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El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

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Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

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Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

El Gobierno se plantea ampliar el bono social de la luz a otros suministros como el agua o el gas

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU, porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.

A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental. En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar algún recibo.

Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó.

Críticas a Ribera por Castor

Por otro lado, la oposición criticó a Ribera porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial. Sobre este tema la ministra ha asegurado que es «extraordinariamente respetuosa con la ley» y que en «el lío de Castor» se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una «confianza inmensa» en los funcionarios de su departamento.

En respuesta a la oposición, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces le pareció «importante cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental». Si bien, ha destacado que «el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento». Ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el año pasado que habría sido «imposible» hacer más de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ha señalado que años después los «disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes» y ha asegurado que no hubo «ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial» más allá de la gestión de una infraestructura «enormemente costosa».

«Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore, algo que quizá tiene todo el sentido del mundo y dificulte de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo», ha instado. En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, según criticó, le está costando encontrar información relativa a «todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del Ministerio».

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora 10 años, ha sido uno de los asuntos que ha generado más polémica. Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho «realmente daño en el bolsillo» en cada «puñetera factura» del gas y ha añadido que «parece que va a seguir habiéndolo», porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido «dolida» y ha recordado a Ribera que el dinero público «es de todos» y que en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasista precisamente por el caso Castor. «Me ha dolido enormemente porque es el dinero de todos nuestros ciudadanos”, ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha indicado a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue «claramente lesivo para la sociedad española» porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido «más sencillo» para la ministra admitir «el error que Zapatero ya admitió».

Sobre la cuestión, la también diputada del PP, María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una DIA favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en la DIA del proyecto de gas en Doñana. «No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental» ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que «esto no vuelva a suceder».

Por último, la ministra ha pedido disculpas en su réplica por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y admitió que en el caso de Castor hay «lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir». «Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad», ha concluido.

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

Nadal rechaza abaratar la tarifa eléctrica a la gran industria porque otros consumidores deberían pagar más para no generar déficit

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos que supondría tendría que ser sufragada con subidas de impuestos, de peajes energéticos o bien aumentando el déficit en el sistema eléctrico.

Preguntado por el portavoz energético de ERC en el Congreso, Joan Capdevila, por el mandato parlamentario para impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores, Nadal pidió «aprender un poco del grupo de expertos» para la transición energética. Así, avanzó que esa medida supondría una «rebaja de ingresos y eso hay que compensarlo con una subida de impuestos o una subida de la parte fija de la tarifa». Además, recordó que la propia ley prohíbe al Gobierno «proponer medidas energéticas que generen déficit».

«¿Otra vez déficit porque algunos no pagan?», se ha preguntado. «No es justo: existe el resto de industrias, de empresas, de pymes, comercios y consumidores domésticos, y pagarían lo que otros no pagan», subrayó. Por otro lado, Nadal ha recordado que el Gobierno ya ha sido «acusado de estar obsesionado con los precios de energía, especialmente los de la industria»,

Así, ha destacado que, desde la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su predecesor en el Ministerio, José Manuel Soria, el precio de la electricidad para el consumidor industrial tipo, según datos de Eurostat, ha bajado un 11% en España, mientras que esta estadística ha subido un 16% para Reino Unido, casi un 10% en Alemania y en Francia no bajo.

Nadal ha recordado que el Gobierno ha congelado o bajado durante 5 años la parte regulada de la tarifa eléctrica. Según el titular de Energía, el Ejecutivo ha planteado un mix energético (reparto de la generación eléctrica entre las distintas tecnologías) que permite que los precios de la electricidad bajen cuando hay recursos. Nadal reiteró que algunas de las medidas en materia de energía propuestas por la oposición implican una reducción de los ingresos del sistema eléctrico que debería compensar el resto de los consumidores.

