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Los regantes celebran el fin del impuesto al sol y Greenpeace pide al Gobierno una reforma de la fiscalidad energética

Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) celebra la derogación del impuesto al sol porque supondrá «un impuso» a la competitividad del sector agrario, que podrá reducir sus costes energéticos mediante la autoproducción de energía sin peajes ni cargos, Greenpeace ha celebrado también el fin del impuesto al sol y el resto de barreras al autoconsumo energético pero insta al Gobierno a avanzar en una reforma de la fiscalidad energética bajo la premisa de que quien contamina paga.

Para la ONG es necesario que el Ejecutivo habilite en la legislación española la modalidad del autoconsumo compartido virtual o de proximidad para que las administraciones locales puedan usarlo en la lucha contra la pobreza energética. Por ello, reclama «a la mayor brevedad posible» una reforma fiscal energética ambiental que incorpore el principio de quien contamina paga y avance en la separación horizontal «total y efectiva» entre las actividades liberalizadas y las reguladas del sector eléctrico, de forma que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.

Además, pide objetivos renovables «más ambiciosos» y un plan de cierre del carbón y de las centrales nucleares con fecha anterior a 2025 y añade que tanto el Plan Integrado de Clima y Energía como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética también deberán ir en línea con la consecución de un sistema energético «eficiente, inteligente democrático y 100% renovable antes de 2050″. En todo caso, tras la aprobación del Real Decreto, la ONG celebra que se ha dado un «paso imprescindible» para acabar con el impuesto al sol, al que define como un «engendro inventado por las eléctricas» y «todas» las trabas al autoconsumo que «nunca tuvieron sentido».

El responsable de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha manifestado que es «hora de que se reconozca este derecho. Ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados». Además, valora las propuestas en favor del autoabastecimiento y «especialmente» que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad «sin ningún tipo de cargo», equiparando por fin el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Asimismo, ve positivo que se habilite también la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación porque es «imprescindible» para que este modo energético se pueda desarrollar en el ámbito urbano doméstico.

En el lado negativo, Greenpeace observa que otras medidas como la suspensión del Impuesto del 7% a la generación eléctrica y la del céntimo verde para la generación de electricidad, como únicas medidas fiscales, genera «serias dudas» ya que responden solo al objetivo de bajar la factura de la luz y no al de impulsar cambios estructurales que resuelvan los motivos de base de unos precios de la luz crecientes. Acerca de las medidas fiscales emprendidas, la ONG advierte de que esta medida, si no se produce en el marco de una reforma fiscal ambiental más amplia, acabará favoreciendo a las centrales más contaminantes como las centrales térmicas de combustibles fósiles y a las nucleares.

La competitividad del sector agrario

Por su parte, el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, considera que eliminar el impuesto al sol es «bienvenido, pero hay que seguir dando pasos con más medidas de calado». Del Campo considera que eliminar el impuesto al sol muestra la «voluntad política» de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar con costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética. De hecho, los consumidores estacionales, como los regantes, han visto cómo el aumento medio de la factura para el regadío haya sido superior al 110% en este periodo.

Por eso, según señala Del Campo muchos regadíos modernizados que ahorran más agua pero demandan más energía no son económicamente viables. Ahora con esta modificación se podrá mitigar siempre que los regantes dispongan de medios económicos y recursos naturales para poder generar autoconsumo, ya sin penalización. También celebra que la medida contribuirá a que España alcance los objetivos de autoproducción de Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).

Finalmente, el presidente de Fenacore insiste en la necesidad de un desarrollo del reglamento para aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía, de marzo, que contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Esta medida, asegura, les evitará pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el coste.

Iberdrola pide a la industria que siga su ejemplo de dejar el carbón y tome medidas contra el cambio climático

Europa Press.- Mientras hay políticos, como el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que recriminan que el decreto publicado por el Gobierno central para endurecer el cierre de las centrales térmicas «no evita» que puedan clausurarse estas instalaciones, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido a la industria de todos los sectores que «siga su ejemplo» y tome medidas contra el cambio climático porque considera que «el momento de hablar ya ha pasado; ahora es el momento de actuar».

Sánchez Galán ha explicado la decisión de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón para cumplir con su objetivo de reducir sus emisiones de carbono en un 50% en 2030. Así, ha garantizado que la multinacional seguirá haciendo su parte pero necesita que «otras industrias y compañías» sigan su «ejemplo». En este contexto, ha defendido que el camino hacia una economía descarbonizada, sostenible y competitiva «no es un problema sino una oportunidad única que crea valor para la sociedad en su conjunto». «Esta transición necesita esfuerzos continuos y responsabilidad compartida. Tanto las empresas como los gobiernos debemos trabajar juntos más que nunca con el fin de impulsar el mundo hacia un futuro energético más sostenible y económicamente viable«, ha concluido.

“No evita” cerrar las térmicas

Por su parte, Lambán anunció que el Ejecutivo autonómico de Aragón se pondrá en contacto con el Gobierno de España para aclarar los términos del decreto y enmendarlo, dado que «enducere las condiciones para el cierre de una térmica, pero no evita el cierre de una central». Ha añadido que «es fundamental que las centrales térmicas nutridas por carbón autóctono se preserven de una forma especial y esto no ha sido contemplado. La protección del decreto es endeble y otras centrales como las nucleares quedan más salvaguardadas«, ha considerado Lambán.

