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La Sociedad Nuclear Española (SNE) asegura que el ATC de Villar de Cañas es necesario de cara al desmantelamiento nuclear

Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, defiende la «imprescindible» necesidad de construir el almacén temporal centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares y el combustible gastado del parque nuclear español «en la localidad conquense de Villar de Cañas«, sobre todo ante un escenario de futuros desmantelamientos.

En este sentido, Gago asegura que el sector sigue apostando por el ATC y, pese a que la «situación política es complicada», recuerda que el proceso para elegir al municipio conquense fue un concurso «público, de consenso y lanzado por el PSOE». Así, insiste en que el ATC es un sistema «lógico» de gestión para un país como España, que lo necesita. «En esto hay un bucle: no queremos ATC en tanto se mantienen las centrales, pero cuando las centrales se paran tampoco queremos un ATC para gestionar los residuos», lamenta Gago que ve en esta situación una «gran paradoja».

De hecho, asegura que hay «infinidad» de puntos en la geografía española para instalar el ATC y recuerda que en aquel concurso se establecieron unos criterios que debían cumplir los terrenos para construir esta instalación a la que «cualquier municipio interesado en albergarlo» pudo presentarse. En todo caso, advierte que para acoger una instalación como esta debe haber  «aceptación social» porque «no se puede imponer».

De todas formas, ha explicado que el ATC es necesario porque no dará la solución definitiva a los residuos atómicos, que deberán descansar definitivamente en un almacén geológico profundo y ve «muy poco probable» que el emplazamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pueda terminar convertido en un ATC. Esta posibilidad fue planteada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que advirtió de que se abría una «puerta peligrosa» a que Garoña se pueda convertir en el ATC nacional

En definitiva, Gago, también presidente de ANAV (titular de Ascó y Vandellós) insiste en que un problema de índole «político» y no técnico, porque España lleva «50 años gestionando combustible radiactivo y operando de manera segura las centrales» y en su defecto, a medida que se vayan llenando los almacenes temporales individualizados (ATIS), se hará «todavía más necesario el ATC» para liberar los actuales emplazamientos.

Precisamente, expone que el ATC permite desacoplar «perfectamente» la gestión del combustible de las piscinas del almacenamiento de la operación y la gestión final mientras permite desmantelar las centrales. «El ATC es la vía lógica y natural para hacer ese desacople y decidir una vez que todo el combustible se gestiona en un mismo emplazamiento y de una misma manera, prepararlo para la siguiente etapa que es el AGP», concluye.

Futuro nuclear a ¿corto plazo?

Por otro lado, Gago ha reclamado el papel «imprescindible» de la energía nuclear en el corto plazo, por lo que debería seguir contando en el mix durante los próximos años ya que ve inviable en el corto plazo prescindir de la primera fuente de generación de electricidad en los últimos 7 años. Respecto al contexto actual, Gago ha apuntado que, a pesar de las «incertidumbres», en el corto plazo sin energía nuclear no puede resolverse la ecuación que implica garantizar el suministro, con costes competitivos, con estabilidad de la red y asegurar la demanda incluso en situaciones extremas y, al mismo tiempo cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

«No se suple de la noche a la mañana y hacerlo solo con renovables lo vemos inviable en el corto plazo», ha analizado Gago, que cifra ese corto plazo en 2025 o 2028 y recalca que la nuclear debería seguir formando parte del mix en los próximos años. Con todo, ha reclamado un debate «serio, riguroso y sosegado» sobre este proceso. A su juicio, la sociedad debe tomar una decisión de una manera «ordenada y no sobre la base de lo ideológico», sino con hechos, realidades y consecuencias sobre los distintos escenarios de la transición.

En su defensa de la energía nuclear, Gago reitera que el parque nuclear español cuenta con todos los avales para seguir operando más allá de los 40 años de su vida útil, en la línea con la mayoría de las plantas europeas y de «todas» las de Estados Unidos, que tiene permiso para seguir produciendo electricidad hasta los 60 años. «Se puede justificar y se justifica que las centrales españolas están perfectamente preparadas para operar durante mucho más tiempo», sentenció.

