas», éstas «han sido tomadas con el mayor sentido de la responsabilidad y el interés general».

Oposición a la política energética

La mesa política del Congreso Eólico Español estuvo marcada por la ausencia del portavoz de Energía del PP en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, que no pudo acudir por razones personales. En este sentido, su homólogo en el PSOE, José Segura, mostró su deseo de alcanzar un pacto de Estado en materia energética si bien no lo ve factible después de una legislatura en la que, según aseguró, no se aceptó ni una sola enmienda de las 5.000 presentadas por el PSOE en materia energética. «La Ley del Sector Eléctrico hay que cambiarla», aseguró el portavoz socialista, que se mostró partidario de revisar el papel que juega Red Eléctrica de España (REE), «pues actualmente responde ante sus accionistas«.

El diputado electo por Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ofreció diálogo para alcanzar el pacto de Estado. Para ello, señaló como «vital» realizar una auditoría de costes «para saber cómo se han calculado los costes que derivan en el déficit de tarifa«. El representante de Ciudadanos formuló tres medidas: «garantizar un marco regulatorio estable para todo el sector energético, incentivos fiscales para potenciar las renovables dentro del mix energético y una fiscalidad verde que penalice a las energías más contaminantes«.

A favor de la auditoría de costes también se pronunció otro diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez (Podemos) que además abogó por una «corrección» del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico, que se fija mediante el precio de la tecnología con mayor coste que entra a producir por orden de REE, operador del sistema, un precio que se otorga al resto de tecnologías. «Hay sobrerretribución a la hidroeléctrica y a la nuclear», denunció el representante de Podemos, que se mostró partidario de incrementar el papel de las renovables y dejar de favorecer al gas.

Quién dio por imposible el pacto de Estado en energía fue el portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, que señaló que el PP basa su modelo en el modelo energético de FAES, lo que es «diferente y enfrentado» al de su formación. Además, Uralde denunció como un «escándalo» que, según estimó, España no vaya a cumplir los objetivos de Energía y Clima de cara a 2020. «Bastaba con la inercia», lamentó Uralde, que abogó por «derogar» la reforma y trazar un nuevo plan energético basado en las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El PSOE exige a Soria que informe al Congreso sobre cómo se aplicará la nueva tarificación eléctrica por horas

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Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, informe sobre los pormenores del nuevo sistema de tarificación eléctrica inteligente, que empezará a aplicarse este verano, en aras a facilitar la adaptación a los consumidores, explicándoles las consecuencias que tendrá.

El diputado explica que «los consumidores deben saber que la nueva norma incorporará la facturación eléctrica por horas para los usuarios que ya dispongan de contador con telemedida, que permite valorar en qué franja horaria sale más a cuenta programar sus hábitos de consumo«. «Una buena comunicación a los consumidores posibilitará tomar conciencia y ajustar su conducta en materias como, por ejemplo, delimitar las franjas horarias para utilizar determinados electrodomésticos aprovechando los horarios en los que la electricidad tenga un coste más reducido«, insiste Segura.

A juicio del diputado socialista, esta nueva tecnología debe orientarse a «buscar automatismos para que el contador con telemedida aporte instrucciones a los dispositivos electrónicos, especialmente de calefacción o aire acondicionado, para activarse cuando más barata sea la energía, favoreciendo en consecuencia no sólo las economías familiares sino también la eficiencia energética del país«. Por eso, reitera José Segura, es «fundamental» que el ministro dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento técnico para que las comercializadoras comiencen a aplicar de manera real el precio de la corriente eléctrica doméstica por horas así como el nuevo sistema de tarifa protegida.

Esta semana Segura también registró otra solicitud de comparecencia del ministro Soria ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dé cuenta del, a su juicio, «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento con el borrador de decreto de Regulación de las condiciones de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo que mantiene los peajes de respaldo y establece «un cargo asociado al resto de sistema», lo que, según Segura, «desincentivará aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias«.

El PSOE reclama explicaciones de Soria en el Congreso sobre el «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico»

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Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que dé cuenta del «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento. Una propuesta de decreto que cuenta también con el rechazo de la Fundación Renovables.

Segura considera que el proyecto de ley remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supone «un nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» al mantener los peajes para este tipo de instalaciones y «además, establece un cargo asociado al resto de sistema, con lo que se desincentivarán aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias». «Una medida que choca frontalmente con la normativa europea y nacional de promoción de la producción individual y la eficiencia energética», reprochó el portavoz socialista.

El Gobierno considera que quienes instalen equipos de autoconsumo eléctrico y estén conectados a la red tendrán que pagar por el uso de la misma. «Si el usuario, aparte de autoconsumir, quiere tener enganche a la red, tiene que pagar esas infraestructuras, porque, de lo contrario, el resto de consumidores estarían pagando por ese usuario», ha insistido últimamente el ministro de Industria, Energía y Turismo.

La Fundación Renovables lo rechaza

La Fundación Renovables rechaza en su totalidad la regulación del autoconsumo propuesta por ser «antidemocrática» y denuncia que en el texto «subyace el intento de perpetuar el oligopolio del sistema eléctrico y negar la misma capacidad de decisión de la ciudadanía que la Unión Europea defiende como el centro de la Unión Energética». Así, considera que el Gobierno «obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos«. Además, pide a todos los partidos políticos que «sean coherentes» con los compromisos adquiridos en las campañas electorales e impidan la aprobación de este decreto. Para la Fundación Renovables, el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética en 2050.