Greenpeace pide desbloquear los cierres

Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió al Gobierno español que, en coherencia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, no bloquee el cierre de las centrales térmicas de carbón de Iberdrola de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), sino que «dé un mensaje sólido de lucha contra el cambio climático y asuma un compromiso para el abandono de las energías sucias y a favor de las renovables».

En este sentido, Greenpeace ha aplaudido la decisión de Iberdrola de solicitar al Ministerio de Energía el cierre de sus 2 térmicas en España, que suman 874 megavatios (MW) y que emitieron más de 2 millones de toneladas de CO2 en 2016, al tratarse el carbón del combustible que más contribuye al cambio climático. Dicho plan de cierre incluye el compromiso de mantenimiento del empleo, algo «fundamental», según Greenpeace, para la necesaria transición justa del carbón a la energía sostenible».

Para la organización ecologista, el anuncio de cierre de todas las centrales térmicas de carbón de Iberdrola es «una victoria de la lucha contra el cambio climático», y considera que es «una de las novedades más positivas» de la Cumbre COP23. Greenpeace ha pedido al resto de las grandes eléctricas que operan en España (Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) que informen de sus planes de cierre de sus respectivas térmicas de carbón, para que el Gobierno pueda planificar un nuevo sistema eléctrico sin carbón a partir de 2025.

Subvenciones a los combustibles fósiles

En este sentido, recuerda que, de momento, 3 de las 5 grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP) han pedido que los objetivos europeos de renovables se eleven del 27% al 35% para 2030, en el contexto del debate del paquete europeo de energía y clima. «Pero el Gobierno español no apoya ni más objetivos de renovables, ni más participación ciudadana, sino que quiere nuevas subvenciones para la energía sucia», lamenta.

Greenpeace pide ahora a Iberdrola que «dé el siguiente paso» y anuncie el cierre de sus centrales nucleares y se comprometa a reemplazar esa energía por nueva generación renovable y eficiencia energética, en vez de aumentar la quema de gas. «Una compañía que pretenda ser líder en energía limpia debe presionar por un futuro completamente renovable, facilitando la participación», subraya.

La importancia del compromiso de Iberdrola se pone de manifiesto, según Greenpeace, tras la publicación de los datos del Global Carbon Project, que revelan que las emisiones mundiales de CO2 aumentarán este año en aproximadamente un 2% después de tres años de haberse mantenido estables, con un crecimiento nulo. Este repunte se debe, según la organización, al «lento ritmo» de reducción de las emisiones en la Unión Europea y Estados Unidos y el «anómalo» crecimiento de las emisiones en China.

José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace España, espera que el anuncio de Iberdrola sea un «empujón definitivo» para que las otras eléctricas propietarias de térmicas de carbón definan una fecha para el cierre de las mismas y para que el Gobierno «marque un camino claro para un sistema energético 100% renovable en manos de la ciudadanía». «Es vergonzoso que tengamos un Gobierno más fósil que las empresas eléctricas», sentenció.

Greenpeace critica que incentivar la quema de carbón nacional costará 405 millones de euros a los españoles

Europa Press / Servimedia.- La organización ecologista Greenpeace denunció que el Gobierno quiere cobrar 405 millones de euros a los españoles por prolongar la vida de las «contaminantes» plantas de carbón ya que está promoviendo «unos límites de emisiones contaminantes más débiles», al tiempo que recuerda que el final de las subvenciones al carbón llegará en 2018. Ante esta situación, reclama al Gobierno que comience con la transición energética a las renovables y abandone los combustibles fósiles.

En concreto, Greenpeace acusa al Ejecutivo de realizar «maniobras» para prolongar la subvención a la quema de carbón y alargar a la vida de las centrales térmicas «sin tener en cuenta su impacto sobre la salud y el clima«. La ONG lanza estas acusaciones tras conocer, a través del Consejo Consultivo de Electricidad, el borrador de una orden ministerial por la que el Gobierno financiará con 90.000 euros por cada MW de central térmica que queme carbón nacional, «con la excusa de así reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno».

Así, añade que la nueva orden «permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años, pero las inversiones que se realicen supondrán que la centrales térmicas podrán alargar su vida durante muchos años más, dificultando así la reducción de emisiones en España y la entrada de energías renovables«. De este modo, considera que Industria encontró en el proceso de alegaciones una «fórmula» para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón, «que sólo en 2010 provocó 535 muertes en España».

«Resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables», indicó la responsable de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. Nuño lamenta que el Gobierno esté dispuesto a subvencionar la quema de carbón nacional y que las térmicas puedan seguir funcionando «sin importarles sacrificar la salud de los ciudadanos y encima obligarnos a pagar por ello, de modo que las centrales de carbón obsoletas que deberían cerrar, podrán seguir funcionando durante decenas de años más», indicó.

Finalmente, Greenpeace denuncia la «intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón», dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales. Los gobiernos de 190 países están reunidos en Bonn estos días para negociar el texto que seguirá al Protocolo de Kioto y que será base del acuerdo de París el próximo diciembre. «Aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra. Con el dinero de todos se va a prolongar la vida de las térmicas», apuntó el representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad, José Luis García Ortega.