Por último, se ha referido a las dificultades económicas derivadas de los impuestos introducidos el 28 de diciembre de 2012, cuando se gravó con un 7% a «todo» tipo de generación eléctrica pero además, se añadió un nuevo impuesto para gravar la generación de residuos nucleares. Este último, exclusivo para la energía nuclear, aún sigue vigente. En este contexto, celebra la eliminación del impuesto del 7% general para todas las energías porque es «efectiva» para rebajar el precio del pool.

Por el contrario, se queja del impuesto que grava la generación de residuos ya que las centrales deben ser técnica y tecnológicamente viables y, al mismo tiempo, son necesarias porque contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Pese a ello, advierte de que este proceso debe hacerse con «una rentabilidad razonable» para los propietarios de las plantas. Finalmente, ha puntualizado que las centrales ya tienen internalizado el coste de la gestión de los residuos, así como el coste del desmantelamiento, mediante las tasas que se pagan a ENRESA, si bien, advierte de que la responsabilidad de definir si esta previsión de fondos es «suficiente» corresponde a ENRESA y el Ministerio para la Transición Ecológica.

La SNE espera que se despejen las «incógnitas políticas» alrededor del ATC y lamenta la fiscalidad sobre las plantas catalanas

Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, confía en que las incógnitas políticas sobre los permisos de las administraciones «se despejen» y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita finalmente la autorizaciones necesarias para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), porque la instalación «siempre va a ser necesaria».

Así, ha insistido en que el ATC facilitará en su momento el desmantelamiento del parque nuclear español pero, según admite, se trata de una política de Estado y de una decisión del Gobierno central. «El ATC siempre va a ser necesario porque cumple la función de desacoplar el futuro desmantelamiento de las centrales de lo que es la gestión definitiva del combustible gastado de la misma, que irá a un almacenamiento geológico profundo«, ha manifestado Gago, que ha defendido que concentrar los residuos nucleares «a la larga abaratará su gestión».

Por otro lado, el representante de la SNE ha reflexionado sobre la situación de las centrales nucleares situadas en Cataluña. Al respecto, ha señalado que desde hace un año en Cataluña se reinstauró un impuesto que ya había sido considerado como doble imposición por el Tribunal Constitucional «en la primera intentona»; y ha añadido que desde el 1 de abril las plantas catalanas soporta «un nuevo impuesto» al combustible. Además, ha añadido que la ley de cambio climático aprobada por el parlamento catalán en agosto de 2017 establece el fin de la producción eléctrica nuclear en 2027. Si bien, matizó que esta ley fue recurrida por el Gobierno y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en el contexto de sequía que ha afectado al conjunto de España durante el 2017 y 2018, el presidente de la SNE asegura que la escasez hídrica «demuestra la importancia» de la nuclear en situaciones climatológicas adversas, como cuando hay sequía y no sopla el viento, como el año pasado cuando se incrementó el uso de las centrales de ciclo combinado y de carbón, lo que aumenta a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

El año pasado, según ha recordado, la producción hidroeléctrica obtuvo su peor resultado de los últimos 30 años, con una caída del 49% entre 2016 y 2017. «Tendríamos que remontarnos a 1989 para encontrar un dato con menor energía hidráulica en la serie histórica, frente a una producción nuclear estable», ha precisado. En este sentido, Gago lamenta que cuando la nuclear funciona bien «nadie lo reconoce» ni «es noticia», pero en las ocasiones en que «pasa lo más mínimo sí lo es». Entre otras cosas, achaca este hecho a que las nucleares tienen obligación de comunicar «todo», cosa que no ocurre con una central de gas o carbón, ha insistido.

Respecto a Fukushima, ha asegurado que la situación en la zona tardará «muchos años» en volver a la normalidad, no solo por el accidente nuclear sino por lo que supuso el tsunam. Como lado positivo, ha subrayado las importantes «lecciones» que ha dejado. Entre las repercusiones para España expuso que, tras una inversión de unos 35 a 40 millones de euros por reactor, se han completado la mayor parte de las acciones comprometidas tras las pruebas de resistencia y ahora el parque atómico español está «infinitamente» mejor preparado, el personal más capacitado y las centrales más preparadas para afrontar accidentes que van «mucho más allá» de su base de diseño.

