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Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

Teresa Ribera promete que el Ministerio para la Transición Ecológica trabajará buscando alcanzar el mayor «consenso» a través del «diálogo»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido que su Ministerio trabajará con «ilusión» y «ganas», buscando «consenso» y «diálogo» para «sentar las bases de una sociedad más justa y ajustada a los límites ambientales», unos propósitos que también suponen, en su opinión, «romper inercias» y «enfrentamientos también«.

«Lleguemos hasta donde lleguemos, debemos hacerlo sobre la base del consenso del diálogo, de escucharnos, de encontrar aquellas soluciones que nos permitan que todos nos mostremos cómodos y copartícipes en ese proceso de cambios», ha comprometido la ministra durante el discurso con el que ha concluido el acto de toma de posesión, celebrado en Madrid, de los altos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, han tomado posesión Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente, José Domínguez Abascal como secretario de Estado de Energía, Juana Lázaro como subsecretaria del Ministerio, Álvaro Abril como director del gabinete de la ministra, María Jesús Martín Martínez como directora general de Política Energética y Minas, Francisco Javier Cachón de Mesa como director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y Ana María Oñoro como directora general de Sostenibilidad en la Costa y el Mar. “Este Ministerio es responsable de la gestión y protección de los bienes públicos globales del patrimonio de todos más allá de fronteras y océanos», ha reivindicado Ribera.

Después, Ribera ha tenido palabras de agradecimiento a las personas que «han formado parte del equipo directivo» del Ministerio con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Todas ellas merecen respeto y agradecimiento por un servicio público que es complejo, denso y habitualmente poco agradecido», ha subrayado. Del mismo modo, ha dado las gracias a los funcionarios del Ministerio y a los nuevos cargos por ofrecer «su tiempo, cerebro y energía en algo que forma parte ya de los grandes desafíos de nuestro tiempo», en palabras de la ministra. «No va a ser sencillo, se trata de hacer mover la balanza mirando al futuro sin dejar a nadie atrás», concluyó Ribera.

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

Abengoa aprobará una ampliación de 650 millones que dará el control a los bancos y restará poder a los Benjumea

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Europa Press / EFE.- El consejo de administración de Abengoa aprobó convocar una junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 10 de octubre, para aprobar un aumento de capital de al menos 650 millones de euros, que dará el control a un grupo de bancos, el HSBC, Banco Santander y Credit Agricole, y restará poder a los Benjumea, según anunció la compañía, que desarrollará otras medidas estratégicas, entre ellas más ventas de activos, límites a las inversiones o la suspensión del dividendo.

El orden del día de la junta incluye otras cuestiones, como la reducción del número de miembros del consejo de administración a 13, la aprobación de restricciones en nuevos compromisos de inversiones en capital (capex) a un máximo de 50 millones anuales y la creación de una Comisión de Inversiones, formada por consejeros independientes, para «controlar y monitorizar» el cumplimiento de las nuevas directrices. Asimismo, el consejo de administración acordó el nombramiento de Felipe Benjumea como presidente de honor y su sustitución, como presidente no ejecutivo, por José Domínguez. Después de 25 años con Felipe Benjumea como presidente, Abengoa inicia una «nueva era con este plan y los cambios anunciados».

«Los mercados nos han estado diciendo que ven falta de independencia porque nuestro principal accionista controla Abengoa», apuntó el consejero delegado de la firma, Santiago Seage, que según señaló se centrará en desarrollar proyectos que no requieran inversión de capital propio. «No solo anunciamos una ampliación de capital sino un plan para reforzar nuestra estructura de capital, nuestra liquidez y fortalecer la gobernanza», indicó Seage. La compañía iniciará el lunes una ronda de encuentros con inversores en Estados Unidos y Europa para explicar su plan.

Más poder para los bancos

En concreto, HSBC, Banco Santander y Credit Agricole han suscrito un acuerdo con la compañía en virtud del cual se han comprometido a asegurar 465 millones de euros en acciones clase B a emitir en el aumento de capital, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones incluyendo, entre otras, la obtención de las autorizaciones regulatorias, aprobación de la junta general, la conclusión del due diligence en curso sobre, entre otros aspectos financieros, la firma de un contrato de aseguramiento definitivo y el cumplimiento de los compromisos de suscripción de los accionistas.

Por su parte, Inversión Corporativa, sociedad controlada por la familia Benjumea que ostenta el 57,33% de Abengoa, se ha comprometido irrevocablemente a invertir al menos 120 millones de euros de fondos nuevos en nuevas acciones clase A y clase B a ser emitidas en la ampliación de capital, mientras que Waddell & Reed Investment se ha comprometido, en nombre de algunos de sus fondos, a invertir 65 millones de euros en nuevas acciones clase B en la ampliación de capital.

De esta forma, Inversión Corporativa se comprometió a limitar sus derechos de voto, directos o indirectos, al 40% una vez se complete la ampliación de capital, con independencia de los derechos de voto que le correspondan en función de su participación en el capital. La composición del consejo de administración reflejará esta limitación de derechos de voto reduciendo el número de consejeros a 13, quedando en 5 el número de consejeros dominicales de Inversión Corporativa y en 6 el de consejeros independientes. Se nombrarán además dos consejeros independientes con «sólida» formación y experiencia en el ámbito financiero y corporativo global.

Medidas estratégicas contra el endeudamiento

Asimismo, el consejo de administración aprobó un conjunto de «medidas estratégicas» con la finalidad de reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posición de liquidez de la compañía y fortalecer su gobierno corporativo. «La reducción de deuda será un objetivo clave», subrayó Abengoa, que espera repagar 375 millones de euros del Bono 2016 antes de final de año. Asimismo, los fondos obtenidos de la combinación de las medidas anunciadas se utilizarán para seguir reduciendo deuda y mejorando la posición de liquidez, así como para financiar los actuales compromisos de capex. Según indicaron, las medidas de reducción de deuda «priorizarán los vencimientos a corto plazo, con el objetivo de reequilibrar el perfil de vencimiento de su deuda».

Asimismo, dentro del plan de medidas estratégicas, Abengoa continuará con el refuerzo del actual programa de desinversiones de activos para obtener hasta finales de 2016 aproximadamente al menos 1.200 millones. Dentro de estas desinversiones se incluye la venta de parte o de toda su participación (o de sus derechos económicos) en Abengoa Yield, la sociedad que agrupa sus activos terminados y de la que controla un 40%, una participación que a precios actuales rondaba los 744 millones de dólares, unos 664 millones de euros al cambio. Abengoa cifra en 400 millones de euros lo que puede obtener por esa vía.

Además se incluye el plan de desinversión por valor de 500 millones de euros que está ya en marcha y que comprende la venta de diversos activos incluyendo centrales de ciclo combinado, plantas solares y de bioetanol. Adicionalmente, Abengoa espera desinvertir 300 millones de euros en activos durante 2016 como parte de su estrategia de rotación de activos. «El proceso de desinversiones está muy avanzado en algunos activos, tenemos ofertas sobre la mesa; estamos seguros de que va a ir bien», subrayó el consejero delegado.

Por otro lado, según explicaron, los nuevos compromisos de capex (adicionales al equity capex ya comprometido) se limitarán a un máximo de 50 millones de euros anuales hasta que Abengoa alcance un rating de BB– por S&P o Ba3 por Moody’s, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3,5 veces. Hasta entonces Abengoa acordó revisar su actual política de dividendos suspendiendo el pago de los mismos.