Por su parte. Capdevila ha lamentado que Nadal ha mostrado, a su juicio, la «incapacidad de contestar preguntas concretas sobre medidas concretas con el argumento del mueble bar«: «Te cobran siempre aunque no hayas bebido una botella», ha dicho, acusando al ministro de contener «con gracia y gracejo la rabia de la impotencia». Por ello, Capdevila ha preguntado al titular de Energía si el Gobierno «piensa cumplir los mandatos parlamentarios»

Así, ha recordado que el Congreso aprobó hace ya más de un año instar al Gobierno a aprobar medidas que sirvieran para rebajar el precio de la energía para las empresas productivas. Concretamente, una tarifa de potencia estacional que podría beneficiar a sectores como el agrícola o el turístico, o la posibilidad de disponer de redes eléctricas cerradas para mejorar la competitividad de las industrias.

Esquerra Republicana (ERC) reclama potenciar los contadores inteligentes pero evitando cualquier sobrecoste al consumidor

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que el Gobierno potencie el uso de los contadores inteligentes sobre consumo eléctrico con una mayor información y protección al consumidor ante «sobrecostes injustificados» que, advierten, vienen sufriendo parte de los ciudadanos que apuestan por estos aparatos. Para ello, los independentistas reclaman la creación de un operador neutro de datos que no tenga interés económico en su relación con el consumidor y garantice un buen uso de la información por parte de los operadores del mercado eléctrico.

Según el portavoz de ERC en la Comisión de Energía, Joan Capdevila, el objetivo de esta iniciativa es «facilitar al consumidor toda la información que los contadores inteligentes pueden poner a su disposición, cosa que actualmente no ocurre». Así, lamenta que la instalación de contadores inteligentes que están realizando ya las compañías distribuidoras no repercuta en información al ciudadano en aspectos como el consumo en tiempo real, las señales de precio para adaptar el consumo en horas más accesibles o la utilización de estos datos para abordar la pobreza energética.

La formación catalana también lamenta que en este proceso el consumidor asuma el coste íntegro de la operación a través de una carga directa en el recibo y de los peajes de acceso. «No puede renunciar a él ni elegir entre distintas opciones técnicas y no recibe la información adecuada ni antes, ni durante, ni después de la sustitución del equipo, como puede ser las ventajas e inconvenientes entre la compra o el alquiler del equipo«, apunta el diputado republicano.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), hasta el primer semestre de 2016 se habían instalado en España 17,54 millones de contadores inteligentes de electricidad. Esto representa el 62% del total de 28,12 millones de contadores de electricidad existentes. La iniciativa de Esquerra también incide en la seguridad y protección de datos personales en la sustitución y puesta en marcha de los nuevos equipos, la interoperabilidad entre contadores inteligentes o la inocuidad de sus efectos sobre la salud.

Esquerra Republicana denuncia la “discriminación” del acuerdo eléctrico entre PP y PNV por ser un «agravio» para otras comunidades

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Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV en relación con la modificación de la tarifa eléctrica industrial para las empresas «supone una doble discriminación respecto a las empresas que no son del País Vasco: en precio de la energía y en repercusión sobre el resto de peajes».

Así lo señaló el portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, quien reclama las comparecencias en comisión de los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Economía, Luis De Guindos, en sus respectivas comisiones del Congreso. Según ERC, el acuerdo incluye la puesta en marcha de un subtramo tarifario para empresas conectadas a redes de entre 30kV y 36kV y «el agravio viene dado porque en Cataluña, como en la mayoría de las comunidades autónomas, no existe la red de 30kV (la de País Vasco), como sí la hay de 25kV, con lo que «las empresas catalanas no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo».

ERC hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma kV25-30, que hace tiempo viene reclamando el mismo tratamiento para todas las empresas encuadradas en el 25-30kV. Según distintas organizaciones empresariales de Cataluña, la decisión de no incluir en el acuerdo las empresas que están en redes de 25kV supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para más de 3.200 empresas.

Capdevila sostiene que, en términos tarifarios, el precio de la electricidad para empresas que actualmente comparten un mismo tramo puede pasar de los 26,42 euros el megavatio hora (MWh) a permitir que las que disponen del tramo entre los 30kV y los 36kV lo paguen, con precios de 2016, a 14,97 euros. Y con las previsiones de tarifas para 2017, el salto sería de pagar 26,26 euros el MWh a pagar sólo 14,72. «No criticamos que se baje la tarifa a los de 30, criticamos que se le mantenga a los de 25 y que esa rebaja se repercuta universalmente, conculcando flagrantemente la competencia entre empresas», concluye el diputado republicano.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».