Por último, el presidente de la SNE ha opinado sobre la «intención apuntada» por el actual Ministerio de Energía de trasladar la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares a los titulares de las mismas en vez de a Enresa. En ese sentido, recordó que Enresa se constituyó en 1985 para la gestión del combustible radiactivo y el gastado de todas las centrales y para el desmantelamiento de las mismas, con un fondo que se nutriría de la financiación de las centrales nucleares. Antes, este fondo se nutría con la tarifa y desde hace años, por una tasa cargada al kilowatio/hora de generación nuclear, es decir que lo soportan las centrales en explotación para el desmantelamiento.

De este modo, observa que la propuesta del Gobierno pasaría por que Enresa transfiriera lo acumulado a los titulares para que acometan este desmantelamiento. «Hay que conocer el esquema en su conjunto», admite Gago quien asegura que, en todo caso tanto si es Enresa quien desmantela como si son los titulares «las reglas son las mismas para unos que para otros y todas las actuaciones de desmantelamiento serían supervisadas por el CSN«, como lo está haciendo con las plantas de José Cabrera y de Garoña.

Esta alternativa «no necesariamente» sería más barata que el sistema actualmente vigente, aunque admite que sí podría haber «algo de eficiencia». En todo caso, ha subrayado el conocimiento y la experiencia de años de Enresa, aplicado primero con Vandellós I y después en José Cabrera y, posiblemente, en Santa María de Garoña. «Es muy prematuro concluir que el desmantelamiento por los titulares va a ser más barato que si lo hace Enresa, pero las reglas serán siempre las mismas para todos», ha concluido Gago que ha elogiado la capacidad y experiencia de Enresa, de la que «tendrían que empaparse» los titulares en caso de que se produjera ese cambio regulador.

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

La Sociedad Nuclear Española (SNE) pide que el debate sobre energía nuclear y transición energética “sea técnico y no ideológico”

EFE.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, sostiene que el análisis sobre la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático se debe realizar atendiendo a las necesidades del país y con criterios técnicos, lo que requiere «quitar del debate político cuestiones ideológicas» sobre la energía nuclear. Gago ha recordado que se va a definir cómo va a ser el modelo energético de España hasta 2030, cuando las emisiones deben reducirse un 30% respecto a 1990.

Gago señala que son partidarios de la ampliación hasta los 60 años del funcionamiento de los 7 reactores nucleares operativos en España, argumentando que los informes técnicos avalan que las centrales existentes puedan seguir operando «con todas las garantías de seguridad al menos hasta los 60 años«, lo que permitiría producir 1.200.000 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo eléctrico español durante 4 años. «En España estamos todavía un paso más atrás de ese debate, en el de si las centrales se cierran a los 40 años de operación», lamenta Gago, que considera que técnicamente cerrarlas no está justificado.

Durante 2016, la energía nuclear fue por sexto año consecutivo la primera fuente de generación eléctrica, con un 21,4% del total, pese a que la potencia instalada representaba solo el 7%. La industria nuclear aporta 2.780 millones de euros al PIB español y contribuye a la generación de 30.000 empleos, de los cuales 8.500 son directos. En el mundo hay 449 centrales en operación, 60 en construcción y 167 planificadas para cubrir las grandes necesidades de electricidad que están previstas.

En el caso de España, la SNE precisa que, como técnicos son partidarios de la creación de nuevas centrales, pero se trata de una gran inversión por lo que las compañías eléctricas necesitan que se les asegure una garantía de suministro en un plazo que les permita amortizar el desembolso, un modelo que ha aplicado el Reino Unido. Si se plantean las garantías de recuperación de la inversión y de que la retribución a la generación nuclear es suficiente, la SNE estaría a favor de la construcción de nuevas centrales, «siempre contando con la aceptación de la sociedad», precisó Gago.

Entre las ventajas de la energía nuclear ha mencionado que aporta mucha estabilidad a la red de distribución, al no depender de factores externos como la renovable, y que no emite CO2, mientras que la principal desventaja es la generación de residuos radiactivos. La 43ª Reunión Anual de la SNE congregó en Málaga a más de 600 congresistas, que analizarán el papel de la energía nuclear contra el cambio climático.

Ciudadanos pide que Nadal explique al Congreso el retraso en la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016. La formación naranja ha registrado, además, una pregunta sobre este mismo tema.

Ciudadanos recuerda en el documento que la decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Ha sido en abril de este año cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso origina un «sobrecoste», según denunció el pasado mes de abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, ya que la situación está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.

