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El Gobierno garantiza que el borrador del estatuto de la industria electrointensiva estará listo en la primera quincena de marzo

Europa Press.- La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha trasladado al comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés que el Gobierno central presentará el borrador del estatuto de la industria electrointensiva en la primera quincena de marzo.

Losa trasladó la «firmeza absoluta» del Ministerio de Industria para el mantenimiento de Alcoa. También explicó que el Gobierno ha garantizado que continúa adelante el proceso de elaboración del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. «Todas las medidas que dependan exclusivamente del Ministerio serán aprobadas por decreto lo antes posible para que ninguna circunstancia política pueda alterar el proceso», avanzó. «Un porcentaje muy grande de las materias que recoge el Estatuto se aprueban por decreto, y el Gobierno tiene la firme decisión de terminar su mandato avanzando el mayor número posible para que sea útil y no se revierta ese mantenimiento de la industria aluminera», añadió Losa.

Adelante aún con las elecciones

Precisamente los miembros del comité de la planta avilesina quisieron aprovechar la reunión para despejar dudas acerca de las consecuencias del adelanto electoral. Salieron satisfechos y agradecieron a Losa que se hubiese puesto en contacto con el Gobierno sobre la marcha. «Nos ha dejado claro que el borrador estará encima de la mesa a mediados de marzo y que la ejecución del mismo se realizará», ha afirmado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC.OO.).

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

Inquietud en Alcoa ante el posible aplazamiento de la subasta eléctrica

EFE.- El presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, reclamó al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que aclare que si habrá subasta eléctrica de interrumpibilidad en septiembre, tal como estaba inicialmente previsto, ya que existe el temor de un aplazamiento. En este sentido, Gómez de la Uz ha mostrado su preocupación porque asegura que existen informaciones que apuntan a que el Ministerio de Industria prevé aplazar la subasta de interrumpibilidad hasta que no se forme gobierno.

«¿Y qué pasa si este año no se forma un nuevo Gobierno? Porque eso es algo que puede pasar; por eso le pido al secretario de Estado que aclare si va a haber subasta eléctrica en septiembre», ha indicado Gómez de la Uz, queincidió en el hecho de que las plantas de la aluminera tienen mucha dependencia del coste energético «y si no hay una tarifa razonable, no sobrevivimos». Esta incertidumbre incrementa la ya existente sobre el futuro de las fábricas españolas de la multinacional del aluminio. En su último pronunciamiento, la compañía informó de que busca la viabilidad de sus plantas en España.