La Plataforma contra el ATC ve «paradójico» que la SNE pida agilizar esta instalación cuando se están construyendo almacenes individuales

Europa Press.- La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) ha considerado una «contradicción» que el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, solicite «agilizar la construcción del ATC, reconociendo que se está implantando el modelo alternativo: los ATI, almacenes temporales individuales, en las centrales nucleares”. “Construir los ATI más el ATC supone un importante sobrecoste», consideró la plataforma.

Así reaccionó esta plataforma después de que Gago haya considerado necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del ATC porque está generando un «sobrecoste». La plataforma ha lamentado que Gago no haya realizado «una autocrítica a la opinión general de rechazo de este tipo de energía», sin mención «a la necesidad de que la industria nuclear asuma las responsabilidades inherentes a una actividad de tan alto nivel de riesgo».

Para la plataforma, «es escandaloso que las empresas que están ganado ingentes cantidades de dinero gracias a la energía nuclear presionen al gobierno para que agilice la construcción del ATC». «No hay que olvidar que el almacén nuclear, en caso de que se llegue a construir, se pagaría con fondos públicos», han aseverado. Por su parte, la Plataforma contra el silo se encuentra ultimando los preparativos para la 8ª marcha a Villar de Cañas que se celebrará el 7 de mayo, con similar recorrido al de las siete ediciones anteriores.

José Antonio Gago, nuevo presidente de la Sociedad Nuclear: «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban»

Europa Press.– El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, considera que «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente» debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, a consecuencia de «muchos titulares que van a las emociones de las personas». Sin embargo, reclama abrir el «melón» del debate sobre el almacenamiento geológico profundo (AGP), para almacenar a largo plazo los residuos nucleares, porque es «una cuestión de Estado».

Gago ha lamentado la desinformación y el rechazo de este tipo de energía por «miedo», por «desconocimiento» o por los tres accidentes significativos (Three Miles Island, Chernobil y Fukushima) por los que entiende que cuente con «cierto rechazo ideológico«. Sin embargo, el presidente de la organización, que asumió su cargo el pasado marzo, ha explicado que, a mayor conocimiento de esta tecnología, hay una mayor aceptación, de modo que su objetivo es lograr un mayor entendimiento de los españoles de la energía del átomo porque asegura que tiene «muchas cosas positivas beneficiosas para la sociedad».

Para ello, una de las posibles medidas que se plantea es revisar los libros de texto para evitar posturas marcadas y contrarias a la nuclear así como fomentar la captación de talento entre los jóvenes para que se dediquen a un sector de alta cualificación y bien remunerado que permita dar el relevo a la actual generación que inició el programa nuclear en España y que «se irá jubilando«. En este marco, considera también que es crucial para el sector ser «más visible», con datos y argumentos objetivos en el «necesario debate» que debe hacer España sobre el futuro energético a medio y largo plazo y el papel de transición que puede jugar la nuclear.

Entre estos atributos se ha referido a la estabilidad que proporciona a la red de distribución porque es una «energía de base», así como al hecho de que la energía nuclear no emite gases invernadero, por lo que puede jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y para que el país pueda cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. «Queremos poner en valor esta energía en el mix de generación energética y entendemos que su papel en el futuro es inexorable en el paso hacia las renovables que tendrá lugar a tanto en este país como en otros», ha comentado.

Otro de los aspectos más controvertidos de la energía nuclear son los residuos nucleares del combustible gastado que genera y, a este respecto, considera que es necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque está produciendo «un sobrecoste» que se tiene que trasladar en la tasa que los operadores de las centrales nucleares pagan a laEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la encomienda de su gestión futura.

Al mismo tiempo, además de este retraso «con coste», ha añadido que mientras tanto las centrales están teniendo que construir almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta. Se trata, según ha explicado, de una instalación sencilla, de hormigón, que aloja los contenedores de combustible. Solo el de Ascó, según Gago, que es el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ha tenido un coste de unos 13 millones de euros, un importe que se integra en el balance de costes y cuyo impacto real sobre la tasa que se paga a Enresa es de un promedio de 6,9 euros por cada megawatio hora.

Respecto a la ubicación del futuro ATC asegura que «cualquiera de los emplazamientos» que se evaluaron para acogerlo cumplían los requisitos y ha defendido que el proceso fue transparente. Aunque por «motivos sentimentales» le habría gustado que el lugar elegido hubiera sido Ascó, asegura que el emplazamiento de Villar de Cañas es «igual de seguro» pero puede que sea más costoso a nivel económico«. «No tengo duda de que el emplazamiento es bueno, viable y perfectamente adecuado si el CSN lo ha avalado», ha confiado.

Por otro lado, más allá del almacenamiento para los próximos 70 o 100 años en el ATC, ha advertido de que es preciso «abrir el melón del almacenamiento a largo plazo porque, en cuestiones fundamentales para el Estado, no hay que esperar». «El debate hay que plantearlo y otros países tienen ya identificados los emplazamientos, cuentan con laboratorios subterráneos o instalaciones de demostración que son aceptados por la sociedad civil», ha subrayado. En este contexto ha puesto de ejemplo a los países escandinavos y cree que en España se debería seguir un modelo similar al proceso de participación que se ha seguido en el ATC.

El presidente de la SNE ha asegurado que «ninguna» de las condiciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para poder volver a operar es «extraordinaria» sino «similares» a las exigidas al resto del parque atómico español. «No vemos obstáculos técnicos. Todo lo que se ha pedido a Garoña ya lo tienen o lo están implantando el resto de las centrales españolas, puesto que muchas de las condiciones son mejoras que resultaron de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima«, ha afirmado.

La planta burgalesa solicitó en 2014 un permiso para poder volver a generar electricidad hasta 2031 pero Gago considera que el CSN «le habría puesto las mismas condiciones si hubiera pedido operar hasta 2021». Ahora recaerá en la propiedad de Garoña la decisión de analizar la viabilidad de estas inversiones porque no ve obstáculo al hecho de que Garoña tenga más de los 40 años de vida. «Esa cifra es como si a usted le dicen que está programado para vivir 60 años y llega ese día, está bien y no se muere«, comparó, al tiempo que recuerda que próximamente Almaraz y Vandellós podrán pedir la renovación de su licencia.

Otro de los asuntos abordados pasa por conocer cómo le afectaría en términos nucleares y energéticos a España una hipotética secesión de Cataluña del resto de España. Así, preguntado por esta cuestión, el presidente de la SNE asegura que «lo que no ocurrirá nunca será que se pongan fronteras a la red de distribución». Asimismo, precisó que las tres centrales nucleares situadas en Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II, aportaron en 2016 en torno al 9,5% del consumo energético nacional, es decir, que del 21,2% con que contribuyó la nuclear a la producción eléctrica de España, el 9,5% provino de las plantas catalanas.

La industria nuclear reta a basar en números un pacto de Estado energético y no en ideologías

Redacción / Europa Press.- La Sociedad Nuclear Española (SNE) insta a lograr un pacto de Estado de la energía que se base en criterios técnicos y sin motivaciones políticas. «Tiene que haber un debate sobre argumentos, no sobre posicionamientos ideológicos. Abogamos por un Pacto de Estado con números encima de la mesa», ha insistido el presidente de la SNE, José Antonio Gago.

La SNE resaltó la capacidad del parque nuclear nacional para dar estabilidad al sistema eléctrico en situaciones meteorológicas adversas como el temporal que afectó al este peninsular en enero, de contener el recibo de la luz, y de su contribución a la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2. Así, el expresidente de la SNE, José Ramón Torralbo, ha precisado que en 2016, la energía nuclear aportó el 21,4% de la electricidad, con el 7,3% del total de potencia instalada, de modo que se mantuvo, por sexto año consecutivo como la primera fuente de producción eléctrica del país.

Torralbo defendió la «seguridad» y la «fiabilidad» del parque nuclear español, cuyo funcionamiento en 2016 calificó de «bueno», ya que ha operado el 91,62% de las 8.760 horas del año. Precisamente, se ha referido a las centrales nucleares como «garantes del suministro» eléctrico durante el invierno, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas como las del pasado temporal, en la que se produjeron caídas de postes y torres de luz. En esa situación, Torralbo defendió que las plantas de Cofrentes (C. Valenciana) y Trillo (Guadalajara) fueron capaces de dar estabilidad y fiabilidad a la red eléctrica.

Además, elogió el «efecto moderador» de la nuclear sobre el precio del kilowatio, ya que cuando en el mercado mayorista el precio del kilowatio hora superó los 100 euros por kilovatio, la nuclear «siguió funcionando y contribuyó a contener el precio del recibo de la luz». De hecho, según datos que maneja el sector, procedentes del Ministerio de Energía, se estima que el recibo de la luz sin energía nuclear se incrementaría en un 28%.

Asimismo, ha subrayado que el 60% de la electricidad producida en España a lo largo del año ha sido libre de emisiones de CO2 y que, de ésta, el 35% se debió a la contribución de la nuclear. En total, indicó que esta tecnología evita cada año la emisión a la atmósfera de 40 toneladas de CO2, lo que equivale a la mitad de las emisiones del parque automovilístico. Por ello, ha elogiado la capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos de España en materia de lucha contra el cambio climático. A ese respecto, destacó que a diferencia de 2015, mejoró la generación sin emisiones al situarse la producción nuclear, eólica e hidráulica por encima de la del carbón.

En 2016 la nuclear aportó el 21,4% de la energía, seguida por el 18,2% de la eólica; el 14,9% de la hidráulica; el 14,3% del carbón; el 11,2% de ciclo combinado; el 11,1% de la cogeneración y residuos; el 3% de la solar fotovoltaica; el 2,6% del fuel; 2%, la solar térmica y el 1,3% de otras renovables. En este contexto, subrayan que España no puede acometer sus compromisos medioambientales y la lucha contra el cambio climático «sin el funcionamiento de la energía nuclear» y recordó que esta importancia ha sido reconocida por Suecia y por el Estado de Nueva York, donde implantaron un reconocimiento fiscal a la nuclear, la eólica y la solar como energías que no emiten CO2.

Respecto a la seguridad, Torralbo garantizó que «las centrales son más seguras ahora que cuando se pusieron en marcha», después de una continua mejora de sus instalaciones, en las que se invierte una media de 40 millones anuales por cada central y que, en conjunto, el sector nuclear invierte unos 70 millones de euros anuales en Investigación y Desarrollo, lo que supone 2,4 veces más que la media de España, y que emplea a 30.000 personas. Igualmente, ha recordado que el sector exporta el 70% de su producción a más de 40 países y que España es el tercer país en el mercado de la contratación del proyecto ITER, con la participación de 40 empresas.

Torralbo y Gago reclamaron la operación a largo plazo de las centrales nucleares «en línea con la tendencia mundial» y a pesar de que, según se ha quejado Gago, paga «más impuestos que otras tecnologías», por lo que la industria no se siente tratada igual que otro tipo de industrias. En concreto, Torralbo se ha quejado de la elevada fiscalidad que soportan los costes de generación que «siguen penalizados por los altos impuestos». En total, ha dicho que la contribución tributaria es de 1.140 millones de euros al año, de los que 780 son impuestos abonados por las empresas del sector y 360 millones en impuestos recaudados como consecuencia de su actividad empresarial, que está «más gravada que otras energías».

Asimismo, Torralbo no termina de entender el cuestionamiento ideológico de esta tecnología «a pesar de sus ventajas». Sobre la operación a largo plazo de las centrales nucleares, Gago indicó que se trata de una «tendencia consolidada» en todo el mundo, donde por ejemplo, solo en Estados Unidos, 81 de las 99 centrales existentes tienen autorización para operar hasta los 60 años. A escala nacional, apuntó que operar el parque atómico español hasta esa fecha supondría una producción equivalente al consumo eléctrico de toda España durante 4 años y evitaría la emisión a la atmósfera de más de 800 millones de toneladas de CO2 y reducir la dependencia energética del exterior.

Respecto a Garoña, Gago manifestó que la SNE ve de manera «muy positiva» que tras el trabajo «ímprobo» de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se haya emitido un informe favorable a su operación hasta 2031. En todo caso, ha recordado que Garoña ya ha operado «más allá de la cifra mágica de 40 años», y que en su momento recibió un informe favorable para llegar hasta 2019.

Aún más, ha dicho que entre las 10 condiciones de seguridad nuclear y de protección radiológica y las 15 instrucciones técnicas complementarias «no hay ninguna relevante» que no pueda cumplir Garoña, puesto que son como las que se han implantado o se están implantando en el resto de los reactores españoles, con motivo, bien de las mejoras post-Fukushima, bien de las mejoras continuas de seguridad que se imponen «a todas las demás». Ahora falta que el titular «lo vea viable» y confía en que así sea porque, en su opinión, los requisitos «son abordables» y algunos ya se han implantado.